Israel Frías: experiencias de la vida sin armas

Más de 48 mil excombatientes dejaron las armas y están en programas de reintegración. El servicio comunitario que prestan se ha convertido en un primer escenario de reconciliación.israel frias

Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la cuarta de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Vea las entregas anteriores:

- María Angélica Guzmán

- Luis Enrique Soto

- 'Carlos'

LA MAGNITUD DE LOS CRÍMENES DEVELADOS POR JUSTICIA Y PAZ

Infografía Justicia y Paz

VerdadAbierta.com presenta un resumen en cifras de lo que han confesado los paramilitares en los últimos diez años.

Los magistrados han hablado duro

Son tal vez las voces más autorizadas para hablar de justicia transicional en Colombia. Su trabajo, que no ha estado exento de críticas, es una fuente de experiencias para futuros procesos de desmovilización. VerdadAbierta.com entrevistó a tres de ellos.entrevistas magistrados jyp

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“Hay muchas verdades, pero pocos la conocen”: Uldi Teresa Jiménez

Esta magistrada del tribunal de Bogotá profirió la primera sentencia de Justicia y Paz, que condenaba la masacre de la Brisas y el desplazamiento de Mampuján en los Montes del María. Hasta ahora ha sido la ponente con mayor cantidad de fallos en esta jurisdicción.

 
 

 
Verdad Abierta: ¿Cree que la verdad judicial es suficiente para dar fe del fenómeno paramilitar?

Uldi Jiménez: Primero quiero aclarar que, a diferencia de lo que se dice, Justicia y Paz no construye la verdad solo con el testimonio de los postulados. En las audiencias hablan las víctimas, los investigadores, los académicos, las autoridades locales y las ONG’s. Le pedimos a la Fiscalía que no se quede con la versión de los postulados, por ejemplo cuando dicen que no cometieron delitos género, sino que vaya a los expedientes judiciales, que revise las estadísticas y los informes.

Nosotros, los magistrados, vamos hasta los lugares donde sucedieron los hechos, porque no podemos sentarnos a escribir un documento sin siquiera conocer las regiones. Yo creo que sí hay una buena recolección de información, la verdad judicial sería suficiente. Lo que pasa es que si me preguntan cuál es la verdad, pues yo no sé cuál es toda la verdad y hasta dónde llega la verdad que acá se discute.

El problema es de difusión. Pocos se leen una decisión de cientos de páginas, incluso en la academia son contados los casos. Una víctima no va a leer una sentencia tan densa, lo que hace falta es encontrar la manera de que esa verdad llegue a la gente.

VA: ¿Qué le deja Justicia y Paz a una posible desmovilización de las Farc?

UJ: Nosotros empezamos de ceros, sin saber cómo funcionaban este tipo de procesos, pero ya hay un camino recorrido. Nuestra experiencia muestra que la etapa de desmovilización es clave y que si no se hace bien, el proceso no sale bien. Por ejemplo, todo lo que se acuerde debe quedar registrado; a nosotros los postulados nos dicen que el gobierno les incumplió, nosotros les decimos pero dónde está escrito todo eso que les prometieron.

En ese momento muchos intereses empiezan a fraguarse para que la verdad no salga y es importante que haya un personal capacitado que aproveche la información ‘en caliente’. Con los menores, el ICBF tiene que ser realista, no puede tratarlos como niños abandonados, es increíble escuchar acá que a veces los entregaban a hogares sustitutos.  

Es importante que las instituciones estén pensando que no se trata solo de las víctimas y los victimarios, sino de reconciliar a la sociedad, a las comunidades enteras. A los postulados que están saliendo en libertad no se les permite volver a las regiones donde operaron porque nunca se hizo esto. No podemos dividir el país: en una parte los paramilitares, en otra los guerrilleros y en otra los supuestamente buenos.

Además, sin importar si los desmovilizados de las Farc van a un centro carcelario o no, es crucial que no se piense solo como un lugar del que no se puedan escapar, sino en un espacio que resocialice.

¿Se les incumplió a las víctimas en términos de reparación?

UJ: Desde el comienzo se les tuvo que decir lo que el Estado estaba en capacidad de pagar, no se debieron crear falsas expectativas. La ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)  fue muy ambiciosa en reparación y en investigación, se esperaba investigar todos los delitos y a todos los postulados y eso es imposible. Nosotros desde la primera sentencia advertimos que no había capacidad de pagar reparaciones judiciales tan altas por la cantidad de víctimas.

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“Nuestro compromiso es divulgar la verdad”: Rubén Darío Pinilla

Presidente de la Sala de Justicia y Paz de Medellín. Sus sentencias se han dado a conocer porque vinculan a reconocidos políticos y a miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares de Antioquia.

 


Verdad Abierta: ¿Cuáles son los aprendizajes de la ley de Justicia y Paz?

Rubén Darío Pinilla: Reveló la incapacidad y la ineficiencia de la Fiscalía para afrontar todas las violaciones a los Derechos Humanos. Mientras sucedían los hechos que hoy en día se atribuyen a los paramilitares, la Fiscalía no fue capaz de responder adecuadamente. Hubo esfuerzos serios como la investigación del Parqueadero Padilla, pero esos no recibieron suficiente apoyo de la institución.

Es necesario replantear la política criminal del Estado y de la Fiscalía enfocada en delitos de menor flagrancia, mientras los hechos más graves han pasado desapercibidos. El resultado no puede ser medido numéricamente por la cantidad de acusaciones.

Justicia y Paz nos mostró que se requiere de una investigación más contextual, no tan individualizada y que los  derechos de las víctimas no solo se limitan a la indemnización.

VA: ¿Qué reveló sobre el papel del Estado en el fenómeno paramilitar?

RDP: Las sentencias han dicho que hubo sectores del Estado que promovieron no solo a las Convivir, sino que auspiciaron y financiaron grupos paramilitares, que hubo participación de las fuerzas militares, de sectores privados y políticos. Esa conjunción de fuerzas, junto con el narcotráfico, permitió que el fenómeno paramilitar creciera y se expandiera con la más completa impunidad, incluso en áreas del poder judicial.

Eso no obedece a actores individuales, porque son fenómenos que encontramos en todas partes, en todas las regiones vemos  batallones, brigadas y altos oficiales involucrados, entonces no se puede decir que son eventos aislados.

Existe evidencia de que el Estado conocía todas esas situaciones. Cuando no fue el Estado el que los impulsó, fue omisivo.  Hay que aclarar que eso que decimos no nos lo imaginamos, hay evidencia que lo demuestra.

VA: Pero su postura es opuesta a lo de otros magistrados.

RDP: Yo diría que lo que se ha dicho es una visión mayoritaria. En la sala de Justicia y Paz en Bogotá también se ha establecido responsabilidad del Estado y también se han generado discusiones por eso. De hecho, en varios fallos ordenan que  los mandatarios pidan perdón. Se está hablando de que hay responsabilidad del Estado, solo que algunos la atribuyen a simples agentes individuales

Nosotros tenemos un compromiso muy claro de divulgar la verdad de los hechos.

VA: ¿Qué cree que se puede replicar en un posible juicio a las Farc?

RDP: Lo que hasta ahora se ha revelado del modelo de justicia transicional mejora mucho de lo que fue la Ley de Justicia y Paz. Pero me parece que se está construyendo sin tener en cuenta y sin aprovechar la experiencia de Justicia y Paz.

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 “Entre sacrificar el tiempo o verdad, prefiero el tiempo”: Alexandra Valencia

Esta magistrada de la sala de Bogotá fue la ponente de la primera sentencia contra Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Auc postulado a Justicia y Paz.

 
 

 
Verdad Abierta: ¿Qué sigue pendiente en Justicia y Paz?

Alexandra Valencia: Las víctimas deben estar mejor representadas y no debe entendérselas como acreedoras. Son muy pocas las que están en todo este proceso por la plata, por eso insisto en que las medidas de satisfacción no pueden esperar a resolverse en la sentencia. No podemos decirle a alguien lo que va a atender un psicólogo de la Unidad de Víctimas solo cuando hay una decisión judicial de por medio.

Debe haber una formación en el tema de perdón, es el perdón el que sostiene la jurisdicción transicional. Se habla de que los postulados muestran un arrepentimiento mecánico e incluso algunos se han reído pidiendo perdón, pero yo no creo que sea morbo o que no se arrepientan, es que no saben cómo pedir perdón, no tienen ningún tipo de formación. El encargado de orientarlos debe ser el juez, quien debe saber de justicia restaurativa y entender que es una pedagogía de justicia, que acá ya no estamos hablando de contrarios.

VA: Hubo un cambio en la forma de investigar, ya no se trata del caso a caso sino de los patrones, ¿qué opina de esta metodología?

AV: Siempre me he resistido a pensar en que esto se deba investigar de una forma aritmética y para mí es una propuesta equivocada de la Fiscalía. Creo que hay que investigar la guerra como suceso social.

El riesgo de la investigación macro es que pueden invisibilizar los delitos subyacentes. Un ejemplo puntual sucedió en el Frente Héctor Julio Peinado, un grupo paramilitar que delinquió en el sur del Cesar, cuando la Fiscalía presentó el homicidio de Daisy, a quien los ‘paras’ sacan de su casa y la matan en el monte. Aunque los registros mostraban que la encontraron desnuda y la ropa interior fue rasgada, se quería imputar solo como un homicidio con arma corto punzante.

Esto funciona bien como sucedió en Argentina, donde hay un solo pronunciamiento sobre la desaparición forzada. No se menciona el caso a caso, pero se selecciona uno que da cuenta de crueldad del delito y se hace un análisis muy cuidadoso de los patrones encontrados en todas las desapariciones y qué dicen estas sobre el tipo de violencia, en este caso de la Junta Militar. No solo es reunir todas las desapariciones en un mismo paquete porque sí.  

VA: Una de las críticas recurrentes habla de muy pocas sentencias, ¿qué dicen ustedes?

AV: El tiempo siempre será un contradictor. Pero entre sacrificar el tiempo o la verdad, prefiero el tiempo. Si el juez transmite el mensaje adecuado a una víctima en medio de una audiencia, esta no necesita la sentencia.

En esta jurisdicción hay un pronóstico de 99% de sentencia condenatoria.  No ocurre como en la justicia ordinaria, pues son los mismos postulados los que levantan la mano para decir que mataron a uno y a otro. Entonces, aunque el fallo es una declaración importante, lo más trascendental ocurre en la misma dinámica de la audiencia. En ella es cuando un excombatiente que burló la ley se vuelve a encontrar con el Estado ausente en los lugares donde operó, es donde las víctimas se reencuentran con quienes fueron los victimarios.

Creo más en el proceso, si debe tardarse muchos años, que lo haga. Lo que sí debe ser previo a la sentencia son las medidas de satisfacción.

'Carlos': experiencias de la vida sin armas

Más de 48 mil excombatientes dejaron las armas y están en programas de reintegración. El servicio comunitario que prestan se ha convertido en un primer escenario de reconciliación.videos reinsertados luis

Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la tercera de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Vea las entregas anteriores:

- María Angélica Guzmán

- Luis Enrique Soto

Los bloques extraviados

Dentro del proceso de Justicia y Paz hay una serie de estructuras sobre las cuales es poco lo que se conoce. Aunque cosecharon miles de víctimas parecen fantasmas cuya existencia y responsabilidades siguen jurídicamente en entredicho.

bloques extravidadosFormación de un grupo paramilitar durante la ceremonia de entrega de armas. Fotos: archivo Semana.

El aporte a la verdad, junto a la desmovilización misma de los bloques, son de lejos los resultados más significativos del proceso de justicia transicional con los paramilitares. Sin embargo, hay una serie de estructuras sobre las cuales la información es escasa.

Las razones son variadas: ya sea por física sustracción de materia, es decir, porque los combatientes desaparecieron en la dinámica de la guerra y hoy no hay quién responda, porque sus ex integrantes desmovilizados no han hecho un aporte significativo, porque no se desmovilizaron, o porque la Fiscalía y la justicia en general no han consolidado investigaciones o procesos que documenten la verdad incluso cuando hay exparamilitares prestos a confesarla. De cualquier modo el resultado siempre es un penoso vacío que prolonga la pena de los dolientes y siembra pantanos en la reconstrucción de la memoria histórica. Verdad Abierta revisó que está pasando, qué se sabe y qué no, respecto cinco de esas estructuras traspapeladas en la historia de la guerra paramilitar.

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Bloque Capital

Aunque recurrentemente se hace mención de esta estructura no son muchas las certezas que se han podido establecer.


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Unos tales ‘Héroes de Gualivá’

La provincia del Gualivá reúne doce municipios al noroccidente de Cundinamarca, con Villeta como su capital.


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Bloque Metro

Desapareció tras las guerra que varios bloques de la Auc le declararon. La Fiscalía 20 de Justicia y Paz procesa a 22 patrulleros.


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Bloque Suroeste antioqueño

Esta es otra de las máquinas de muerte creadas por Vicente Castaño.


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Bloque Pacífico–Héroes del Chocó

El misterio del llamado Bloque Pacífico–Héroes del Chocó está en su mismo nombre.


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Las diez verdades que deja Justicia y Paz (II)

Esta es la segunda parte de las conclusiones contenidas en los extensos fallos de Justicia y Paz. Un primer insumo para una posible Comisión de la Verdad.

marcha upSobrevivientes de la Unión Patriótica en medio de la Marcha por la Paz, realizada el 6 de marzo de 2008. Años más tarde, los magistrados de Justicia y Paz establecieron por primera que vez que esa colectividad fue víctima de un genocidio político. Foto: archivo Semana.

Muchas de las revelaciones de los fallos de Justicia y Paz pueden no ser nuevas para quienes vivieron de frente la guerra. Lo novedoso es que sea un tribunal el que desentierre la verdad y ahora reconozca como ciertas las denuncias que hace décadas hicieron las víctimas: el plan para exterminar a la izquierda política, la máquina de despojo que crearon los ‘paras’ y que benefició a unos empresarios o la cercana relación entre las Auc y los negocios del petróleo.

Con fuertes pronunciamientos, algunos magistrados le han pedido a la Fiscalía llegar hasta el fondo de la investigación y no solo juzgar a los exparmilitares, sino alcanzar a quienes se beneficiaron de la guerra paramilitar. Esta es la segunda entrega de VerdadAbierta.com sobre los diez pronunciamientos más importantes de las sentencias de Justicia y Paz.

Vea aquí los primeros cinco

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El exterminio sistemático

Los desmovilizados no lo reconocen pero de acuerdo con los magistrados de Justicia y Paz, hubo una intención sistemática, masiva y generalizada de los paramilitares de desaparecer liderazgos políticos y sociales.

 

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El agujero negro del despojo

Aunque son muy pocos los casos de despojo reconstruidos por la Fiscalía, los magistrados han hecho algunos pronunciamientos sobre la maquinaria de robo de tierras de los hermanos Castaño. Aún se sabe muy poco de los verdaderos beneficiados de este crimen.

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Gasolina, la otra coca

La investigación por bloques permitió saber que en Cundinamarca, Santander, Tolima y Caldas la guerra no la financiaron los cultivos ilícitos, sino el robo de hidrocarburos.

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Las masacres rescatadas

En los fallos de Justicia y Paz está el detalle de cómo ocurrieron cientos de “masacres pequeñas”, quiénes fueron las víctimas, cómo murieron y quiénes estuvieron detrás de los ataques.

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Guerrila

Las víctimas invisibles

Aunque no ha sido prioridad, las sentencias de Justicia y Paz han sido pioneras en reconocer los crímenes contra los menores de edad, las mujeres y la comunidad Lgtbi.

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