“Los menores reclutados fueron armas de guerra”: Defensoría

El Ministerio Público les pidió a los magistrados que en su sentencia contra alias ‘El Alemán’ repare a los menores reclutados con acciones que les permita desarrollar un proyecto de vida.
  
El 24% de los menores que fueron reclutados por grupos armados ilegales fueron obligados a cometer actos sexuales. También los forzaron a usar métodos anticonceptivos y los amenazaron de muerte en caso de desertar del grupo, advirtió un estudio de la Defensoría. Foto Semana

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Después de entrevistar a las víctimas y de escuchar la exposición de varios expertos sobre los efectos del reclutamiento en el conflicto armado, la Defensoría les pidió a los magistrados de Justicia y Paz que condene al ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ con la pena máxima de Justicia y Paz, de ocho años de prisión, y repare de forma integral a los 150 jóvenes que hace diez años fueron reclutados por el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc.

Las peticiones de la Defensoría hacen parte del incidente de reparación, una audiencia preliminar antes de que los magistrados emitan una sentencia que condene al ex jefe paramilitar por el delito de reclutamiento ilícito de menores, y establezca las medidas para reparar a las víctimas.

En sus exposiciones, los defensores concluyeron que la justicia debe tener en cuenta que los jóvenes “perdieron una etapa primordial de su vida como es la infancia”, y que por ello debe dictar medidas que permitan que las víctimas puedan desarrollar sus proyectos de vida. En sus testimonios, los jóvenes le contaron a los magistrados que tras el reclutamiento, suspendieron sus estudios y por eso no pudieron ser médicos, enfermeras, administradores de empresas, constructores, locutores o futbolistas.

Por los daños causados, la Defensoría solicitó al Estado que indemnice a las víctimas con dinero, de atención y también simbólicas para resarcir sus nombres y combatir la estigmatización a las que han sido expuestos. Entre las medidas sugirió compensaciones económicas, subsidios educativos y de vivienda, e inclusión prioritaria en los programas que ofrece el gobierno del empleo urbano y rural.

Como quedó en evidencia durante los relatos de los jóvenes y las exposiciones de expertos en estrés postraumático causado por el conflicto, la Defensoría del Pueblo consideró que es urgente el tratamiento psicológico individual para algunas de las víctimas. “Es necesario un tratamiento especializado y oportuno”, dijo Claudia Liliana Guzmán, defensora de víctimas.

Para restablecer el buen nombre de los jóvenes, la Defensoría propuso que el gobierno organice un actividad pública en la que alias ‘El Alemán’ pida perdón en las comunidades del Urabá chocoano donde reclutó menores.

“También es importante que se realice una publicación en medios de comunicación regional y nacional donde se restablezca la dignidad de los jóvenes, y que el Urabá se ofrezcas cursos de educación para orientar a los niños y padres sobre las consecuencias y secuelas del reclutamiento”, indicó Guzmán.

La Defensoría pidió además que una vez emitida la sentencia se haga seguimiento al cumplimiento de éstas, y que el gobierno cree un fondo de fideicomiso a nombre de los hijos de las víctimas y de sus familias, que también son consideradas indirectas, para repararlas.

“Los armados aprovecharon la vulnerabilidad”
Mario Hernán Suescún, experto en derechos humanos y asesor de la Defensoría, explicó durante la audiencia los resultados de un estudio sobre reclutamiento que concluyó que los grupos armados ilegales se aprovecharon de la vulnerabilidad de niños y niñas para reclutarlos.

“Y lo que es peor, es que fueron usados como armas de guerra. Ni siquiera como un combatiente más, sino como elemento para ganar el conflicto”, dijo Suescún.

El estudio, realizado en 2005 por la Defensoría apenas fue aprobada la Ley de Justicia y Paz, entrevistó a 330 menores de los 520 niños ex combatientes que para esa época atendía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.

El 70% de los niños reclutados eran niños y el 30% mujeres, y del total la Defensoría determinó que el 10% provenía  de comunidades indígenas o afrodescendientes.

Al momento de la entrevista, dijo Suescún, los niños tenían entre los 12 y 20 años, “lo que nos hizo suponer que el reclutamiento ocurre en edades muy tempranas”. Según la información que aportaron los menores, el promedio de edad en que eran reclutados era de 12 años de edad. El 54,8% de ellos fue reclutado por las Farc; 22% por las Auc; 15% del Ejército; 9% por las Autodefensas Campesinas del Casanare y 1,1% del Erp.

Aunque 83% de los menores dijeron que ingresaron a los grupos armados de manera voluntaria, como lo ha explicó durante el comienzo de la audiencia la psicóloga Nina Winkler, este delito en sí es forzado porque los niños no tienen los criterios suficientes para decidir.

Sin embargo, para Suescún lo más grave no es la capacidad de decidir, sino que son “pequeños en un estado tal de vulnerabilidad que terminan aceptando ingresar a esos grupos”, dijo el experto.

Según el experto cada año en Colombia se registran entre 60 mil y 70 mil denuncias por inasistencia alimentaria, un indicador de lo disfuncional que son hogares en el país, sin contar las situaciones de pobreza de cientos de municipios.

En las entrevistas, los niños contaron que ingresaron a la guerra porque en sus casas los maltrataban, además su familia era numerosa y su madre no podía sostener el hogar. También porque sintieron la curiosidad de portar armas y uniformes.

“Muchos dicen que ingresaron para huir del maltrato o tener algo de dinero. Estos niños fueron utilizados para combatir, cuidar secuestrados, cumplir con las órdenes de la tropa, sembrar minas antipersona u obtener información indispensable. El 45% de los menores entrevistados dijeron que llegaron al programa del Icbf porque huyeron”, dijo Suescún.

Solo 2.6% de los niños ex combatientes atendidos por el Bienestar Familiar se desmovilizaron de forma masiva, y gran parte del grupo entrevistado por el estudio confesó que fueron víctimas de violencia sexual. Cuando intentaron retornar a sus hogares, no pudieron integrarse a la familia por su agresividad, la baja escolaridad y porque la comunidad empezó a estigmatizarlos.

“El proceso de ir a la escuela es clave en la socialización, de hacer amigos y empezar un proyecto de vida. Cuando un niño va a la guerra pierde su infancia y eso ni con toda la plata del mundo puede recuperarse. Por eso aunque parezca imposible repararlos integralmente,  lo mínimo es que el Estado les ayude a desarrollar un proyecto de vida viable”, concluyó el experto.