Así fue el dominio del Bloque Mineros en el Bajo Cauca

El escaso control de la Fuerza Pública y vínculos con sectores económicos garantizaron el dominio paramilitar en el Norte y Bajo Cauca antioqueños.
     
El municipio de Ituango fue uno de los más golpeados pos las Auc. Foto: Verdadabierta


Comerciantes, ganaderos y mineros de la subregión del Norte y del Bajo Cauca de Antioquia, así como sectores de la Policía y el Ejército, fueron partícipes del proyecto contrainsurgente en la región. La omisión de algunas unidades de la Policía en muchos casos y el apoyo de sectores del Ejército permitieron que esta zona de Antioquia fuera devastada por el paramilitarismo.

La investigación realizada por el grupo de policía judicial de la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz, le permitió inferir que “los mineros de Caucasia buscaron protección de las autodefensas, incluso las minas más importantes de este municipio fueron utilizadas como bases y es gracias a esta relación entre los paramilitares y las minas que el Bloque Mineros recibe este nombre”.

Tales circunstancias fueron reveladas durante la audiencia de legalización de cargos contra José Higinio Arroyo Ojeda, alias ‘Caballo’ y ‘8-5’, excomandante del Frente Briceño del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. En ella se presentó en detalle cómo operaron estas estructuras paramilitares en el Norte y el Bajo Cauca de Antioquia y cuáles fueron sus estrategias de consolidación y control, así como sus inversiones económicas y sus relaciones con sectores legales de los sitios donde hicieron presencia.

Una de las preocupaciones expresadas por la Fiscalía 15, que compartieron los magistrados, es la evidencia encontrada en la investigación realizada en la que se muestra cómo en los diferentes municipios donde operó el Bloque Mineros, tanto los policías como los militares no emprendieron acciones contra los paramilitares para perseguirlos y someterlos a la justicia.

De acuerdo con las evidencias, los ilegales vivían en casas y hoteles perfectamente identificadas por las comunidades, varias de ellas a una cuadra o al frente de las estaciones de Policía. En ellas, escondían armas, realizaban reuniones y atendían a la gente que quería hablar con ellos, sin que tuvieran problemas con la Fuerza Pública.

El tema inquietó aún más a fiscales y magistrados, pues en el desarrollo de la investigación se solicitó información a las diferentes unidades policiales y militares sobre la identidades de los oficiales que estuvieron al mando de estaciones y batallones de las subregiones del Norte y el Bajo Cauca para la época de operaciones del Bloque Mineros y no fue suministrada, entre otras razones porque en algunos lugares no existen los registros.

En la audiencia se expuso el caso de Caucasia, donde se encuentran el Batallón Rifles, adscrito a la Brigada 11 del Ejército con sede en Montería, y una de las estaciones de Policía más grande de Antioquia. De acuerdo con lo dicho por la Fiscalía, no existen registros de quiénes comandaron esas unidades entre 1987 y 1995.

Las relaciones de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública fue corroborada durante la audiencia a través de una narración realizada por el exalcalde de Yarumal Gustavo Giraldo Giraldo (1998 - 2000), quien comprometió al Batallón Girardot, adscrito a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

El exalcalde le contó a la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz cómo el coronel Germán Morantes, quien estuvo al mando de este batallón durante los años 1997 y 1999, mintió en un consejo de seguridad realizado en el municipio de Santa Rosa de Osos acerca de unos combates librados en zona rural de Yarumal a finales del 1999.

El oficial, quien se retiró del Ejército por voluntad propia hace algunos años, aseveró en esa ocasión que se trataba de enfrentamientos entre tropas del Ejército y las Farc en el área del corregimiento Ochalí. Ante el riesgo que corría la población civil, el entonces alcalde Giraldo Giraldo envió un equipo de salud, pero las tropas del Ejército le impidió llegar a la zona de los combates, entre otras razones con el argumento de que un alcalde quería enviarle ayuda a la guerrilla.

El exalcalde por su parte recordó que en el consejo de seguridad dijo que los combates habían sido entre paramilitares y las Farc, y argumentó que el equipo de salud había sido enviada para ayudar a la población de la vereda Ochalí, que había sido blanco de todos los grupos armados. Luego de esa reunión Giraldo Giraldo afirmó que “un comandante que le decían Iván recibió la orden de Castaño para que me mataran”.

Ante tales señalamientos, la Magistrada que presidió la audiencia le ordenó a la Fiscal identificar plenamente al coronel Germán Morantes para abrirle una investigación por estos hechos y, además, conseguir los nombres de aquellos militares y policías que estuvieron encargados de la protección de la zona de influencia del Bloque Mineros.

Ituango, bajo lupa

Otro caso expuesto fue el del municipio de Ituango. Sobre esta localidad del Norte de Antioquia se dijo que pese a que se sabía de la presencia de la guerrilla de las Farc, que constantemente hostigaba a la población civil, sólo hasta el 2004 llegó el Ejército con una Brigada Móvil y un grupo de contraguerrilla.

Según la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz, desde 1988 hasta el 2003, esta localidad y sus alrededores fueron protegidos por policías recién graduados sin ninguna experiencia en manejo del conflicto ni de enfrentamiento con grupos armados. Sólo a partir del 2003 designaron a capitanes y mayores para el control de la zona.

Allí también hubo presencia del Bloque Mineros. Sus hombres llegaron en 1996, como parte de su estrategia de expansión y perpetraron dos de las masacres donde se expresó la excesiva crueldad contra la población civil. Se trata de las incursiones en los corregimientos La Granja y El Aro, donde hubo incendios, torturas y asesinatos, generando desplazamientos masivos de los sobrevivientes.

Por estas dos masacres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. En ambos casos, según esta instancia judicial, se comprobó que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares. “La participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de éstos”, se lee en una de las sentencias.

Pese a las masacres perpetradas, a los homicidios selectivos cometidos, al estado de zozobra creado entre los pobladores de Ituango y la creación de una base en el corregimiento Santa Rita, los paramilitares del Bloque Mineros no pudieron tener el control total del municipio. Incluso, sufrieron decenas de bajas en sus enfrentamientos con las Farc; en uno de ellos, ocurrido en el 2001, murieron 71 combatientes, lo que obligó al resto de paramilitares a abandonar la región.

La zona de Ituango ha tenido un interés estratégico para los grupos armados ilegales, no sólo por el control de áreas destinadas al cultivo de hoja de coca, sino por el desarrollo de megaproyectos energéticos. Desde hace varias décadas, los dirigentes antioqueños expresaron la intensión de construir una hidroeléctrica que aprovechara el caudal del río Cauca y justamente el sitio elegido para tal propósito quedó en jurisdicción del municipio de Ituango, pero con influencia en varios municipios más aguas abajo. Fue así como se constituyó el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Ituango, en plena ejecución en la actualidad y que se conoce como Hidroituango.

Ante la exposición de los hechos sobre Ituango realizada por la Fiscalía, los magistrados consideraron que posiblemente habría una relación entre la intensión del Bloque Mineros de “limpiar” la zona y el desarrollo del megaproyecto, por lo que solicitaron se investigara a fondo el tema. (Ver nota anexa)

Ganaderos y causa paramilitar

Otro de los temas abordados durante la audiencia de legalización fue la relación de ganaderos, mineros y madereros con el Bloque Mineros. En el inicio de su exposición, al Fiscal 15 de la Unidad de Derechos Humanos aseveró que “a la mayoría de auxiliadores de los paramilitares en Caucasia no se les abrió ningún proceso. Casi todos están libres y los otros está muertos”.

Lo que dejó en claro la Fiscalía es que en algunos sectores económicos, había sectores con relaciones directas con las Auc. En el caso de la minería, por ejemplo, se encontraron pruebas que le permitieron a la Fiscal 15 afirmar que “siempre ha habido una vinculación directa entre los dueños de las minas y las autodefensas”. Incluso, dijo, el propio Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, comandante del Bloque Mineros, llegó a explotar una mina arenera en la región. En el caso de la madera, uno de los recursos de algunos pobladores para sobrevivir, se documentó que esta estructura armada regulaba la tala, otorgándoles permisos a ciertas personas y negándoselos a otras.

Pero es el sector ganadero en el que, según la Fiscalía 15, se expresa una estrecha relación entre las personas que se dedicaban a este negocio y los jefes de los paramilitares del Bloque Mineros.

En la audiencia, la Fiscal expuso el caso de Hugo Barrera, quien en el año 2006, en representación de la Asociación de Caballistas de Caucasia, expresó en la subasta de ganado que, tras la desmovilización, ellos apoyaban al Bloque Mineros. En este momento está siendo investigado por los supuestos vínculos con los paramilitares y por ser supuesto testaferrato de alias ‘Cuco Vanoy’. En las pesquisas se han encontrado registros de 28 bienes que se encuentran a su nombre, entre los cuales hay carros, fincas y algunas minas.

La Fiscalía pudo corroborar también que a la oficina de Fabio León Mejía Uribe, un reconocido ganadero de la región, llegaban los recibos de las consignaciones con los aportes que hacían las personas de Ituango. Mejía había sido judicializado por la masacre de El Aro, pero finalmente lo absolvieron.

Mejía Uribe fue administrador de la Hacienda la Marsella, lugar donde, según algunos exmiembros del Bloque Mineros, se reunían los jefes paramilitares. Además fue uno de los primeros en crear una cooperativa de vigilancia y seguridad privada en 1995, denominada Convivir El Progreso Ltda., con cobertura en Ayapel, Córdoba. Para 1996 el permiso territorial se había expandido a Caucasia, Valdivia, el Bagre y Nechí. En 1998, le cancelaron la licencia de funcionamiento y la Convivir desapareció.

La presencia del Bloque Mineros en Caucasia fue tan significativa que “no era extraño que se reunieran en la Alcaldía y en lugares públicos del barrio el Pajonal”, narró la Fiscal. Según sus investigadores, más de diez fincas fueron identificadas como lugares de encuentro, además de algunas minas auríferas (Malvinas, Barajas y El Aeropuerto) y reconocidos estaderos, como El Porvenir y Chambacú.

Frente a toda la información expuesta, la Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía 15 realizar un informe detallado que permita abrir procesos de investigación penal de las personas que participaron del proyecto paramilitar con el fin de evaluar su posible judicialización y castigo.

Hoteles de ‘los paras’

En la audiencia también quedó claro que en todos los municipios donde tuvo presencia el Bloque Mineros, los lugares de refugio y de encuentro en la zona urbana fueron hoteles. En Caucasia, según la Fiscalía 15, el sitio de encuentro era el Hotel Piscis. Algunos exparamilitares reconocían a Jesús Emilio Gonzales, alias ‘Nilo’ como el “patrón”, quien al parecer era el dueño del negocio. Allí, en 1999, los paramilitares se habrían reunido con el ex senador Mario Uribe, condenado por sus nexos con grupos de las Auc de Córdoba.

El Hotel Panorama, en Briceño, fue el sitio de asentamiento de los hombres del Bloque Mineros que operaron allí.  En el lugar guardaban armas y municiones. Estaba situado en la esquina del parque principal a 200 metros de la Estación de Policía.

En Ituango la historia se repitió. Los paramilitares vivieron en el Hotel Bristol, que estaba a una cuadra del comando de Policía. Otro lugar que escogieron para pasar las noches fue el Hotel Ituango. Allí hicieron interrogatorios y al parecer mataron varios campesinos.

La Magistrada que presidió la audiencia de legalización ordenó investigar a los dueños de estos hoteles para determinar si hay algún nexo entre ellos y los paramilitares del Bloque Mineros, y de ser así, se podrían expropiar esos bienes con el fin de ponerlos a disposición del Fondo de Reparación a Víctimas.