Magistrada de Justicia y Paz pide al Procurador vigilancia especial a la justicia en La Guajira

Fiscal de Justicia y Paz ha enviado decenas de solicitudes de investigación a los fiscales en Ríohacha y no pasa nada. Paramilitares piden protección pues los terceros involucrados los amenazan con asesinar a sus familiares.

0-version-libre-paras-la-guajiraDesmovilizados del Frente Contrainsurgencia Wayuu en audiencia ante Justicia y Paz.

En una dramática audiencia en la que lloraron familiares de las víctimas y en la que también se le quebró la voz al comandante del Frente Contrainsurgencia Wayuu, Jairo Enrique Samper Cantillo, alias ‘Lucho Pipón’, la magistrada de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, Zoraida Chalela Romano, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que inicié una vigilancia especial sobre la justicia ordinaria en La Guajira, pues el fiscal que ha dirigido las versiones de los postulados ha compulsado copias contra dirigentes políticos, exalcaldes, ganaderos, empresarios y comerciantes, a quienes los paramilitares han acusado de haber sido colaboradores y determinadores de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado, pero después de tres años no hay un capturado.

La solicitud la hizo la magistrada Chalela Romano en desarrollo de una audiencia de imputación de cargos contra once miembros de esta facción paramilitar que operó en La Guajira ligada al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que son acusados de 265 hechos que involucran a más de 1.300 víctimas por delitos de homicidios, masacres, desplazamiento y desaparición forzada.

Además de Samper Cantillo, quien fue uno de los jefes en Maicao y Riohacha desde la creación de este frente armado, estuvieron John Jairo Arrieta Zuleta, alias ‘El grillo’; Luis Antonio Giraldo, alias ‘Gomelo’; José Gregorio Álvarez Andrade, alias ‘Pedro 16’; José Luis Lara Jiménez, alias ‘Balín’; Néstor Buendía, alias ‘El enano’; Guillermo Mercado, alias ‘Niche blanco’; Jaiber Rodríguez, alias ‘Tribilín’; Adán Pérez Romero, alias ‘Chucky’; Víctor Charris, alias ‘El costeño’; y Carlos Guerra Jiménez, alias ‘Richard’.

La audiencia de imputación comenzó hace dos semanas y en su desarrollo las víctimas pueden formular preguntas o hacer declaraciones. Al llegar a la víctima 65, José Manuel Afanador, asesinado el 8 de agosto de 2004 en el municipio de Uribia, pidió la palabra su hermano Enrique, quien fue concejal y aspiró a la Alcaldía de esa población. En su declaración, dijo a los postulados que en la cultura Wayuu no existe la cárcel, quien comete un crimen paga el muerto. Por eso, a él y su familia les da lo mismo que los sicarios estén en la cárcel o no, a cambio les pidió que digan la verdad y así habrá reparación.

José Manuel Afanador fue asesinado en la terraza de su casa por equivocación, pues la orden era asesinar a Enrique, el entonces concejal. El hecho fue confesado por Carlos Guerra Jiménez, alias ‘Richard’, quien en su versión libre señaló como responsable del homicidio de Afanador al alcalde de ese entonces, Marcelino de Jesús Gómez, alias ‘El negro’, quien ejerció el cargo entre 2004 y 2008, con el respaldo de su antecesora Cielo Redondo, quien ha sido alcaldesa dos veces, ha elegido a otros dos alcaldes y tiene como candidato a su hijo, estableciendo una hegemonía en ese municipio.

También fueron acusados como responsables de ese hecho algunos secretarios de entonces, entre otros Marbelis Suárez Torres, secretaria de Obras; María de los Ángeles García Arpushana, secretaria de Asuntos Indígenas; Elías Santander Deluque Gutiérrez, secretario de Gobierno; Lorena Ramírez, gerente del Acueducto y esposa del cabo Barandica de la policía; y la alcaldesa saliente en 2003, Cielo Redondo Mindiola.

Samper Cantillo, jefe de Guerra Jiménez, reconoció que los móviles del homicidio habían sido políticos y estaban dirigidos contra el concejal Afanador, pero como era de noche, los sicarios se confundieron y asesinaron a su hermano Manuel, cuyo cuerpo fue exhumado para practicar una prueba hace 14 meses y todavía se encuentra en Medicina Legal en Barranquilla sin que hasta la fecha se conozcan los resultados de la prueba ni hayan devuelto los restos a sus familiares para volver a sepultarlos.

La magistrada, visiblemente molesta, manifestó que era inaudito que una institución como Medicina Legal estuviera revictimizando a los familiares de Afanador reteniendo durante tanto tiempo unos restos, por ello pidió al Procurador y al Fiscal oficiar a esa entidad para que den los resultados y devuelvan a sus familiares los restos de su hermano, y si no obtienen respuesta, la magistrada anunció que denunciará el hecho ante las autoridades respectivas.

La magistrada le insistió al agente del ministerio público que se dirija al Procurador General para solicitar una visita especial a aquellos procesos en los que se ordenó investigar a los terceros que actuaron como colaboradores del grupo armado.

Los postulados también se refirieron a las amenazas contra ellos y su familia. Jairo Samper, alias ‘Lucho Pipón’, dijo que no supo en qué momento se convirtió en un criminal, “también le he hecho daño a mi familia, pero nosotros estamos comprometidos con la verdad”, y pidió a la Fiscalía que solicite la postulación de su hermano José David Samper, alias ‘Hércules’, quien fue comandante en Uribia, pero el fiscal informó que él hermano había preferido irse por la justicia ordinaria.

También se supo que aunque ‘Hércules’ quiere colaborar con Justicia y Paz, le dijo a su hermano que él prefería pagar 40 años y que no le asesinen a su familia; que eso era preferible a pagar ocho años y cargar por el resto de su vida con el dolor de saber que mataron a sus familiares por denunciar a quienes ordenaron homicidios, desplazamientos y desapariciones forzosas.

Como ‘Hércules’ ha asumido 120 hechos en la justicia ordinaria, la magistrada pidió al fiscal que solicite lo dicho ante los fiscales especializados como prueba trasladada a Justicia y Paz y que se le brinde a este exparamilitar la seguridad necesaria para que pueda hablar sobre lo que conoce en relación de los políticos en La Guajira.

Finalmente, Samper Cantillo, con un nudo en la garganta y los ojos llorosos, dijo que estaba dispuesto a perder la vida, que iba a decir toda la verdad de lo que sabe sobre los terceros que fueron aliados de las Auc, como políticos y comerciantes, que ha sido amenazado por los políticos de Uribia, que le han pedido que se calle y su esposa ha dejado de visitarlo para que no la sigan hasta la nueva vivienda, pues ya le han hecho varias veces la visita y le han dejado razones a su esposo. Carlos Guerra Jiménez, alias ‘Richard’, y Jhon Jairo Arrieta Zuleta, alias ‘El Grillo’, también denunciaron amenazas contra su vida y han tenido que mudar a sus familias.

La magistrada Chalela, indignada, pidió al fiscal de Justicia y Paz y al agente del ministerio público hacer todas las gestiones para que las amenazas no se repitan, se identifique y judicialice a los políticos, alcaldes, exgobernadores, empresarios, comerciantes y ganaderos que tuvieron relaciones con los paramilitares, bien financiando con recursos públicos al frente contrainsurgencia wayuu o también ordenando desapariciones, desplazamientos y homicidios. La parapolítica en La Guajira se mantiene oculta y los que participaron en ella están vigentes, ejerciendo el poder y amenazando a quienes fueron sus aliados.