La ley de víctimas fue radicada en el Congreso

El Presidente Juan Manuel radicó el nuevo proyecto de Ley de Víctimas ante el Congreso. Organizaciones de derechos humanos están a la expectativa.

 

 

En Colombia hay 3'461.223 personas víctimas del desplazamiento, según el registro oficial./ Foto Archivo Semana.

Nuevo ‘round’ para la Ley de Víctimas
Una luz al final del túnel (Semana)

Lea el proyecto de Ley de Víctimas

Cuatro debates en el Congreso le esperan al proyecto de Ley que busca garantizarles asistencia, atención, prevención, protección, reparación integral, acceso a la justicia y conocimiento de la verdad a las más de 4 millones de víctimas que hay en el país por el conflicto armado.

El documento, radicado el lunes 27 de septiembre por el presidente Juan Manuel Santos ante la Cámara de Representantes, incorpora conceptos nuevos respecto al anterior proyecto, hundido en última instancia por el gobierno de Álvaro Uribe y el ex ministro del Interior Fabio Valencia Cossio.

Entre los puntos más relevantes, el proyecto no discrimina a las víctimas teniendo en cuenta sentencias de la Corte. Es decir, reconoce a las víctimas tanto de los grupos armados ilegales como de los agentes del Estado, más conocidas, como ‘falsos positivos’.

“El presente proyecto define como víctimas a las personas que han sufrido un menoscabo en sus derechos por violaciones de normas de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de quién sea el victimario”, indica el documento.

La iniciativa les da prevalencia a los niños, niñas, mujeres y campesinos “por cuanto son estas comunidades las que más han sido afectadas en su identidad cultural, en la integridad de sus territorios y la permanencia de sus formas de organización”. También le da prioridad a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El proyecto aclara que no puede haber una doble reparación. Es decir, que se descontará del monto de la reparación judicial a aquellas víctimas que hayan sido reparadas por vía administrativa. Respecto a la restitución de tierras, el documento no desarrolla varios artículos sobre este tema, explicando que “actualmente cursa trámite en el Congreso un proyecto específicamente encaminado a regular la restitución”.

Los beneficios
De promulgarse como Ley, las víctimas que no cuenten con recursos económicos recibirán educación preescolar, básica y media. También seguridad social en salud y en caso de requerir atención de emergencia, contarán con servicios de salud especializados que serán cubiertos por el el fondo Fosyga.

Como medidas restitución, los jóvenes y adultos que sean víctimas recibirán capacitación y planes de empleo urbano y rural del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y serán eximidos de prestar el servicio militar. Las víctimas podrán además acudir al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral, que los orientará sobre planes, programas y proyectos para la restitución de sus derechos.

Con diferencia al anterior proyecto, el nuevo documento desarrolla un capítulo para la atención y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado, que incluye la atención humanitaria, el retorno y la creación de una fiducia para las indemnizaciones otorgadas a niños y adolescentes.

Como parte de la reparación simbólica, el proyecto promueve la celebración del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas el 10 de diciembre de cada año, en el que el Estado realizará actividades para el reconocimiento de la condición de estas personas.

Durante los 15 años de vigencia que tiene prevista la Ley, el Gobierno estima que invertirá al menos 40 billones de pesos. Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Codhes y la Corporación Jurídica Yira Castro esperan que esta vez el proyecto sea aprobado, pero sobre todo, que garantice la integralidad. Las ong temen que el trámite del proyecto no sea tan fácil como lo ha promulgado el Gobierno, porque puede haber una oposición fuerte del viejo uribismo. Otra preocupación de los defensores de víctimas es que la discusión se limite al plano económico y que la restitución de tierras esté ligada de forma exclusiva a proyectos de agroindustria.