Las cuentas pendientes de 'Jorge 40'

La Fiscalía radicó la primera imputación contra Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', por crímenes que dejaron más de 500 víctimas. Esta es la primera acusación formal contra el extraditado jefe paramilitar que no colabora con Justicia y Paz desde abril de 2008 cuando tuvo su última versión libre.

Alias 'Jorge 40' está detenido en Estados Unidos.


- La masacre de Nueva Venecia se originó en Pivijay.
- Debora Barros, doliente de sus hermanos Wayúu
- Imputación de crímenes a Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'

Por haber cometido u ordenado crímenes contra 533 personas, hechos ya confesados en versión libre, la Fiscalía Tercera de Justicia y Paz radicó ante un magistrado de control de garantías de la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla, solicitud para audiencia de imputación contra el ex jefe paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 14 de abril de 2008 junto con otros ex jefes paramilitares.

Los hechos a imputar están relacionados con homicidios, masacres, desaparición forzada, tráfico y porte ilegal de armas, secuestro, hurto, reclutamiento de menores, tortura, terrorismo, todas cometidas en concurso (concierto para delinquir) y del cual resultaron como víctimas directas 533 personas, la gran mayoría de las cuales se encontraban en estado de indefensión y eran civiles protegidos por el DIH.

Aunque muchos de los hechos fueron cometidos por los diferentes frentes, en las pocas audiencias a las que asistió antes de ser extraditado, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, los reconoció por haber dado la orden y haber sido informado de los mismos.

Entre los hechos más graves que le imputarán está la masacre de Nueva Venecia, una incursión en la que participaron 60 hombres armados que ingresaron a los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande del Magdalena asesinando a 39 personas a quienes acusaban de ser colaboradores del Eln. Este hecho ha sido reconocido por varios exparamilitares en versión libre, como alias ‘Caballo’, quien afirmó que la orden salió del municipio de Pivijay y fue comandada por Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, asesinado posteriormente.

Según relató Edmundo Guillén Hernández, conocido con el alias de 'Caballo' en una versión libre el 16 de diciembre de 2009 ante el fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, el comando paramilitar que cometió la masacre el 22 de noviembre del año 2000 en el pueblo palafito de Nueva Venecia, partió de Pivijay, Magdalena. La orden, o quien más influyó en alias ‘Esteban’ para asesinar a las treinta nueve personas que murieron en esa incursión de los grupos armados, presuntamente la dio el ganadero Saúl Severini Caballero, quien se desmovilizó con el Bloque Norte el siete de marzo de 2006.

‘Caballo’ perteneció al frente Bernardo Escobar cuyos comandantes fueron alias ‘Esteban’, muerto en el 2001 y alias ‘Rafael’, quien lo remplazó hasta la desmovilización. La zona de operaciones de este frente, adscrito al Bloque Norte, cubría los municipios de Pivijay, Salamina, Gamarra, Remolino, Cerro de San Antonio, Piñón, Sábanas de San Ángel y sus corregimientos.

Guillén Hernández dijo que, el día de la masacre, la mayoría del grupo partió del caserío Las Piedras, municipio de Pivijay, rumbo a Salamina donde se embarcaron en unas chalupas enviadas por alias ‘Parmenio’ de Calamar, municipio de Bolívar a orillas del Canal del Dique. Desde Salamina se fueron por el río y un poco antes del puente Pumarejo que comunica a Barranquilla con Palermo, Magdalena, tomaron el caño Clarín donde mataron a los primeros pescadores con las bayonetas de sus fusiles para no hacer ruido.

El Caño Clarín es uno de los varios canales que alimenta la Ciénaga Grande del Magdalena desde el río homonimo, donde están, entre otros los pueblos palafitos de El Morro o Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Aracataca, donde también ocurrió una masacre perpetrada por el mismo grupo en el mes de enero del mismo año, diez meses antes. El grupo de paramilitares inició su recorrido por el caño Clarín aproximadamente a las ocho de la noche y en su trayecto, antes de llegar a la Ciénaga de Pajaral, asesinaron a una docena de pescadores que a esa hora estaban en sus faenas de pesca. Es común la pesca nocturna.

La Fiscalía también imputó la masacre de Bahía Portete, el 18 de abril de 2004, en la que unos 150 paramilitares al mando de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ y José María Barros Ipuana, alias ‘Chema Bala’, irrumpieron en camperos y motos en varias rancherías de Bahía Portete, en la Alta Guajira. Fueron rancho por rancho; mataron y decapitaron ancianos, quemaron niños vivos, se robaron la "tumas" o piedras sagradas de trueque, destruyeron el centro de salud y profanaron el cementario. Dejaron 12 wayúus muertos y se llevaron a 33 más que nunca aparecieron.

Los paramilitares les dieron 24 horas para sacar las familias y los cuerpos de las víctimas que habían quedado tirados en Bahía Portete. "Ocho mujeres fuimos a recogerlos, eso era horrible, como una pesadilla... las personas estaban muriéndose de sed, tomando agua del mar, con los pies destrozados”, relata Débora Barros, una matrona Wayuú que se ha encargado de que esta masacre no quede en la impunidad. Unas 320 familias huyeron a Venezuela. algunos atravesando el desierto a pie. Solo en ese país la Defensoría del Pueblo los atendió por tener doble nacionalidad. Desde entonces se les volvió una obsesión encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, porque sin ellos no encontrarán la paz interior y la de sus muertos.

Por la masacre de Bahía Portete hay cinco expedientes abiertos. Uno de estos acabó en un juicio contra José María Barrios Ipuana, alias 'Chema Bala', cabecilla del Frente Contrainsurgencia Wayuu que fue condenado a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y una indemnización a las familias sobrevivientes.

Un segundo juicio se inició contra Carmen Barros, hermana de 'Chema Bala', ‘Jorge 40’, ‘Pablo’ y otros paramilitares. Se les acusa ante un juzgado de Bogotá por desplazamiento, masacre, desaparición forzada, tortura, genocidio y concierto para delinquir.

En noviembre de 2007 Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ reconoció ser responsable de la masacre porque “habían identificado que se dedicaban al secuestro y al robo”. Dijo además que ‘Chema Bala’ hacía parte de su estructura, sin embargo tres meses después de la su confesión lo extraditaron a Estados Unidos. Lo mismo le ocurrrió a ‘Chema Bala’ quien nunca reconoció su participación en la masacre.

Aunque los paramilitares se hacían llamar el Frente Contrainsurgencia Wayúu y obedecían a 'Jorge 40', llegaron a la región sobre todo para quedarse con el viejo negocio del contrabando y el tráfico de cocaína, armas y gasolina de Venezuela. Para ver más detalle del contexto en que se dió esta masacre y de sus causas ver: El drama del orgulloso pueblo wayúu de Maria Teresa Ronderos.

La masacre de Villanueva

La Fiscalía también le imputó al ex jefe paramilitar la masacre de Villanueva, en La Guajira, el 7 de diciembre de 1998, en la que fueron asesinadas 11 personas.

Según informó El Tiempo, el bullicio y las parrandas de ese día festivo solo duraron hasta las dos de la madrugada, cuando un comando paramilitar incursionó en el pueblo, que además de hostigar el puesto de Policía, asesinó a 11 personas.

Los paramilitares llegaron haciendo tiros al aire y lanzando luces de bengala para impedir la salida de 55 policías que estaban en la estación e impedir que éstos repelieran el ataque.

En los barrios El Cafetal y San Luis, donde se escucharon los primeros disparos, todos pensaron al principio que eran juegos pirotécnicos, pero el tableteo de los tiros hizo refugiar a toda la población en sus casas.

Los paramilitares estuvieron recorriendo el pueblo entre las 2 y 4 de la madrugada que está al pie de la serranía del Perijá, zona por donde tiene influencia el frente Luciano Ariza del Eln y el frente 59 de las Farc.

Fue durante estas horas que dieron muerte a José Aníbal Garcerón Mejía, de 16 años, estudiante de noveno grado del colegio Roque de Alba; Julio Contreras Rincones, 22 años, estudiante del mismo plantel y se alistaba para recibir grado el 18 de diciembre; los hermanos Nefer Augusto y Alexander Enrique David López, 25 años; Bartolomé Contreras Molina, 28; José Luis Rosado Quintero, Javier Enrique Olmedo Campo, Ramiro Campo Peñaloza, Jeison José Daniel Roja, José Dangond Quintero, Elis Fabián Montero y Erinón José Damián Rojas.

Resultaron heridos Leonel y Alfredo López, Enrique y Petra Molina, quienes fueron trasladados a Valledupar.

La Fiscalía también le imputará a 'Jorge 40' crímenes que ocurrieron en Barranquilla, Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Malambo, Piojó, Repelón, Sabanalarga, Sabanagrande, Soledad (Atlántico);  Dibulla, Villanueva, Uribia (La Guajira); Astrea, Bosconia, Codazzi y Valledeupar (Cesar); El Píñon, Ariguaní, Cerro de San Antonio, Chivolo, Zona Bananera, Sitio Nuevo, Plato, Pijiño, Pivijay y Remolino en Magdalena.

Entre las víctimas se encuentran varias personas que ejercían como concejales y alcaldes en los anteriores municipios, sindicalistas, defensores de derechos humanos, secretarios de salud que no aceptaron entregar la contratación al grupo armado, campesinos, pescadores, ganaderos que resistieron a la vacuna o denunciaron atropellos y una docena de miembros del grupo conocidos con los alias de ‘Bladimir’, ‘Jor’ o ‘Yor’, ‘Fabían’, ‘Pataepalo’, ‘El Chino’, ‘El Niño’, ‘El Doctor’, ‘La Guajira’, ‘El Edil’, ‘La Perra’, ‘Rangel’, Mano de Hierro’ y ‘Matambú’.

También se considera como víctima al Estado porque el grupo que comandó Rodrigo Tovar Pupo, cometió delitos contra la seguridad pública, como lo son el terrorismo, el concierto para delinquir, amenazas contra personas protegidas, la instigación, la utilización ilegal de uniformes privativos de la fuerza pública, así como también la fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los hechos que le imputarán en audiencia que se debe programar con las autoridades judiciales norteamericanas, ocurrieron entre los años 1998 y 2005 en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, en los que delinquía el Bloque Norte del cual era el cabecilla principal. Si todo sale bien, la audiencia se estaría realizando en noviembre.