Los crímenes del ‘Águila’ en Cundinamarca

Ante los Tribunales de Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes aceptó que el Bloque Cundinamarca desplazó, asesinó y desapareció a cerca de 300 habitantes de seis municipios del norte del departamento.

300 aguila 2Luis Eduardo Cifuentes, alias 'El Águila', durante el proceso de desmovilización de las Auc.En Hoyo Garrapatal aún recuerdan el crimen con el que los paramilitares cambiaron la vida de los pobladores. Fue el 2 de octubre de 2001, cuando los ‘paras’ del Bloque Cundinamarca llegaron a esta vereda en el municipio de La Palma y asesinaron al entonces concejal José Nivardo Bello en frente de su familia. El ex jefe del grupo ilegal, Luis Eduardo Cifuentes, quien fue conocido en la zona con el alias de ‘El Águila’, ordenó su muerte acusándolo, como a muchos otros pobladores, de tener supuestos nexos con guerrilleros del Frente 22 de las Farc.

Ese mismo día, luego del asesinato del concejal, se desataron combates entre las Farc y los paramilitares, y la mayoría de las familias que vivían en el pueblo salieron desplazadas hacia otros municipios. Aunque los subversivos hacían presencia en la zona desde mediados de los años setenta y ‘El Águila’ creó un grupo de paramilitares en el vecino municipio de Yacopí desde 1991, éste fue uno de los primeros enfrentamientos que se dio en la región. (Ver: Lo que hizo las Farc en Cundinamarca)

La Fiscalía ha documentado 200 casos de desplazamiento, 129 homicidios y 26 desapariciones forzadas ocasionados por el Bloque Cundinamarca en los municipios de La Palma, Yacopí, Puerto Salgar, Caparrapí, El Peñon y Topaipí, en su mayoría entre 2001 y 2003. Cifuentes ya aceptó su responsabilidad en estos hechos ante los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. El proceso judicial que se adelanta contra cinco ex paramilitares del Bloque Cundinamarca fue uno de los priorizados por el Ente acusador y se espera que antes de finalizar el año se haya emitido una primera sentencia.

En los próximos días, se realizará en Yacopí una audiencia en la que los victimarios pedirán perdón a la población y las víctimas presentarán sus demandas de verdad, justicia y reparación.

Los destierros de La Palma
Desde comienzos de los años noventa, existió una especie de pacto de no agresión entre los paramilitares y la guerrilla. Según cuentan los palmeros, existía una línea imaginaria en la vereda La Aguada que dividía a La Palma, donde estaban las Farc, con Yacopí, desde donde operaron los ‘paras’ del ‘Águila’. Ninguno de los grupos se atrevía a cruzar.

Fueron las Farc quienes rompieron el pacto. Para los guerrilleros era importante ocupar municipios de Cundinamarca y así acercarse a la capital del país, uno de los objetivos que se trazaron en su Séptima Conferencia en 1982. Para cumplir con este propósito, el grupo insurgente designó a Carlos Osorio Velásquez, alias ‘Marco Aurelio Buendía’, quien se convirtió en el jefe del Comando Conjunto Occidental de las Farc.

Según han dicho postulados de la guerrilla que están en Justicia y Paz, el Frente 22 se financió con robos al Banco Agrario, secuestros y extorsiones; incluso, comenzaron a exigirle el pago de una ‘vacuna’ a los palmeros.  “Entonces ahí es cuando cambia la situación totalmente, porque esa gente llega a pedir porciones y en ese pueblo tan pobre. Trancaban los camiones que iban a Yacopí  y llegaron a hurtar las cosechas de café”, contó a VerdadAbierta, Marlen Vega, defensora de víctimas y quien también fue desplazada por el Bloque Cundinamarca.  

En 1998, el Frente 22 se tomó el municipio de Yacopí. En reacción, alias ‘El Águila’ y Beto Sotelo, un paramilitar que también estaba al mando, decidieron crear el Bloque Cundinamarca. Con ayuda de narcotraficantes, ganaderos, miembros del Ejército y el dinero proveniente del robo de gasolina, este grupo paramilitar se extendió hasta Puerto Salgar, Caparrapí, El Peñon y Topaipí.

En el 2000, el Bloque Cundinamarca hizo sus primeras incursiones a La Palma, un municipio donde hasta ese momento solo hacía presencia las Farc (Ver: El terror que los paramilitares sembraron en La Palma, Cundinamarca). Ese año también llegaron a la zona guerrilleros que habían salido de la zona de distensión en Caquetá con la misión de reforzar el Frente 22. Los combates entre los dos grupos se prolongaron hasta 2004, cuando se desmovilizó el grupo paramilitar.

El segundo desplazamiento masivo, luego de los hechos en el Hoyo Garrapatal, ocurrió en la vereda Hoyo Tudela el 2 de agosto de 2002. Ese día, los paramilitares avisaron que se iban a presentar enfrentamientos con la guerrilla y obligaron a los pobladores a desplazarse amenazándolos con que los matarían si no lo hacían. Así sucedió con Manuel León Romero, un campesino que decidió quedarse en su finca y fue asesinado. Las pocas familias que aún quedaban salieron despavoridas luego de este crimen.

Según la Fiscalía, la mayoría de los pobladores abandonaron sus casas porque los amenazaron. Así sucedió en las veredas Murca, El Cambulo  y Alto de Izacar, donde el exparamilitar José Fernando Sánchez, conocido con el alias de ‘Tumaco’, citó una reunión en polideportivo y les dio  24 horas para salir del pueblo.

Era común que ‘Tumaco’, quien había sido designado como comandante de los ‘paras’ en La Palma, citara reuniones para amenazar a la comunidad. “Nos dijo que la gente que estuviera medio comprometida con la guerrilla tenía tres opciones: la primera era unirse a ellos, la segunda era irse del pueblo y la tercera era morir”, recordó una víctima que asistió a una de las reuniones.

El mayor desplazamiento de La Palma tuvo lugar el entre el 15 de septiembre de 2002, cuando ‘Tumaco’ junto a Narciso Fajardo Marroquín, alias ‘Rasguño’,  instalaron un  retén en un sitio conocido como La Villa, detuvieron varios carros y frente a los pobladores torturaron y mataron a dos muchachos. A los demás les dijeron que fueran a una decena de veredas cercanas y le anunciaran a la gente que tenían un día para salir del pueblo.

“Detuvieron a todos los carros que iban llegando, iban bajando la gente, nos quitaban los documentos y nos acomodaban en un sitio donde revisaban si estábamos en una lista que ellos tenían. Nos mandaron a avisar que tenían 24 horas para desocupar, el que no desocupara lo mataban”, le contó a la Fiscalía una conductor que fue detenido en el retén.  

En octubre de 2002, un mes después del último desplazamiento masivo, los palmeros intentaron regresar a su tierra en compañía de la Gobernación de Cundinamarca, la Red de Solidaridad, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ejército y la Policía. “Íbamos seis buses y solo daba ganas de llorar ver cómo nos habían destruido nuestras casas, todo se lo habían robado”, aseguró Vega.

Pero los enfrentamientos entre los guerrilleros y los paramilitares no habían cesado y muchos fueron desplazados nuevamente. Según cifras del Registro Único de Población Desplazada (Rupd) en el 2000 se presentaron 342 desplazamientos; en 2001 la cifra aumentó a 986; y en 2002, llegó a los 3.000 desplazados.

A finales de 2002, Como parte del Plan Patriota y de la Política de Seguridad Democrática del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, el Ejército Nacional dio inicio a la Operación Libertad I que tenía el objetivo de desarticular a las Farc en Cundinamarca mediante la captura de sus principales jefes. Los bombardeos y enfrentamientos atemorizaron a algunos pobladores que decidieron dejar sus tierras.

Esta operación logró desvertebrar la estructura de las Farc en Cundinamarca a finales de 2003, aunque según reportes oficiales hasta el 2008 algunos guerrilleros siguieron haciendo presencia en la zona. En diciembre de 2004 se desmovilizó el Bloque Cundinamarca y los primeros palmeros comenzaron a retornar.

A 2014 se calcula que una tercera parte de la población regresó a La Palma. La Unidad de Restitución de Tierras documentó los abandonos masivos que ocurrieron en la zona y presentó tres demandas ante los jueces especializados en tierras a nombre de 198 familias que pidieron garantías para retornar. (Ver: Casi 200 familias quieren volver a La Palma)

En Justicia y Paz, la Fiscalía ya formuló cargos por 200 desplazamientos y se espera que en una próxima sentencia se tengan en cuenta cerca de una centena más. En audiencia, los defensores de víctimas aseguraron que gran parte de la información sobre los desplazamientos en La Palma desapareció con la muerte de ‘Tumaco’, quien fue asesinado en Soacha luego de haber anunciado su intención de postularse a la justicia transicional.

Los perseguidos por ‘El Águila’
En 100 de los 129 casos de homicidios que ha investigado la Fiscalía, los paramilitares han dicho que los asesinaron porque tenían algún tipo de conexión con los guerrilleros de las Farc, pero  las víctimas y sus defensores han desmentido esta versión y recuerdan que en medio de la pelea entre unos y otros todos eran tildados como colaboradores de uno de los grupos ilegales.

Los palmeros recuerdan, por ejemplo, que luego de la toma de la guerrilla en Yacopí en 1998, los ‘paras’ hicieron entradas a La Palma de un solo día. Las primeras víctimas fueron conductores de camiones que seguían para trasportar a los pobladores entre las veredas, pero para los hombres del ‘Águila’ colaboraban con la guerrilla. Otra de las victimas recordadas en el pueblo fue una mujer que tenía un restaurante y la acusan de alimentar a las Farc.

Según los relatos de las víctimas, la mayoría de los crímenes ocurrieron en la madrugada, cuando los paramilitares entraban a las casas haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública y luego los amenazaban con sus armas.

Aunque un 90 por ciento de los hechos fueron asesinatos selectivos, la Fiscalía documentó una masacre ocurrida el 10 de febrero de 2004 en la vía que conduce de Morro Colorado a la Autopista Medellín-Bogotá, en Puerto Salgar. Dos paramilitares enviados por alias ‘El Águila’ dispararon contra una camioneta donde se trasportaba un esmeraldero y asesinaron a cinco de sus ocupantes. El único sobreviviente fue el esmeraldero y las víctimas eran parte de su familia

Según ha dicho Cifuentes, la masacre fue una petición de Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, jefe  de las Autodefensas de Puerto Boyacá, quien al parecer se había peleado con el esmeraldero.  En este caso, los paramilitares desaparecieron el cuerpo de las víctimas.

En la mayoría de los 26 casos de desapariciones que hasta el momento ha documentados la Fiscalía, los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena y al río Negro, sobre todo en la vía que de Puerto Salgar conduce a Yacopí y en la inspección del Dindal en Caparrapí.

La desaparición fue un macabro método que usaron también para esconder los cuerpos de los paramilitares que mataban miembros de la misma organización y a unos supuestos ‘caza-recompensas’, como llamaba ‘El Águila’ a las sicarios de la zona que según él querían matarlo por dinero que estaba ofreciendo la guerrilla.