Magistrados estudian exclusión de ‘Jorge 40’ de Justicia y Paz

La decisión se conocerá el 22 de junio. VerdadAbierta.com le cuenta qué pasó en la audiencia que se realizó en el Tribunal Superior de Barranquilla.

jorge-40'Jorge 40' durante la desmovilización del Bloque Norte. Foto: archivo Semana.

Tras varias audiencias realizadas ante magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en las que la Fiscalía General de la Nación argumentó que Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, debía ser excluido del proceso de justicia transicional por no haber cumplido los requisitos para alcanzar sus beneficios, tres magistrados de ese alto tribunal tienen en sus manos la decisión.

Los argumentos a favor de la exclusión fueron expuestos por Magaly Álvarez Bermúdez, fiscal 103 de la Unidad de Análisis y Contexto. A su juicio, el exjefe paramilitar, que comandó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), no ha cumplido con los requisitos dispuestos en la Ley 975 de 2005, conocida de Justicia y Paz.

“De una comisión de 99 hechos de violencia basada en género, reclutamiento de menores, secuestro y despojo de tierras, el postulado, que se desmovilizó el 10 de marzo de 2006 en La Mesa, corregimiento de Valledupar, solo ha reconocido que participó en uno de esos crímenes. Y después de haber sido extraditado, se programaron 48 versiones libres y todas fueron canceladas”, cuenta Álvarez.

Según el Ente acusador, hay cerca de 20 mil hechos hechos que involucran a más de 25 mil víctimas que fueron aceptados por exparamilitares postulados que estuvieron bajo el mando de Tovar Pupo y que, además, fueron incluidos en la sentencia de Salvatore Mancuso, que deberían ser confesados por alias ‘Jorge 40’, sin que hasta el momento se haya presentado esa aceptación, ni quisiera por unidad de mando.

Ante ello, el abogado Hernando Bocanegra Bernal, defensor de alias ‘Jorge 40’, afirmó ante los magistrados que el postulado no ha versionado desde 2008, año en que fue extraditado, porque hay circunstancias que se lo han impedido, sobre todo después de que mataran el 24 de diciembre de 2009 a Sergio Tovar Pupo, hermano menor del postulado que está recluido en la cárcel del condado Orange, en Virginia, Estados Unidos. “Él no ha hablado porque su familia en Colombia ha sido víctima de amenazas”, indicó el jurista. (Ver: Matan a hermano de ‘Jorge 40’).

Durante su intervención, Bocanegra leyó varios oficios en los que explicaba porque el exparamilitar no les ha cumplido a las víctimas. Aseguró que hasta que no se resuelva el caso con las autoridades estadounidenses, Tovar Pupo no colaborará con la justicia colombiana, pues a su juicio las versiones podrían ser utilizadas en su contra durante el juicio que se le sigue en ese país por delitos asociados al tráfico de drogas desde Colombia. Se espera que la sentencia condenatoria se conozca el próximo 24 de agosto.

“Una vez termine el proceso, tenga la seguridad que tomaré el tránsito que venía cumpliendo ante un juez natural en Colombia”, leyó el abogado. En la carta, al parecer escrita por Tovar Pupo, ratifica su deseo de contar “todo” lo que hizo en el Bloque Norte de las Auc, que operó en los departamentos del Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, y ocasionalmente en Bolívar, Santander, Sucre, Norte de Santander y Córdoba. (Ver: ¿Por qué ‘Jorge 40’ no habla en Justicia y Paz?).

Alias ‘Jorge 40’ tampoco ha confesado los crímenes que cometieron sus hombres porque al parecer se enteró tarde de algunas audiencias. “Son trámites que no se llevan a cabo sin tener en cuenta al postulado”, afirmó el jurista luego de leer varios oficios en los que quedaba constancia de las citaciones que se le enviaron con poco tiempo de antelación.

“No veo los argumentos ni los requisitos legales para que sea excluido de Justicia y Paz. Tovar Pupo colaboró hasta donde pudo. Confesó 538 hechos ante la fiscal Deisy Jaramillo, y ha aceptado que participó en la masacres de Santa Cecilia, en Astrea, Cesar; en la de El Salado y Bahía Portete, en La Guajira; en la muerte de varios sindicalistas del Atlántico y de la empresa Drummond; y en la desaparición de siete investigadores del CTI de Valledupar”, aseguró Bocanegra, quien, además, afirmó que las Auc tenían prohibido secuestrar y reclutar menores. (Ver: Las verdades que no ha dicho ‘Jorge 40’).

Sin embargo, la Fiscal 103 de la Unidad de Análisis y Contexto afirmó que en un informe sobre las versiones que ha rendido ‘Jorge 40’ se anuncia que “él ha aceptado 99 cargos de manera directa”, y que los demás fueron clasificados “como otros casos pendientes”. Recordó que sí hubo reclutamiento de menores y que han pasado siete años desde que el exparamilitar fue extraditado a Estados Unidos y aún el proceso en ese país no avanza.

“Lo único que se le ha pedido es que colabore y cumpla con el compromiso que adquirió con la Ley 975, de confesar los delitos de desplazamiento forzado, violencia basada en género; los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Todos los demás extraditables ya lo han hecho”, la funcionaria.

A su petición se sumó la del vicefiscal encargado Juan Vicente Valbuena, quien recientemente dijo, ante este caso, que “alias ‘Jorge 40’ debería aclarar temas que tienen que ver con parapolítica, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes. Pero su renuencia a cumplir los compromisos que tiene con la Fiscalía y la justicia colombiana lleva a que la decisión sea solicitar su exclusión, y que pague en justicia ordinaria cada uno de sus crímenes”.

Ante la justicia ordinaria, Tovar Pupo tiene seis sentencias condenatorias. En la primera fue condenado a 19 años de prisión por el homicidio del sindicalista Ricardo Orozco Serrano, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), que se cometió el 2 de abril de 2001 en Soledad, municipio del Atlántico. (Ver: El paso macabro de las Auc por Atlántico)

En la segunda a 19 años de cárcel por la muerte del sociólogo y sindicalista de la empresa de energía Electricaribe, Adán Alberto Pacheco, asesinado el 2 de mayo de 2005 en Barranquilla; en la tercera a 23 años por el crimen de Elías Enrique Durán Rico, presidente del sindicato de Metrotránsito, que murió el 5 de mayo de 2004 en el municipio de Baranoa; en la cuarta a 26 años por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez, ocurrido el 17 de septiembre de 2004 en Barranquilla (Ver: La condena a 'Jorge 40' por el asesinato de Alfredo Correa) ; en la quinta a 25 años por la desaparición de siete investigadores de la Fiscalía del Cesar, cuyos hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2000; y en la sexta a 30 años por el homicidio de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, miembros del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond, cometido el 12 de marzo de 2001.

El exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc entregó más de 20 mil hectáreas de tierra en los departamentos del Magdalena y Cesar durante su desmovilización con el fin de reparar a las víctimas. Pero antes de ser extraditado, según Bocanegra, puso a disposición del fondo para la reparación de las víctimas, seis apartamentos y seis predios que tenía en Santa Marta, Magdalena, y en Riohacha, La Guajira.  

Opiniones encontradas
Samuel Bocanegra, representante de la Procuraduría General de la Nación en este proceso, estuvo de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía. Aseguró que Tovar Pupo tiene derecho, según la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a guardar silencio. Pero que desde el primer momento en que fue postulado y adquirió un compromiso con la comisión de Justicia y Paz, él ha renunciado a ese derecho de no auto-incriminarse. “Igual ‘Jorge 40’, si quiere comparecer, lo puede hacer ante la justicia ordinaria”, afirmó el funcionario.

Los defensores de cientos de víctimas que estuvieron en la audiencia, afirmaron que no están de acuerdo con que se excluya de Justicia y Paz al exjefe paramilitar como lo solicita la Fiscalía. “Es mucho lo que debe confesar en relación a cientos de personas muertas o desaparecidas, desplazadas o despojadas de sus tierras”, anuncia un documento firmado por los abogados Gabriel Mejía Castillo, Alba Taibel Muñoz, Maribeth Escorcia Vásquez y Diógenes Arrieta Zabala.

Los representantes de las víctimas dejaron claro que con la extradición de 13 exjefes paramilitares, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe “asestó un duro golpe al componente de verdad del que tanto se pregona en este proceso”. Y también afirmaron que hay varios casos en que “los patrulleros de las Autodefensas han sostenido que la orden la dio ‘mi comandante 40’, y que no conocen las verdaderas razones que motivaron a cometer los crímenes”.

Pero el abogado Reinaldo Lora, representante de víctimas del Bloque Norte de las Auc, se mostró en desacuerdo con el documento de sus colegas. Él solicitó que se excluya de Justicia y Paz a que alias ‘Jorge 40’ porque no se puede seguir esperando a que cumpla con el compromiso que adquirió con la comisión de Justicia y Paz, y aseguró que los bienes que entregó al Fondo de Reparación de la Unidad de Víctimas no son suficientes.  

La decisión sobre si se excluye o no de Justicia y Paz al excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas, se conocerá el 22 de junio e Barranquilla.