“Estamos intentando desatascar los procesos”: Hinestrosa

En entrevista con VerdadAbierta.com, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dijo, entre muchos temas, que aun cuando ‘Juancho Prada’ y otros 71 paramilitares quedarán libres antes de junio,  aún sin condena, tendrán que seguir colaborando con la justicia o perderán sus beneficios.
Por Daniel Suárez Pérez de VerdadAbierta.com

hinestrosaFoto: Archivo SemanaEl 2014 es un año decisivo para el proceso de Justicia y Paz: 400 ex paramilitares y guerrilleros postulados al proceso de Justicia y Paz van a salir en libertad luego de haber cumplido ocho años en la cárcel. Ocho años es la máxima pena alternativa que les puede imponer la justicia, si determina que han contribuido con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y no han vuelto a delinquir.

Para acelerar los procesos que venían avanzando tan lento que estaban perdiendo su carácter de justicia transicional, se reformó la ley, permitiéndole a la Fiscalía establecer grandes patrones de criminalidad y de victimización, y con estos como guía, investigar casos prioritarios de los que tuvieran la mayor responsabilidad de las atrocidades cometidas. Ya no se va como había ordenado la Corte Suprema de Justicia en fallos anteriores, esclareciendo y juzgando cada uno de los más de 30.000 crímenes documentados, sino se establece cómo se dio un tipo de delito, cuáles fueron las víctimas y cómo se afectaron, con varios ejemplos, y con ello se puede dictar sentencia.

Bajo la orientación del fiscal general, Eduardo Montealegre, y la dirección de Juan Pablo Hinestrosa, coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la entidad reorganizó sus prioridades y estableció 16 macro-procesos de jefes paramilitares y guerrilleros, que develaran la verdad del bloque o frente que condujeran, establecieran las tipologías de crimen, documentando varios casos concretos en cada tipo, y reconocieran a las víctimas. (Ver nota sobre cómo va el proceso de priorización)

En estos procesos han venido avanzando los fiscales y magistrados de Justicia y Paz, con la idea de que, una vez sentencien a los jefes, sus subalternos se podrán acoger a esas sentencias, y así se podrá acelerar el proceso. La meta de la Fiscalía es obtener sentencias para mitad de año, antes de que salgan libres una buena parte de los postulados.

Esta ambiciosa meta ha despertado  inquietudes e interrogantes, tanto entre las víctimas como entre los postulados.  VerdadAbierta.com entrevistó a Hinestrosa para que respondiera muchas de estas dudas y explicara en detalle cómo se están llevando los procesos, qué errores del pasado se están tratando de corregir, qué pasará con los postulados que salgan libre y  cómo van a acoger a víctimas que la justicia conozca después de dictar sentencias.

El jefe de la Unidad también contó lo que está haciendo la Fiscalía para juzgar a posibles cómplices denunciados en Justicia y Paz porque se lucraron con el paramilitarismo y que están impunes;  y explicó cómo los aprendizajes del pasado sirven para encarar un posible proceso de justicia transicional con las guerrillas de las Farc y Eln, si estas firman la paz.

VerdadAbierta.com: Unos 400 postulados a Justicia y Paz recobrarán su libertad este año ¿por qué esa gran cantidad de desmovilizados saldrán de la cárcel? ¿En qué condiciones quedarían libres?
Juan Pablo Hinestrosa:
Primero hay que tener en cuenta que ya John Jairo Álvarez Manco recuperó su libertad en Medellín. Eso es porque se aplica la ley 1592, la 975 y el decreto 3011. Sencilla y llanamente este es un proceso de justicia transicional donde habían unas reglas del juego, y las reglas era que eran ocho años, y se está cumpliendo ese tiempo. Eso es lo que está pasando.

V.A.: ¿Y cuál es la situación actual de John Jairo Álvarez Manco?
 J.P.H: En este momento le están suspendiendo todas las órdenes de captura que tiene. Por eso no ha quedado en libertad, en cualquier momento queda libre.

V.A.: ¿Cómo van a recobrar la libertad los otros 400, lo harán en diciembre de este año o será en el transcurso del año?
J.P.H: Se cuenta desde la fecha de su postulación. Sin embargo el decreto 3011, que salió ahorita en diciembre y que fue el que le aplicaron al ‘Manco’ dice que para aquellos que estuvieran detenidos con anterioridad a su fecha de desmovilización, se les computa con el tiempo que estuvieron pagando cárcel. Esos son sólo 34. El único que es importante en estructura de poder es ‘Juancho Prada’. De resto, 71 quedan libres en junio, y de ahí para allá los cerca de 400 hasta diciembre.

V.A.: ¿Qué va a pasar después de que ellos estén en libertad? ¿Por qué la preocupación de la Fiscalía de que ellos queden libres?
JPH: La preocupación es porque lo ideal es que salgan con sentencia.

V.A.: ¿Y qué pasaría si ellos están fuera de la cárcel esperando la sentencia?¿Hay algo de justicia que se pierde? 
J.P.H.: No necesariamente, pero creo que era una expectativa legítima que pagaran los años a los que fueron condenados; lo ideal era que se tuvieran las sentencias. No se pudo y por eso hicimos el plan de priorización. Yo creo que en este momento estamos en el primer set del partido de tenis. No es que nosotros tengamos un duelo con la magistratura ni nada de eso, si no que sencillamente la ley cambió. Con la ley 1592, que da cuenta del atasco que había, se decidió no ir hecho por hecho, si no por patrones de macro-victimización y macro-criminalidad, y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros.

V.A.: ¿Por qué hubo tensiones en la audiencia del caso de Ramón Isaza entre fiscal y magistrada? (Ver nota Magistrados frenan la carrera de la Fiscalía en Justicia y Paz)

J.P.H: Desafortunadamente la audiencia del fiscal Gordillo tocó readecuarla porque fue pedida antes de la vigencia del decreto 3011. Él tenía que readecuar su presentación a los requisitos del 3011, y eso fue lo que le pidió la Sala.

Por la suspensión, quedó la argumentación de la magistratura, pero no la contra-argumentación de la Fiscalía. Nosotros tenemos nuestra contra-argumentación. 

En otras partes estamos avanzando sin problema. La audiencia ante el Tribunal de Barranquilla del postulado Hernán Giraldo, ex jefe paramilitar del Magdalena ya se va a acabar. Allá estamos hablando de patrones de macro-criminalidad y macro-victimización en la audiencia concentrada. 

La audiencia del Bloque Central Bolívar (BCB) arranca el lunes, entonces miremos cómo nos va a ir con el BCB. ‘HH’ arranca en 20 días. Ya cuando todos los fiscales estén planteando los argumentos al tiempo, y la Sala se dé cuenta que es una posición uniforme y constante de la Fiscalía, creo que el escenario de pronto puede cambiar, o sencillamente nuestra contra-argumentación vendrá.

V.A.: ¿No cree que ustedes tienen una visión y la magistratura tiene otra?
J.P.H: Los argumentos de los magistrados son muy válidos, muy respetables, pero la ley la 1592 buscó destrabar estos procesos. Mire los trabajos preparatorios, las actas del Congreso, la intención del Ministerio de Justicia, del gobierno, fue decir: mire, no podemos seguir con el hecho a hecho.

Ustedes que han acompañado el proceso de Justicia y Paz saben que Baltazar Garzón, la OEA, hicieron  una evaluación y dijeron  si seguimos  con el hecho por hecho  se demoran más de 400 años en evacuar Justicia y Paz. Entonces tocaba plantear una fórmula, que no es improvisada; así es como trabaja la Corte Penal Internacional,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque con víctimas masivas y hechos masivos no se puede ir uno a la minucia del hecho porque así no acaba nunca; de ahí, la figura de los patrones de macro-criminalidad.

Ese es el debate que vamos a plantear  ante la magistratura, no es una pelea, sencillamente son posiciones ideológicas. Pero ese  mismo debate nos lo dimos ante los Magistrados de Control de Garantías (primera etapa de los juicios en Justicia y Paz y que es anterior a las audiencias concentradas. Ver gráfico “Así va la priorización en Justicia y Paz”).

De pronto hay que cambiar un poco la visión, porque hay que tener en cuenta que la ley cambió. Este proceso está muy ‘bogotano-centralizado’, sólo se mira lo que pasa en Bogotá,  pero, por ejemplo,  ese debate fue muy fuerte en Bucaramanga y la magistratura al final accedió.

V.A.: ¿Esa meta de llegar a las sentencias de los 16 casos priorizados que hay para junio puede ser posible?
J.P.H: Estamos esperando que pueda ser posible; que se pueda hacer un trabajo mancomunado. Entendemos que las agendas de los magistrados son muy complicadas. Barranquilla, por ejemplo, nos está colaborando al 100 por ciento. En Bogotá entendemos que es el Tribunal más ocupado, pero estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente en la medida en que ellos nos lo permitan. Tenemos la mano tendida. Donde nos pidan que les colaboremos, les colaboramos, no es Fiscalía versus Tribunal.

V.A.: Las víctimas señalan que en esa reestructuración de los procesos se acortó el tiempo que dura la etapa del incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas y al mismo tiempo se les redujo su participación en Justicia y Paz. ¿No es esto preocupante?
J.P.H.:
Esa es la misma metodología que se aplica en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que sopesar. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Escoge ciertas personas que van a intervenir, procura lograr consensos de quiénes van a intervenir. Eso mismo se tiene que procurar aquí. La experiencia internacional nos muestra que es imposible que 50 mil víctimas hablen en un proceso, que se tienen que escoger casos representativos… hay que agrupar. Porque del hecho al hecho no vamos a salir ni en 400 años. Entonces hay que aplicar nuevas metodologías que en ningún momento impliquen sacrificar la verdad y la justicia, sino obtenerlas de otra forma.

V.A.: Sumado a la preocupación que se tiene en la Fiscalía de que no tengan sentencia, también las víctimas tienen inquietudes sobre lo que pasa después de que los postulados queden libres…
J.P.H.: Esa parte ya no depende de nosotros. Eso es más de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sé que ellos están haciendo cosas. Pero también quiero aclarar que no es que automáticamente queden en libertad, porque hay otros requisitos: buen comportamiento, que no hayan intentado fugarse de la cárcel, que hayan contribuido a la verdad, que hayan asistido a las audiencias y otro que es más esencial, que hayan contribuido a la reparación con sus bienes.

V.A.: Y si ya en libertad, con su pena máxima de ocho años cumplida en la justicia transicional, aparece la sentencia ¿qué les puede pasar a los postulados?
J.P.H.: Eso queda a criterio del magistrado de control de garantías de Justicia y Paz. Yo creo que más que el tiempo, es por ejemplo si no ha contribuido a la verdad, es que vaya a las audiencias, ayude a esclarecer y ya después pida su libertad.

V.A.: Hay delitos que quedaron como en el limbo. Por ejemplo, el del narcotráfico que no se ha incluido en los procesos de Justicia y Paz, pero hay postulados que han sido extraditados a Estados Unidos por ese delito…
J.P.H.: Ese es un debate grandísimo que ha circulado todo Justicia y Paz. Si el narcotráfico hace parte o no. Hay dos posturas, hay una que dice que no, sobre todo el Tribunal de Bogotá, y otra que dice que haría parte con ocasión de dar ingresos a la actividad paramilitar. Pero eso se tiene que probar. Aquí hemos pedido las exclusiones de algunos postulados que eran netamente narcotraficantes; inclusive se han excluido estructuras que eran sólo narcotraficantes. Es el debate que nos va a dar la Corte Suprema. Sobre todo porque eso se planteó en el caso del ‘Mellizo’ Mejía Múnera, cuando salga esa decisión, yo sabré qué directiva tengo que tomar.

V.A.: El temor de los postulados es que pasen esos ocho años de Justicia y Paz y que después sea la justicia ordinaria la que los juzgue por delitos no contemplados en Justicia y Paz…
JPH.: Por eso le digo, ese tema nos lo va a definir el caso del ‘Mellizo’ Múnera. Está pendiente, en cualquier momento, apenas la Corte lo disponga.

VA: Tomando los casos de violencia de género, en los que la documentación y las averiguaciones son relativamente recientes, uno podría pensar que después de junio más víctimas de postulados sentenciados aparezcan. Si llegan después de una sentencia, ¿qué pasará?
JPH: Se pueden abrir otros procesos. El patrón de macro-criminalidad no esclarece totalmente pero es un intento de evacuar algo que estaba totalmente estancando. No quiere decir que si se acaba la priorización se acaba Justicia y Paz.

Uno de los requisitos de Justicia y Paz es que ellos una vez estén en libertad sigan colaborando con el proceso.

VA: ¿Los postulados tendrían que volver a la cárcel?
JPH: No, siguen colaborando con todo. Ahora esperemos que ellos sigan compareciendo, que ellos no se vayan a perder, a esfumar, aunque esa es más responsabilidad del Inpec que de la Fiscalía.

V.A.: Ustedes han dicho que este proceso de Justicia y Paz es una base para un eventual proceso con la guerrilla. ¿Cómo sería?
JPH: El decreto 016 de 2014 y los decretos de Reforma de la Fiscalía establecen que a la dirección especializada de Justicia Transicional le corresponderá el Marco Jurídico para la Paz. Lo que quiere decir que si hay algo que fructifique el Marco Jurídico para la Paz, vendrá para acá.

V.A.: ¿Qué balance deja el proceso con los paramilitares para los posibles futuros procesos de justicia transicional con las guerrillas?
JPH: Hay que aprender de los errores. No fuimos perfectos, pero tampoco esto es un total fracaso. Es algo muy complicado de llevar y por eso estamos replanteando el tema. Por ejemplo aprendimos que la reparación judicial cuando han sido violaciones masivas, graves y sistemáticas es muy difícil de dar. Entonces nos ha tocado aprender de nuestros errores. Lo cual quiere decir que muy probablemente si hay un proceso de paz con las Farc, podríamos manejar las cosas en forma distinta porque ya estamos preparados. Segundo, una cosa es Justicia Transicional dentro del conflicto, en el caso paramilitar, y otra cosa es Justicia Transicional como objetivo para finalizar un conflicto. De tal manera que yo creo que en el caso de las Farc el tema fluirá con mayor prontitud y celeridad.

V.A.: Al definir las grandes líneas de criminalidad, dejaron por fuera los delitos que hicieron ricos a los paramilitares y a muchos de sus cómplices que aún no se conocen, como el robo de las propiedades de las personas, hurto de combustible, el narcotráfico… ¿hay grandes verdades que no se han contado y quizás no se vayan a contar?
JPH:
Eso está siendo en este momento parte del contexto y la magistratura lo tiene en este momento. Precisamente el proceso de Ramón Isaza empezó con el hurto de los hidrocarburos. De tal manera que eso ya está ventilado en la magistratura, va a quedar en las sentencias, pero para que quede totalmente evacuado sería en una segunda o tercera etapa de una priorización. Nosotros vamos evacuando delitos y así vamos abarcando cuestiones.

Esto ha sido ventilado durante ocho años, ahora se está poniendo presente ante la magistratura, no sólo hurto de hidrocarburos, minería ilegal, contratación también.

V.A.: Muchos cómplices (empresarios, contratistas, banqueros, alcaldes, etc.) están impunes porque cuando mencionan en procesos de Justicia y Paz se le pide a la propia Fiscalía que investigue, o la Procuraduría, cuando son funcionarios públicos (lo que se llama compulsa de copias), pero eso no avanza…
JPH: Ese tema está un poco atascado, pero es esta administración la que ha hecho un replanteamiento. El señor Fiscal ha planteado soluciones y ya creó un Grupo Especial de Compulsa de Copias. En la medida en que esta reestructuración esté avanzando, Justicia y Paz podrá ser un engranaje para las otras unidades dentro de la Fiscalía. La priorización que en algún momento estuvo sólo en Justicia y Paz, ese fue el primer laboratorio, ya quedó vigente para toda la Fiscalía.

VA: ¿Y cuál diría usted que es el gran logro de este proceso de Justicia Transicional?
JPH: Tener sentencias y tener un plan de priorización. Hemos recibido muchas críticas, pero yo creo que se hizo en un año lo que no se había alcanzado hacer en ocho. Yo creo que es una demostración que esa ley 1592, que nos cambió la ruta de navegación. Estamos llevando más de 30 mil hechos, más de 30 mil víctimas. Esa es una labor loable.