‘Julián Bolívar’, otro jefe paramilitar condenado

El Tribunal de Justicia y Paz condenó por primera vez a uno de los jefes del Bloque Central Bolívar. La Corte tendrá que decidir si lo juzga por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe militar del Bloque Central Bolívar (Bcb), fue condenado a una pena alternativa de ocho años de prisión, por los delitos de entrenamiento a grupos armado, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, actos de barbarie, entre otros. (Ver sentencia)

Los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz determinaron que ‘Julián Bolívar’ no será juzgado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos, a pesar de que la Fiscalía presentó estos cargos en el proceso de legalización.

La decisión del Tribunal se basó en los mismos argumentos que usó en la sentencia de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’ (ver nota), donde aseguraron que en la justicia transicional deben primar los delitos que impliquen una violación a los Derechos Humanos, y el narcotráfico no es uno de ellos.

Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y el abogado del ‘Julián Bolívar’, porque consideraron que en el caso del Bcb el narcotráfico fue un delito conexo que financió las actividades del grupo armado y que fue con esos dineros que los paramilitares cometieron todo tipo de delitos y violaciones contra las poblaciones del Sur de Bolívar, los Santanderes, Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca.

“Este grupo se creó con fines antisubversivos, sobre todo contra el Eln, y una vez se consolidó en la zona usó el negocio de tráfico de estupefacientes para financiarse, pero el grupo no se creó para encubrir el negocio de narcotráfico”, aseguró el fiscal que lleva el caso de Pérez Alzate. En caso de que el grupo armado se hubiera consolidado para actividades de narcotráfico sus paramilitares podrían ser excluidos de Justicia y Paz.
La última palabra en esta discusión la tiene la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá en última instancia si acepta los cargos de narcotráfico y lavado de activo. En caso de no incluirlos, la justicia ordinaria tendrá que investigar por estos hechos a ‘Julián Bolívar’.

Los representantes de las víctimas también se opusieron a la decisión. Como ha sucedido en otros casos, las víctimas y sus apoderados sienten que les ‘embolataron’ la restitución y les cambiaron las reglas de juego a partir de la reforma que se hizo en diciembre de 2012 a  la Ley de Justicia y Paz.
La reforma a la Ley propuso que la indemnización no fuera tazada según el daño emergente, lucro cesante y daño moral (como se hacía en el sistema anterior), sino que se unificaron los montos. Este cambio se realizó porque los dineros del Fondo de Reparación de las Víctimas no eran suficientes para pagarle a todos los afectados. La Unidad de Víctimas creó unos topes máximos para cada tipo de daño que son menores a los que se entregaron a víctimas de sentencias anteriores, como por ejemplo el caso de las víctimas de Mampujan.

Los apoderados de las víctimas presentaron además  una nulidad por lo que consideraban  una violación al debido proceso. Este  fue otro cambio de la reforma a Ley, pues  inicialmente  una vez  se impartía el control de legalidad se daba inicio al incidente de reparación por parte de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz. En ella se escuchaban las afectaciones sufridas por las víctimas y sus expectativas y así determinar  la manera y el monto cómo el postulado debía reparar a las víctimas.

En este caso el incidente de afectación se realizó previó a la legalización. Teniendo en cuenta lo que determina la nueva Ley, los magistrados decidieron negar esta petición.

Otros defensores apelaron porque por problemas de papeleo algunas víctimas no fueron incluidas en la sentencia. En algunos casos los magistrados aseguran que no se probaron las afectaciones, no se entregaron los papeles para probar que eran familiares de la víctima directa o su abogado no estaba registrado como su apoderado.

El representante de la Procuraduría también se opuso al fallo  porque considera que no se tuvo en cuenta el daño colectivo que fue demostrado en la audiencia de identificación de afectaciones.  El funcionario presentará sus argumentos en cinco días hábiles.

¿Quién es ‘Julián Bolívar’?
Rodrigo Pérez Álzate nació en Medellín el 24 de mayo de 1962, este ex jefe del Bloque Central Bolívar, delinquió en zonas rurales y urbanas de Bolívar, Antioquia, Santander y Cundinamarca entre los años 1998 y 2005, junto a  Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

En 1995 ‘Julián Bolívar’ era comerciante  en el municipio de Yarumal, Antioquia. Para esa época, las guerrillas de las Farc y el Eln tenían azotada la región. Aprovechando las garantías que ofrecía la Gobernación de Antioquia para conformar asociaciones de vigilancia y seguridad privada, ‘Julián Bolívar’ y otros siete comerciantes de ganado y productores de leche se agruparon para conformar la Convivir Deyavanc, cuyas siglas significan Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento.

No obstante, esa Convivir no existió por mucho tiempo. En febrero de  1997, Pérez Alzate se convirtió en el líder de un grupo de autodefensas conocido como ‘el grupo de Pérez’, conformado por 19 hombres. Este fue el inicio de Pérez Alzate en las autodefensas.

El 26 de octubre de 1997, ‘el grupo de Pérez’ se dirigió a enfrentar un grupo guerrillero que quería impedir las elecciones para alcaldes y gobernadores en el Norte de Antioquia, que se realizaría al día siguiente en todo el país. En el camino, los paramilitares fueron emboscados, dos murieron y Pérez Alzate salió herido. Una vez recuperado tomó la decisión de desplazarse hacia el Bajo Cauca, radicarse en el municipio de Caucasia, donde se unió al grupo armado ilegal que ‘Macaco’ creó en esa región.

Uno de los objetivos de las Auc era incursionar en el Sur de Bolívar, enclave de las guerrillas de las Farc y, en particular del Eln que tenía dominio sobre la Serranía de San Lucas, donde se presumía que estaba el Comando Central (Coce), máxima instancia de ese grupo subversivo. Las operaciones de coordinación fueron delegadas por Carlos Castaño a Pérez Alzate, quien asumió en ese momento su alias de ‘Julián Bolívar’.

Después de varias incursiones en la región, el Bcb ingresó a finales de 1998 al corregimiento San Blas y desde allí incursionaron en otros municipios, como Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. Poco a poco San Blas se fue convirtiendo en el epicentro de este grupo paramilitar. Allí se fundaron la primera escuela de entrenamiento militar del bloque, que contaba con toda la infraestructura para entrenar a 300 hombres.

Alias ‘Julián Bolívar’ estuvo en esta zona hasta el 2001, año en el cual le cedió el territorio a Jiménez Naranjo y se trasladó al puerto petrolero de Barrancabermeja y San Rafael de Lebrija, en Santander.
 
Tras esa actividad delictiva, alias ‘Julián Bolívar’ hizo parte de las negociaciones de desmovilización y desarme realizadas por las Auc y el Gobierno nacional durante el 2003, y se desmovilizó junto con un nutrido grupo de paramilitares el 12 de diciembre de 2005 en zona rural de Remedios, Antioquia. El 16 de agosto de 2006 fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Los delitos de la condena
Mientras ‘Julián Bolívar’ delinquió en Barrancabermeja hizo parte del exterminio a sindicalistas en la zona.  De las 475 sentencias en materia de violencia contra sindicalistas proferidas ente  2006 y 2011, 41 casos son atribuibles al Bloque Central Bolívar.

Sus principales víctimas fueron el sindicado de conductores y trabajadores de la industria del transporte en Santander, Sincotrainder, y Unión Sindical Obrera (USO).  Los paramilitares asesinaron a por lo menos 20 sindicalistas y dejaron un indeterminado número de desaparecidos.
La violencia contra sindicalistas también abarcó a la región de Yondó, Antioquia y a Capitanejo en Santander, lugares en los cuales fueron asesinados líderes de los sindicatos.

‘Julián Bolívar’ fue condenado por el reclutamiento de menores de edad, pues fue uno de los crímenes con mayor incidencia en la zona y que fue tenido en cuenta para determinar los mecanismos de reparación. Según la sentencia en el grupo de Pérez Alzate recluto a más de  200 menores de edad.

Como víctimas que desmovilizaron siendo menores de edad se reportaron 120 casos: 116 son hombres y cuatro mujeres, la mayoría de ellos ingresaron entre los 15 y 17 años al grupo ilegal.

Sobre los crímenes de barbarie, ‘Julián Bolívar’ fue quien lideró la incursión de los paramilitares de las Auc, al mando de Carlos Castaño, en el Sur de Bolívar, donde cometieron varias masacres. La primera tarea fue tomarse el caserío del corregimiento Cerro Burgos, de Simití. La operación se realizó el 11 de junio de 1998 y al lugar llegaron 96 paramilitares en cinco chalupas provenientes del sur del Cesar.

Documentos que recogen versiones de las víctimas dan cuenta de esta incursión: “Los paramilitares bloquearon las entradas y salidas de la localidad, buscaron en sus viviendas a algunas personas; primero llegaron a la casa de Andrés, quien había sido amenazado en reiteradas ocasiones. Éste se refugió en su vivienda y trató de defenderse con una escopeta de caza con la que dio muerte a dos paramilitares e hirió a otros dos, pero finalmente murió por efecto de una granada de fragmentación lanzada por los atacantes, quienes además demolieron totalmente el inmueble y quemaron los enseres”.  (Ver nota)

En Barrancabermeja se perpetraron por lo menos 20 masacres, que dejaron cerca de 77 muertos.

La reparación a la victimas
Para reparara a las víctimas, los magistrados de Justicia y Paz ordenaron  a la Unidad  para la Atención y reparación integral  a las Víctimas  que se prioricen por medio del  ICBF y el SENA, la inclusión de los afectados en  programas técnicos y tecnológicos. Así mismo, pidió que las universidades públicas junto con el Icetex generen becas y cupos prioritarios para  estas víctimas.

Se ordenó a las gobernaciones de los municipios afectados que fortalezcan programas de desarrollo de proyectos productivos que generan la riqueza y el auto sostenimiento de la región hechos que aparte de aumentar la producción generarán la  participación directa o indirecta de las víctimas.
Las víctimas deberán ser diagnosticas médica y psicológicamente con la coordinación del Ministerio de Salud y las secretarias departamentales y municipales de salud.