Condenan a dos paramilitares por la masacre de El Aracatazo

Los paramilitares alias 'Mono Pecoso' y José Luis Conrado Pérez fueron condenados a 40 años por la masacre de 18 personas en la discoteca El Aracatazo en Chigorodó.
La masacre de El Aracatazo en el Urabá fue una de las varias que realizaron los paramilitares para supuestamente quitarle el control a las guerrillas en esa zona del país.

El Juzgado Segundo Especializado de Antioquia condenó a 40 años de prisión a Dalson López Simanca, alias "Mono Pecoso", y José Luis Conrado Pérez, ex miembros de autodefensas por la masacre de 18 personas.

Según la investigación de un fiscal Derechos Humanos y DIH, el 12 de agosto de 1995 un grupo de paramilitares ingresó a la discoteca y tras obligar a tenderse en el piso a varias personas, las asesinó con armas de corto y largo alcance. Entre las víctimas había sindicalistas y líderes de izquierda de la región de Urabá.

En versión libre ante la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, Ever Veloza García, alias 'HH', ex jefe del Bloque Bananero, aceptó haber autorizado la masacre.

El ex jefe paramilitar se acogió a sentencia anticipada (ver nota) como coautor en la masacre de ocurrida el 12 de agosto de 1995 en el barrio El Bosque. Para esa fecha un grupo de autodefensas irrumpió en El Aracatazo asesinando un nutrido grupo civiles entre los que se encontraban algunos sindicalistas y líderes de izquierda.

Los hombres de Veloza ingresaron al lugar obligando a todos los presentes a tenderse en el suelo, posteriormente prosiguieron a disparar sobre sus víctimas sin ningún tipo de reparo ante los ojos de la comunidad.

En diligencia de versión libre rendida ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz el 29 y 30 de octubre de 2007, Éver Veloza ya había reconocido autorizar la incursión armada de sus hombres en la región, según él, sólo para asesinar a cuatro personas. Para dicha ocasión, “H.H” señaló que debido al los excesos del pelotón Carlos Castaño decidió entregar al Ejercito Nacional los 15 presuntos responsables de la masacre.

Actualmente Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso', y José Luis Conrado Pérez también se encuentran vinculados al proceso por la Fiscalía. El primero dirigió personalmente la acción criminal; el segundo, fue asesinado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 según el testimonio de Éver Veloza.

El 24 de agosto de 2009, agentes del CTI capturaron a Fredy Alfonso Miranda González alias ‘Vampiro’, desmovilizado del ‘Bloque Bananero’ de las autodefensas y partícipe de la masacre.

López Simanca y Conrado Pérez fueron condenados por los delitos de homicidio múltiple agravado y tentativa de homicidio agravado. El primero de los procesados está preso, mientras que el segundo es prófugo de la justicia.

La esquina roja 

El remoquete de “Esquina Roja” se lo ganó Urabá por la estela de muertes que dejaron las diferentes manifestaciones violentas del conflicto armado interno que permearon y afectaron a todos los estamentos sociales de esa región agroindustrial.

Los finales de los años 80, toda la década del 90 y parte de la actual estuvieron signados por la desinstitucionalización, la poca o precaria presencia del Estado y la presión armada de los grupos que se alternaron la lucha por ese dominio en ese lapso y contribuyeron a escalar el conflicto.

El término “población civil” para señalar a la mayoría de las víctimas se acuñó para designar que en medio de las balas, los juicios sumarios y las estigmatizaciones cayeron campesinos, comerciantes, trabajadores formales e informales, transportadores, dirigentes políticos, autoridades, indígenas, representantes de la Iglesia Católica, amas de casa, estudiantes, líderes veredales y barriales y; por supuesto, sindicalistas, que vivieron su propio calvario y cuya historia merece quedar en los anales de la infamia de esa confrontación.

Un estudio de la Escuela Nacional Sindical (ENS) registra, de 1991 a 2007, 8.231 casos de violaciones a los derechos humanos contra sindicalista, discriminados en 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 529 detenciones, 192 atentados, 208 hostigamientos, 159 secuestros, 137 desapariciones, 37 casos de torturas y 34 allanamientos.

Parte de esta cifra las puso el gremio sindical en Urabá que, como ningún otro, sufrió los embates violentos de quienes vieron un peligro en su labor, como la guerrilla, las autodefensas, miembros de organismos de seguridad, algunos empresarios bananeros y hasta las multinacionales.

En muchas ocasiones, los trabajadores bananeros y sindicalistas formaron el sánduche en la presión de uno y otro grupo armado e, incluso, de estos con o contra los organismos de seguridad del Estado.

Primer capítulo

La década del 80 estuvo marcada por los conflictos laborales, dice Mario Agudelo, ex guerrillero del Epl, ex dirigente político del Partido Comunista y luego de Esperanza Paz y Libertad; ex alcalde de Apartadó, ex Diputado a la Asamblea de Antioquia y un exiguo conocedor de esa realidad.

“Podíamos contabilizar hasta 200 paros por la intransigencia de los empresario bananeros”, debido a que, por la misma ausencia del Estado, “en esa zona ni siquiera se aplicaba el Código Sustantivo del Trabajo”, por lo que los trabajadores bananeros peleaban por derechos que, de suyo, ya tenían adquiridos, “como el pago del dominical y las horas extras laboradas o por contar con una jornada de ocho horas y no de 20, como era la costumbre”.

Producto de esa lucha y de la influencia de movimientos sociales y del proselitismo político de la guerrilla –acepta el dirigente- se vivieron largas jornadas zozobra y tensión, “como los paros cívicos de los años 81, 84 y 88”.

La agudización de ese conflicto terminó a finales de los 90 con una gran golpe con las masacre de Honduras y La Negra, perpetrada por las autodefensas que comandaba Fidel Castaño y que venían procedentes del Magdalena Medio, donde nación el paramilitarismo, a principios de la década del 80.

La madrugada del 4 de marzo de 1988, unos 30 hombres entraron armados de fusil a ambas haciendas, sacaron a varios trabajadores, los obligaron a ponerse en fila india y luego les dispararon, en medio de sus familiares y a pesar de los gritos de clemencia de mujeres y niños.

Agudelo reconoce que en su vida subversiva “combinamos todos los métodos de lucha” y, de ahí, la labor política del Epl en las fincas bananeras, presencia que le permitió al grupo ilegal cooptar a casi el 60 por ciento de la militancia en una de las dos agremiaciones de trabajadores que existían a finales de los 80: Sintagro y Sintrabanano, fusionadas años después.

Ambos sindicatos eran manejados políticamente por el Epl y las Farc, pero ese trabajo –cuenta el dirigente- se extendía a otras labores de penetración, “como la presencia en los barrios populares y de invasión”.

Tras la desmovilización del Epl, el 20 de enero 1991, las cosas cambiaron porque, si bien los trabajadores empezaron a “civilizar sus relaciones con los empresarios bananeros y las condujeron por el camino de la regularización”, muchos de ellos sufrieron luego los embates de la guerrilla. “Podríamos decir que hasta mediados de los 90 murieron unas 600 personas”, cuenta Agudelo, en alusión a que “tanto las Farc como los disidentes del Epl nos declararon ‘traidores’ y emprendieron una campaña de exterminio contra nosotros”.

Muchas de las víctimas fueron trabajadores bananeros, en razón a que el Epl, que luego se transformó en la legalidad en partido político, contaba con una vasta base social y de apoyo en las fincas y campamentos bananeros.

Mientras las Farc y la disidencia del Epl arreciaban su conflicto y dejaban decenas de muertos en las fincas, la labor de las autodefensas en estos primeros años del 90, solo se limitó a cuidar algunos predios en el Norte de Urabá y Córdoba, “pues sus jefes, Fidel y Carlos, estaban dedicados combatir a su enemigo en Medellín: Pablo Escobar”.

Después la confrontación cambió y se agudizó entre paras y guerrilla y, aunque en principio se dio a cuenta gotas, después hubo graves y violentos hechos que despertaron el interés nacional sobre lo que estaba sucediendo en la región.

Uno de ellos ocurrió en el barrio de invasión La Chinita, de Apartadó, el 23 de enero de 1994, cuando un grupo de guerrilleros de las Farc y disidentes del Epl entró al caserío, disparó de forma indiscriminada contra los militantes de Esperanza Paz y Libertad (esperanzados), quienes celebraban los resultados obtenidos en las elecciones para Congreso. 35 personas murieron acribilladas.

La de La Chinita fue el inició de una especie de “ping pong” macabro, pues las posiciones se radicalizaron y muchos de los desmovilizados empezaron a aliarse con las autodefensas para enfrentar las agresiones guerrilleras.

En adelante, cuando la guerrilla cometía una masacre en una finca bananera de influencia política de los esperanzados, las autodefensas respondían con otra en un predio de influencia de las Farc. Así se contabilizaron matanzas como las de El Aracatazo, aunque ocurrió en un bar, Bajo El Oso, Osaka y muchas otras más.