La plata que financió a los paramilitares en Meta y Vichada

La Fiscalía mostró cómo las autodefensas boletearon a narcotraficantes, petroleras, ganaderos, finqueros y transportadores para pagar la guerra en los Llanos.


Las Acmv se desmovilizaron en 2005.

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En la audiencia de control de legalidad ante magistrados de Justicia y Paz de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa Uno’, Miguel Achury y de Rafael Salgado, alias ‘El Águila’, la Fiscalía 59 de Justicia y Paz contó a la Justicia y a las víctimas de estos grupos paramilitares cómo las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv) financiaron su guerra en Meta y Vichada.

Según el fiscal de Justicia y Paz, entre los que tuvieron que pagarle “impuestos” a los ‘paras’ estaban los lancheros, camioneros, petroleros, pilotos de aviones de fumigación, narcotraficantes, palmeros, arroceros.
 
Las riquezas petroleras de los Llanos fueron aprovechadas por los hombres de ‘Guillermo Torres’ para financiar el grupo. En versiones libres, los ex ‘paras’ hablaron de Campo Rubiales, unos pozos petroleros a 167 kilómetros de Puerto Gaitán, Meta.

En 1995, los desmovilizados contactaron por primera vez los ingenieros del pozo. Estos se quejaban de que el frente 39 de las Farc les pedían víveres, dinero y nombraban trabajadores a su antojo. En 1998, según El Tiempo, la presión guerrillera se hizo demasiado fuerte, secuestraron a varios ingenieros y la empresa australiana Coplex, que tenía el pozo, abandonó la explotación.

Para poder recuperar maquinaria de alto valor como las perforadoras, ‘Guillermo Torres’ dijo que los ingenieros le pedieron ayuda y sus hombres los acompañaron al campo petrolero.

Dos o tres años después, el ex jefe paramilitar contó que varios empresarios fueron a verlo y le pidieron seguridad para regresar al pozo. “Colaboraron con la comida, después con remesas”, señaló ‘Torres’.

Los ‘paras’ además cobraban entre 80.000 y 150.000 pesos por cada camión de crudo que salía de Campo Rubiales. A cambio, los chóferes recibían vales con los que podían circular por la región. Hasta 2009 no existía un oleoducto que sacara el petróleo y todo el crudo salía en tractomulas.

Así la Fiscalía tuvo conocimiento de seis retenes de las autodefensas sobre la vía entre Puerto Gaitán y la explotación petrolera.

Campo Rubiales fue descubierto por Ecopetrol, pero en 1998, por los ataques de la guerrilla y la baja producción, cerró el pozo. En 2002 el empresario brasileño Germán Efremovich, actual dueño de Avianca, adquirió los derechos del campo y reinició la operación en 2003.

Año tras año la producción ha ido creciendo y hoy salen más de 145.000 barriles de petróleo diarios, convirtiéndolo en uno de los campos con más reservas en el país. El campo, donde hay cientos de pozos, pertenece ahora a la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy.

El aporte de los ‘narcos’
Los “impuestos” a los narcotraficantes también fueron otra forma de las Acmv para financiarse. Según demostró la Fiscalía, a partir de 1999, Edgar René Acosta Rodríguez, alias ‘El Flaco o ‘101’, los asesoró para organizar el cobro por kilo que transitaba por su territorio.

René Acosta, según un artículo de El Tiempo, fue teniente de la Policía Antinarcóticas en Guaviare, hizo cursos de operaciones especiales en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos y estuvo en los comandos Jungla, después de recibir clases de instructores ingleses.

“Se retiró de la Policía, siempre iba a Puerto Gaitán a pescar y hablábamos. Me dijo que nos quería colaborar, entró en 1999. Me dijo que por acá pasaban camiones llenos de droga, que nos estaban haciendo goles”, dijo ‘Guillermo Torres’ en una versión.

En un principio las Acmv cobraban entre 80.000 y 180.000 pesos por cada kilo de cocaína, y por los químicos necesarios para la transformación de las hojas de coca en pasta base, que venían del interior del país. Cuando empezó la guerra entre los Buitrago y Miguel Arroyave, el transporte se volvió más difícil y ‘Guillermo Torres’ acordó con los narcotraficantes un pago mensual de 300 millones pesos, sin importar qué cantidad transportaban.

La Fiscalía presentó un documento de las Acmv, decomisado por la Policía cuando aún delinquían, donde precisan cuánto se cobra por la coca que viene de zonas guerrilleras (500.000), que sale en avión (20 millones) y que va a otras zonas controladas por las autodefensas (100.000).

La zona de las Acmv era clave para el transporte de cocaína, pues dominaban el Alto de Neblinas, el único paso por carretera hacia el oriente de Meta y Vichada, uno de los departamentos con más laboratorios en el país según cifras de la Onu.

El dinero del narcotráfico le permitió a las Acmv crecer con rapidez. Según ‘Guillermo Torres’ en 1994 eran apenas 27 hombres. “De 2000 en adelante ya el grupo crece, en el sentido que logramos tener 350 hombres, porque llega el señor ‘101’, o René Acosta”, dijo en una versión libre.

René Acosta fue asesinado en septiembre de 2002 por los Castaño, que lo acusaron de planear el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton.

La mordida a las fincas
Los finqueros también le entregaban dinero a las Acmv. Según un libro de contabilidad entregado por los desmovilizados a la Fiscalía, en Puerto López 230 fincas arroceras, palmeras, de maíz y de sorgo les pagaban. Así, en 2003, lograron recaudar unos 450 millones de pesos. En Puerto Gaitán 107 predios fueron afectados por las extorsiones.

Los ganaderos por su parte pagaban 1000 pesos anuales por hectárea de sabana y 2000 por hectárea de pastos.

Sin embargo, la Fiscalía ha tenido dificultades para verificar el delito, pues no han recibido quejas por extorsión. Según el fiscal, los ‘paras’ llegaron a Puerto López a pedido de algunos ganaderos, y es probable que por eso no quieran salir a la luz.

Los camiones y las lanchas también eran boleteados. La Fiscalía presentó en la audiencia una lista de más de 150 placas de camiones que pagaban hasta 150.000 pesos por viaje.

‘Guillermo Torres’ también le dijo a los magistrados de Justicia y Paz que en algunas ocasiones le cobró hasta cinco por ciento de los contratos a empresas que pavimentaron o instalaron alcantarillado. Sin embargo aclaró que no fue algo sistemático, como se ha documentado en Casanare o en el Caribe.

La justicia tendrá que aclarar si los dineros que estas empresas dieron a las autodefensas fueron voluntarias o producto de extorsiones.