La ley del gatillo de 'HH'

La aceptación de 88 crímenes en los que tuvo responsabilidad directa o indirecta, demuestran que Ever Velosa García alias 'HH', ex comandante de los bloques Bananero y Calima de las autodefensas, decidía a dedo quién vivía y quién moría en el Urabá antioqueño.

Por Javier Arboleda para Verdadabierta

En breve: del 27 de octubre al 19 de noviembre, Éver Velosa García, alias HH o Carepollo, aceptó la comisión de 88 actos delictivos, en los que tuvo responsabilidad directa en, por lo menos, 172 homicidios cometidos en Urabá, Cauca y Valle del Cauca, entre ellos las masacres del Alto Naya, La Mojana, El Aracatazo y el Golazo. También aceptó su culpa en la muerte de 13 militantes de la Unión Patriótica y 13 sindicalistas de Urabá y Valle del Cauca. Por estos crímenes, el desmovilizado jefe paramilitar recibió medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación y quedó a disposición del magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz.

Otros paramilitares mencionados en las audiencias: los urbanos del bloque Bananeros: alias Monoleche, Manigueto, San Pedro, Chilapo, El tigre, Uber Coca, Wilson, Cepillo, Estopín, Danilo, El Mello, Carlos, El Cura, Giovani.

Funcionarios públicos o políticos presuntamente vinculados con alias HH: general (r) Rito Alejo del Río.

HH ha reconocido hasta el momento la autoría de 182 homicidios, entre los que se encuentran militantes de la UP, sindicalistas y civiles inocentes de los que simplemente tenían rumores en su contra. Foto Semana.

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El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Fernando Javier Cruz Peña, murió porque así lo quiso Ever Velosa García, alias HH o Carepollo, ex comandante del bloque Calima, quien contrarió la orden que recibió de Carlos Cataño Gil, el ex máximo jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, de no tocarlo.

Cruz Peña desapareció el 10 de diciembre de 2000, cuando varios hombres armados, que se le identificaron como miembros de la Policía y la Fiscalía, lo abordaron en una céntrica calle de Cali, Valle del Cauca, donde lo obligaron a bajarse del taxi en el que viajaba y se lo llevaron en un vehículo particular.

El abogado, quien para le época de los hechos era el presidente de la Asociación de Juristas Demócratas, cayó en una trampa de intereses entre algunos mandos de las Auc.

El comando que lo retuvo lo trasladó hasta un predio privado en Jamundí, donde se lo entregaron a un mando paramilitar conocido como Martín, quien dio el aviso a Velosa García de que ya lo tenía en su poder.

El ex jefe del bloque Calima se comunicó por teléfono con Castaño Gil, pero este le dijo que no lo matara, que lo mantuviera con vida mientras negociaban un posible canje entre el jurista y un comerciante que estaba en poder de las Farc.

No estuve de acuerdo y ordené su ejecución”, confesó Velosa García en la audiencia de versión libre, en la que explicó que un guerrillero, apodado Relojito, “que tenía vínculos también con las AUC”, les dijo que el abogado era el encargado de llevar los procesos penales de los presos políticos de las Farc, en Cauca y Valle del Cauca.

Tras su ejecución, los paramilitares enterraron el cadáver de Cruz Peña en una fosa clandestina, de la que siempre tuvieron referencia, al punto que el ex jefe de autodefensas, en una de sus versiones libres, le entregó las coordenadas exactas a la Fiscalía para su exhumación. El ente acusador confirmó de que se trataba efecto del abogado luego de que se practicaran algunas pruebas de ADN.

En este y otros 172 homicidios, Velosa García aceptó su responsabilidad como autor material o intelectual y en relación con su participación en el conflicto interno colombiano en calidad de miembro y comandante de esos bloques de las Auc.

Por estos y otros delitos, documentados en 88 hechos por la Fiscal Nubia Stela Chávez Niño, el magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, basado en que se trata de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Con esa decisión, tomada el pasado miércoles 19 de noviembre, terminó la primera audiencia parcial de imputación de cargos a un ex jefe de las Auc, que comenzó el pasado 10 de noviembre y en el que será juzgado por 200 hechos que confesó en 38 audiencias de versión libre, desde cuando inició su proceso ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

A su disposición

El magistrado Castaño Quintero le suspendió al imputado las 12 medidas de aseguramiento que tenía en su contra en otros procesos que la justicia ordinaria le sigue y determinó que todos los casos quedarán bajo su supervisión para efectos del esclarecimiento de la verdad de la participación del jefe paramilitar en el conflicto colombiano.

Entre los delitos que aceptó en una sala de audiencias en las que las víctimas fueron las principales ausentes, Velosa García reconoció su participación en las masacres del Alto Naya, ocurrida entre el 10 y 12 de abril de 2001, cuando por orden suya murieron 22 personas, todas indígenas, cuyo único pecado fue vivir en un corredor que le servía a las Farc y al Eln de zona de escape y de confinamiento de secuestrados.

El confeso paramilitar, de manera pública, les pidió el perdón a los pueblos indígenas y reconoció que este como el de la casi totalidad de los crímenes que ordenó y ejecutó “afectaron a personas que nada tenía que ver con el conflicto y que nunca debieron de morir”.

También aceptó los cargos y dio algunas explicaciones de cómo sus hombres ingresaron la noche del 3 de abril de 1996 al bar El Golazo, de Apartadó y dispararon contra las personas que departían a esa hora entre quienes –sospechaban- había más de un colaborador de la guerrilla.

Esa condena colectiva la lamentó en la audiencia, Veloza confesó que asesinaron personas o cometieron masacres de personas inocentes basados en rumores que casi nunca verificaban.

Error de cálculo

Velosa García también aceptó los cargos por la masacre de El Aracatazo, ocurrida la noche del 12 de agosto de 1995, en un bar ubicado a pocas cuadras del comando de Policía de Chigorodó, a donde llegaron varios hombres urbanos de las autodefensas con la misión de matar a tres personas que departían allí.

La situación se les salió de las manos a los muchachos y terminaron matando a 18 personas”, contó Velosa García, al explicar que Carlos Castaño le hizo el reclamo por el exceso y lo obligó a tenderles una trampa a los autores materiales del múltiple crimen para que la fuerza pública los capturara.

En efecto, al día siguiente envió a 18 de sus hombres, armados y uniformados, en dos camperos a Turbo, de modo que el Ejército los pudiera sorprender en un retén que montó en la vía a esa población del Urabá antioqueño.

Lo paradójico –hizo énfasis- es que ninguno de los retenidos recibió una condena por la masacre sino que la justicia regional los procesó por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La UP

Velosa García reconoció que mató y ordenó matar a 13 militantes de la Unión Patriótica (UP) en Urabá, basado en la creencia de que este movimiento político nació por iniciativa de las Farc y seguía las indicaciones de este grupo guerrillero.

Dijo que para muchos de esos homicidios se basaron solo en las informaciones suministradas por los desmovilizados del Epl, que antes de unirse a sus filas formaron un grupo que se llamó los Comandos Populares, organización que justificó su accionar como respuesta a los reiterados ataques de las Farc contra quienes decidieron dejar las armas.

Contó que el 23 de mayo de 1995, sus hombres montaron un retén a la entrada de la finca Banafinca y, a la llegada de los trabajadores, pararon el vehículo y, con lista en mano, obligaron a bajar a Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David y Melquicedec Rentería Machado, a quienes mataron de un tiro de fusil en la cabeza por su militancia en la UP.

Antes, el 18 de mayo de ese mismo año, en otro retén que montaron en la vía a la finca La Virgina, en la vía Carepa-Apartadó, bajaron de un chivero a Alejandro Valoyes Mena, a quien torturaron y, antes de dispararle, le dijeron que lo mataban porque ni trabajaba ni dejaba trabajar.

El 19 de enero de 1996, los hombres de HH incursionaron en una vivienda de la vereda Veranillo, de Turbo, donde mataron al concejal de ese municipio, Marcelino José Blanquicet Castro, y al inspector de Policía de esa zona, Manuel Alfredo Flórez García, ambos miembros de la UP.

El ex jefe 'para' recordó en la audiencia que la justicia ordinaria lo había exonerado por este doble crimen, pero que había renunciado a la absolución para aceptar su responsabilidad en el proceso de Justicia y Paz.

“Todas fueron víctimas inocentes. Todas, la mayoría, no murieron en combates sino que murieron en sus casas o en sus lugares de trabajo”, agregó el confeso paramilitar, al insistir en que cometió múltiples errores y que esos errores costaron la vida de muchas personas.

En la lista de muertos de la UP también aparecieron los nombres de Wilton Antonio Garcés Flórez, Edilberto Cuadrado Llorente, Carlos Arturo Moreno López, Julio César Serna, Humberto Pacheco Castillo, Luis Eduardo Cubides Vanegas y Vidal Devia Ramírez, asesinados de manera selectiva entre los años 1995 y 1996 y ante la mirada indiferente de muchas autoridades de la región.

Los sindicalistas

La fiscal Chávez Niño le imputó también 19 homicidios de dirigentes de Sintrainagro, el sindicato de los trabajadores bananeros que los paramilitares diezmaron a punta de ataques y amenazas.

Entre los hechos que aceptó, Velosa García reconoció que el 25 de marzo de 1996, hombres bajo su mando y haciéndose pasar como milicianos de las Farc, llegaron a la finca La Teca, en la vereda Churidó, de Apartadó, de donde obligaron a salir a la gente para que asistiera a una reunión.

Pese a la negativa de Gustavo Antonio Vargas Úsuga, dirigente de Sintrainagro, y a los ruegos de Rosmira del Socorro Guisao Castro, quien les imploró que, por sus tres hijas, nada le hiciera, ambos fueron acribillados. Con sevicia uno de los paramilitares le cortó el cuello a la mujer.

El pánico que generó el Bloque Bananero entre los dirigentes de Sintrainagro obligó al exilio a muchos de ellos, pero otros no corrieron con la misma suerte, pese a que la seguidilla de homicidios daba a entender que se trataba de una acción de exterminio contra esos dirigentes.

Muchos de los crímenes ocurrieron ante la mirada impotente de los trabajadores que, en algunos casos, sabían que algo iba a ocurrir pero que poco pudieron hacer.

La presencia de un campero blanco, en el que se movilizaban los paramilitares y que la gente de Urabá bautizó como Camino al Cielo, era la señal de que una nueva víctima iba a caer, de las tantas que aparecían en las listas negras de las autodefensas.

Esa lista era la sentencia de muerte y producto de esa información murieron los sindicalistas Luis Álvaro David Olivero, Elkin de Jesús Escobar López, Gustavo Alberto Gutiérrez López, Jairo Alberto López Manco, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Luis Antonio Espitia González, Arcesio Gallego Lozano, Misael Antonio Moreno Córdoba, Rogelio Mosquera Palacio, Ángel Huberto Zabala Bejarano, Dayro Darío Pérez Negrete y Elías García Díaz.

En Valle del Cauca

Por orden de 'HH' también murieron asesinados Roberth Cañarte Montealegre, Basilides Quiroga Muñoz, Ana Rubiela Villada Ramírez, James Raúl Ospina y los profesores indígenas Dionila Bitonás Chilgüeso y Ever Valencia Valencia, dirigentes sindicales y comunales de los municipios de Bugalagrande, Dagua, Sevilla y Tuluá (Valle del Cauca).

Velosa García precisó que, sin muchas bases ni pruebas, ordenó la muerte del juez Cuarto Civil Municipal de Buga, Carlos Humberto Trujillo, de 35 años, dirigente de Asonal Judicial en el Valle del Cauca, ocurrida el 25 de enero de 2001, cuando un sicario le disparó por la espalda dentro de un vehículo de servicio público que había salido de Cali.

Estos crímenes son apenas unos cuantos de los que Velosa García –dijo- seguirá confesando una vez reanude sus versiones libres el próximo mes y que calcula superan los cinco mil hechos entre homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.