¿Cuál es la responsabilidad del Ejército en masacre de Campamento, Antioquia?

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó compulsar copias para que autoridades judiciales investiguen si altos mandos del Ejército fueron omisivos en prevenir incursión paramilitar a este municipio, ocurrida en noviembre de 2000.

Vista general del municipio de Campamento, Antioquia.Con el fin de aclarar la actuación de sectores de las Fuerzas Militares durante la incursión paramilitar al municipio de Campamento, en el norte de Antioquia, perpetrada entre el 15 y 27 de noviembre de 2000, que dejó 11 muertos y por lo menos 50 familias desplazadas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó compulsar copias para que se investigue al actual rector de la Universidad Militar Nueva Granada, general en retiro Eduardo Herrera Verbel, y a varios oficiales más, quienes en esa época estaban destacados en la Cuarta Brigada del Ejército.

Los magistrados tomaron la decisión teniendo en cuenta el material documental presentado ante este Tribunal por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, encargada de investigar los crímenes cometidos por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Algunos de esos documentos evidencian que pese a haber sido advertidos oportunamente sobre los fuertes combates que sostenía esta estructura paramilitar con facciones de las Farc, y las acciones contra la población civil, los militares solo atendieron los llamados de auxilio una vez pasó toda la barbarie.

Entre el material expuesto durante una reciente audiencia realizada en Medellín, se encuentran varias misivas enviadas los días 15, 20 y 27 de noviembre de 2000 por la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia tanto al mayor Fernando Morales Triviño, entonces comandante del Batallón de Infantería No 10 Atanasio Girardot, como al general Eduardo Herrera Verbel, comandante para esa época de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín. En ellas se les alertó sobre las amenazas que enfrentaban los pobladores de Campamento por cuenta de la incursión paramilitar y la reacción de las guerrillas.

“El miércoles 15 del presente mes y año, a primera hora, se solicitó al comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, General Eduardo Herrera Verbel, mediante escrito remitido por fax, protección para la población civil de Campamento (…) se orientó al Personero Municipal para que gestionara la reparación de los tubos de alcantarillado de las veredas Llanas y el Diez y que buscaran apoyo en transporte para quienes desearan desplazarse en razón del conflicto. Se informó al capitán Chaparro del batallón Girardot del Ejército Nacional, acantonado en el municipio, sobre la necesidad de prestar seguridad en el lugar, dadas las amenazas que pesaban sobre la población”, se lee en una de las comunicaciones enviadas a la Cuarta Brigada del Ejército.

Los relatos recopilados en esa época por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia, así como las declaraciones de ex paramilitares recibidas por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, coinciden en señalar que las tropas adscritas a esa guarnición militar acudieron al pueblo solo cuando la facción de las Auc abandonó el municipio.

Así lo dejó en claro el entonces Inspector de Policía de Campamento en declaraciones dadas a agentes del Ministerio Público meses después de la incursión armada: “el 27 de noviembre llamé nuevamente al Batallón Girardot y le manifesté al soldado que cuántos muertos teníamos que poner para que pudieran entrar las tropas, y me manifestó que no me sulfurara; el 28 de noviembre entraron las tropas cuando ya se habían ido los paramilitares y estuvieron en el municipio aproximadamente por 15 días”.

El conflicto en contexto
Por más de tres décadas, esta localidad del norte de Antioquia ha estado bajo el control del Frente 36 de las Farc. En su afán de arrebatarle el dominio territorial, facciones paramilitares emprendieron una feroz incursión armada que afectó en mayor medida a la población civil.

Los primeros días de octubre de 1996 un grupo de guerrilleros llegó al parque principal del pueblo, obligando a campesinos, comerciantes y transportadores a congregarse en la plaza. Seguro de que acaparaba la atención de todos, un guerrillero que fungía como comandante y que se identificó como ‘Solis’ les dijo a viva voz que no iban a permitir el ingreso de los paramilitares, que iban a estar pendientes del comportamiento de los allí presentes.

La tensión aumentó un par de semanas después, cuando un comando paramilitar ingresó a Campamento. Nuevamente los pobladores fueron concentrados en la plaza principal. Esa vez les advirtieron que quien fuera auxiliador de la guerrilla abandonara la región, que poseían nombres, fotos y direcciones de los presuntos colaboradores. Y que volverían. Y así fue.

Antes de finalizar el mes un piquete de hombres encapuchados que se identificó como de las Autodefensas, ingresó nuevamente al pueblo, esta vez en horas de la noche, inspeccionó cada una de las viviendas del casco urbano en busca de supuestos enemigos. Los pobladores denunciaron meses después que uno de los hombres con el rostro cubierto era el capitán del Ejército Julián Parra.

Y la guerra anunciada cobró sus primeras víctimas civiles. El 23 de abril de 1997, mientras se desplazaban por la vía que de Campamento conduce al municipio de Anorí, hombres del bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) interceptaron el vehículo en el que se movilizaban el inspector de policía, Héctor Julián Álvarez, y el personero, Jesús Emilio Penagos, y los asesinaron. Ambos funcionarios denunciaron meses atrás la connivencia de un coronel del Ejército llamado Jesús María Clavijo con los paramilitares.

Dispuestos a no dejarse expulsar de sus dominios, el 10 de julio de 1999 las Farc bombardearon el pueblo con sus destructivos tatucos, artefactos explosivos no convencionales. El objetivo era la estación de Policía, pero en su furia destruyeron, además, el hospital, 24 viviendas, varios establecimientos comerciales y el templo católico.

La confrontación se agravó en el año 2000 tras la orden impartida por el propio Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, máximo comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de arrebatarle a sangre y fuego este bastión a las Farc. Fue así como finalizando octubre de ese año, alias ‘Cuco’ citó a varios de sus lugartenientes a su centro de operaciones, en el corregimiento La Caucana de Tarazá, con el fin de planear un operativo militar que les asegurara la victoria militar.

Al encuentro asistieron, entre otros, Alexander Bustos Beltrán, alias ‘W’, y Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’. Acordaron que ambos, con el apoyo de Rolando Lopera, alias ‘Milton’, saldrían la primera semana de noviembre con más de 150 hombres desde el corregimiento Barro Blanco de Tarazá con dirección al corregimiento Cedeño, de Yarumal, y desde allí, serpenteando agrestes montañas, hasta el municipio de Campamento.

“Llegaron ‘los paras’”
En la mañana del 15 de noviembre de 2000, el joven Yuván iba camino a El Diez, donde se encontraba el centro de acopio de los lecheros de la región, para vender el lácteo producido en la finca de sus padres. El sitio está cerca a la única mina de asbesto que hay en Colombia. La fatalidad quiso que en ese paraje y a la misma hora parte de la tropa paramilitar se topara con guerrilleros de las Farc y estallara un fuerte combate que duró poco más de una hora.

Yuván iba acompañado de un vecino suyo, Ferley, y de Darío, otro campesino. Los tres quedaron en medio de las balas. Finalizado el choque armado, fueron retenidos todo el día y toda la noche por los paramilitares, quienes los acusaron de ser guerrilleros. Preocupados por la intensidad de los disparos y presagiando lo peor, Esteban, padre de Ferley, y Aurelio y Ferney, hermanos de Yuván, acudieron a El Diez para ver qué había pasado, pero al llegar al sitio fueron retenidos y torturados. Varias horas después, Esteban, Ferley y Yuván fueron asesinados, mientras que Aurelio, Ferney y Darío quedaron en libertad.

Así comenzó la marcha del Bloque Mineros que, por 12 días, llevó el terror al municipio de Campamento. A su paso, fueron constantes los enfrentamientos armados con facciones de la guerrilla de las Farc, que produjo numerosas bajas en las filas paramilitares. Bien en las inmediaciones del cementerio del pueblo, bien en las veredas cercanas al casco urbano, unos y otros no vacilaron en atrincherarse en medio de la población y atacarse constantemente.

En esa confrontación varios campesinos perdieron la vida, entre ellos Guillermo y Adelmo, quienes fueron ajusticiados el 20 de noviembre por paramilitares momentos después de un fuerte encuentro armado sostenido con guerrilleros en el sitio conocido como Plan de la Rosa.

Convencidos de que “el que nada debe, nade teme”, Guillermo y Adelmo decidieron resistir en sus fincas y no sumarse a la ola de desplazados forzados que marchaban como judíos errantes de vereda en vereda. Para su infortunio, ambas casas fueron utilizadas por los subversivos para repeler el ataque paramilitar, por lo que, al silenciarse los fusiles, los miembros del Bloque Mineros los consideraron “auxiliadores de la guerrilla”. El 27 de noviembre, los paramilitares ajusticiaron a seis personas más, en distintas zonas del municipio, por los mismos motivos: considerarlos aliados de la insurgencia. En total, 11 civiles muertos dejó la incursión del Bloque Mineros a Campamento.

Años después
El 27 de abril de 2010, en versión libre rendida ante fiscales de Justicia y Paz, Rolando Lopera, alias ‘Milton’, señaló que él y sus compañeros en armas se movieron por zonas donde sabían que no había Ejército ni Policía. Los oficios enviados en el 2000 por la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, durante los días de la tragedia humanitaria, coinciden con esa versión, pues alertaron sobre la ausencia de las fuerzas militares en Campamento durante los días del ingreso de los paramilitares.

Apartes de la investigación adelantada en su momento por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia, que fueron conocidos por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, consignan las explicaciones, a juicio del Ministerio Público ambiguas, entregadas por los altos mandos castrenses y que guardan relación con el periodo de descanso que le fue concedido a la tropa.

“Pese al conocimiento que se tenía de la presencia de grupos armados por fuera de la ley, se retiraron estos pelotones que estaban allí en Campamento, dicha decisión nunca podría, a nuestro criterio, estar por encima o ser superior al mando constitucional de la protección de la vida por parte de la fuerza pública legalmente establecida para toda una población totalmente indefensa y desprotegida que al percatarse del inminente peligro de perder la vida en manos de grupos alzados en armas, clamaron reiteradamente protección de sus vidas antes aquellas incursiones militares previas, durante y posteriormente a los hechos aquí investigados como bien se pudo verificar dentro de la documentación aportada al referido expediente”, dice el documento en uno de sus apartes.

¿Quién es Eduardo Herrera Verbel?
El general en retiro Eduardo Herrera Verbel estuvo en el Ejército por 36 años como militar activo. Quienes lo conocen, destacan su disciplina y su preparación intelectual, virtudes que lo llevaron a la dirección de la Escuela Superior de Guerra a mediados de 2001, cuando fue relevado de la comandancia de la Cuarta Brigada, donde estuvo desde 1999. Una vez fuera del Ejército llegó a la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada, donde fue nombrado en propiedad el 18 de febrero de 2009.

Su salida del Ejército en noviembre de 2003 fue ampliamente publicitada porque se dio en medio de la decisión del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de ascender a varios oficiales con menor antigüedad que Herrera Verbel a cargos de comandancia y él fue ratificado en la Escuela Superior de Guerra, circunstancia que fue considerada como un irrespeto a su condición de Brigadier General de dos soles.

Sus conocimientos en Ciencias Militares lo llevaron, ya como oficial en retiro, a trabajar al lado del Comisionado Luis Carlos Restrepo, entre los años 2005 y 2006, en la búsqueda de acercamientos en el exterior con la guerrilla del Eln para una posible negociación de paz. Además, se ha convertido en una pieza clave para el presidente Juan Manuel Santos en los contactos con este grupo subversivo.

Si bien en el sistema de consulta de asuntos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación se registra la radicación de cuatro expedientes a cargo de las procuradurías Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y Delegada para la Contratación Estatal en contra del general Eduardo Herrera Verbel (27 de noviembre de 2009; 25 de febrero de 2010; 21 de febrero 2011; 26 de abril de 2011), la orden impartida por la Sala de Justicia y Paz pondrá al alto mando militar a dar explicaciones ante la justicia penal sobre una masacre que los campamenteños no olvidan y sobre la cual quieren saber toda la verdad.