Víctimas ya tienen ley que las respalda

Este viernes 10 de junio el Estado colombiano proclamó un compromiso serio frente a las víctimas para repararlas y devolverles lo que les pertenecía, ya sean tierras, bienes y sobre todo su dignidad, arrebatados por acciones de actores armados, tanto legales como ilegales.
Ante el Secretario General de la ONU y su equipo de gobierno, el presidente Santos firmó la Ley de Víctimas a las afueras de la Casa de Nariño. Foto: SIG.

Los pasos para la restitución y la reparación


La persistencia de las víctimas

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue sancionada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un acto lleno de entusiasmo y emotividad. A lo largo de estos 40 años de conflicto armado muchas han sido las personas que han sufrido los atropellos de la violencia y cuyas voces han quedado silenciadas por un Estado que, hasta hoy, no las había tenido en cuenta.

Con dos testigos internacionales, Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la candidata al Premio Nobel de Paz, Yolandé Mukagasana, víctima de la guerra étnica en Ruanda, Colombia empieza un camino hacia la reconciliación y la reparación de los daños causados por un conflicto con características muy complejas.

Ban Ki-Moon declaró su total apoyo a la Ley afirmando que “es un paso fundamental para resolver el conflicto que ha padecido Colombia durante décadas”. Sin embargo, subrayó aspectos importantes como que la normativa debe ser reforzada para que nadie quede excluido ya que cualquiera puede sufrir violaciones en sus derechos.

En su discurso, el presidente Santos señaló que “hemos superado una alta montaña –que era la aprobación de esta ley histórica- y ahora, desde su cumbre, podemos divisar el inmenso horizonte, los valles y colinas que nos faltan por recorrer”. En este sentido el reto para el Estado y la sociedad colombiana, es demostrar su capacidad y voluntad para hacer que las víctimas puedan volver a creer en un país que las tenía abandonadas y relegadas.

Esta ley, que fue discutida ampliamente, marca un giro en la forma en que el Estado había considerado a la víctimas porque pone de manifiesto la intención de aliviar el sufrimiento de los millones de colombianos que lo han perdido todo. Como lo dijo Santos, el Estado colombiano tiene que pagar una deuda moral, que ha sido aplazada muchas veces.

“Hoy es un día de esperanza nacional en el que no sólo los colombianos sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que –en nombre de la sociedad– está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, con las víctimas de una violencia que tiene que terminar”, afirmó el mandatario.

El Secretario General de la ONU aseguró que “la implementación debe ser apropiada. Solo así se podrá determinar si se cumplen las expectativas”. Resaltó también que el Gobierno “debe garantizar la protección de la seguridad y el bienestar de todas las personas que buscan la reparación de sus derechos”.

El Presidente Santos se comprometió a reparar 25 mil hogares a través de la indemnización administrativa y a garantizar el retorno de por lo menos 20 mil familias a sus lugares de origen. La Ley entrará en vigencia el año entrante.

La caja de herramientas del Estado
Los mecanismos con los que cuenta la Ley de Víctimas para realizar esta labor histórica de reparación son cinco: el programa de atención psicosocial, el programa de indemnizaciones administrativas, la restitución de tierras, la reparación inmaterial y la garantía de no repetición.

El primer elemento de la ley permitirá hacerle frente a las heridas psicológicas causadas por el constante miedo, el sometimiento a torturas y a traumas derivados de las prácticas inhumanas del conflicto. El gobierno se comprometió no sólo a ayudar a las víctimas sino también a reconstruir sus proyectos de vida por medio del Programa de Atención Psicosocial.

El segundo elemento, las Indemnizaciones Administrativas se refiere a reconocer a las víctimas como tales “con la opción de recibir una indemnización mayor si se suscribe un contrato de transacción renunciando a una posterior demanda al Estado”, explicó el mandatario.

En tercer lugar se encuentra la Restitución de Tierras, uno de los programas bandera de esta ley que busca lograr que todos los campesinos que fueron desplazados o despojados por la violencia recuperen sus predios y sus actividades productivas. El Jefe de Estado afirmó que este proceso será impulsado a través de programas de estímulos, créditos, asistencia técnica y seguridad.

Este es uno de los puntos trascendentales de la Ley, pues generará una serie de instrumentos para que el Estado les devuelva las tierras a quienes fueron despojados o abandonaron sus tierras por la violencia, después del primero de enero de 1991. Actualmente la cifra aproximada es de casi tres millones de hectáreas que han sido despojadas a sus dueños legítimos.

La Reparación Inmaterial es el cuarto elemento que hacer parte del paquete legislativo. Con él se pretende conocer la verdad, realizar una recopilación y publicación de la memoria histórica.

Esta reparación tiene dos componentes para su materialización: el primero es el pago con dinero, entregado por el Estado, según la tabla establecida en el Decreto 1290 de 2008, que estableció la reparación individual por vía administrativa. Los pagos oscilan entre 30 y 40 salarios mínimos (aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos).

El segundo tipo de reparación es el que se refieren a: la celebración del Día Nacional de las Víctimas -el 10 de diciembre-, asistencia en salud, educación, ayuda humanitaria para los desplazados y un subsidio funerario para quienes mueren como consecuencia del conflicto armado. Este punto es importante pues, la reparación simbólica se realizará sin el límite de la fecha establecida para la reparación económica.

Finalmente,  el quinto elemento de la Ley de Víctimas se refiere a las Garantías de No Repetición, que buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Este es un punto crítico de la Ley, pues, como se ha visto en los últimos meses, el asesinato de líderes de desplazados, víctimas y reclamantes de tierras va en aumento.

La Ley se valdrá de medidas como: la implementación de programas de educación en derechos humanos, la derogatoria de normas o actos administrativos que vayan en contra de los derechos humanos, de programas de reconciliación social e individual, la participación del sector privado en la generación de proyectos productivos con las víctimas, entre otras.

Reparos a la ley
Pese a las buenas intenciones varios sectores políticos como el Polo Democrático y, organismos internacionales como Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hicieron llamados de atención respecto a varios puntos.

El Polo Democrático, a través de Alexander López señaló fallas en la propuesta. Una de ella tiene que ver con que “la ley carece de criterios objetivos e idóneos en materia de indemnización administrativa” además de que, según esta colectividad, esta iniciativa contempla figuras como el llamado `contrato de transacción´ que obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a una justa indemnización, entre otros.

Por su parte  Javier Ciurlizza, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), considera que “es indispensable que el gobierno de un país que asume el reto de la reparación asuma también las responsabilidades políticas que le caben en la violación de los derechos humanos”. Así mismo declaró que “Hay que borrar los términos “inviable” e “imposible”. Probable y responsablemente habrá que ser progresivos. Ningún país logra reparar a sus víctimas en tres o cinco años. Esto tomará mucho tiempo más”.

Christian Salazar Volkmann, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo algunas observaciones a la ley relativas a temas como que la Ley no establece discriminación entre víctimas de grupos armados ilegales y de agentes del Estado. Esto supone que no existe una exclusión de miembros de grupos armados ilegales que han sido víctimas de violaciones a la normativa de derechos humanos o de derecho internacional humanitario.

Salazar Volkmann, afirmó que es muy que la Ley contenga disposiciones especiales para mujeres, niños y niñas, que constituyen la mayoría de las víctimas, y que la restitución de tierras sea parte de la reparación integral de las víctimas.

Entre otros temas se ha resaltado la necesidad de garantizar que las víctimas y cuenten con espacios de participación efectivos para el diseño de los mecanismos de implementación y de la reglamentación de la Ley.

De la misma forma, deben existir programas integrales de protección y seguridad en las regiones en las cuales el despojo de tierras es de gran magnitud fortaleciendo al mismo tiempo a los futuros jueces y magistrados para que, como lo aseveró Salazar Volkmann,  “cuenten con las medidas de seguridad, independencia y competencia para llevar adelante los procesos con prontitud y eficacia; los procesos de selección de jueces y magistrados la asignación de recursos suficientes son requisitos necesarios para su adecuado funcionamiento”.

Los retos de la Ley de Víctimas
Esta ley es sin duda una de las más ambiciosas en el mundo por el número elevado de víctimas a reparar, como por las implicaciones políticas y sociales que puede tener una ley de justicia transicional en medio de un conflicto que aún persiste.

El principal desafío tiene que ver con la restitución de tierras pues este ha sido el centro de la violencia en el país. Es, a su vez, la mayor apuesta del gobierno frente a los miles de desplazados, la corrupción de entidades como el Incoder y el uso actual de las tierras despojadas por parte de los testaferros. En el capítulo referente a la tierra, la nueva norma no puede ser pensada como una reforma agraria y tampoco como la solución al problema de la inequitativa distribución de la tierra y la concentración desigual de poder.

A este panorama se le suman líderes asesinados en los últimos años y la creciente actividad criminal de las denominadas bandas criminales emergentes, que sigue presentes en los lugares más afectados por el despojo y el desplazamiento forzado.

Otra preocupación es el valor de la reparación y la restitución. Si bien en la conciliación entre el Senado y la Cámara se eliminó el criterio de sostenibilidad fiscal como condición para aplicar la ley, la viabilidad de ésta depende en gran medida de la  voluntad política del gobierno.

Un avance frente a esta discusión es la determinación de que los políticos acusados por parapolítica deben reparar a las víctimas. Esto supone un cambio en los procesos que se han adelantado contra los funcionarios aliados a grupos al margen de la ley.

Pese a todas las dificultades que va a enfrentar la Ley de víctimas, la sanción presidencial y la voluntad expresada en este gobierno genera un atmosfera de esperanza y de confianza en el deseo de cambiar la forma como se ha enfrentado el conflicto armado en Colombia.

Este proyecto es un primer intento por sanar las hondas heridas de la sociedad colombiana. Un primer impulso que hace pensar que sí hay una salida, que depende exclusivamente de dejar a un lado la frustración de todos estos años de humillaciones y crímenes para luchar por los derechos humanos.