Desmovilización del Cacique Nutibara fue irregular: Salazar

El ex alcalde de Medellín aseguró ante magistrados de Justicia y Paz que el proceso de reinserción fue utilizado por algunos desmovilizados para acceder a recursos públicos.
 
Alonso Salazar, exlalcalde de Medellín.  

En calidad de testigo ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, hizo una crítica radiográfica del proceso de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al que calificó de irregular y apresurado.

Salazar Jaramillo fue citado por el alto tribunal para que hablara, desde su experiencia, sobre este proceso, en desarrollo del control de legalidad de cargos de cuatro ex miembros del Bloque Cacique Nutibara, quienes fueron postulados a la los beneficios de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, y están en su última etapa de juzgamiento,

El ex funcionario, quien vivió el proceso de reinserción como Secretario de Gobierno durante la administración de Sergio Fajardo Valderrama y, posteriormente, como Alcalde de la ciudad, hizo un recuento, que se inició el 25 de noviembre de 2003, cuando por lo menos 869 hombres y mujeres dejaron sus armas, el primer hecho de esas características bajo los incipientes acuerdos del Gobierno Nacional con las Auc y sin ninguna normatividad para ese tipo de situaciones.

Una de las tesis expuesta por Salazar Jaramillo fue que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, fue formal, pues aunque “muchos de los desmovilizados se han integrado a la legalidad, hay otros que no lo han hecho y no lo hicieron jamás”.

Si bien indicó que no sabría decir si se vincularon personas a última hora, tal como lo denunciaron en su momento algunas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, estableció que en la lista de integrantes del Cacique Nutibara se cubrió por lo menos el 95% de la gente que tendría que estar.

“Que esas personas que formalmente están en esas listas y que formalmente aparecen desmovilizadas se hubiesen acogido a la legalidad ya es otro asunto”, precisó Salazar y para sustentar su punto de vista hizo referencia a la situación de algunos miembros de la junta directiva de la Corporación Democracia, una organización no gubernamental creada en diciembre de 2003 por los mismos desmovilizados para que sirviera de intermediaria con los gobiernos locales, regionales y nacional, y algunos gobiernos extranjeros y organismos multilaterales.

“Fabio Acevedo detenido; Ubaldo Ayala, asesinado; Daniel Mejía, desaparecido; Rogelio (Carlos Mario Aguilar Echeverri) negociando con Estados Unidos, y otra cantidad de líderes importantes en procesos judiciales, esas circunstancias hablan ya de una fractura de la reinserción”, indicó el ex alcalde.

Salazar se refirió a la situación de por lo menos 400 desmovilizados detenidos y admitió que “se utilizó este proceso de la reinserción para mimetizarse, para conformar o pertenecer a muchas organizaciones, para acceder a recursos públicos, pero sin la voluntad real de hacer una vida distinta”.

Entre las irregularidades que mencionó Salazar está la incongruencia de las listas en las que aparecían los nombres de los paramilitares que se iban a desmovilizar y los que realmente se desmovilizaron: “hubo un grupo de hombres que se encontraban en La Ceja pero que no aparecían en los listados o gente que estaba en altos rangos y que no aparecían en la lista y que luego aparecieron en la lista del Bloque Héroes de Granada. Lo que no es comprensible es que la gente que estaba en la zona urbana de Medellín termine desmovilizándose con un grupo rural”.

El ex mandatario de Medellín participó en la desmovilización del Bloque Héroes de Granada, conformado en diciembre de 2003 por un poco más de 2000 personas, muchas de las cuales integraron el Cacique Nutibara que se negaron a participar en la desmovilización y que continuaron bajo órdenes de alias ‘Don Berna’.

“Le hicimos saber al gobierno sobre la incoherencia de las listas, pasó un año en la que no se supo de listas definitivas”, narró Salazar, quien expuso otra de sus tesis, esta vez referida a las deficiencias del Gobierno Nacional de la época para atender este tipo de circunstancias.

“Nosotros hicimos un convenio con el Gobierno Nacional, que ellos mantuvieran la responsabilidad política del proceso y nosotros trabajar activamente en la resocialización, yo lo he dicho durante muchas ocasiones, el Gobierno Nacional no cumplió con esa responsabilidad política, incluso teórica y físicamente abandonó el proceso, no dejo delegados en la zona y luego no atendió la serie de observaciones ante las denuncias que se presentaban”, enfatizó el Exalcalde.

Salazar aseguró que desde que comenzó el empalme como Secretario de Gobierno designado a finales del 2003, “percibimos un caos cuando nos acercábamos al tema de la desmovilización: no había claridad sobre las listas, sobre qué iba a pasar con estas personas luego de la desmovilización. No había claridad sobre el proceso de resocialización, sobre la metodología para que ellos se reintegraran”.

Además, quedo evidenciada “la exagerada premura por la desmovilización”. A pesar del esfuerzo de la Alcaldía por diseñar un plan de reinserción, “el Gobierno nunca escuchó los comentarios y apreciaciones del entonces Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo”.

El ex mandatario no ha sido el único que, en los tribunales de Justicia y Paz, ha cuestionado este proceso. En marzo del año pasado, Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas, aseveró que la desmovilización del Cacique Nutibara fue "ficticia" y se pretendía con ella darle beneficios políticos a los integrantes de la llamada 'Oficina de Envigado'.

En su intervención, Salazar no sólo enfiló sus críticas contra el Gobierno Nacional, también cuestionó el papel de algunas agencias internacionales: “la OEA se limitaba a hacer unos comentarios muy simples y no hicieron una real verificación. También vivieron observadores de organismos internacionales, y tenían, a mi parecer, un pecado: el de la generalización. Algunas de esas verificaciones eran bastante ideológicas”.

Las tesis expuestas llevaron al ex funcionario a explicar que la criminalidad que padeció mientras fue Alcalde de Medellín estuvo relacionada con el abandono del Gobierno Nacional del proceso de desmovilización, el fracaso de la reinserción, la creciente criminalidad en Medellín y la falta de fortalecimiento de la autoridad del Estado.

Al hacer un balance general de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, Salazar reconoció que “ha faltado mucha verdad, ha faltado reparación y vistas en el sentido global las estructuras, si bien han evolucionando y cada día hay que hacer una lectura distinta de estas estructuras, en el fondo han pervivido con básicamente los mismos liderazgos y las mismas prácticas criminales anteriores a la desmovilización”.

Este punto fue importante para los magistrados porque según lo establecido en la Ley de Justicia y Paz, uno de los requisitos para que sea válida la desmovilización es que “el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita”.

El Magistrado que presidió la audiencia expresó su preocupación respecto a la afirmación que realizó el exSecretario de Gobierno sobre la persistencia criminal pese a la desmovilización de los diferentes bloques que delinquieron en la ciudad.

Para ilustrar la situación, Salazar hizo referencia a la trayectoria delincuencial de la banda de ‘Los Triana’: “esta banda es una de las de más largo aliento en Medellín. Se ha afirmado con un control de territorio invulnerable. Desmovilizó alguna parte de sus miembros en el Bloque Cacique Nutibara. Sin embargo, su estructura está vigente. Maneja niveles de autonomía, pero se conecta con los poderes de la ilegalidad en la ciudad”.

También hizo alusión a la zona centrooriental de Medellín, donde, según él, “se han dado ciertas evoluciones desde el mundo criminal, pero siguen siendo controlada por reinsertados”.

La vigencia de estos grupos armados, conocidos como bandas criminales al servicio del narcotráfico y bajo el mando de exparamilitares, algunos desmovilizados y otros no, ha sido la piedra en el zapato del Exalcalde, quien fue suspendido en primera instancia por doce años en el ejercicio de cargos en el sector público por la Procuraduría General de la Nación por haber denunciado públicamente la presunta influencia de estos grupos ilegales en el proceso electoral del 2011 a favor de uno de los candidatos.

Por último recordó que desde hace varios años se le propuso desde Medellín al Gobierno Nacional que se desmontara el proceso de reinserción. “Si después de siete u ocho años una persona no ha llegado a ser reinsertada, creo que difícilmente lo hará, pero no hemos logrado que eso sea un propósito del Gobierno Nacional y de los comisionados. Prolongar errores e ineficiencias me parece muy problemático”, concluyó Salazar Jaramillo.