Crímenes de odio del Bloque Resistencia Tayrona

Este grupo paramilitar cometió más de 2.900 homicidios a lo largo y ancho de la Sierra Nevada de Santa Marta, según investigaciones de la Fiscalía Novena de Justicia y Paz.

La ansiedad por matar que sentían los hombres del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) cuando le decían que una persona era guerrillera o tenía vínculos con estos grupos, fue comparada por los mismos desmovilizados, hoy postulados a Justicia y Paz, con el sentimiento que pudieron tener si esa misma persona le hubiera matado a su mama. Por eso la Fiscalía Novena de Justicia y Paz ha denominado a estos homicidios como crímenes de odio.

Las incursiones que hacían en la Sierra Nevada de Santa Marta los paramilitares, comandados por su jefe Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, podían demorar horas, incluso días. Iban tras su víctima y no descansaban hasta encontrarla y matarla.

Los investigadores de la Fiscalía aseguran que la mayoría de integrantes del Bloque Resistencia Tayrona estaban convencidos de la guerra contra la insurgencia, entre otras razones porque ingresaron al grupo desde que eran menores de edad y fueron adoctrinados “bajo una ideología de odio, cimentada en la fuerza y el poder”.

Los paramilitares de Giraldo comenzaron su ruta de la muerte desde los años ochenta, y con el paso del tiempo y el fortalecimiento armado, podían designar desde un pequeño grupo, que ellos llamaban escuadra, a cumplir con la misión de matar a un supuesto subversivo o a una persona que les colaboraba, hasta una o dos compañías, integradas cada una por más de 80 hombres, para atacar comunidades enteras, como lo hicieron con la vereda San Pedro de la Sierra, cuyos habitantes fueron señalados de ser guerrilleros y auxiliadores.

En días pasados, la Fiscalía le imputó al Bloque Resistencia Tayrona hechos que dejaron por lo menos 2.922 víctimas y responsabilizó de ellos a Hernán Giraldo Serna, José del Carmen Gelvez, alias ‘El Canoso’; Norberto Poveda Quiroga, alias ‘Beto’ o 5.5.; Nodier Giraldo Giraldo, alias ‘El Cabezón’; Daniel Giraldo Contreras, alias ‘Grillo’ (hijo de Hernán Giraldo); Carmen Rincón, alias ‘La Tetona’; Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias ‘El Flaco’; José Daniel Mora López, alias ‘Guerrero’; Afranio Manuel Reyes Martínez, alias ‘El Negro’, y Edgar Antonio Ochoa Ballesteros, alias ‘Morrocoyo’.

La temida calle del crimen
En Santa Marta se volvió mito la conocida calle del crimen, esquina de la calle 11 con carrera 11, en el mercado público. En ese sitio el grupo paramilitar cometió varios homicidios, especialmente de los campesinos que llegaban provenientes de las veredas de la Sierra Nevada a aprovisionarse de comestibles. Estos eran acusados de llevarle comida a los grupos subversivos y por ello eran sentenciados a morir.

De acuerdo con las investigaciones que ahora se develan en las audiencias de Justicia y Paz, los paramilitares de Giraldo Serna tuvieron pocos enfrentamientos directos con las guerrillas de las Farc y Eln que hacían presencia en la Sierra Nevada; por el contrario, sus víctimas eran sorprendidas en sus casas, fincas y en las vías.

Lo que concluyó el ente acusador es que la guerra no era con los grupos guerrilleros sino con las personas que ellos consideraban “amigos” de la guerrilla, llegando a estigmatizar a poblaciones enteras. Esto es precisamente lo que le ocurrió a numerosos campesinos de la vereda San Pedro de la Sierra, que murieron en el mercado público de Santa Marta.

Para cometer los asesinatos en las áreas urbanas, los paramilitares ubicados en la parte media y alta de la Sierra, que vestían uniformes camuflados y usaban armas de largo alcance, le avisaban los desplazamientos de los campesinos a los grupos urbanos, que por el contrario vestían de civil, utilizaban armas cortas y se movilizaban en moto, muchas veces en taxis.

A la Fiscalía le llamó la atención que los homicidios cometidos en la zona urbana de Santa Marta se perpetraran sin mayores obstáculos, pues los encargados de matar se desplazaban como cualquier parroquiano, huían en moto, a pie e, incluso, en buses de servicio público. “Se despreciaba a las autoridades y los postulados han confesado crímenes cometidos cerca de los comandos de la Policía y las autoridades no hacían nada”, explicó el fiscal.

Los ‘radiochispas’ que controlaban la Sierra Nevada
Para tener el control de su territorio, el Bloque Resistencia Tayrona utilizó a un gran número de hombres y mujeres de la comunidad para que fueran sus informantes y saber quién salía o entraba a la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos eran llamados ‘radioschispas’ o radioperadores, que estaban ubicados en sitios estratégicos de la Sierra.

Cuando una persona llegaba a la zona, eran los encargados de preguntarle quién era, de dónde venía y quién lo conocía. Si no tenía ningún conocido en la región y las respuestas no los convencían, la mataban. Esta red de informantes era la que daba las señales sobre los campesinos que bajaban a las zonas urbanas con sospecha de ir a hacerle “mandados” a la guerrilla, por eso eran esperados en los mercados públicos, generalmente, donde le daban muerte.

Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’ o ‘El Taladro’, convenció a sus hombres de la teoría de que todo “lo que era guerrilla había que darle de baja” y aunque en las diferentes sesiones de la audiencia en Barranquilla, que inicio en 2013 y continuó en enero y febrero de 2014, no han aceptado que tenían el control de la población, las investigaciones judiciales concluyen dicen que sí porque las comunidades que no eran sus simpatizantes, eran sus enemigos.

Muertes y errores
VerdadAbierta.com conoció que ‘El Patrón’ se adjudicó el papel de “limpieza social”. Le dio la orden a sus hombres de combatir las llamadas “ollas” o sitios donde expendían drogas; de exterminar a los brujos o personas que hicieran practicas satánicas; a los expendedores de medicinas naturales y homeópatas; y a quienes lucieran cabello largos, aretes y tatuajes.

Para tener el control del territorio y garantizar su protección, prohibió a los campesinos de la Sierra la venta de sus tierras, así evitaba también que los indígenas extendieran sus resguardos, etnias a las que veían como neutrales, tal y como dijo en una de sus versiones Daniel Giraldo Contreras: “no eran ni sal ni agua”.

En ese recorrido de guerra, declararon como sus objetivos a simpatizantes de partidos de izquierda, a líderes sindicales, a profesores y estudiantes de la Universidad del Magdalena, a abogados y otros profesionales.

Los postulados del Bloque Resistencia Tayrona que concurren a la audiencia de imputación colectiva reconocieron que también mataron personas por error, como el caso de Rafael Espitia Ortiz, confundido con el profesor de la Universidad del Magdalena, Roque Moreno Zarate, decano de la facultad de Educación. A Espitia lo mataron el 14 de agosto de 2002 en la Ciudadela 20 de Julio de Santa Marta. Según confesaron los paramilitares, su parecido físico con Moreno Zarate los confundió. La familia de Espitia Ortiz fue amenazada para que no denunciara el hecho.

El 5 de septiembre de 2002, le dieron muerte al profesor Roque Alfonso Moreno Zarate, quien fue miembro de las juventudes del partido Comunista y coordinador de la Red Unipaz.

La Fiscalía documento que los paramilitares del Bloque Resistencia Tayrona lideraron “el exterminio y la persecución de profesores y estudiantes de universidades públicas tanto del Magdalena como de dos miembros de estamentos de la Universidad del Atlántico, aun cuando se salieron de su territorio”.

Otro de los errores del Resistencia Tayrona fue el homicidio del joven Nair Carrillo Saraba, a quien asesinaron el 3 de agosto de 1994, cuando estaba en su tienda en el barrio 11 de Noviembre de Santa Marta. Su muerte se produjo porque un tío del joven lo acusó con los paramilitares de ser colaborador de la guerrilla, señalamiento que el grupo armado descubrió era una mentira y la verdadera motivación era que el padre de Nair Carrillo había muerto y estaba en juego la herencia que había dejado. Las Auc mataron meses más tarde al tío de Nair.

Entre los homicidios llevados ante los magistrados de Justicia y Paz, se destacan los siguientes:

*Fernando José Cervantes, Cervantes, en su vehículo le hacía propaganda a la Unión Patriótica. Su muerte ocurrió el 18 de abril de 1998.

*Aníbal Sierra Charris, conducía el carro de Fernando Cervantes. Lo mataron cuando iba en la vía a Gaira, el 5 de marzo de 1998.

*Eduardo Martin Vásquez Jiménez, líder sindical de Electricaribe. Su crimen fue el 4 de julio de 2001 en el Mercado Público de Santa Marta.

*José Francisco Ortega Castillo, más conocido como ‘Pepillo’, dirigente comunitario, secretario departamental del Partido Liberal. Lo acusaron de promover las ideas de la izquierda y lo mataron el 18 de mayo de 2002.

*Miguel Ángel Duarte Quintero, un campesino que vivía en su finca El Porvenir, corregimiento de Bonda. Su familia se desplazó después de su muerte, el 18 de octubre de 1997. Este homicidio fue presentado como caso ilustrativo por la Fiscalía Novena.

*El ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, Enrique Camilo Noguera Aarón, y su conductor Rafael Pérez Atencio. A los dos le dieron muerte en el mirador turístico de Taganga, el 28 de octubre de 2002, porque supuestamente actuaba en contra de las autodefensas y apoyaba a las autoridades.

*Robinson Mejía Villafañe lo mataron el 17 de septiembre de 1997, cuando salía de la Cárcel de Santa Marta, luego de estar varios meses presos por rebelión.

*Dagoberto Berrio Morales, murió de varios tiros en la fatídica calle del crimen en Santa Marta, en el Mercado Publico.

*Ever de Jesús Rodríguez Cruz, a quien señalaban de ser ideólogo del Eln, y su hermano Jairo que padecía problemas mentales, los mataron el 5 de enero de 2002.

*Dagoberto Muñoz Guzmán, su muerte se dio porque supuestamente fue uno de los que puso cargas de dinamita en los hoteles de Santa Marta.

*La muerte de Marta Vásquez Hernández y Roberto Rogelio Villegas, ingeniero pesquero, en hechos en los que quedaron heridos Luis Francisco Vásquez Villegas y Roberto Andrés Villegas Vásquez, es conocida como la masacre del barrio El Pando de Santa Marta. Sucedió el 28 de febrero de 2002. A raíz de estos hechos, la familia se desplazó.

*Luis Miguel Almanza, trabajador de la Universidad del Atlántico, cuestionaba los manejos administrativos de este claustro universitario. Su muerte ocurrió el 26 de agosto de 2000.

*Alfredo Martin Castro, profesor y vicerrector de la Universidad del Atlántico, activista sindical. Lo vinculaban con grupos de izquierda.

*Hugo Maduro, estudiante de la Universidad del Magdalena, y el profesor Hugo Otero, el 5 de septiembre de 2002, en la carrera 19, barrio Ciudadela 20 de Julio.