Desmovilizados de AUC piden al Gobierno cumplir acuerdos

Durante una manifestación decenas de reinsertados expresaron su inconformidad con el vacío jurídico y temen que puedan ir a la cárcel. Además, aseguraron que están cumpliendo con el proceso y que se debe perseguir a los reincidentes.

Marcha de desmovilizados en Medellín. Foto VerdadAbierta.com

Un centenar de reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) salieron a las calles para protestar contra de las recientes decisiones judiciales que generaron un limbo jurídico para cerca de 19.000 desmovilizados de grupos paramilitares y le pidieron al Gobierno Nacional cumplir con los acuerdos pactados al momento de hacer la dejación de armas.

“Le pedimos a la Corte Constitucional y a las ramas Jurídica y Ejecutiva que por favor respeten los convenios que hicimos una vez. Nosotros firmamos un pacto al desmovilizarnos y estamos comprometidos con el proceso”, declaró Néstor Raúl Barrada Gómez, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada y uno de los líderes de la marcha.

El propósito de la marcha de los desmovilizados de las AUC, quienes estuvieron acompañados por sus familias, fue ratificar su compromiso con la legalidad y reclamar garantías jurídicas. “En el Valle del Aburrá somos 3.200 movilizados, de todos ellos el 10 por ciento están delinquiendo; entonces qué decimos, que nos respeten a los que estamos en la legalidad y persigan a los que están reincidiendo”, dijo Carlos Alberto Cano, también desmovilizado del bloque Héroes de Granada.

La manifestación, que integró a desmovilizados de los bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara, se hizo también para llamar la atención sobre el vacío jurídico que creó la Corte Constitucional al declarar inexequible el llamado Principio de Oportunidad consagrado en la Ley 1312, que le permitía a cerca de 19.000 reinsertados de las AUC que no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y que están en libertad presentarse ante la justicia y obtener beneficios jurídicos al confesar sus delitos, quedando exentos quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad.

En una decisión, que aún no ha sido publicada, la Corte Constitucional consideró que el Principio de Oportunidad violaba el derecho de las víctimas del paramilitarismo a la justicia y la reparación.

Los desmovilizados consultados por VerdadAbierta.com coincidieron que para el caso de los que no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y hoy están libres, la verdad que ellos tienen ya fue confesada ante los organismos judiciales.

“Ya le contamos a las autoridades nuestras verdades, lo hicimos al momento de desmovilizarnos en el corregimiento Cristales de San Roque en agosto del 2005. Si no nos han llamado eso ya no es problema de nosotros. Si nos llaman asistiremos”, admitió Cano.

Por su parte Barrada dijo que los acuerdos debían cumplirse tal cual fueron firmados al momento de la dejación de armas. “Yo fui soldado raso. Los pactos los firmaron los comandantes y el Gobierno. Yo no he vuelto a reincidir, me mantengo en la legalidad y asisto a todos los talleres. Yo estoy cumpliendo.  Yo ya conté la verdad de lo que sé a la Fiscalía, en una indagatoria que todos rendimos”.

Pero lo dicho por los desmovilizados contrastaba con uno de los pasacalles que exhibieron durante la marcha realizada en el centro de la ciudad. En él se leía que “sin reforma a la Ley de Justicia y Paz no habrá verdad”, lo que reafirma la postura adoptada por varios comandantes paramilitares en octubre pasado cuando decidieron no volver a las audiencias de versión libre mientras no existieran las garantías jurídicas necesarias para garantizar un proceso ajustado a derecho.

Giovanni Peña Betancur, profesor del Centro Educativo para la Paz y la Reconciliación, quien acompañó la marcha, propuso que se visibilizaran las necesidades tanto de las víctimas como la de los victimarios, “no sólo los de un solo lado”, dijo, refiriéndose a las víctimas. Y agregó que actualmente en Medellín hay procesos de reconciliación que involucran a unos y otros y no se deben desconocer.

Por su parte Jorge Gaviria, ex director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, coincidió con Peña Betancur al indicar que si bien es necesario atender a las víctimas, también es necesario atender a los desmovilizados. 

“Tienen que ser atendidas las víctimas con todo el respeto, la claridad, y con todo el cariño que exige la ley y la sociedad; pero eso no quiere decir que eso vaya en detrimento de la acción que se vaya a hacer con los desmovilizados”, afirmó Gaviria.

Al referirse a la verdad que muchos de esos reinsertados de las AUC podrían aportar en sus confesiones ante la justicia, el ex funcionario aseveró que dadas las estructuras de esta organización muchos de los ex paramilitares que hoy están libres no saben exactamente qué pasó.

“Unos saben de desaparecidos, homicidios, fosas comunes, pero otros no. Los que saben deben contarlo bajo una estrategia que, en términos jurídicos, les permita hacerlo sin que inmediatamente se conviertan en responsables de los hechos, como ocurre hoy. Es necesario abrir una puerta para que digan lo que saben”, insistió Gaviria y agregó que de no resolverse se crearía un problema carcelario y judicial. 

“¿En qué cárceles vamos a recluir a los desmovilizados? ¿Qué tipo de fiscales, investigadores y jueces abordarán el asunto sin afectar los procesos normales de la justicia? Si no hay soluciones de fondo, se acaba desgastando el sistema judicial”, avizoró el ex funcionario.

Se espera entonces que con la presentación de nuevas reformas a las leyes que presentó esta semana el Gobierno Nacional se destrabe jurídicamente el proceso con las AUC y se soluciones a la mayor brevedad posible para evitar que muchos procesos se resuelvan de tal manera que se desconozcan los derechos de justicia y verdad de las víctimas.