Miembros de la Fuerza Pública salpicados en masacres de 'Cuco' Vanoy

Los crímenes ocurrieron en Valdivia y Medellín y dejaron siete muertos. Las pruebas presentadas por una Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz podrían conducir a reabrir los casos, que precluyeron beneficiando a los cómplices de los 'paras'.

Aspecto de la diligencia de imputación de cargos contra el ex jefe paramilitar alias 'Cuco' Vanoy. Foto, VerdadAbierta.

 

El ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, declaró ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que en al menos dos masacres perpetradas en Valdivia y Medellín, en las cuales tuvo responsabilidad por línea de mando, estuvieron implicados uniformados de la Policía y el Ejército.

En versión libre realizada en una cárcel federal de Miami entre el 6 y el 8 de diciembre pasado, Alias ‘Cuco’ Vanoy, ex comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), admitió su participación en 600 crímenes cometidos por grupos armados bajo su mando en diversas regiones del departamento, entre ellas el Bajo Cauca antioqueño, donde tuvo su guarida hasta que se desmovilizó, con 2.790 hombres y mujeres, el 20 de enero de 2006.

Los detalles de sus señalamientos contra la Fuerza Pública se conocieron durante la audiencia pública de imputación de cargos ante el magistrado Olimpo Castaño Quintero con funciones de control de garantías, realizada en Medellín.
 
En la diligencia judicial, Patricia Hernández, Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, le imputó varios delitos, entre ellos homicidio, desaparición forzada, hurto calificado, tortura y reclutamiento forzado de menores.

La fiscal Hernández centró su exposición en siete masacres perpetradas entre los años 1990 y 2004. En total, las incursiones armadas dejaron 56 personas muertas, en su mayoría señaladas de auxiliar a las guerrillas y, en algunos casos, acusadas de traicionar al paramilitar en el negocio del tráfico de estupefacientes. Asimismo, estas acciones dejaron varios desaparecidos y comunidades enteras desplazadas de manera forzada.

La descripción de la Fiscal 15 permitió establecer que dos de las siete masacres expuestas tienen tres características en común: en ambas participaron miembros de la Policía y del Ejército, las investigaciones penales y disciplinarias no prosperaron, y, en su momento, las autoridades distrajeron la atención referenciando los crímenes como acciones eficaces de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la versión de Vanoy Murillo, las dos masacres ocurrieron para favorecer sus propios intereses y los intereses del empresario Gustavo Upegui López, máximo accionista del Envigado Fútbol Club y señalado por las autoridades como integrante de la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Operativo antisecuestro
La primera masacre de estas características ocurrió entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1996 en zona rural del corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, norte de Antioquia. De acuerdo con los relatos de la época, un grupo de paramilitares del Bloque Mineros llegó a un sector llamado El Silencio, donde degollaron a Juan Bautista Baena Muñoz, quien se había desempeñado como concejal de esa localidad entre los años 1986 y 1988 por la Unión Patriótica; luego, se trasladaron a la vereda Juntas, donde torturaron y mataron a Elkin Darío Madrigal, a quien le extrajeron la tráquea y la laringe, y a Hipólito González. 

De acuerdo con versiones recogidas por los investigadores judiciales, los paramilitares amarraron y retuvieron a los ancianos Ramón Monsalve y Baltazar Lopera, a quienes obligaron a presenciar la muerte de sus vecinos como una manera de intimidar a los pobladores de esas veredas. En el sitio se escucharon frases como “aquí llegaron los mochacabezas y vamos a acabar con todo lo que huela a guerrilla”.

Interrogado sobre esta masacre, Vanoy Murillo confesó que fue perpetrada por hombres bajo su mando tras recibir instrucciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en el sentido de que en esa vereda la guerrilla mantenía en cautiverio a Juan Pablo Upegui Gallego, hijo del mayor accionista del Envigado Fútbol Club, secuestrado el 29 de enero de 1996 en el municipio de Sabaneta.

De acuerdo con lo relatado por la fiscal Hernández, el ex comandante del Bloque Mineros explicó que desde Medellín le manifestaron que hombres de ‘don Berna’ habían capturado a un miliciano que participó en el operativo del secuestro de Upegui Gallego y, tras ser torturado, confesó que conocía el sitio de cautiverio del joven.

“Entonces ‘don Berna’ le ordenó a Vanoy Murillo organizar un grupo de sus hombres y adelantar el rescate de Upegui Gallego en el sitio que el miliciano había dado a conocer”, relató la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz. “Y justamente, el lugar estaba ubicado en la vereda Juntas. Vanoy Murillo organizó un grupo de 50 hombres, quienes, en compañía de agentes de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía Nacional, llegaron al lugar y rescataron al hijo del empresario del fútbol”. 

Lo declarado por ex jefe paramilitar contrasta con las declaraciones que dieron las autoridades en esa época. Uno de los agentes que participó en el operativo de rescate, llamado Jorge Roa Cartagena, dijo que esa acción fue posible gracias a un informante que se presentó a la Gobernación de Antioquia para ofrecer datos sobre el sitio de cautiverio del joven.

“Él llevó al grupo a una zona de la parte sur de Bolívar, límites con Antioquia, donde, al llegar al lugar, fuimos recibidos por agresión con arma de fuego, y allí tenían al menor Juan Pablo Upegui. En ese procedimiento, por la acción nuestra, fueron dados de baja tres de los secuestradores que lo custodiaban, quienes portaban cada uno una arma de fuego. Según versiones del joven, hubo otros dos que se volaron. El procedimiento se colocó en conocimiento en el municipio de Caucasia”.

La versión fue reafirmada por el empresario deportivo, quien declaró que “un viernes de marzo, se comunicó con nosotros una teniente coronel llamada Teresita, de la Policía Metropolitana, y nos dio la maravillosa noticia que Juan Pablo había sido rescatado por el UNASE en las montañas del Sur de Bolívar, que nos esperaban a la familia al día siguiente sábado en el aeropuerto Olaya Herrera para que lo recibiéramos”.

Días después, en una declaración a las autoridades, Juan Pablo describió el momento del operativo y coincidió con la versión oficial: “recuerdo que fue un día viernes, yo regresaba de bañarme y estaba en el cambuche y había unos tres muchachos cuidándome y otros se encontraban más lejos, cuando escuché la balacera me tiré al piso y apenas terminaron los disparos llegaron los del UNASE y me sacaron de allí y me llevaron a otro lugar caminado dos horas y media y luego en lancha. Como a la 1:30 de la mañana llegamos a un hotel en Caucasia y al otro día nos vinimos para Medellín”.

En declaraciones de prensa, Carlos Alirio Parra Parra, comandante en Medellín del UNASE, manifestó que él mismo dirigió el operativo de rescate, en el que participaron 40 de sus hombres. A su vez, el general Alfredo Salgado Méndez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, le explicó a los periodistas que sus agentes se encontraban en el área donde fue rescatado el menor desde hacía tres días.

El secuestro de Juan Pablo Upegui, el de su hermano Andrés Felipe, ocurrido el 29 de octubre de 1995, y el de varios hijos de empresarios que fueron cercanos al Cartel de Medellín, reactivó las alianzas entre sectores de la Fuerza Pública y narcotraficantes convertidos en paramilitares, siguiendo el modelo aplicado por la organización conocida como Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES), de la cual hizo parte Gustavo Upegui López.

Las operaciones ilegales para dar con los secuestradores generó decenas de muertos y desaparecidos en el Valle de Aburrá. Pese a que las autoridades judiciales iniciaron una investigación penal, que comprometió al empresario deportivo como cabeza visible de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y a varios agentes del UNASE, entre ellos el coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez, en ese entonces director nacional de esa unidad policial, el proceso no pasó de ser una indagación preliminar que fue precluída a favor de los implicados.

En ese sentido, la Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz destacó el valor de la confesión hecha por el ex comandante del Bloque Mineros, pues permitiría la revisión de las actuaciones de la Fiscalía en esa época, lo que podría derivar en una reapertura de ese proceso.

Contra narcotraficantes
La segunda masacre ordenada por Vanoy Murillo fue perpetrada en Medellín el 28 de febrero de 2004 en la unidad residencial Parques del Estadio, contigua a la sede de la IV Brigada en Medellín, y en ella la Fiscal aseguró que participaron uniformados de esa guarnición, quienes hicieron presentaron la acción armada como una operación contra milicianos de las FARC, que supuestamente pretendían atacar esa unidad militar.

En ese operativo perdieron la vida Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo, quienes habían sido declarados “enemigos de las autodefensas” por Vanoy Murillo porque no le habían pagado 460 millones de pesos, producto de una multa impuesta por el ex jefe paramilitar a Berrío Torres tras descubrir que lo intentó engañar al tratar de sacar 80 kilos de base de cosa oculta en un camión del corregimiento La Caucana, de Tarazá, el 17 de junio de 2002 para vendérselo a un traficante de Medellín conocido como ‘Mao Molina’, violando así la norma impuesta en esa región de que toda la base de coca debía ser ofrecida al comandante del Bloque Mineros.

Los problemas entre ellos se agravaron el 30 de noviembre de ese año, cuando se venció la fecha de pago de la millonaria multa y no se canceló. En retaliación, ese mismo día, los paramilitares asesinados a dos trabajadores de Berrío Torres. Al día siguiente, balearon a otro de sus hombres. En diciembre le asesinaron a su hermano y a otro de sus hombres de confianza. Luego, en febrero del año siguiente, acribillaron a dos hombres más, cercanos a este traficante. 

Vanoy Murillo admitió a la Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que contactó a Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, jefe de sicarios de la llamada ‘Oficina de Envigado’, y le ofreció 500 millones de pesos  para que dieran con el paradero de Fredy Hernán Berrío Torres y lo mataran.

Tras una serie de indagaciones que les llevó varios meses, los sicarios de la ‘Oficina’ ubicaron a Berrío Torres y a tres de sus hombres de confianza en un conjunto residencial vecino a la IV Brigada, llamado Parques del Estadio. Allí se habían refugiado en el apartamento 916, del bloque 4. No obstante, no fueron ellos los que llevaron a cabo la acción armada, sino tres uniformados de esa guarnición militar, identificados como el capitán Rogelio Echeverri y los soldados voluntarios Luis Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia, al parecer adscritos al Pelotón Antiterrorista Urbano.

De acuerdo con la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, una vez cometido el múltiple homicidio, los hombres de la ‘Oficina de Envigado’ llamaron a Vanoy Murillo y le informaron que el “trabajo estaba hecho” y luego recibieron los 500 millones de pesos ofrecidos por el ex jefe paramilitar.

No obstante una vez perpetrado el ataque y asesinados los cuatro hombres, la IV Brigada presentó los hechos como un operativo contra supuestos milicianos de las FARC que planeaban un atentado contra esa guarnición militar. La vocería pública del hecho la asumió el entonces Coronel Guillermo Granados, para esa época comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes.

La versión oficial estableció que tropas de esa guarnición militar “intentaron detener a cuatro sospechosos que vivían allí desde hacía poco más de un mes, según la información recolectada por la Inteligencia Militar”. Según la información difundida, “los habitantes del apartamento no atendieron los requerimientos de las tropas y respondieron con disparos, los cuales alcanzaron una de las piernas del primer soldado que intentó ingresar al lugar”.

El coronel Granados presentó a los muertos como supuestos milicianos urbanos de las Farc que pretendían atacar la sede la guarnición militar. Según los reportes de prensa, “los militares que adelantaron el operativo en el edificio encontraron algunos elementos que podrían vincular a los fallecidos con milicias urbanas de las FARC, que estarían preparando algún atentado contra la sede de la IV Brigada”.

En declaraciones a los medios de información, este oficial aseveró que en el apartamento “se encontró un plano que está siendo analizado por inteligencia militar”; agregó que también fueron hallados en el lugar armas, explosivos y recibos por un monto superior a los 600 millones de pesos, según él, “producto de extorsiones a comerciantes del suroccidente de Medellín”; y  dijo que “según libros contables hallados por sus hombres, los muertos manejaban cuentas bancarias pos sumas superiores a los 5 mil millones de pesos”.

La versión oficial fue, incluso, recogida por el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, que en su bitácora del 25 de febrero a marzo 2 del 2004, consignó lo siguiente: “28/02/2004: En Medellín (Antioquia), se registraron combates entre soldados de la IV Brigada del Ejército y las FARC, cuando las tropas allanaron un edificio cerca de la sede de la Brigada. Durante los combates fueron abatidos cuatro subversivos”.

De acuerdo con lo establecido por las indagaciones posteriores a la acción militar, el operativo se hizo sin la presencia de un fiscal, sin ninguna orden de allanamiento y sin informes de policía judicial, lo que le daba un matiz de ilegalidad al operativo; no obstante, el proceso fue legalizado por un fiscal delegado ante el Gaula del Ejército, sin que hubiera estado presente en el lugar durante los hechos.

Si bien la Fiscalía General de la Nación abrió un proceso contra los uniformados, inicialmente, a través de una unidad seccional de vida de Medellín y luego en la Unidad Nacional de Derechos Humanos, las indagaciones no surtieron mayor efecto y la investigación fue precluída el 4 de mayo de 2006. 

Ante las pruebas presentadas, el magistrado Castaño Quintero concluyó que, a la luz de las normas penales vigentes, surgen causales que permiten la instauración de una acción de revisión de este proceso. Para adelantar los trámites respectivos encargó a la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz y al representante de la Procuraduría General de la Nación. La idea es que ambas entidades estudien el caso para confirmar si realmente procede una acción de revisión. 

De confirmarse la idea expuesta por el magistrado Castaño Quintero, el proceso podría reabrirse y nuevamente serían investigados los militares que participaron en el operativo armado, con el fin de determinar si lo confesado por el ex jefe del Bloque Mineros de las AUC es cierto o no.