La violencia sexual que padecieron las guerrilleras del ERG

Un grupo de excombatientes del Ejército Revolucionario Guevarista le narró a fiscales de Justicia y Paz sobre la política de cero embarazos al interior de este grupo subversivo y de cómo esta se hizo cumplir aun contra la voluntad de las propias mujeres.  

mujeres guerrilla erg 1La Fiscalía documentó 21 casos de abortos a las que fueron obligadas siete mujeres excombatientes del ERG. Foto: archivo Semana.En los próximos días, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dictará la primera sentencia contra un grupo guerrillero postulado a los beneficios de la justicia transicional. En este caso, la decisión se proferirá contra 24 integrantes del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), grupo insurgente que surgió como una disidencia al interior del frente Ernesto Che Guevara del Eln en 1993 y que tuvo fuerte injerencia en el Medio Atrato chocoano, suroeste antioqueño y norte de Risaralda.

En la providencia se atribuirán responsabilidades a los máximos comandantes de la organización subversiva, entre ellos Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias ‘Cristóbal’; Francisco Antonio Salazar Hinestroza, alias ‘John Jairo’; y Lisardo Caro, alias ‘Romaña’, por cerca de 300 hechos que van desde el reclutamiento forzado, secuestro, despojo de tierras, desaparición forzada hasta la violencia de género, los cuales dejaron poco más de 350 víctimas reconocidas.

Lo que despierta especial interés es la determinación que tomen los magistrados de la Sala con relación a los crímenes de violencia de género. La razón: el Tribunal deberá decidir si reconoce la condición de víctimas de seis exguerrilleras actualmente postuladas a la Ley de Justicia y Paz quienes fueron sometidas a la práctica del aborto, aún en contra de su voluntad. Si bien son juzgadas como victimarias, sus historias también constituyen una violación a los derechos humanos y a los llamados derechos sexuales y reproductivos.

En efecto, la Fiscalía Sexta de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), documentó 21 casos de abortos a las que fueron obligadas siete mujeres excombatientes de este grupo armado ilegal. De ellas, seis están rindiendo versiones ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín actualmente. Según lo comprobó el Ente Investigador, varias fueron obligadas a recurrir a este procedimiento en más de una ocasión, incluso siendo menores de edad y en lapsos de tiempo no superiores a dos años. El hecho más desgarrador es el caso de una excombatiente que fue víctima de aborto forzado en seis ocasiones.

De acuerdo con la documentación realizada por la Fiscalía Sexta, si bien los estatutos del ERG permitían las relaciones entre los combatientes, prohibía expresamente a las mujeres quedar en embarazo, pues señalaban que además de los riesgos que ello implicaba para una tropa en constante confrontación con la fuerzas del Estado, podría distraer a los guerrilleros de su propósito combativo de “patria o muerte”. El desacato a esta norma era castigada con la muerte.    

Política de cero consentimiento  

mujeres guerrilla erg 2Peritos de la Defensoría del Pueblo consideran que los abortos no consentidos dejan heridas profundas en la psique femenina. Foto: archivo Semana.Los testimonios entregados por las postuladas coinciden en señalar que no importaba el estado de gestación, la política de “cero embarazos” al interior del grupo guerrillero era inflexible. “Ninguna de las personas entrevistadas estaban de acuerdo con el aborto, lo consideraban un crimen y jamás se pensó que pudiera ser un derecho de las mujeres el tener o no hijos”, señaló el fiscal sexto, añadiendo además que “todas las entrevistadas a las que se les practicaron abortos hubieran querido tener sus hijos, por lo que muchas trataban de ocultar su embarazo”.

Una excombatiente le narró la Fiscalía Sexta haber quedado en embarazo a la edad de 15 años, recién ingresó al grupo: “y me hicieron abortar. Yo no quería abortar pero era una obligación. Así no quisiera tocaba porque si no eso le puede costar a uno hasta la vida porque es desacato a las normas. Si una mujer salía en embarazo tenía una sanción. Había una política de abortos con la que no estábamos de acuerdo pero que había que acatar”.

Otra de las postuladas habló sobre la advertencia hecha por sus comandantes una vez ingresó al ERG: “le explicaban a uno sobre la prohibición de tener hijos y si quedaba en embarazo tenía que abortar, era una política sino a uno lo mataban”. En su testimonio también se advierte las duras condiciones en que eran practicados los abortos, muchas veces en los mismos campamentos selva adentro.

“Yo tenía una relación centralizada con un compañero. Creo que tenía como casi tres meses de embarazo. El bebe ya estaba grande, le comenté a mí compañero y él al comandante (…) entonces a mí me dan las pastillas que yo misma me las metí porque ya sabía (…) después de que uno se mete las pastas a la media hora ya se le viene. Estaba con mi compañero en el ‘cambuche’ y cuando se vino, lo vi salir y estaba formadito, y él fue el que lo cogió. Uno cuando aborta como que pierde la memoria, uno no quiere como nada".

Según médicos peritos de la Defensoría del Pueblo, quienes vienen haciendo un acompañamiento psicosocial a las postuladas, además de constituir una grave violación a los derechos fundamentales de las mujeres, los abortos no consentidos dejan heridas profundas en la psique femenina que pueden traducirse en depresiones o estados bipolares, trastornos disociativos o de ánimo.

La Fiscalía llamó la atención sobre el carácter discriminatorio de la política del ERG, toda vez que, según las propias postuladas, la responsabilidad de acatar la norma era solo de las mujeres, “pues los hombres que embarazaban a las mujeres no eran castigados, a ellos no se les hacía nada. A las mujeres sí y que más castigo que el aborto”, declaró una postulada ante funcionarios judiciales, quien añadió además que “había mucha desinformación, poca educación. Por eso era que pasaban siempre estas cosas, a pesar de que siempre suministraban pastas para planificar”.

Con los métodos de planificación no solo se buscaba controlar la natalidad al interior del grupo guerrillero; también se pretendía imponer –y controlar- modelos de conducta de las combatientes. “si las mujeres querían sostener relaciones sexuales, debían solicitar un 'pase', para que les fueran suministrados mecanismos de planificación. Ahora bien, para los hombres no había métodos de planificación o uso del condón”, manifestó una excombatiente.

Y añadió: “allá, si una mujer era inestable la ponían en medio de la tropa y le hacían un llamado de atención colectivo, decían fulana se va a sancionar por inestable porque desde hace tiempo ha estado con ‘fulano’, con ‘perano’, no toma ninguna relación en serio. Pero a los hombres no les hacían eso”.

Si bien estas seis exintegrantes del ERG hoy están siendo juzgadas por el Tribunal de Justicia y Paz, proceso en el cual han reconocido su participación en la comisión de diversos delitos, también es cierto que ostentan la condición de víctimas de un delito igualmente atroz que, además, le será imputado a quienes fueron sus máximos comandantes al interior del grupo por cuanto fueron los responsables del cumplimiento de la política de “cero embarazos”.

Así, surgen varias preguntas cómo, ¿qué medidas de satisfacción, reparación o rehabilitación contempla la justicia transicional para quienes cumplen la doble condición de víctimas y victimarios? Además, ¿qué podrá compensar el daño causado a una mujer a la que le arrebataron de su vientre un hijo en nombre de la lucha revolucionaria? Dilemas que responderá la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en su sentencia contra el ERG.