la hora de la reparación a las víctimas

Internacionalmente las políticas de reparación dentro del marco de un proceso de justicia transicional implican el cumplimiento de tres objetivos: Constituir una forma de compensación económica por la pérdida o el daño que ha sufrido la víctima; reconocer oficialmente el sufrimiento de las víctimas y ser un mecanismo de disuasión para que no se cometan las mismas atrocidades en el futuro.

Las víctimas buscan una reparación efectiva. Foto SEMANA
El derecho internacional, por su parte, ha establecido cinco componentes mínimos que deben contemplar los programas de reparación, aun cuando estos no se encuentren necesariamente aplicados en casos similares al colombiano: a) rehabilitación; b) compensación; c) restitución; d) satisfacción y e) garantías de no repetición.

Formalmente, la Ley de Justicia y Paz incluye estas cinco formas de reparación: a) la restitución, definida como las acciones que propenden por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito; b) la indemnización, que se refiere a la compensación de los perjuicios causados por el delito; c) la rehabilitación, que comprende las acciones que buscan recuperar la salud mental y física de las víctimas; d) la satisfacción, que es definida en la Ley como una compensación moral y comprende las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y a la difusión de la verdad; y, finalmente e) la garantía de no repetición, que se manifiesta principalmente en la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados.

Al menos en el texto, las reparaciones cumplen con los estándares de una justicia transicional y también con los estándares internacionales de reparaciones. En las reparaciones están incluidos en la teoría todo el universo de victimas así como estarían todos los tipos de reparaciones. Entre estas se pueden señalar las reparaciones individuales y las reparaciones colectivas por un lado, así como también aquellas de orden material y simbólico.

Una mirada actual a la reparación de las víctimas

El éxito de las medidas de reparación a las víctimas no sólo se mide bajo el supuesto de que éstas estén construidas bajo un marco nítido de derecho y de justicia transicional. Esto es lo mínimo que se espera. Por el contrario, el reto y al mismo tiempo el éxito de estas medidas depende de la estabilidad financiera en que logren consolidarse y convertirse en respuestas a las necesidades y expectativas de las víctimas de hoy como de mañana.

Ahí están los riesgos. ¿Cómo establecer un programa financiero que garantice la igualdad en el acceso a la reparación de las víctimas de hoy y de mañana? Según el consolidado del Sistema de información de Justicia y Paz (SIJYP) de la Fiscalía, hasta el 4 de junio de este año existía un registro de 131.510 víctimas y un registro sin parametrizar de alrededor de 10.972 (hay que aclarar que cada registro puede contener varias víctimas). Pese a que este número responde a un universo de víctimas de paramilitares, guerrillas y cuerpos de seguridad del Estado, que han decidido denunciar, este universo será imposible calcularlo mientras el conflicto continúe.

Sin embargo, según estudios publicados en los dos últimos años tanto por Indepaz como por el CERAC, bajo un horizonte de tiempo que va de 1964 hasta 2005, un estimativo factible del costo que debe pagarse a las víctimas de los grupos armados es entre $55, 544,152 y $96, 359,032 millones de pesos de 2006. Esto representa entre el 19% y el 33% del PIB de 2005” (Richard, Mark, Quantification of the financial resources required to repair victims of the Colombian conflict in cordance with the Justice and Peace Law). Por su parte, la estimación de Indepaz, de los costos individuales de la actividad criminal de los grupos armados ilegales tienen una participación anual promedio en el PIB cercana a 0,38%, un tanto inferior al cálculo estimado por Richards. Esta estimación de los costos de las acciones derivadas del conflicto se efectuó en un período de tiempo comprendido entre 1964 y 2004. (Gonzales, Camilo: El mito de la quiebra del estado por la reparación). Un costo equivalente se estima en cuanto a las reparaciones colectivas: al agregar los costos colectivos se encuentra que la actividad criminal de los grupos armados ilegales y la depredación sobre las finanzas públicas municipales significan en promedio cerca del 0,4% del PIB anual.

El recientemente creado Programa de reparaciones individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la Ley (decreto 1290 de 2008), a través del cual las víctimas puedan recibir del Estado una indemnización económica- tal como ocurrió recientemente en Perú, Chile y Guatemala- tiene presupuestado 7 billones de pesos. No obstante, se espera la elaboración de un CONPES que establezca de manera concreta el monto total que implica para el Gobierno financiar el programa de reparaciones.

Adicional a esta iniciativa, fue aprobado por el Senado y se espera que en el próximo periodo legislativo termine su periplo por la Cámara y llegue a un feliz término el Proyecto de Ley 157. La iniciativa propone crear la figura de un Comisionado para las víctimas, un nuevo fondo de reparación independiente del ya existente bajo la Ley de Justicia y Paz, un día de solidaridad con las víctimas y la apertura de una cuenta para asistirlos en lo relacionado a la salud y los programas de asistencia en vivienda, acceso a créditos, trabajos y educación, entre otras.

En la práctica, el proceso de reparación de las víctimas depende en gran medida de los bienes y dinero que las autoridades logren reunir a partir de la recuperación de bienes, lícita o ilícitamente obtenidos por parte de los victimarios. Estas tierras y dinero provenientes de los victimarios ingresan al Fondo Nacional de Reparación para posteriormente ser proporcionado a las victimas. Hasta el día de hoy de los 3.431 postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los cuales 2.868 pertenecían a los paramilitares, tan solo 17 ex comandantes han entregado bienes y dinero avaluados en $5.311.397.719.


Fuentes

  • Kritz, Neil (ed) “The dilemmas of transitional justice” En: Transitional Justice, Laws, Rulings and Reports. Vol III.
  • Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz
  • Fondo Nacional de Reparación / Acción Social.