El año decisivo para Justicia y Paz

Si sigue como va el proceso de justicia transicional se demoraría casi cien años. Por eso mientras las Fiscalía acelera las sentencias, la ley que lo haría más eficaz avanza en el Congreso.
 
Aun falta mucho para afinar el proceso de Justicia y Paz. Foto Semana  

Durante los últimos tres meses, el proceso de Justicia y Paz reportó varias novedades. Los Tribunales de Justicia y Paz lograron proferir en este tiempo igual número de sentencias que las que había presentado el proceso en toda su historia. Casos de gran envergadura como el de ‘El Alemán’ y ‘Don Antonio’ fueron evacuados a la espera de ser ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, la Fiscalía intenta priorizar los casos contra los grandes ex comandantes paramilitares a la vez que intenta ajustar el ‘día a día’ del trámite para lograr mayores resultados en menor tiempo.

Para enero de 2012, el sistema de Justicia y Paz reportaba 4.800 postulados de una total de 55 mil desmovilizados. Aproximadamente, 26.000 hechos criminales han sido confesados y en ellos se ha relacionado a más de 32.000 víctimas. De igual forma, se han enviado a la justicia ordinaria casi 1.000 casos donde se vincula a servidores públicos, políticos y miembros de las fuerzas armadas en la comisión de actos criminales.

Sin embargo, mientras el proyecto de reforma avanza en el Congreso, algunos interrogantes permanecen sobre el futuro inmediato del proceso de Justicia y Paz y su contribución real a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero igualmente importante, sobre los efectos que este está teniendo sobre la tranquilidad  y la seguridad pública. No hay que olvidar que el afán por detener una máquina de guerra desbordada fue lo que llevó a la negociación con los paramilitares y a aceptar que la justicia les diera un tratamiento especial.

De acuerdo con Elba Beatriz Silva, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se necesita que la reforma sea aprobada lo más pronto posible “para que los procedimientos se agilicen y el proceso sea mas fructífero”. De aquí se desprende que una de las prioridades fijadas por la Fiscalía para este 2012 sea “la consecución de un mayor número de sentencias contra jefes de bloques, frentes y extraditados…con énfasis en los casos y delitos de mayor afectación a poblaciones, mujeres, comunidades indígenas y demás grupos”, explicó la fiscal Silva.  

Las víctimas y lo que dicen las cifras hoy

El proceso de Justicia y Paz ha presentado serios contrastes como fórmula de justicia y desagravio con las víctimas de grupos armados. Por un lado, tal y como las cifras lo demuestran, la Ley ha hecho un aporte valioso a la reconstrucción judicial e histórica de un gran número de masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos y otros delitos, así como a la identificación de muchos de los responsables de estos crímenes.

A comienzos de 2012, Justicia y Paz reportaba un total de 48.831 víctimas relacionadas con hechos confesados dentro del proceso. Dentro de estos hechos confesados se cuentan más de 880 masacres, 22.157 homicidios y alrededor de 3145 casos de desaparición forzada confesados. Así mismo, la Fiscalía ha entregado 1665 cuerpos encontrados en algo más de 3574 fosas comunes identificadas como consecuencia de las declaraciones hechas por los postulados.

La participación de las víctimas durante el trámite de los procesos tampoco es despreciable. El sistema de Justicia y Paz reporta a enero de 2012, 69.886 víctimas que han participado en versiones libres, de las cuales 26.977 han tenido la posibilidad de realizar algún tipo de pregunta a los postulados.  Desde 2006 hasta la fecha, se han realizado en total 740 jornadas regionales de atención a víctimas a las que han asistido alrededor de 140 mil personas provenientes de distintos departamentos del país.

Sin embargo, para las mismas víctimas, la Ley ha resultado insuficiente frente a sus expectativas de justicia y reparación. Hasta ahora, tan sólo se han adelantado nueve audiencias de reparación a través de las cuales las víctimas han adquirido formalmente el derecho de ser compensadas individual y colectivamente por los daños ocasionados. De igual forma, sólo se han proferido nueve sentencias contra postulados, cifra por demás cuestionable,  dadas las expectativas de justicia de las más de 350 mil víctimas que actualmente están registradas en Justicia y Paz.  

Incluso en términos de reparación a víctimas, tal y como lo explica Andreas Forer, director del proyecto ProFis, en una de sus columnas en El Espectador, existen todavía varias dudas sobre el cumplimiento que puedan dar las diferentes instituciones (incluyendo alcaldías y gobernaciones) a las disposiciones planteadas en cada una de las sentencias que han salido hasta el momento. Tal es el caso por ejemplo de la sentencia emitida por la masacre de Mampuján, en la que se incluyen como medidas de reparación colectiva la construcción de centros educativos y puestos de salud, sobre los cuales, según Forer, parecen no haber muchos avances hasta el momento.

Frente a este escenario, la Fiscalía identifica por ahora tres retos inminentes para el proceso. El primero está asociado con la atención integral a víctimas, en donde se espera coordinar esfuerzos con las instituciones encargadas por la Ley de Víctimas, entre ellas el recién creado Departamento para la Prosperidad Social y su Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a Víctimas. Sobre este punto, el representante Hugo Velásquez, coordinador ponente del proyecto de reforma a Justicia y Paz, explica “que existe una perfecta armonización entre el proyecto de reforma y la Ley de Víctimas… se trabajó arduamente con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía buscando normas que se complementaran en materia de atención a víctimas”.

Para Elba Beatriz Silva, en este sentido, “se ha avanzado en algunos proyectos y pilotos que integran a universidades, ICBF, alcaldías y otras entidades para la atención a víctimas… en Bucaramanga (por ejemplo) ya se ha adelantado un piloto en materia de atención psicosocial a víctimas con el apoyo de universidades y profesores”.

El segundo reto está asociado con el fortalecimiento de la Sub-Unidad de Persecución de Bienes para la reparación de víctimas de la Fiscalía con el cual se espera, según la fiscal Silva, destinar en 2012 unos 200 predios que alcanzan las 20 mil hectáreas, para reparar a las víctimas. Así mismo, el proyecto de ley, tal y como lo resalta el representante Velásquez, “le da herramientas a la Fiscalía para que a través de medidas cautelares asegure los bienes muebles e inmuebles a nivel nacional e internacional que puedan servir de prenda de garantía para la reparación de las víctimas”.  

Paralelo al objetivo de aumentar el número de sentencias, la Fiscalía espera finalmente que los Tribunales de Justicia y Paz cuenten con más y mejores recursos para enfrentar los retos que tendrá el proceso este año. “Existen tribunales como el de Bucaramanga que cuentan todavía con un solo magistrado y ya están agendando audiencias para 2013”, resaltó la fiscal Silva.  
 
Lo que dicen los expertos

Durante todo el 2011, la Ley de Justicia y Paz tuvo gran protagonismo en el debate público. Mientras organizaciones sociales, ONG y organismos internacionales dejaban en evidencia las debilidades que presentaba la Ley luego de 6 años de aplicación, Congreso y gobierno empezaban a cocinar la posibilidad de una reforma.

Un gran aporte al debate en ese sentido fue el informe publicado en octubre de 2011 por la MAPP/OEA, “Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la Justicia Transicional en Colombia”. Este informe revalida la idea de que el talón de Aquiles del proceso de justicia transicional en el que se embarcó Colombia había sido la manera como se encararon los procesos penales. En esto coincidió otro documento de la misma época  elaborado por Fundación Ideas para la Paz (FIP). (Ver: Los puntos críticos de Justicia y Paz).

Según la MAPP,  la postulación a Justicia y Paz de los desmovilizados debería ser función de la Fiscalía que está en mejor posición de establecer quiénes cumplen con las condiciones para acceder a Justicia y Paz. Coincide con la FIP al advertir que hasta la fecha no hay claridad sobre los criterios del gobierno para realizar las postulaciones a Justicia y Paz.

Así, fiscales de Justicia y Paz ofrecieron postulaciones a desmovilizados a cambio de confesiones, mientras algunos desmovilizados solicitaban su postulación años después de su desmovilización o al momento de ser capturados luego de reincidir en delitos. De hecho, todavía persisten interrogantes sobre casos como el de ‘Don Mario’ o ‘Carecuchillo’, quienes a pesar de haber permanecido en la clandestinidad luego de su desmovilización y luego de sus respectivas capturas, terminaron participando en Justicia y Paz.  

El informe de la MAPP asegura que las versiones libres no siempre cumplen el propósito de “develar las estructuras criminales detrás del accionar de los grupos armados ilegales, cumplir con las expectativas de las víctimas respecto de la verdad judicial y facilitar el proceso de judicialización de los postulados”. Según el informe, las diligencias de versión libre se habían convertido en espacios de revictimización, donde por una parte, se daba lugar a enfrentamientos entre víctimas y victimarios, y por otra, no había claridad sobre quienes podían asistir y participar.

Tanto la FIP como la MAPP-OEA, coinciden en la necesidad de simplificar las etapas en las que se desarrolla la ley. Para la MAPP-OEA, es imposible cumplir con los tiempos establecidos para cada una de las audiencias. Además los operadores judiciales han vuelto el proceso de justicia transicional como uno ordinario, con tiempos igualmente lentos.  La mayor evidencia de este problema es que luego de más de seis años de funcionamiento, el proceso de Justicia y Paz tan sólo ha emitido 9 sentencias.

En igual sentido, la FIP plantea que “la Ley, como primer esquema de Justicia Transicional empleado en la historia de Colombia tuvo que pasar por un proceso de adaptación interno que, sumado a los vacíos del texto de la Ley, se vio traducido en la aplicación paulatina por parte de jueces y fiscales de Justicia y Paz de estándares y criterios extraídos desde la justicia ordinaria”.

En materia de tiempos, la FIP recoge el argumento sobre los 96 años que tomaría darle cierre a Justicia y Paz en caso que se mantuvieran los tiempos, términos y número de audiencias bajo los cuales funciona actualmente.

El informe de la MAPP exige una reglamentación sobre los requisitos para que los postulados puedan acceder a los beneficios que contempla Justicia y Paz, distinguiendo entre desmovilizados individuales y colectivos al igual que rasos y comandantes. En este punto, la FIP afirma que el problema se presenta en el momento de verificar el cumplimiento de requisitos como la entrega de bienes y de menores de edad que no pueden ser aplicados indistintamente para desmovilizados colectivos e individuales. Por ejemplo, en muchos casos no era razonable esperar que un guerrillero raso entregara bienes al momento de su desmovilización, lo que volvía complicada la aplicación de los criterios de elegibilidad al pie de la letra.  

Finalmente, tanto MAPP como FIP coinciden en la necesidad de resolver el problema de la vigencia. El texto de la Ley 975 de 2005 establece que este mecanismo de justicia transicional se aplicaría a aquellos grupos que se hubieran desmovilizado antes del 25 de julio de 2005, fecha de expedición de la Ley. Así mismo, contempla que la misma cobijaría únicamente delitos cometidos antes de esta misma fecha y únicamente con ocasión de su pertenencia al grupo armado.

No obstante, y según los datos recogidos por ambas organizaciones, si se aplicara el texto al pie de la letra, “el 39 por ciento de los postulados que están versionando quedarían excluidos de la aplicación de la Ley…el 80 por ciento de las AUC y más de 14.000 guerrilleros se habrían desmovilizado después de la mencionada fecha”, lo que haría inviable su postulación.  

¿En qué va el proyecto de reforma?

El proyecto de reforma a Justicia y Paz (Ley Nº 96 de 2011), presentado por la Fiscalía General de la Nación en octubre del año pasado, tiene como objetivo primordial darle mayor dinamismo a los procesos de Justicia y Paz.

De acuerdo con el representante Hugo Velásquez, en efecto “se pudo identificar que la Ley 975 tenía muchas fallas que afectaban la rapidez del proceso y que estaban contribuyendo a congestionar los proceso en trámite… en especial los 400 casos de postulados con jerarquía importante, algunos de los cuales todavía no habían podido rendir sus versiones”.

El trámite del proyecto, según Velásquez, ha gozado hasta ahora  de gran apoyo dentro del Congreso puesto que recoge “las propuestas del proyecto inicial de la Fiscalía, las sugerencias de las ponentes, los aportes del juez Baltasar Garzón a través de la OEA, con quien trabajamos personalmente en mejorar el proyecto… organizaciones de justicia como el Centro Toledo para la Paz también nos aportaron algunas sugerencias y posteriormente el Ministerio de Justicia que también se incorporó al trámite del proyecto y ayudaron a enriquecerlo”.

En el texto legal se formulan múltiples propuestas, entre las cuales se destacan cinco apuestas que resultarían claves para el proceso.

1. Extender la vigencia de la ley para que cobije a quienes se desmovilizaron después 2005, incluyendo tanto a paramilitares como a guerrilleros que se desmovilizaron individualmente. Mientras los paramilitares tendrían un año después de la aprobación de esta reforma para ser postulados, en el caso de los guerrilleros, estos podrían ser postulados hasta un año después de la fecha de su desmovilización.

De igual forma, para los paramilitares la ley aplicaría sólo para hechos cometidos antes de su desmovilización,  mientras que para los desmovilizados individuales la ley cobijaría hechos cometidos hasta julio 2012, fecha en la que se espera sea promulgada la nueva ley.

2. Definir explícitamente las causales de exclusión y renuncia voluntaria de los postulados al proceso de Justicia y Paz, aplicando la exclusión por ejemplo en casos en los que el desmovilizado se niegue a participar en las versiones libres, cuando se compruebe que ha dado confesiones incompletas o cuando haya reincidido en el delito.

3. Acelerar procesos de la Ley. Así en una sola audiencia de imputación se enumeran todos los hechos y pruebas del caso. Luego de esta audiencia, otorga un periodo de no más de 60 días para que la Fiscalía compruebe todos estos hechos y paso seguido, dispone la realización de una audiencia fusionada (que no existía antes) en la que al postulado se le formulan los cargos, los acepta y el tribunal tiene la posibilidad de anunciar el sentido que la sentencia va a tener.

4. Trasladar la audiencia de reparación para que sea celebrada una vez ha sido proferida la sentencia y no antes como se venía practicando hasta hoy. La audiencia de reparación no podrá demorarse más de 20 días desde su inicio.

5. Permite que se prioricen aquellos casos que por la representatividad del crimen cometido, por el estado de vulnerabilidad de sus víctimas o por el grado de jefatura y de responsabilidad de sus perpetradores, merezcan un tratamiento especial a la mayor brevedad posible.

A mediados de noviembre se llevó a cabo el primer debate en Comisión Primera de Cámara, en donde el texto fue aprobado por unanimidad sin cambios de fondo. En la segunda semana de diciembre, el proyecto pasó el debate en plenaria de Cámara y ahora se espera su aprobación en el nuevo periodo legislativo, una vez pase los debates en Senado.

Es previsible que a mediados del presente año la mencionada reforma sea una realidad, y las expectativas de la Fiscalía, del gobierno nacional, de los desmovilizados y de las víctimas se encuentren incluidas en esta nueva iniciativa.

Según el congresista Velásquez, el proyecto “sin duda dará la oportunidad de tener un proceso de Justicia y Paz más ágil… reducido a tres audiencias”.  Sin embargo, también es consciente de los retos que le esperan al proceso tanto con la atención y reparación de víctimas como con el cumplimiento del tiempo de condena de los postulados.

“Estaríamos hablando que en el año 2014 todos los postulados de Justicia y Paz si no han recibido condena, tendrían derecho a libertad por pena cumplida, lo cual nos colocaría en una situación de impunidad vergonzosa y de puertas abierta para la justicia internacional”, de ahí la importancia que los procesos sean más eficientes, explicó Velásquez.  

Los desafíos del complejo proceso de justicia transicional que inició Colombia desde 2005 son entonces múltiples: mejorar sustancialmente la eficacia de los trámites de Justicia y Paz, velando porque se respeten los derechos de las víctimas; poner en marcha la ambiciosa reparación y restitución de tierras de la ley de víctimas que empezó en enero de este año; y por último, sacar adelante lo ordenado en la Ley 1424 que permite a los desmovilizados no postulados a Justicia y Paz quedar a paz y salvo con la justicia después de cumplir con sus aportes a la verdad y a la no repetición.