Las deudas pendientes con las víctimas en Norte de Santander

Cerca de cien personas afectadas por los crímenes del Bloque Catatumbo llegaron a Cúcuta para preguntarle a los exjefes paramilitares por el paradero de sus familiares desaparecidos y exigirle al Estado que cumpla con la reparación.

El pasado jueves, Carmen* madrugó a tomar un bus que de Tibú la llevó a Cúcuta para hablar por primera vez con Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefes paramilitares del temido Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operó por varios años en Norte de Santander.

A las 9 de la mañana, la mujer se dirigió al hotel Casablanca en el centro de la ciudad, donde, en uno de sus auditorios, había por lo menos 50 víctimas que esperaban encontrarse cara a cara con sus victimarios. A diferencia de otras audiencias de este tipo, los victimarios no estaban presentes sino que se comunicaron por videoconferencia: Mancuso desde la cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde se encuentra recluido luego de su extradición; Laverde Zapata, alias 'El Iguano', quien estuvo al mando del Frente Fronteras, desde la cárcel de Itagüí y José Bernardo Lozada Artuz, conocido con en alias de ‘Mauro’, exjefe del Frente Tibú, desde la cárcel de Barranquilla.

Una vez allí y cuando le dieron la palabra, Carmen narró el drama que sufrieron entre 1999 y 2000 más de cien de familias que huyeron atemorizadas del corregimiento Filo Gringo, en el Tarra, luego de que a esa zona arribaran varios camiones con paramilitares que venían del Urabá antioqueño y cometieran varias masacres. (Ver: Matando civiles Mancuso llegó al Catatumb)

“Dormíamos todas las noches en el campo, esperando el momento que llegaran. Cuando no aguanté más dejé todo botado porque destruyeron las vías de entrada al pueblo y lo perdí todo”, dijo la víctima.

Como Carmen, un centenar de personas se acercaron a la audiencia de incidente de afectaciones que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá programó en la capital nortesantandereana para escuchar a las víctimas de 267 crímenes cometidos por los paramilitares del Bloque Catatumbo. Esta es una etapa del proceso judicial previo a la sentencia en la que las víctimas, o sus defensores, cuentan cuáles fueron sus afectaciones y exponen sus expectativas de reparación. Casi la mitad de las víctimas que asistieron pidieron ser escuchadas en privado.

Conforme llegaron, las personas se inscribieron en una lista para participar, pero fue tal la cantidad de gente que llegó ese jueves en la mañana que en la tarde la mayoría no había podido acercarse al micrófono. Muchas tenían preguntas concretadas para ‘El Iguano’, pero la comunicación con la cárcel de Itagüí falló y la audiencia tuvo que ser suspendida, horas después se reanudó a puerta cerrada para escuchar a las víctimas de delitos sexuales.

Algunas víctimas que no pudieron hablar ese jueves decidieron insistir y volver al día siguiente a la audiencia, otras desistieron. “Yo vivo en la vereda El Supiro (municipio de Los Patios), ya no puedo volver mañana porque no tengo más para los pasajes”, dijo una de las víctimas a quien 12 años atrás los paramilitares le desaparecieron a su hermano.

A esta audiencia la Fiscalía General de la Nación convocó a las 266 víctimas registradas en este departamento por 89 hechos de desaparición forzada, 118 hechos por desplazamiento forzado, 29 hechos de violencia basada en género, 27 de reclutamiento ilícito y 4 homicidios.

Reclaman por los desaparecidos
Aunque este grupo paramilitar se desmovilizó hace diez años, los familiares de los desaparecidos siguen sin conocer el paradero de los cuerpos. Este es el caso de Paola*, quien en varias oportunidades ha preguntado dónde dejaron los cadáveres de sus padres, luego de que paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso los asesinaron el 27 de diciembre de 2001. Desde hace unos años, el postulado ha dicho que no ha podido acceder a un mapa satelital para precisar sitios donde podrían estar los restos de las víctimas.

“Yo no solo me siento víctima de los paramilitares, sino del descuido del Estado que no ha facilitado las herramientas para que me reparen, porque lo que más me importa que es encontrar los restos de mis padres”, aseguró Paola.

Esta mujer y sus hermanos guardan la esperanza de encontrar el cuerpo de sus familiares con la información que entregue Mancuso, pero muchas de las víctimas los paramilitares no les han dado razón alguna. Sobre todo porque según han confesado en versiones libres, los hombres del Bloque Catatumbo desaparecieron los cuerpos como una forma de ocultar lo que estaba pasando y manipular las cifras de homicidios en el departamento (Ver: Así desaparecieron a sus víctimas los hombres de Mancuso)

Para ello arrojaron los cuerpos al río Catatumbo, los transportaron por la frontera y los enterraron en territorio venezolano y otros fueron incinerados en los hornos crematorios construidos por Laverde Zapata en el corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y en zona rural de Puerto Santander. (Ver: El crematorio del Bloque Catatumbo)

Por esa razón la magistrada Lestes González, quien presidia la audiencia, le recordó a las víctimas cuyos familiares murieron en esas circunstancias que podían acceder a las entregas simbólicas de restos óseos y participar en ceremonias religiosas organizadas por la Fiscalía.

‘El Iguano’ agregó que el de Paola no era el único caso en el que las autoridades no habían colaborado para buscar los cuerpos, pues insistió, como han dicho otros postulados, que los trámites con el Inpec les ha dificultado salir a las diligencia de exhumación. Aprovechó para comprometerse públicamente a que una vez libre, formará un grupo de desmovilizados para buscar los cuerpos de los desparecidos.

Hacia las 11 de la mañana del viernes, Doris* tomó fuerzas, pasó al frente y pidió a Laverde que le diera información sobre quiénes ordenaron la muerte de su madre, una líder de la Junta de Acción Comunal del municipio Los Patios. Pero le informaron que la comunicación con el postulado se había suspendido porque se había ido la luz en la cárcel de Itagüí, finalmente las preguntas de esa tarde tuvieron que hacerse vía celular.

A Doris, los exparamilitares le dijeron que la muerte la había ordenado un concejal del municipio y como a las demás víctimas le pidieron perdón personalmente. Además, mientras las víctimas esperaban su turno para hablar, los defensores de los postulados repartieron entre los asistentes una cartilla donde los exparamilitares del Bloque Catatumbo redactaron unos párrafos disculpándose por su violento actuar.

“Veinte años atrás, cuando circunstancias dolorosas y traumáticas me enceguecían, fui impulsado por el Estado a tomar las armas y convertirme en mala hora en un actor del conflicto político, social y armado de nuestro país. Lo hice orientado por principios humanos y políticos supuestamente bien intencionados y altruistas, pero permisivos y laxos con el uso de la violencia y la ilegalidad que hoy juzgo totalmente equivocados”, dice el texto, redactado por Salvatore Mancuso, quien está recluido en el Centro Penitenciario de Northern Neck Regional Jail en el Estado de Virginia (Estados Unidos), donde está desde mayo de 2008, cuando fue extraditado junto a una decena de jefes paramilitares por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Los otros pedidos de las víctimas
Algunas de las personas que llegaron hasta Cúcuta no querían escuchar explicaciones ni el perdón de los paramilitares, sino que fueron a exigir que se cumpliera con la reparación que propone la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y pidieron que sus demandas fueran tenidas en cuenta por las magistradas a la hora de emitir una sentencia. Muchas víctimas simplemente pidieron acceso a los servicios básicos de salud y educación, al que tiene derecho cualquier ciudadano.

Este fue el caso de María*, quien vive en la vereda Bertrania, de Tibú, donde fue víctima de la violencia del Bloque Catatumbo. Su deseo es terminar el bachillerato y por eso fue hasta Cúcuta a hablar con las magistradas. El año pasado llegó a su caserío un programa para los desmovilizados que quisieran estudiar, ella habló con las autoridades y logró un cupo en el curso, pero ahora que los estudios terminaron para los excombatientes, ella quedó en el aire. “Yo quiero estudiar, pero en mi vereda no hay ninguna opción para poder terminar”, dijo María.

Al respecto, la magistrada Lester González llamó la atención a los organismos del Estado responsables de los programas dirigidos a las víctimas: “todas las personas deben acceder a programas de educación, no solo por la condición de víctimas, y no podemos permitir que unas sí accedan y otras no, solo porque viven en determinada vereda”. El caso se dará a conocer a las autoridades locales de educación.

Varios jóvenes que aseguraron que a raíz de la muerte de sus padres no pudieron seguir con sus estudios profesionales, la Unidad de Víctimas dio a conocer que ya tiene disponibles convenios de becas completas o parciales con algunas universidades de departamento.

Asimismo, varias madres denunciaron que a sus hijos no les habían entregado la libreta militar, por lo que no han podido trabajar, y varios de ellos fueron convocados por el Ejército a prestar el servicio militar, contraviniendo el artículo 140 de la Ley 1448 que establece que las víctimas del conflicto están exentas de prestarlo y de pagar la cuota de compensación militar. La magistrada le dio el plazo de una semana a la Unidad de Víctimas para solucionar esa irregularidad.

El problema se estaba presentando porque las víctimas asistían directamente a los batallones del Ejército sin el debido acompañamiento de la Unidad territorial de la Unidad de Víctimas, que es la encargada de ser el enlace con las Fuerzas Militares. El funcionario de esta entidad presente en la audiencia se comprometió a solucionar de inmediato estos casos.

A esto se sumaron repetidas quejas de víctimas que aseguran que no han recibido la inscripción en el registro de la Unidad de Víctimas y por ello no han podido acceder a diversos servicios, entre ellos el de la salud o que a pesar de tenerlo no han recibido un tratamiento. El procurador Alberto Rodríguez se comprometió a hacer seguimiento a los casos e iniciar investigación sobre los funcionarios de los hospitales públicos que según las víctimas no están prestando un buen servicio.

Organizaciones de derechos humanos que han seguido de cerca el proceso de Justicia y Paz sostuvieron que el problema de estas víctimas es que no han contado oportunamente con la ayuda de un defensor público que los guíe en la tramitología estatal.

Luego de casi ocho años de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, la mayoría de las personas que llegaron hasta Cúcuta no tenían un abogado. Al respecto, funcionarios de la Defensoría del Pueblo argumentan que no ha sido fácil acceder a las víctimas que viven en veredas retiradas y no han asistido a las jornadas públicas.

Muchos asistieron a la audiencia como una última esperanza de solucionar los problemas que les produjo la violencia paramilitar, la pobreza y las malas administraciones, “Yo veo esto ya como una última instancia. Desde que fui desplazada del Tarra ya he asistido a todo lado para que me ayuden a recuperar mi casa, siento que esto es lo último que me queda”, dijo una de las víctimas.