Nuevo ‘round’ para la Ley de Víctimas

Todo parece que el miércoles 22 de septiembre se radicará en el Senado el proyecto de Ley de Víctimas, en un nuevo intento para garantizar la protección, atención y reparación de quienes han sufrido por el conflicto armado.
Por segunda vez se debatirá en el Congreso el proyecto de Ley de Víctimas. Foto León Darío Peláez-Semana

Una nueva batalla tendrá que librar el proyecto de Ley de Víctimas. Después de su hundimiento durante el Gobierno de Álvaro Uribe, la iniciativa se radicará de nuevo y en esencia busca proteger, atender y reparar a las víctimas de la violencia.

El nuevo proyecto establece que no debe haber una diferenciación entre las víctimas de grupos armados ilegales y de agentes del Estado. Todas son víctimas. Sin embargo, el documento no define una diferencia entre los victimarios y señala en este caso que “la reparación no podrá interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad penal del Estado”.

También incluye, en el concepto de reparación integral, beneficios de educación para las víctimas así como el acceso a salud para aquellas que no tengan recursos. Por su parte, los niños y niñas también recibirán una indemnización, que será administrada por una fiducia mientras cumplen los 15 años o la edad en que se compruebe que pueden administrar dinero.

En relación con las deudas, las víctimas recibirán beneficios en las propiedades que les sean restituidas respecto al pago de los servicios públicos en mora. Además, los bienes que sean entregados por los extraditados serán destinados exclusivamente para reparación, mientras que el monto de la indemnización administrativa quedó establecida en 20 millones de pesos, beneficio del que no están incluídos los miembros de grupos armados ilegales y sus familas.

El senador liberal Juan Fernando Cristo, uno de los autores del proyecto, explicó que el proyecto será una de las prioridades de la agenda legislativa según lo pactado con el presidente Juan Manuel Santos. “Hemos venido avanzando en la concertación del texto y estamos en la etapa de ajustes para presentarlo esta semana. Hemos encontrado una actitud distinta respecto al Gobierno anterior”, dijo Cristo.

Por eso el pasado 11 de agosto los voceros de seis partidos políticos se reunieron en Bogotá para llevar a un acuerdo político y consenso sobre los puntos del documento. Asistieron congresistas de los partidos Liberal, Polo Democrático Alternativo, Verde, Alianza Social Indígena -ASI- y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta -Mira-.

Sin embargo, con el antecedente del hundimiento del proyecto en las legislaturas anteriores, algunas organizaciones de derechos humanos temen que los cuatro debates que le esperan al proyecto se posterguen más de lo previsto pero sobre todo, que la Ley no termine siendo integral para las víctimas.

Piden blindar el proyecto
VerdadAbierta.com consultó a varios dirigentes políticos y representantes de Ongs, quienes han hecho un seguimiento a esta nueva iniciativa y coincidieron que el nuevo gobierno ha abierto la posibilidad que este tenga una mejor suerte que el presentado durante la administración de Álvaro Uribe Vélez. 

Jorge Rojas, director ejecutivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), explicó que la ‘batalla’ no será tan fácil durante la nueva legislatura. “Este es un momento de buena oportunidad política para comenzar el trámite, pero el proyecto tiene que blindarse porque posiblemente tendrá una oposición fuerte del viejo uribismo. El proyecto no se hunde si se logra un consenso entre los partidos y el Gobierno. No cabe la oposición. Es el momento de que el Estado reconozca a las víctimas”, indicó Rojas.

Para Claudia Liliana Erazo, abogada de la organización de derechos humanos Corporación Jurídica Yira Castro, el proyecto de Ley debe cumplir con el principio de reconocimiento de las víctimas de forma integral y sin discriminación. Es decir, independiente de quién fue el actor responsable y que cumpla con medidas de reparación que no se limiten a lo económico.

“Lamentablemente el Gobierno ha delimitado el tema de las víctimas a un problema de plata. Esto no es un regateo porque es un dolor que no tiene precio. Por eso cuando hablamos de reparación integral no es un discurso de ong, es un principio contenido por Naciones Unidas que exige medios de compensación, rehabilitación y garantía de no repetición para las víctimas”, señaló Erazo.

La abogada explicó que a la organización de derechos humanos le preocupan otros dos temas. Primero, que el anterior Gobierno defendió la idea de hacer la reparación deducible para las víctimas del desplazamiento. Es decir, que si la persona había recibido ayudas por medio de programas sociales, éstas se iban a deducir de la reparación. Segundo, que la restitución de tierras, proyecto que ya fue radicado, no esté asociada a una reforma agraria.

“Nos preocupa que la restitución se tierras en zonas rurales vaya a estar ligada de forma exclusiva a proyectos de agroindustria, de modelos extractivos. El miedo es que al cabo de unos años el campesino vuelva a perder su tierra porque no fue competitivo, se endeudó y tuvo que entregarle su finca a los bancos”, señaló Erazo.

Los antecedentes
El proyecto ha sido impulsado durante los dos últimos años por el Partido Liberal. Pero cuando ya había superado varios debates, logrado el acuerdo entre las bancadas y estando en la fase final para su promulgación como Ley, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Álvaro Uribe y del ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, lo hundió en junio de 2009.

Las razones del Gobierno fueron que la reparación generaba un hueco fiscal para el país y que había una diferencia entre las víctimas de los grupos armados ilegales y las víctimas de agentes del Estado. En resumen, el Gobierno minimizó el tema de las víctimas al plano económico y además negó que miembros de la fuerza pública cometieran crímenes.

Por eso el nuevo documento insiste en que no debe haber discriminación entre víctimas y distingue entre la reparación y las políticas de Estado, basándose en las sentencias de la Corte Constitucional. Además explica las diferencias entre asistencia y ayuda humanitaria, las modalidades de reparación, y propone la creación de la Comisión de la Verdad para Tierras, el Sistema y Plan Nacional de Atención y Reparación Integral, así como el Fondo de Reparación.

El Director Ejecutivo de Codhes concluye que una Ley e Víctimas por sí misma no resuelve la crisis humanitaria y social que deja tantos años de guerra. “Pero es un paso importante para reparar el inmenso daño causado a quienes fueron objeto de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario”.