‘Justicia y paz es una cadena perpetua’: Mancuso

El exjefe paramilitar cree que se necesitarán 200 años para saber la verdad, reparar a las víctimas y recibir una condena que imponga justicia.
Salvatores Mancuso en compañia de su abogado Carlos Suárez en la sala de audiecnias del juzgado quinto de la corte federal de Washington.

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Al finalizar una audiencia de formulación de imputación parcial que duró tres días, el exjefe paramilitar de los bloques Córdoba, Catatumbo y Norte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Salvatore Mancuso Gómez, pidió la palabra al magistrado de control de garantías para expresar su inconformidad por la lentitud con la que se desarrolla el proceso de Justicia y Paz; audiencias y versiones que en el caso de los extraditados se han vuelto más pausadas por la dificultad de organizarlas y realizarlas.

Mancuso, quien se encontraba en la sala de audiencias del Juzgado Quinto de la Corte Federal de Washington en compañía de su abogado y de un fiscal estadounidense, dijo que al paso que se desarrollan las audiencias de versión y de formulación de imputación, los colombianos podremos ver los resultados finales de éste proceso dentro de 200 años. El ex jefe paramilitar expresó su incredulidad diciendo que desde que él ingresó al proceso de Justicia y Paz diciembre del año 2006 ha confesado quinientos (500) de un total de siete mil (7.000) hechos, cometidos por el Bloque Catatumbo del cual fue su creador y comandante, por conductas tipificadas como homicidios, desapariciones, terrorismo, desplazamiento forzado, despojo de tierras y uso privativo de armas y uniformes privativos de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Al paso que se desarrollan las audiencias, dijo el ex jefe paramilitar, se necesitan 42 años para celebrar las audiencias de versión libre que permitan confesar los hechos que faltan y 58 años para que la Fiscalía pueda formular imputación, formular cargos, celebrar los incidentes de reparación y los magistrados dictar sentencia. Si a estos cien años se le suma que él fue comandante del Bloque Norte y del Bloque Córdoba, grupos a los que se le atribuyen unos siete mil hechos más atribuibles a él como jefe de esos grupos, serían cien años adicionales, lo que daría un total de doscientos años de versiones y audiencias para esperar una sentencia.

Estas cuentas de Mancuso encuentran una explicación en el hecho de que para organizar cada audiencia de versión libre, el fiscal que lleva su caso, Leonardo Cabana, debe coordinar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la organización de las audiencias, las cuales deben realizarse con proyección a las salas de víctimas en Montería, Sincelejo, Barranquilla y Cúcuta; una vez resuelta la logística, debe desplazarse a Washington para recibirle la versión.

En el caso de la audiencias de imputación se ha venido programando y aplazando durante seis meses, entre otras razones porque el desplazamiento de Mancuso desde el centro penitenciario donde está recluido hasta el juzgado en la capital de Estados Unidos tarda una hora, tiempo durante el cual cierran la vía para evitar atentados en su contra. El ex jefe paramilitar recibe un trato similar al que recibiría un terrorista de la talla de Osama Bin Laden, pues la caravana que lo transporta entre el sitio de reclusión y la Corte Federal, consta de nueve vehículos blindados y va escoltado por 25 hombres armados.

En estos tres días de formulación de imputación, el fiscal octavo Leonardo Cabana, le imputó un centenar de hechos por delitos tales como homicidios, masacres, desplazamiento y desaparición forzada, actos de terrorismo, los cuales fueron cometidos y confesados por el ex jefe paramilitar con ocasión de su pertenencia a los bloques Córdoba y Catatumbo entre los años 1996 y 2002. Los hechos ocurrieron en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander, donde operaban estos grupos armados bajo su mando.

La formulación de imputación parcial es un momento procesal en el cual el Estado, a través de la Fiscalía le informa a Mancuso que lo está investigando por algunos delitos que ha podido establecer que él cometió o que él ya confesó. Dentro de 60 días debe realizarse una nueva audiencia en la que le formula los cargos por estos mismos hechos. En esta ocasión la Fiscalía le informó que lo investiga por los homicidios de varios profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba, hechos ocurridos entre los años 1996 y 2002.

El fiscal octavo de justicia y paz Leonardo Cabana y el magistrado de control de garantías Eduardo Porras Galindo

En esos atentados fueron asesinados los profesores Manuel Ruiz, Antonio Gárnica, Félix Avilés, William Jaraba, Miguel Arsenio Díaz Urzola, Enrique Arellano, Jaime Alfonso Pérez Chimá, Sheila Olascuaga, Marlis De la Ossa, Pedro Manotas y cometió un atentado contra el funcionario y dirigente sindical de la Universidad de Córdoba René Cabrales Sosa, en el cual murió una nieta de cinco años y Cabrales escapó, pero debió salir del país durante varios años.

El grupo paramilitar acusaba –como suele suceder en esto casos, sin prueba alguna— a los profesores de pertenecer o ser auxiliadores de las Farc, y de haber participado en la organización de atentados cometidos en los años 95 y 96 contra Funpazcor y la Federación de Ganaderos de Córdoba, Ganacor, atentados atribuidos a las Farc. El Fiscal lo acusa de homicidios cometidos contra personas protegidas, pues los hechos en los que perdieron la vida fueron cometidos cuando éstas estaban en estado de indefensión. Además eran personas que no estaban en combate, sino de civiles que se encontraban en sus viviendas, trabajo o simplemente desplazándose entre sus viviendas y lugares de trabajo, es decir ocurrieron en la vía pública generando zozobra y terror entre la población.

También lo acusa la Fiscalía de haber asesinado en Cúcuta a la fiscal especializada María del Rosario Silva Ríos el 31 de julio de 2001, a quien también señalaban de pertenecer a los grupos guerrilleros porque judicializó a varios miembros del Bloque Catatumbo por la comisión de masacres y homicidios selectivos en Norte de Santander a partir del año 1999, cuando se creó el Bloque Catatumbo por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Otro hecho grave cometido dos meses después, fue el homicidio del jefe del CTI de Cúcuta Jesús David Corzo, y heridas a su madre quien se movilizaba con el funcionario judicial por una vía de la capital de Norte de Santander.

Todos los hechos fueron reconocidos por Salvatore Mancuso Gómez en sus versiones, quien además en los casos de desplazamiento forzado cometido contra 99 familias en Córdoba, terminó devolviendo las tierras y diciendo que ahora comprende el miedo que producía la mención de su nombre, pero que en el momento que ocurrieron los hechos él le compró a las personas las tierras.

El fiscal le recordó en repetidas ocasiones que lo acusaba de terrorismo por la manera sistemática como sembraron terror en las comunidades de Córdoba y Norte de Santander, en especial la obsesión por tomarse a sangre y fuego la Universidad de Córdoba para manejarla administrativa y políticamente.

Para los días 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto se programó una nueva audiencia y en las próximas versiones libres Mancuso deberá confesar masacres ocurridas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. Sin duda, Mancuso todavía tiene mucho que decir y se necesitarán horas, días y años para conocer la verdad de los hechos, ojalá no tantos como él cree que se necesitan para que haya justicia y paz en Colombia.

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