Más de seis mil hechos han sido imputados a desmovilizados

Por la sala de justicia y paz han pasado más de un centenar de antiguos militantes de los bloques Córdoba, Norte, Catatumbo, Héctor Julio Peinado, Héroes de los Montes de María, Central Bolívar y Resistencia Tayrona.
Hasta la fecha los fiscales de Justicia y Paz en Barranquilla han avanzado en el esclarecimiento de miles de crímenes en la Costa Caribe. Foto VerdadAbierta.com

Ante los magistrados de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, los fiscales de esta unidad han presentado 104 solicitudes para audiencia de formulación de imputación y medidas de aseguramiento contra 145 miembros de los grupos paramilitares desmovilizados, incluidos algunos de los exjefes de bloque y de frente.

También, pero en menor número, se han realizado audiencias de formulación de cargos, y varias audiencias sobre medidas cautelares y de control previo, así como de requerimientos al Fondo para Reparación de Víctimas de la Agencia Presidencial de Acción Social para el recibo de bienes afectados con medidas cautelares. Todas estas medidas hacen parte de decisiones preliminares a la del juicio y son resueltas por dos magistrados en Barranquilla a los miembros de los grupos adscritos a esta sede regional.

Ante esta sala han sido acusados los exjefes del Bloque Norte, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’; José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’; Adán Rojas Ospino, alias ‘Carrancho’; José Gregorio, Adán, Rigoberto y Camilo Rojas Mendoza conocidos respectivamente con los alias de ‘Goyo’, ‘Negro’ y ‘Escorpión’; Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’; del Bloque Córdoba, Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘El Mono’; Edwin Tirado, alias ‘El Chuzo’; del Bloque Héroes de los Montes de María Edward Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’; Úber Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’; del Bloque Catatumbo, Jorge Iván Laverde, alias ‘Iguano’, entre otros jefes de bloque y de frente sometidos voluntariamente al proceso de justicia y paz.

La fiscalía novena ha solicitado audiencia para formulación de imputación contra los extraditados del Bloque Resistencia Tayrona Hernán Giraldo Serna, alias ‘Taladro’; Nódier Giraldo, alias ‘Cabezón’, Eduardo Vengoechea Mola, alias ‘El Flaco’;  y Norberto Quiroga, alias ‘5.5’ o ‘Beto’, pero las audiencias no se han podido celebrar por dificultades de traslado y coordinación para las transmisiones satelitales con las autoridades penitenciarias y judiciales en los Estados Unidos, donde se encuentran presos desde abril 14 de 2008 cuando fueron extraditados junto con otros 14 ex jefes, como Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, quien se ha negado a comparecer a nuevas versiones por razones de seguridad contra sus familiares.

Los hechos por los cuales la fiscalía les abrió investigación a los desmovilizados están relacionados con el accionar de los grupos paramilitares, por delitos tales como concierto para delinquir, homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento, hurto de tierras y ganados, porte ilegal de armas y reclutamiento de menores todos en calidad de agravado por haber sido cometidos contra personas protegidas por la Convención de Naciones Unidas que protege los Derechos Humanos de personas no involucradas en el conflicto.

Las ex paramilitares que han sido imputados, estuvieron vinculados a grupos armados que delinquieron en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Norte de Santander y parte de Antioquia en la región del Bajo Cauca y el Urabá cordobés.    

Las cifras del Bloque Norte
Al cumplirse cinco años de haber entrado en vigencia la ley 975, el Bloque Norte tiene unas cifras consolidadas que reflejan la magnitud de un fenómeno que no se pensó había alcanzado las dimensiones, que hoy muestran los resultados obtenidos gracias a la confesión de delitos en versión libre y a la investigación adelantada por los distintos despachos judiciales.

A la fecha, el Bloque Norte tiene 5.349 desmovilizados, 590 más que los 4.759 que se desmovilizaron colectivamente en la Mesa, Valledeupar, y Chimila corregimiento del Copey, Cesar, en marzo de 2006. Ese incremento se debe a unas desmovilizaciones individuales posteriores a la realizada entre el gobierno y el grupo armado.

De esos desmovilizados, 633 fueron postulados para rendir versión libre ante Justicia y Paz, pero 362 fueron excluidos porque no ratificaron acogerse a la ley 975; quienes en caso de haber cometido delitos y hayan sido acusados, serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

De las cifras recabadas por el despacho a cargo de la fiscal Deicy Jaramillo Rivera, actualmente 122 postulados rinden versión y sólo uno no ha confesado crímenes. En los cinco años se han realizado 856 sesiones de versión libre, es decir ha habido 856 días dedicados a escuchar las confesiones de los hechos cometidos.

El número de postulados se ha reducido de manera sustancial, más de la mitad, en primer lugar porque 362 no se ratificaron, 56 han muerto en estos cinco años y 82 fueron asignados a otros bloques paramilitares. De los fallecidos uno fue por causas naturales y otro por suicidio, los demás (54), fueron asesinados. Pero la cifra de muertos es mucho mayor si se habla del total de los desmovilizados, pues han muerto 163 y 455 se encuentran presos.

La fiscalía ha logrado también establecer hasta el momento que del total de víctimas enunciadas en versión, 314 son mujeres, 610 son niños, 14 eran servidores públicos, 39 sindicalistas, dos periodistas, 57 indígenas y 15 miembros de la Unión Patriótica.

Aunque existe la tendencia a manifestar que Justicia y Paz ha fracasado, cuando se conocen las cifras del trabajo realizado por los fiscales y sus investigadores reflejan un trabajo arduo de identificación de víctimas, de confirmación de hechos, de compulsar copias contra quienes se involucraron abiertamente con los paramilitares para sacar provecho de sus conductas, la conclusión puede ser distinta.

En el caso de la compulsa de copias contra políticos que fueron aliados del Bloque Norte, la fiscalía ha oficiado a la justicia ordinaria y a la propia Corte Suprema para que investigue la conducta de 44 políticos por delitos contra la administración pública, de los cuales ocho eran senadores, siete representantes, tres gobernadores, veinte alcaldes y seis concejales.

Pero no sólo contra servidores públicos ha compulsado copias la fiscalía, también contra particulares que contribuyeron de diversas formas con el grupo. En este caso oficiaron para que investiguen a 2.964 personas que aportaron a las finanzas o fueron aliados incondicionales de los paramilitares y se tienen tipificados delitos tales como homicidio, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito y operativos militares simulados, entre otros.

De las 334 masacres confirmadas hasta ahora, la fiscalía ha imputado cargos a varios postulados por 50 de las masacres cometidas, por 97 desapariciones, por 1.391 homicidios, de los cuales 294 son agravados y 1.097 fueron cometidos contra personas protegidas. Hasta la fecha se han realizado 22 audiencias de imputación, de las cuales 19 han sido parciales y tres han sido totales, es decir se le imputaron al postulado la totalidad de los hechos confesados y cometidos.

Aunque todavía faltan muchas versiones y audiencias, la fiscal tercera de la Unidad de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo, dice que para poder llegar a conocer las ilicitudes cometidas hasta ahora se debe a los testimonios de los postulados y a las investigaciones de la fiscalía, lo cual ha facilitado la construcción de los sistemas y las formas cómo cometieron sus crímenes los miembros de los once frentes que conformaron el Bloque Norte. También, y gracias a los familiares de las víctimas, han logrado elaborar un álbum fotográfico de más de 1.500 homicidios y desapariciones, víctimas que no hubiera sido posible identificar por los victimarios sólo mencionándole los nombres o las circunstancias de modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Bloque Resistencia Tayrona
Este es uno de los bloques más afectados por la extradición de sus miembros. Su principal cabecilla, Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, su sobrino Nodier Giraldo, alias ‘Cabezón’, y dos de sus más cercanos lugartenientes, como lo son Eduardo Vengoechea Mola, alias ‘El Flaco’ y Norberto Quiroga, alias ‘5.5’ o ‘Beto’, fueron extraditados el 14 de abril de 2007.

La Fiscal 9ª, Zeneida López Cuadrado, cuyo despacho tiene a su cargo la responsabilidad de los hechos del BRT, manifestó que, a pesar de que con la extradición de los jefes se fue gran parte de la verdad, con los subalternos se ha logrado reconstruir más de veinte mil hechos relacionados con desplazamiento, desaparición, homicidios colectivos y masacres de familias enteras que vivían en la Sierra.

El BRT es de los grupos armados más antiguos, empezó como una autodefensa en el año 1977 y se le conoció como las Autodefensas del Mamey, nombre tomado de la vereda del mismo nombre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hernán Giraldo, tenía a la Sierra como una colonia, pues no había presencia institucional del Estado, lo cual le facilitó el sometimiento de la población en 103 veredas. Posteriormente fueron conocidas como las Autodefensas del Magdalena y La Guajira y después de la guerra con Jorge 40 y Mancuso en diciembre de 2001 y enero de 2002, en la cual fue derrotado el BRT, pasaron a llamarse Bloque Norte y ante Justicia y Paz se comenzaron a llamar Resistencia Tayrona.

Al grupo pertenecieron 1.167 personas, entre hombres, mujeres y niños, de las cuales, 642 fueron postuladas al proceso de Justicia y Paz, de esos 300 han sido escuchados en versión y para 12 de los postulados la fiscalía ha solicitado audiencia para formulación de imputación de cargos. En materia de verdad al BRT se le atribuyen 32 masacres, 639 casos de desaparición, 2006 homicidios, 454 homicidios en persona protegida, 15.312 desplazamientos, 107 hechos de narcotráfico, 34 casos de incidencia en elecciones, además de una docena de casos de violencia de género, tortura, secuestro y extorsión.

En versión libre los desmovilizados han confesado 3.115 hechos en 258 audiencias de versión; han encontrado 108 cadáveres en 88 fosas exhumadas y han atendido a 3.573 víctimas en jornadas de atención. Son tan graves los hechos que han contado, que algunos postulados se encuentran bajo el sistema de protección a testigos porque han sido amenazados por lo que han dicho y dos hermanos de un postulado fueron asesinados.

En diálogo con VerdadAbierta.com, la fiscal Zeneida López Cuadrado, manifestó que una de las tareas más importante para el reconocimiento de las víctimas por parte de los postulados, es la construcción de un álbum fotográfico visitando puerta a puerta a sus familiares, pues a los victimarios los nombres de las víctimas no les dice nada. La fiscal y su equipo de trabajo han recorrido todas las veredas de la Sierra Nevada, poblaciones que están a ocho horas del casco urbano más próximo, con el propósito de hacer posible el acceso a la justicia.

Otro punto que destaca la fiscal López Cuadrado, es haber podido incluir a las etnias Kogis, Arhuaco y Kankuamo en el proceso de Justicia y Paz. Proceso en el que no creían, pues había sido impactados por el accionar de los grupos armados que violaron sus territorios con el paso de hombres armados, por haberlos privado del acceso a sus sitios sagrados y por prohibirles a los mamos que se reunieran. Pero también porque algunos de sus miembros fueron asesinados y otros desaparecieron.

La reconstrucción de la verdad que ha logrado el equipo de investigación judicial de la fiscalía novena ha sorprendido a los mismos postulados, que en algunas versiones han pedido a la fiscal que les digan todo lo qué la fiscalía sabe.

Después de cinco años, dice la fiscal Zeneida López, el proceso es bien diferente a como los grupos armados lo habían imaginado, pues se han dado cuenta que para tener el beneficio de la pena alternativa deben contar todo lo que ocurrió y no como creyeron en los primeros días, que se trataba de hacer una declaración sin los detalles que ha logrado obtener la fiscalía en la reconstrucción de los crímenes durante  estos cinco años de versión e investigación.