La hora de las víctimas

 

Con la nueva Ley de Justicia y Paz, con su aplicación y la reciente instalación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación las víctimas del conflicto colombiano también tienen la palabra.

Fila de desplazados. Colombia. Foto SEMANA

Antes de que empiece la reparación se tendrá que definir cuántas son, quiénes son, a partir de cuándo empezarán a contarse y si participarán o no en todo el proceso. ¿Qué pasará si los victimarios también reclaman reparación?, es uno de los interrogantes.

* Sólo en el 2049 se podrán conocer los testimonios de las víctimas del conflicto de Guatemala a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Para proteger sus vidas después de 36 años de violencia, los documentos fueron llevados a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
* En Guatemala continúa la polémica ante la reparación que reclaman los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), grupos de fuerzas armadas con algún parecido a los paramilitares y que llegaron a ser entre 500 mil y 700 mil personas. Hoy reclaman el pago equivalente al que tenía un soldado en los años de guerra.
* En Perú la Comisión de la Verdad recogió 17 mil testimonios, de los cuales el 70% se pudo comprobar, lo que permitió identificar 4.000 fosas donde fueron enterradas las víctimas.
* En El Salvador, el informe de la Comisión de la Verdad mencionó de manera detallada las personas y organizaciones responsables durante los 11 años de conflicto.
* En Sudáfrica el sostenimiento anual de la Comisión fue de 18 millones de dólares y en Guatemala, de 11 millones de dólares. A diferencia de las demás comisiones, la sudafricana ha sido la única con facultad para otorgar amnistías individuales a quienes confesaran toda la verdad.
* En Argentina la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas identificó 30 mil víctimas de tortura, ejecuciones y desapariciones.

En Colombia cada una de estas experiencias se está convirtiendo en referencia para responder preguntas que las víctimas del conflicto se están haciendo ante la nueva Ley de Justicia y Paz (Ley 975), su aplicación y la reciente instalación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

¿Cuántas son las víctimas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están?¿A partir de cuándo empezarán a contarse? ¿Se dejarán “censar”? A pesar de las críticas y las demandas que han presentado, ¿participarán en la aplicación de ley de Justicia y Paz y sus nuevos organismos, como la Comisión de Reparación? ¿Cómo garantizar su protección? ¿Qué pasará si los victimarios también reclaman reparación?

Son preguntas alrededor de las víctimas del conflicto colombiano porque con la nueva Ley ellas también tienen la palabra. En lo que coinciden ONG, miembros de la Comisión y expertos internacionales es que ellas nunca se alzaron en armas para reclamar sus derechos y superar el dolor y la impunidad. Por eso hay que responderles a ellas con la verdad, la justicia y la reparación y no, como dice el adagio popular, a las víctimas de su propio invento.

¿Cuántas son?

Nadie se atreve a responder esta pregunta, aunque el presidente de la Comisión de Reparación, Eduardo Pizarro, advierte desde ya que de las 25 mil víctimas del conflicto que se estimaban en Perú, el informe final reveló que eran 69.280. En Colombia, la lista estaría integrada, por ejemplo, por las víctimas o los familiares de:

* Las 8.003 víctimas de masacres ocurridas entre 1993 y 2004, según estadísticas oficiales.
* Los 12.148 homicidios políticos cometidos entre 1997 y 2004, según el CINEP, o los 25.574 que contabiliza la Comisión Colombiana de Juristas desde 1997 hasta 2003.
* Los 1.215 secuestros cometidos por las AUC y los 12.545 perpetrados por la guerrilla entre 1996 y el 2005, según la Fundación País Libre.
* Los 502 indígenas asesinados entre 2002 y 2005, según el Gobierno.
* Los 3.500 líderes sindicales asesinados en los últimos 15 años, de acuerdo con la CUT.

Estas listas tendrán que ser depuradas y, especialmente, completadas porque seguramente, como reza el dicho, “no están todos los que son ni son todos los que están”, lo que genera desde ya varios interrogantes:

1. ¿Se contabilizarán los desplazados por la violencia? ¿Los 1’.685.635 registrados por la Red de Solidaridad Social entre 1995 y 2005 (al 4 de octubre) o los 2’843.504 estimados por la ONG Codhes (al 30 de junio)?

“Habrá desplazados que van a ser considerados como víctimas y, por tanto, objeto de la Comisión, mientras que otros deberán ser atendidos por la Red de Solidaridad”, advierte Pizarro.
Para Jorge Rojas y Marco Romero, directivos de Codhes, esta afirmación genera preocupación. “La reparación es un derecho complementario a las demás normas nacionales e internacionales y por lo tanto no es excluyente. Los derechos de los desplazados no se agotan cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional. Eso no significa que ya se haya garantizado la verdad, la justicia y la reparación para esta población”.

2. ¿Qué sucederá con quienes “no existen” porque no aparecen en un registro o ignoran la ley?

Esto implica dos retos. El primero, adelantar una amplia difusión de la nueva norma y sus futuras reglamentaciones para que todos los colombianos conozcan sus alcances. En ello coinciden tres de los miembros de la Comisión: Pizarro, Patricia Buriticá y Ana Teresa Bernal.
El segundo desafío consiste en buscar a las víctimas colectivas así ellas no se acerquen a reclamar, propuesta de Buriticá, para quien la Comisión debe llegar, por ejemplo, a las comunidades de El Salado (38 víctimas) o La Gabarra (27), escenarios de dos de las masacres más recordadas por los colombianos.
En el caso de las víctimas individuales aún no es claro si se aplicará el modelo puesto en marcha por la Red de Solidaridad y que consiste en salir a las calles a buscar a los desplazados y registrarlos, como se hizo en Cali y Barranquilla. Para los defensores de derechos humanos y organizaciones civiles esta puede ser una iniciativa interesante siempre y cuando no tenga móviles electorales.

3. ¿Se contarán solamente las víctimas organizadas en asociaciones o fundaciones?

“La falta de organización es un real problema para que las víctimas hagan exigir sus derechos”, dice el analista Iván Orozco. Sin embargo, aunque hay desorden también hay esfuerzos por aglutinar organizaciones sociales, advierte Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, creado en 1995 y conformado por 230 asociaciones, entre ellos Asfaddes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. “Si esta es una Comisión de Reconciliación no puede partir de la exclusión. Por eso hay que responderles a las víctimas organizadas y a quienes no lo han hecho”, afirma Buriticá.

4. ¿Se tendrán en cuenta sólo las víctimas cuyos casos se hayan demandado ante la justicia?

Para Pizarro, la víctima o los familiares que acudan a la Comisión serán orientados para que se dirijan a la justicia y presenten su denuncia. “La Comisión no tiene un carácter operativo sino que define políticas y orienta a las víctimas para que se les garanticen sus derechos”, asegura.

Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos esto significa un obstáculo para el cumplimiento de la ley ya que numerosas víctimas no denuncian por temor, porque han sido amenazadas o porque no creen en la justicia.

Por otra parte, como advierten los directivos de Codhes, “es imposible partir de la base de que todo lo que no es judicializable no existe”. De todas formas, el número definitivo de víctimas dependerá -en buena parte- del período que comprenderá la reparación.

El período de reparación

En Perú la Comisión registró los abusos cometidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. En El Salvador se investigaron las violaciones ocurridas entre enero de 1980 y julio de 1991 y en Sudáfrica el período comprendió del 1 de marzo de 1960 al 10 de mayo de 1994.
En Colombia este será uno de los grandes retos e interrogantes de la Comisión, que tendrá que definir a partir y hasta qué día y qué año será la reparación.

Víctimas de primera y de segunda

Existe el temor que se tienda a privilegiar más a unos que a otros, advierte Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre: “me preocupa que se piense que unos son más víctimas que otros; que se privilegie la representación de un dolor por encima de otro; que se diga que la víctima de una masacre es más importante y más sujeto de reparación que la de un secuestro”.

La participación de las víctimas

“Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial”, es una de las funciones de la Comisión. ¿Y si las víctimas o los organismos defensores de derechos humanos no participan? Así lo han anunciado organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, quienes tienen varias razones para justificar su negativa:

1. Acudir a la ley podría significar cerrar espacios ante la justicia internacional, instancia a la que han acudido las organizaciones de derechos humanos y de víctimas argumentado la impunidad en el país.
Así, por ejemplo, aún no hay claridad sobre qué ocurrirá con las víctimas o sus familiares que han demandado ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente en los borradores sobre la reglamentación de la ley1 se estudia que ninguna persona sea reparada económicamente si antes de iniciado el juzgamiento demandó a la Nación. ¿Se podría exigir una reparación que no sea económica?

2. Para estas y otras organizaciones acudir a las instancias de reparación sería legitimar un proceso y una ley que han tenido fuertes cuestionamientos.

Para la Comisión Colombiana de Juristas, que con el apoyo de 35 asociaciones acaba de demandar la Ley 975, la nueva normatividad es “un recurso efectivo para la impunidad”. Por ello, solicitó la inconstitucionalidad, entre otros, de artículos que definen qué es una víctima y cuáles son sus derechos y el que crea y define el Fondo para la Reparación de las Víctimas. “Las víctimas no son tenidas en cuenta para definir los hechos delictivos que deben repararse”, “no todas las víctimas podrán reclamar una reparación”, “el deber de los desmovilizados de reparar a sus víctimas está bastante limitado” y “no hay garantías adecuadas para la restitución de los bienes”, dice la demanda.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, por su parte, sostuvo en un comunicado público que la “Comisión de Reparación no representa ni la voluntad ni la posición de las víctimas” porque “no reúne las condiciones mínimas de independencia y representación democrática...su conformación ha sido hecha sin un proceso previo de participación y consulta de las asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes...”.
Uno de los aspectos más preocupantes, señalan los directivos de Codhes y la directora de la Fundación País Libre, es que algunas de las organizaciones más representativas de las víctimas no participen y otras menos conocidas – no por ello menos representativas- sí lo hagan.

¿La no participación de estas y otras organizaciones deslegitimaría la Comisión y, por ende, lo que ella haga?
Pizarro lo tiene claro: “la esperanza es que todos participen. En Colombia ninguna organización representa el conjunto y el total de las víctimas. Muchas se han comunicado con nosotros para postularse y ocupar uno de los dos cupos que por ley tienen en la Comisión. No queremos que sea a dedo sino resultado de un proceso de consulta. Hay personas y organizaciones renuentes, pero con nuestro trabajo vamos a demostrarles que están equivocados”.

En el mismo sentido se expresa Ana Teresa Bernal: “la legitimidad o no depende de lo que se haga”, aunque los miembros de la Comisión reconocen que en su fortalecimiento o debilidad influirán las condenas de líderes paramilitares.

Para Buriticá, “desafortunadamente la ley tiene un problema de legitimidad porque no es el resultado de un consenso nacional. Hay desconfianza y temores, pero esta es una ley gústenos o no. Por lo tanto, hay que aprovecharla al máximo”.

Lo más razonable, dice el analista Iván Orozco, es que hubiera un alto grado de cooperación con la ley. “Si fracasa por la razón que sea sería porque fracasó en su uso y no porque se le quitó a priori su legitimidad”.

La Fundación País Libre, por ejemplo, no se marginará. “No podemos hacerlo porque nuestra atención es atender a las víctimas del secuestro y esta es una oportunidad. Por eso, le entregaremos a la nueva unidad de la Fiscalía un paquete significativo de casos emblemáticos de secuestros cometidos por autodefensas”.

La Comisión Colombiana de Juristas y el Movimiento han afirmado que continuarán acudiendo a la justicia ordinaria para reclamar verdad, la justicia y la reparación. “Nos sorprende que ahora nos pidan que aportemos testimonios y pruebas si ha sido eso, precisamente, lo que desde siempre hemos hecho.

Precisamente le entregamos al Fiscal 14.500 casos de víctimas documentadas entre 1996 y 2003 por acciones cometidas por paramilitares y agentes del Estado”, asegura Cepeda. “Que no nos digan que no estamos colaborando”.

Juan Pablo Corlazzoli, funcionario de Naciones Unidas, advierte que su experiencia en procesos de paz y postconflicto como los de Guatemala, Mosambique, Ruanda y Líbano le ha demostrado que “todos los procesos requieren de una gran voluntad política y de una profunda articulación entre diferentes organizaciones, el poder político, los medios, la sociedad en su conjunto. Es necesario gestar consensos”.

La confusión

En todo el proceso de participación de las víctimas existe el riesgo de confundir la víctima con el victimario, como ocurrió en Guatemala, advierte Edilberto Torres-Rivas, analista internacional de ese país. “Las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil empezaron a reclamar reparación y paradójicamente contaban con algo que no tenían las víctimas efectivas: estaban organizadas y gozaban del apoyo del Ejército. Estas patrullas fueron acusadas en mi país, junto con agentes de las fuerzas armadas, de más del 90% de los casos documentados de violaciones de los derechos humanos”, señaló. ¿Es posible que esto ocurra en Colombia?

Primero la verdad, luego la reparación
“Sin verdad no hay reparación y sin ella la ley perderá legitimidad”, es la frase en la que coinciden miembros de la Comisión y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo...
1. ¿Qué verdad queremos? “La única verdad presumible que habrá es la que ya existe y conocemos gracias a la lucha que por años han adelantado los víctimas”, asegura Cepeda.
2. La verdad que habrá será una verdad a medias. “No puede haber una verdad definitiva porque falta la guerrilla. Por lo tanto, será una verdad que se irá completando y construyendo con el tiempo”, sostiene Buriticá.
3. “Es poco probable que emerja la verdad -dice Orozco- porque no estamos en una etapa de transición, no vivimos en un postconflicto y la paz no está a la vuelta de la esquina, como nos quieren hacer creer. Esto ha llevado a usar todos los instrumentos de la justicia transicional para enfrentar un proceso que quizá no es de esta clase de justicia. Puede ser que, por el contrario, estemos en la profundización de la guerra, en la consolidación de los poderes paramilitares y en la recomposición de alianzas”.

En lo que sí hay acuerdo es que una vez se conozca la verdad sí se podrá empezar a hablar de reparación.

1 “La hoja de ruta de justicia y paz”, El Espectador”, 9 de octubre de 2005.

Publicado en Revista Hechos del callejón. PNUD

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