'El Iguano' condenado por masacres y asesinatos políticos

Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, fue sentenciado a ocho años de prisión por 25 masacres de civiles y cuatro asesinatos políticos en Cúcuta. El fallo considera que fueron graves violaciones al DIH y crímenes de guerra.


'El Iguano' fue condenado por 25 masacres y cuatro asesinatos políticos en Cúcuta. Foto: Jose Luis Cubillos/Prensa Fiscalía.

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El paramilitar Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, ex jefe del Bloque Catatumbo de las Auc, fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a una pena ordinaria de 40 años por 170 muertos en 25 masacres y cuatro asesinatos de funcionarios públicos en Cúcuta, Norte de Santander, y sus alrededores.

Sin embargo el desmovilizado, por estar cobijado por la ley de Justicia y Paz tendrá una pena alternativa de ocho años.


‘El Iguano’, de 36 años, fue uno de los encargados por los Castaño para tomarse Norte de Santander. Fue jefe del Frente Fronteras, del Bloque Catatumbo, que dejó más de 5.000 víctimas, varias que desaparecieron en hornos crematorios. 'El Iguano' llegó a ser uno de los hombres más poderosos del departamento, logró controlar y permear la política, la Fiscalía, el DAS, el Ejército, la Policía y el Inpec (Ver artículo La Fiscalía contó cómo las Auc se tomaron Norte de Santander).

Como el primer fallo de Justicia y Paz, esta sentencia fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría, algunos defensores de víctimas y la defensa de ‘El Iguano’ y pasará a la Corte Suprema de Justicia.

Uldi Teresa Jiménez, magistrada de Justicia y Paz, calificó los crímenes de ‘El Iguano’ de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de crímenes de guerra, considerando que todos los delitos, incluso los de “limpieza social”, se cometieron en un conflicto armado y con un aparato militar.

El Tribunal lo condenó por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento, secuestro, tortura, porte ilegal de armas, uso de prendas de las fuerzas armadas, daño a bien ajeno, deportación, terrorismo y extorisón.

La reparación a las víctimas de ‘El Iguano’ se basó en las condenas a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por homicidio, los paramilitares tendrán que pagar 240 millones a las familias de las víctimas, con un máximo de 40 millones de pesos por víctimas sobrevivientes.

Por desplazamiento, cada familia deberá recibir 120 millones de pesos, es decir 17 millones por cada desplazado. El Tribunal también otorgó una indemnización por los secuestrados de 30 millones de pesos.

Como medidas de reparación colectiva, el Tribunal estimó que se le había “un daño grave a Norte de Santander” y ordenó:

- Construir un centro de recuperación para las víctimas en Cúcuta.
- Un acto de perdón público de la Fiscalía, pues la directora seccional de la época, Ana María Flórez Silva, tuvo nexos con los ‘paras’, así como del Congreso, ya que el ex senador Ricardo Elcure Chacón, fue condenando por parapolítica.
- Que la Fiscalía investigue con prioridad las personas señaladas por ‘El Iguano’ de tener nexos con los ‘paras’.
- Un acto público de perdón del Ministerio de Defensa, porque oficiales del Ejército y la Policía se aliaron con las autodefensas.
- Campañas en los medios de comunicación, formación de periodistas y un documental sobre el fallo, para darle dignidad a las víctimas.
- Placas conmemorativas en la Fiscalía de Cúcuta, por el asesinato de dos fiscales; en el mercado, donde los ‘paras’ asesinaron a cinco comerciantes, y en la cancha de fútbol El Chulo, donde desaparecieron personas.

El fallo de la magistrada Uldi Teresa Jiménez también le pide a la Fiscalía crear una subunidad especializada en análisis financiero para buscar bienes que los desmovilizados estén escondiéndole a la justicia.

Además, la Fiscalía tiene que identificar las propiedades de los ‘paras’ muertos y recuperar las que están en extinción de dominio de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por otra parte exige compulsar copias para que la Procuraduría y la Contraloría investiguen a Acción Social, entidad encargada de administrar los bienes del Fondo para Reparación de las Víctimas.

El tribunal denunció negligencias de Acción Social, pues no ha sido capaz de administrar correctamente los bienes entregados por los ‘paras’ y muchos han perdido valor.

El fallo ordena rastrear los bienes de los parapolíticos, militares, comerciantes, empresarios condenados por sus nexos con las Auc. Dictó medidas cautelares contra los inmuebles de las personas que están investigadas por colaborar con las autodefensas.

Por último la sentencia le sugiere al Congreso crear un impuesto a las empresas que financiaron grupos paramilitares y le pide a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación conseguir fondos para las víctimas en el exterior.

Los muertos de ‘El Iguano’
En la audiencia ‘El Iguano’ relató que logró permear por completo las instituciones de Norte de Santander, llegando a tener nexos con fiscales, funcionarios del Das, la Policía y el Ejército. Asesinar líderes políticos, investigadores judiciales y ordenar masacres fue, según el fallo, “una de las estrategias para sembrar terror”.

‘El Iguano’ fue condenado por el asesinato de María del Rosario Silva Ríos, fiscal 26 especializada, el 28 de julio de 2001. Trabajaba desde 1991 para la Fiscalía en Cúcuta y estaba investigando más de 80 casos de narcotráfico y paramilitarismo.

Pocos meses después su reemplazante, Carlos Arturo Pinto Bohórquez, fue asesinado el 1 de noviembre de 2001. El fiscal, de 53 años, investigaba las relaciones entre los paramilitares con empresarios y políticos de Norte de Santander.

El asesinato de Tirso Vélez, por el cual ‘El Iguano’ también fue condenado, impuso la parapolítica en Norte de Santander. Vélez, que fue alcalde de Tibú por la UP, era el candidato que encabezaba las encuestas y el favorito para llegar a la gobernación de Norte de Santander cuando lo mataron el 4 de junio de 2003 (Ver artículo Tirso Vélez, ex alcalde de Tibú).

‘El Iguano’ además ordenó asesinar al asesor de la alcaldía Alfredo Enrique Flórez Ramírez el 6 de octubre de 2003.

El 22 de febrero de 2001, varios paramilitares llegaron al parque principal de Antonia Santos, un barrio fundado por desplazados y dispararon contra todas las personas. Asesinaron a siete personas.

Esta masacre fue una de las peores cometidas en Cúcuta y en la época sembró pánico entre los habitantes de la ciudad y propagó el rumor de operaciones de limpieza social en los barrios populares.

Una de estas fue el 3 de abril de 2002 en el barrio Cecilia Castro, donde los hombres de ‘El Iguano’ atacaron un billar, asesinaron a cinco personas e hirieron a una mujer y a un menor de edad.

El 3 y el 6 de diciembre de 2002 paramilitares asesinaron a cinco comerciantes de la Central de Abastecimientos de Cúcuta (Cenabastos), porque no se dejaron extorsionar por los paramilitares.

Ver multimedia sobre los asesinatos y los crímenes por los que fue condenado 'El Iguano'