La historia de las milicias en Medellín pasa por Justicia y Paz

En una decisión sin precedentes fue condenado un integrante de los llamados Comandos Armados del Pueblo (CAP). La sentencia es un ejercicio de memoria sobre lo ocurrido en los barrios de la capital antioqueña durante tres décadas.

comandos populares 1Cientos de víctimas dejó la confrontación armada que se libro en las calles de la Comuna 13 de Medellín por cuenta de choques armados entre milicianos, paramilitares y Fuerza Pública. Foto Juan Diego Restrepo E.Fredi Alonso Pulgarín, conocido como ‘La Pulga’, pasará a la historia por ser el primer miembro de un grupo miliciano en ser condenado por la justicia transicional. Tras aceptar su responsabilidad en once homicidios y tres desplazamientos forzados, el pasado 9 de septiembre el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le concedió el beneficio de la pena alternativa de ocho años de prisión, contemplada en la Ley 975 de 2005 y que, en su origen, se aplicó a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Haga clic aquí para descargar la sentencia en PDF.

Alias ‘La Pulga’ integró los llamados Comandos Armados del Pueblo (CAP), un grupo de milicias que operó entre 1996 y 2002 en los barrios de la Comuna 13 de Medellín, occidente de la ciudad. A este grupo armado ilegal se le atribuye la autoría de cientos de casos de desplazamientos forzados y decenas de homicidios, algunos de los cuales causaron gran impacto en la ciudad, entre ellos el del sacerdote José Luis Arroyave Restrepo, ocurrido el 20 de septiembre de 2002.

La muerte del prelado evidenció el nivel de degradación de la guerra urbana que libraron milicias guerrilleras, células paramilitares y organismos de seguridad estatal en la Comuna 13. Sus habitantes aún recuerdan al clérigo como un líder espiritual que alentó a una comunidad que se derrumbaba en la desesperanza de la violencia y quien, desde su posición, trabajó hasta el día de su muerte por lograr la paz, la sana convivencia y la superación de la pobreza en este sector del occidente de la ciudad.

Por ello, la reciente decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín constituye un hecho sin precedentes toda vez que allí se consigna la otra cara del conflicto armado que se tomó esta ciudad: la de las milicias urbanas, un actor armado que arrastra una historia tan oscura como la del paramilitarismo, pero que solo hasta ahora comienza a ser develada en los estrados judiciales en clave de verdad, justicia y reparación.

De autodefensas a milicianos

Tal como lo documentó la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Dinac), fue un 26 de febrero de 1996 cuando nacieron, en pleno corazón de la comuna 13, los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Su origen guarda estrecha relación con las disputas por el poder interno que libraron las ‘Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo’ (Mppp), cuya historia resulta vital para entender todo el fenómeno miliciano en la capital antioqueña.

La historia tiene sus raíces en los conflictivos años ochenta, cuando un grupo de jóvenes de barrios como Popular I y Popular II; Andalucía, La Francia, Villa del Socorro y Guadalupe; entre otros, decidió organizarse para enfrentar la criminalidad protagonizada por las bandas y los combos que por aquellos tenía azotada a una población que parecía abandonada a su suerte por el solo hecho de haber colonizado las laderas más empinadas de la ciudad.

Varios de los jóvenes líderes de este movimiento de autodefensa urbano contaban con formación política y militar que recibieron en los llamados “campamentos de paz”, que se instalaron en las goteras de Medellín durante el proceso de paz que el expresidente Belisario Betancur (1982-1986) adelantó con la guerrilla del M-19. Con los conocimientos básicos de operaciones militares, los muchachos iniciaron una ola de asesinatos dirigidos contra expendedores de droga, drogadictos, raponeros y todo aquel señalado de “indeseable”; hechos que eran justificados mediante un discurso que exaltaba el valor de las masas populares y la importancia de la lucha revolucionaria.

Así, con la aprobación de una comunidad que vio en ‘los capuchos’ (como se les conoció por aquellos años) la única oferta real de seguridad en una ciudad sitiada por la guerra que el Cartel de Medellín libraba contra el Estado, el fenómeno miliciano comenzó a expandirse a otros sectores de la ciudad.

Su crecimiento fue tan rápido que, para finales de la década del ochenta, en Medellín se podían identificar claramente tres grupos milicianos: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (Mppp); las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas, las cuales tenían presencia en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad y una insipiente, pero sostenida presencia, en la comuna 13. Cada uno de ellos contaba con orientación ideológica y apoyo militar brindado por las guerrillas de las Farc y el Eln. Según lo reseñó la Dinac, los ‘elenos’ tenían fuertes vínculos con las Milicias Metropolitanas, mientras las Farc fueron más cercanas a las Mppp.

Sin embargo, las milicias comenzaron a perder legitimidad progresivamente ante sus comunidades por cuenta de los excesos de poder, la lumpenización de sus integrantes y las luchas intestinas. En una ciudad agobiada por el accionar de todo un ejército de sicarios al servicio del narcotráfico, donde ya comenzaban a advertirse los pasos del paramilitarismo, las milicias terminaron convertidas en un actor más de una guerra sin cuartel que desbordaba la capacidad de las entidades del Estado.

Por ello, el gobierno de César Gaviria Trujillo, por intermedio de la Consejería Especial para Medellín, adelantó un proceso de negociación con los tres grupos milicianos que vio sus frutos el 26 de mayo de 1994. Aquel día se firmó en el Centro Social Media Luna del corregimiento Santa Elena el “Acuerdo final para la paz y la convivencia: gobierno nacional, departamental y municipal”.

Ese acuerdo permitió la desmovilización de 650 milicianos y la creación de la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercoom), una iniciativa de seguridad privada integrada por exmilicianos que contaban con armas de corto alcance y radios de comunicación para su labor. Décadas después, analistas, académicos y activistas coinciden en señalar que dicho experimento fue un fracaso, pero terminó siendo semilla de nuevas formas de violencia, como las Convivir.  

A esto se suma que no fueron pocos los milicianos que retomaron las armas como respuesta a la arremetida violenta de la que fueron víctimas. De hecho, durante la fase de negociación fueron asesinados más de 30 integrantes de las milicias; mientras que, tan solo un mes después de firmados los acuerdos, fue asesinado Pablo García, ideólogo de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y uno de los signatarios de aquel histórico documento.

Rearmes y vendettas

comandos populares 3Las callejuelas de los barrios que conforman la Comuna 13 se convirtieron en un escenario de guerra urbana sin precedentes en el país. Foto: Juan Diego Restrepo E.La reconstrucción histórica hecha por la Dinac señala que varios de los milicianos reincidentes encontraron en los asentamientos subnormales que comenzaban a crecer en la Comuna 13 terreno fértil para continuar allí su proyecto político-militar. Y lo intentaron impulsar bajo el nombre de Milicias Populares, pero vino la sangrienta vendetta entre sus integrantes que sepultó a esta organización.

En efecto, la noche del 25 de febrero de 1996, varios integrantes de las Milicias Populares, decidieron darle un “golpe de Estado” a sus comandantes y, tras un fuerte enfrentamiento armado ocurrido en el barrio El Salado, asesinaron a cuatro de ellos. Quienes sobrevivieron decidieron plegarse a las órdenes del nuevo grupo, que los pobladores comenzaron a reconocer como los CAP.

Desde ese momento, esta incipiente organización armada intentó asegurarse el dominio social, territorial y militar de barrios como Blanquizal, Olaya, Vallejuelos, La Divisa 20 de Julio, Las Independencias, La Quiebra, Juan XXIII y El Salado, entre otros. Para ello, iniciaron una campaña de asesinatos indiscriminados que denominaron ‘limpieza social’ a fin de someter la voluntad de la comunidad y ganarse su obediencia. Para granjearse su apoyo, organizaron eventos en fechas especiales como el Día de las Madres o el Día del Niño. Además, siempre se presentaron como una organización armada revolucionaria, autónoma, inspirada en los “valores del marxismo-leninismo” y cercana a la guerrilla del Eln.

Se impuso así un “régimen miliciano” que, progresivamente, se fue tornando arbitrario y abusivo. Por un lado, el constante cobro de vacunas a comerciantes, transportadores y pobladores comenzó a golpear la confianza de la gente, pues quienes no colaboraron fueron expulsados de la zona. Los milicianos incurrieron en permanentes robos a los vehículos transportadores de alimentos; prohibieron del ingreso de funcionarios públicos (caso EPM) y limitaron la movilidad de los residentes, quienes no pocas veces, según los relatos recopilados por la Fiscalía, debían contar con la autorización de los CAP para salir del barrio o entrar acompañado de algún desconocido.

Dicho régimen se volvió más aterrador cuando los paramilitares ingresaron a la Comuna 13. Para enfrentarlos, los CAP entablaron alianzas con las milicias de las Farc y Eln. Fue, a partir de este momento, cuando comenzaron a caer asesinadas decenas de personas por cuenta de señalamientos anónimos o por la simple sospecha de colaborar con “el enemigo”. Fue entonces cuando ese sector de la ciudad se convirtió en el teatro de guerra urbana más complejo del país.

En ello tuvieron gran responsabilidad los CAP. Un 21 de diciembre de 2001, por ejemplo, un comando armado de este grupo, entre quienes figuraban alias ‘La Pulga’, asesinó a los hermanos Manuel Alexander y Giovani Alexis Gómez, tras acusarlos de colaborar con los paramilitares.

A Evelio de Jesús Cadavid y su hijo Jorge Alonso Cadavid también los mataron bajo el mismo pretexto. Ocurrió el 17 de enero de 2002, cuando miembros de los CAP llegaron hasta la vivienda de las víctimas, en el barrio Juan XXIII y les dispararon a mansalva. A Gloria Estella Gil, una madre cabeza de hogar de 36 años, la asesinaron un 24 de marzo de 2002 en el barrio La Quiebra porque los milicianos la acusaron de pasarle información a la Policía.

Perdón público

comandos populares 2En las laderas occidentales de la capital antioqueña, los CAP impusieron su ley afectando a miles de pobladores que no tuvieron más salida que aceptar ese poder armado ilegal. Foto: Juan Diego Restrepo E.Los pobladores de la Comuna 13 sintieron que la confrontación armada que venían padeciendo estaba llegando a niveles insostenibles el día que los CAP asesinaron al sacerdote Arroyave.

Sucedió el 20 de septiembre de 2002, a eso de las 10:30 de la mañana. Ese día, mientras el clérigo y su conductor se movilizaban en un vehículo tipo camioneta por las calles del barrio Juan XXIII, dos sujetos encapuchados que viajaban en motocicleta se acercaron hasta el vehículo, detuvieron su marcha y, tras increparlo, le dispararon hasta causarle su muerte.

Uno de los encapuchados era alias ‘La Pulga’. Al preguntársele por los móviles de este crimen, contestó que si bien se opuso a esta muerte, eéta fue ordenada por sus superiores tras considerar que el religioso estaba colaborando con los paramilitares.

Se trató de una pérdida que aún duele entre los pobladores de la Comuna 13. No es para menos. Murió a la edad de 48 años y de ellos, 25 los dedicó al servicio comunitario como sacerdote. Los últimos siete años de su vida ofició como Gerente Social de la Comuna 13, entidad creada por la administración del entonces alcalde Juan Gómez Martínez (1998-2000).

Desde allí, el sacerdote conoció cada rincón de este sector. No tardaron sus pobladores en tomarle cariño por su compromiso con los más necesitados y con las problemáticas de la comuna. De hecho, al momento de su muerte venía trabajando infructuosamente en alcanzar un pacto de no agresión entre milicias y paramilitares que permitiera frenar el derramamiento de sangre en ese sector de la ciudad.

Pocas semanas después de este crimen, las autoridades militares y de Policía, en coordinación con la Fuerza Área Colombiana, el desaparecido DAS y el CTI de la Fiscalía, llevaron a cabo la famosa Operación Orión. Un número importante de miembros de los CAP fueron capturados; otros desertaron y otro tanto caerían asesinados meses después. Fue el fin definitivo de este grupo miliciano.

Sin embargo, las heridas que dejaron sus crímenes aún no cicatrizan en la comunidad. Por ello, el Tribunal de Justicia y Paz le ordenó a la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas adoptar un conjunto de medidas de reparación, entre ellas, construir e instalar en el mismo sitio donde murió baleado el sacerdote Arroyave una placa conmemorativa con la sentencia: “Aquí se truncó la vida, más no el ejemplo del Presbítero José Luis Arroyave, el 20 de septiembre de 2002. Su sangre derramada abonó esperanza y retoñó ilusiones”.

Durante la instalación y por decisión de los magistrados, alias ‘La Pulga’ deberá pedir perdón públicamente a los habitantes de la Comuna 13 por los actos de barbarie cometidos durante su pertenencia a los CAP.

Con esta sentencia, la primera que aborda a fondo el fenómeno del conflicto armado urbano, la violencia miliciana apenas comienza a develarse. Una verdad necesaria para una ciudad que aún requiere sanar todas sus heridas para avanzar hacia una reconciliación con su pasado.