Así rompieron las víctimas su silencio

Hace 10 años, cuando se comenzó a hablar de Justicia y Paz, las víctimas eran invisibles. En esta década han logrado no solo convertirse en un movimiento social, sino en la pieza clave para lograr la paz.

Madres de la Candelaria

Si algo ha cambiado durante una década de aplicación de la Ley de Justicia y Paz es la aparición de un nuevo actor social: las víctimas. En 2005, Colombia no sabía cuántas víctimas tenía, dónde estaban, a qué métodos atroces habían sido sometidas, ni cuán profundo había sido su sufrimiento durante el conflicto.

Estos diez años han servido para que poco a poco el país tenga información sobre ellas. Y sobre todo, para que ellas mismas se organicen en mesas de trabajo, movimientos sectoriales o locales. Hoy prácticamente no existe un municipio en Colombia que haya vivido el conflicto donde no exista alguna agrupación que reivindique los derechos de las víctimas.

Un logro de esa movilización social es que el Estado haya creado algunas instituciones que, además del sistema de justicia, están intentando responder a las demandas de reparación material y simbólica de quienes sufrieron el conflicto, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad de Víctimas, entre otras.

A pesar de que la Ley de Justicia y Paz estaba pensada para satisfacer las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas, hacerse oír ha sido un camino tortuoso para ellas, y el sistema aún tiene muchas deudas pendientes con ellas.

Ha habido una cuota importante de verdad. Especialmente se ha logrado ubicar más 6.400 de cuerpos, de los cuales solo alrededor de la mitad han podido ser identificados y regresados a sus familiares. Las versiones libres y los juicios a los paramilitares, a pesar de su lentitud, han logrado mostrar patrones de victimización a gran escala, y han hecho visibles crímenes hasta ahora olvidados en el país como la violencia sexual. Sin embargo, esta verdad ha sido incompleta.

En materia de justicia, los paramilitares han comparecido ante los tribunales, aunque solo un puñado de ellos han sido condenados, y otros incluso ya han recuperado la libertad. También algunos políticos, especialmente congresistas, alcaldes y concejales, han sido investigados por sus vínculos con grupos paramilitares. No obstante,  la justicia aún no ha logrado atribuir responsabilidades a otros actores claves en las acciones perpetradas por los paramilitares. Hay cerca de 8.000 compulsas de copias en la Fiscalía contra militares, empresarios y políticos, aún sin investigar.

En cuanto a la reparación, esta ha funcionado más por la vía administrativa y a cargo del Estado, pues solo el 6% de los dineros pagados  a las víctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares. Aunque esta reparación ha tenido un impacto muy limitado en las vidas de las víctimas, la promulgación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras significó un gran avance en la creación de políticas de largo plazo para atender sus demandas, y también las dignifica dándoles un reconocimiento social.

La no repetición es una materia pendiente. Si bien la desmovilización de los paramilitares significó una baja sustancial de la violencia contra la población en zonas de control de las AUC, rápidamente otros grupos criminales han copado muchos de estos territorios y reciclado la violencia. El paramilitarismo parece no haber sido desterrado del todo.

El camino recorrido en estos años por las víctimas, con sus avances y retrocesos, tuvo un efecto político y moral muy importante en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. El punto que se refiere a ellas se ha tomado más de año y medio en ser discutido. Por primera vez éstas fueron escuchadas en un escenario de negociación, con su presencia directa en la Mesa de Conversaciones de La Habana. Y aunque este punto no se ha cerrado, ya hay avances como la creación de una comisión de la verdad, un acuerdo sobre búsqueda de desaparecidos y una jurisdicción especial que tiene como centro de gravedad  la verdad, el reconocimiento de las responsabilidades y la restauración.

Las víctimas son actualmente el principal actor de la reconciliación en Colombia.

VerdadAbierta.com presenta una galería con algunos de los personajes más representativos y de los hitos que marcaron estos 10 años de Justicia y Paz.

Click to enlarge image 1.jpg

En julio de 2004 los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, y Ernesto Báez fueron invitados al Congreso de la República en el contexto de la negociación del gobierno de Álvaro Uribe con las AUC. Mientras los tres jefes paramilitares pronunciaban sus discursos políticos en el atril del salón elíptico, desde la barrera, el congresista Iván Cepeda, alzaba, en silencio, el retrato de su padre, el senador comunista Manuel Cepeda, asesinado por paramilitares. Con este gesto de resistencia las víctimas empezaban a emerger en la escena pública. Foto: Archivo Particular

‘Don Mario’ y los pactos de la guerra

El narcotraficante, que fue aceptado y luego expulsado del proceso de Justicia y Paz, reveló la alianza criminal con políticos, el despojo de tierras y la guerra entre bandos paramilitares en los Llanos Orientales.

don mario justicia2Daniel Rendón alias ‘Don Mario’ fue capturado por comandos jungla de la Policía y la Dijín el 15 de abril de 2009 en San Pedro Urabá, en Necoclí, Antioquia. Foto archivo Semana.

El 3 de noviembre de 2009 todos los medios de comunicación estaban alerta. Ese día Daniel Rendón Herrera, conocido en el mundo de hampa como ‘Don Mario’, rindió su primera versión libre ante la Fiscalía 5 de la Unidad de Justicia y Paz. Sus confesiones prometían el encendido de un ‘ventilador’ sobre la violencia paramilitar ocurrida en los Llanos Orientales, cosa que sucedió pero que sólo caló en las primeras planas de la prensa al comienzo del proceso. Lo que vino después fue una serie de declaraciones que permitieron a investigadores y jueces armar el rompecabezas de una guerra que desplazó a 251 mil personas en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada desde 1997 a la fecha actual.

‘Don Mario’ hace parte de una extensa familia campesina criada en Amalfi, un pueblo antioqueño del que también son originarios los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño, y Miguel Arroyave. Bajo el pretexto de combatir a la guerrilla, con el brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fortalecieron su ‘negocio’ del narcotráfico en varias regiones del país. Fue tal su amistad con Vicente Castaño, que este lo envió como cuidador de sus ‘cocinas’ de droga en el Guaviare y en 2002 le encargó como co-equipero de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’ en la jefatura del Bloque Centauros.

El caso de ‘Don Mario’ en el proceso de Justicia y Paz es particular. Pese a que mintió en el proceso de desmovilización al incluirse en los listados del Bloque Centauros como “patrullero” y no como el “jefe de finanzas” para seguir delinquiendo como narcotraficante en la región del Urabá, tras su captura en abril de 2009 el Ministerio del Interior aceptó que se beneficiara con la justicia transicional al considerar que era una pieza clave para desenmascarar el conflicto en el Meta. Esto porque la mayoría de los “altos mandos” de las Auc había sido extraditada en mayo de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Durante cuatro años el exjefe paramilitar rindió múltiples versiones a la Fiscalía y participó de varias audiencias en los tribunales en las que dio luces sobre la complicidad de las Auc con políticos y militares, el despojo de tierras y las guerras internas del paramilitarismo. Pero mientras ‘Don Mario’ colaboraba con la justicia, las autoridades sospechaban que desde la cárcel La Picota, de Bogotá, seguía dirigiedo el rearme de la banda criminal del ‘Clan Úsuga’. Y fue así como en septiembre de 2013 fue expulsado de Justicia y Paz, y en diciembre de 2014 el presidente Juan Manuel Santos firmó su extradición a Estados Unidos.

Don Mario‘Don Mario’ fue le jefe de finanzas del Bloque Centauros entre 2002 y 2004 por orden de Vicente Castaño como cómplice del narcotraficante Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’. Foto archivo Semana.

Y mientras ‘Don Mario’ está ad portas de pasar sus días en una prisión en Estados Unidos para rendir cuentas por narcotráfico ante la Corte del Distrito de Nueva York, su hermano Jhon Jairo Rendón alias ‘Germán Monsalve’ paga una condena por lavado de activos en ese país y Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, otro hermano, está libre tras cumplir con los requisitos de la justicia transicional, según lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá.

“Sin militares ni políticos no hubiéramos existido”

Una verdad revelada en las declaraciones de ‘Don Mario’ fue la alianza criminal entre paramilitares y funcionarios públicos. Varias veces le aseguró a la Fiscalía que sin esa complicidad difícilmente hubieran crecido en hombres y armas. De los 80 paramilitares que los hermanos Castaño enviaron en 1997 desde Apartadó (Antioquia) a San José del Guaviare (Guaviare), el grupo llegó a sumar 2 mil 900 hombres al finalizar 2006. Desde su salida desde el Urabá y llegada al Llano las autoridades no tuvieron reparo. Según las confesiones de los exparamilitares, los dos aviones que los transportaron hasta las selvas del Llano fueron custodiados por la XVII Brigada del Ejército y la justicia condenó a los militares Jaime Humberto Uscátegui, Hernán Orozco y Lino Sánchez por no haber actuado para evitar la masacre de Mapiripán en julio de 1997.

La Dian del Bloque Centauros

‘Don Mario’delinquió en el Meta entre junio de 2002 y septiembre de 2004, y sentó su ‘base’ en el Ariari, una región integrada por siete municipios y con las tierras más fértiles del Meta al estar bañadas por los ríos Ariari, Guape y La Cal. Por orden del narcotraficante Arroyave, alias ‘El Arcángel’, su principal misión fue “reorganizar las finanzas” del grupo, por lo que implementó con más severidad el cobro del impuesto al gramaje (porcentaje por cada kilo de cocaína), ‘retenes’ ilegales, extorsiones a finqueros y comerciantes, el robo de 42 mil cabezas de ganado, la exigencia de porcentajes de la contratación pública así como de cupos del sistema subsidiado de salud Sisben para que sus tropas aseguraran la atención médica.

El Castillo MetaCalles del Castillo, Meta. ‘Don Mario’delinquió en este departamento entre junio de 2002 y septiembre de 2004, y sentó su ‘base’ en el Ariari, una región integrada por siete municipios.

Eso fue posible con la complicidad de políticos y militares, quienes también dieron vía libre al exterminio de la Unión Patriótica (UP), el asesinato de otros líderes y políticos señalados de simpatizar con las ideas de izquierda, del asesinato de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate y del tráfico de armas.

Entre 1986 y 1988 los primeros paramilitares del Llano, venidos y financiados por los narcotraficantes de Puerto Boyacá, asesinaron a 300 integrantes de la UP. Aunque en el Ariari el movimiento político quiso resistir, en 1999 prácticamente desapareció cuando Los Centauros atentaron contra la comitiva municipal de la Alcaldía del Castillo. Fue justo entre 2002 y 2004 que los desplazamientos aumentaron en este municipio con 4 mil 979 personas expulsadas, una situación que en parte se derivó de los “falsos positivos”.

Ex‘paras’ confesaron crímenes en El Castillo, Meta.

‘Don Mario’ le juró a la Fiscalía que llegaron a un pacto con el entonces comandante del Batallón XXI Vargas, con sede en Granada, vecino al municipio de El Castillo, de “darles positivos” a cambio de que no hicieran operativos en su contra. Los desmovilizados creen que unos 200 militares participaron de esta tragedia, permitiendo el asesinato de por lo menos 100 civiles. Uno de ellos fue el joven de 17 años Eyder Quiguanás Rumiqué, quien se encuentra desaparecido después de que una patrulla de la Fuerza de Despliegue Rápido lo asesinara en la vereda La Floresta. Este Batallón fue señalado además de mantener a raya el suministro de armas y municiones de Los Centauros.

Los hombres de 'Don Mario' cuentan cómo se hicieron falsos positivos en el Meta.

El exjefe paramilitar le dijo al organismo investigador que para las elecciones territoriales de 2003 el Bloque Centauros quiso lograr participación política, poniendo ‘fichas’ en concejos, alcaldías y la misma Gobernación, para lo cual el candidato a Euser Rendón (exalcalde de El Dorado) les sirvió de puente. Los paramilitares se convirtieron en la chequera de varias campañas políticas, en ‘la escolta’ de algunos candidatos y en el actor que intimidó a la población para forzar los votos en Villavicencio, Guamal, El Dorado, El Castillo y Granada. De ganar las elecciones, el político se comprometía a entregar el 10 por ciento de la contratación así como tres cargos en la Alcaldía para que las Auc controlaran las finanzas del municipio.

Ese ‘matrimonio’ entre paramilitares y políticos condujo por ejemplo al asesinato del personero Mario Castro Bueno, quien investigaba varios de los “falsos positivos” ocurridos en la región, y del presidente del Concejo José Alirio Bernal, ambos del municipio de El Castillo.

El poder está en la tierra

Fue después de una publicación de la revista Semana en enero de 2012, que ‘Don Mario’ comenzó a dilucidar otra parte del rompecabezas inconcluso de la guerra en los Llanos: la tierra. Hasta ese día las versiones libres de los desmovilizados estaban concentradas en la confesión de asesinatos, desapariciones y desplazamientos; pero no sobre el despojo de tierras. Bajo la sospecha de que las revelaciones de la Revista hacían parte de un “complot” orquestado por su excolega alias ‘Pirata’, ‘Don Mario’ decidió en febrero de ese año destapar las cartas con la afirmación de que 12 mil hectáreas estaban en poder de los paramilitares.

El exjefe paramilitar aseguró que los paramilitares impulsaron la creación de varias sociedades y fundaciones en el municipio de Mapiripán, donde perpetraron la masacre en julio de 1997, para lograr la adjudicción de tierras de origen baldío como ocurrió con las fincas Los Agrados, que suman 4 mil 618 hectáreas, y Los Secretos, que suman otras 4 mil 655 hectáreas. Estas transacciones ocurrieron con la venia Maribel Mahecha, la entonces alcaldesa del pueblo (2008-2011), quien levantó las medidas de protección que tenían las fincas de Mapiripán después de la masacre para poder ser transadas comercialmente. En este periodo el gobernador era Edilberto Castro (2004-2006), señalado también por exparamilitares del Centauros de haber recibido apoyo en su candidatura.

El Secreto de Mapiripán.

En esa versión libre de febrero de 2012, ‘Don Mario’ aseguró además que varias de las fincas que “entregó” como parte de las confesiones de Justicia y Paz seguían en cabeza de varios exparamilitares, refiriéndose a la finca El Ocaso, en San Martín; un cooperativa creada para la producción de palma de aceite y unas viviendas que se hicieron en el barrio Obrero. El exjefe de finanzas dijo que los presuntos cómplices de ‘Pirata’ para esconder esos bienes eran José López Montero alias ‘Caracho’ y a Germán Ramírez alias ‘Vacafiada’, quienes hasta 2011 fueron integrantes de la banda criminal Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), así como Luis Árlex Arango alias ‘Chatarro’ y José Vicente Rivera alias ‘Soldado’.

Aunque ‘Don Mario’ entregó un listado de por lo menos 15 fincas a Justicia y Paz, no contó en detalle cómo fue que se hicieron a éstas. En las audiencias las discusiones se limitaban a informar que los entonces funcionarios de Acción Social no habían actuado con celeridad para administrar estos bienes, varios se encontraban en abandono, el ganado se había perdido y aún no habían entrado al Fondo de Reparación de Víctimas. Pero detrás de estas tierras había una historia de despojo, no confesada por los paramilitares, que terminó siendo revelada por la Unidad de Restitución con la aplicación de la Ley de Víctimas.

En junio de 2015 el Tribunal de Restitución de Tierras de Bogotá emitió un fallo que le restituyó a dos familias sus fincas en el municipio de El Dorado, en Meta, colindantes a los predios Casa Roja y Casa Azul, desde donde ‘despachaba’ ‘Don Mario’. Los magistrados encontaron que el Bloque Centauros despojó a estas familias mediante presión, instalando en los predios ‘bases militares’, hospitales o ‘centros de operación’ y transfiriéndolos con escrituras en notarías. Los destierros ocurrieron cuando Euser Rendón era el alcalde (1998-2000) y las fincas despojadas fueron usadas como sedes de reunión entre políticos locales y paramilitares.

Las confesiones de ‘Don Mario’ diluciadaron la repartición de los Llanos Orientales entre jefes paramilitares y también guerrilleros: la zona del piedemonte, el corredor montañoso que conecta a Cundinamarca con Bogotá, fue controlado por los frentes 53 y 54 de las Farc en cabeza de Henry Castellanos, alias ‘Romaña’; la región del Ariari por ‘Don Mario’ y Géner García Molina, alias ‘Jhon 40’, quien fue jefe del Frente 43 de las Farc conocido como el ‘capo’ de esa guerrilla; los municipios de San Martín y Mapiripán por alias ‘Pirata’ y Vicente Castaño, de forma respectiva; la Altillanura por el grupo Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada o ‘Carranceros’, y el Casanare, por las Autodefensas Campesinas del Casanare en cabeza de alias ‘Tripas’ y ‘Martín Llanos’.

El destierro del Llano.

En febrero de 2014 la Contraloría publicó un informe en el que advirtió sobre 14 casos de acumulación de tierras de origen baldío en Meta, Casanare y Vichada a manos de particulares y empresas nacionales y multinacionales. VerdadAbierta.com encontró que en los Llanos las tierras fueron comercializadas después de la desmovilización paramilitar en 2006. Así documentó tres casos en el Meta, en los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán, donde empresarios acumularon baldíos en terrenos donde los paramilitares del Bloque Centauros y ‘Carranceros’ habían perpetrado su violencia. El interrogante que deja abierta la confesión de ‘Don Mario’ es qué sucedió con las tierras en las que ellos rondaron o despojaron.

¿Quién manda a quién?

Victor Carranza‘Don Mario’ aseguró que el origen de la guerra entre el Bloque Centauros y las Autodefensas Unidas del Casanare fueron comentarios del esmeraldero Víctor Carranza.

Algunos de los despojos ocurridos en el norte del Meta y el sur del Casanare fueron producto de una guerra interna desatada entre el Bloque Centauros y las Autodefensas del Campesinas del Casanare. En una versión libre en noviembre de 2009, ‘Don Mario’ aseguró que el origen de esa disputa fueron comentarios del esmeraldero Víctor Carranza, quien sembró “cizaña” entre Miguel Arroyave, la cabeza del Centauros, y Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, jefe de los paramilitares en Casanare, de que uno quería matar al otro.

Cuando Arroyave le compró la “franquicia” de las Auc en los Llanos a Vicente Castaño las autodefensas de los Buitrago llevaban ya dos décadas en la región y lo que hicieron fue acordar las ‘fronteras invisibles’ sobre los territorios en que cada grupo delinquiría. Arroyave se quedaría con el Meta y ‘Martín Llanos’ seguiría en el Casanare: cada quién con su zona. Pero según las confesiones de varios desmovilizados, Arroyave incumplió ese pacto, situación que terminó de agravarse con la cizaña de Carranza.

De esta forma, a finales de 2003 y mediados de 2004 ambos bandos se declararon la guerra. Mientras Los Centuros enviaron a la mayoría de sus integrantes al municipio de Barranca de Upía, en el Meta, los Buitrago lo hicieron en el municipio de Villanueva, Casanare. Los pobladores de esta zona le contaron a VerdadAbierta.com que los paramilitares se dieron bala noche y día. Según las declaraciones de ‘Don Mario’, en un mes, su grupo se gastó 14 mil millones de pesos en esa guerra y un un solo día utilizaron 100 mil tiros, gastando por lo menos 400 millones de pesos en munición.

Aunque no hay una cifra oficial relacionada con el número de muertos, los paramilitares calcularon que fueron 2 mil, cuyos cuerpos fueron cargados en “zorras” halados por tractores y desaparecidos en fosas. José Reinaldo Cárdenas alias ‘Coplero’, quien fue jefe paramilitar en el municipio de Aguazul, en Casanare, aseguró que para esa guerra fueron reclutados muchos niños y que en su caso reclutó a 30 de un solo tajo en la Semana Santa de 2004.

"Mucho inocente pagó en una guerra sin razón": ‘Coplero’

Esta guerra incluso trascendió a la capital colombiana. Los Centauros crearon el Frente Capital y Los Buitragueños el Frente República para saber cuál de los dos bandos ganaba el pulso de las extorsiones en los barrios populares, el comercio y las plazas de mercado en Bogotá.

Cuando Los Centauros se vieron ‘alcanzados’ en hombres y la posibilidad de perder la guerra, pidieron el apoyo de los demás tentáculos de las Auc como el Calima, el Bloque Central Bolívar, el Norte, el Vencedores de Arauca y el Mineros. Mientras esto sucedía, por aire las fuerzas militares atacaron El Tropezón, un caserío en Puerto López que ‘Martín’ convirtió en su trinchera. Así las Autodefensas Campesinas del Casanare fueron desvertebradas, los Buitrago, padre e hijos, huyeron y 79 de sus hombres fueron muertos. Otros 120 paramilitares bajo el mando de ‘Martín Llanos’ fueron presos. Todo sucedió mientras las Auc negociaban su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave

Euser Rendón, el político que según los desmovilizados fue su “mano derecha” en los Llanos Orientales, fue asesinado el 12 de septiembre de 2004 en Bogotá por orden de Miguel Arroyave. Considerando que su jefe “cometía excesos”, extorsionaba a los ganaderos de la región y además asesinaba para despojar tierras, ‘Pirata’ y ‘Chatarro’ le contaron a la Fiscalía que el 19 de septiembre decidieron matar a su jefe.

Con la muerte de Arroyave se abrió un nuevo capítulo de las disputas internas por quién mandaba a quién entre los paramilitares del Llano. En la clandestinidad y reducidos por sus propios pares, Los Buitrago no quisieron hacer parte de la sigla Auc ni de las listas de desmovilización de 2005 y 2006. Como fueron de los pocos grupos que no se acogieron al proceso de Justicia y Paz, las víctimas del Casanare han sido de las más excluidas de la justicia transicional, pues ni los desmovilizados confesaron sus crímenes y ni de momento, la Unidad de Tierras ha comenzado a documentar los despojos.

Por su parte Los Centauros se fracturaron en tres: el ‘grupo de los leales’ a Arroyave se desmovilizó en septiembre de 2005 bajo la firma de Vicente Castaño; y los dos grupos que participaron del asesinato del narcotraficante se autodenominaron ‘Héroes de los Llanos’ (al mando de ‘Pirata’) y ‘Héroes del Guaviare’ (al mando de ‘Cuchillo’). Ambos se desmovilizaron en abril de 2006.

De esas guerras quedaron paramilitares ávidos de continuar con el ‘negocio’ del narcotráfico y ‘Don Mario’ se escubulló hacia el Urabá buscando el apoyo de su hermano para después impulsar la banda criminal ‘los Urabeños’ junto a Juan de Dios Úsuga David alias ‘Geovanny’, quien fue muerto en 2012 en un operativo de la Policía, y a Dairo Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’, quien sigue prófugo. ‘Cuchillo’, quien se desmovilizó, se rearmó en el Guaviare y a punta de ‘cocinas’ hizo crecer a la banda que bautizó como Erpac. Murió en un operativo en diciembre de 2010 y la mayoría de sus hombres se entregó a la Fiscalía un año después. Aunque ‘Don Mario’ le juró a la justicia que él no seguía delinquiendo desde el pabellón de máxima seguridad de La Picota y que por el contrario, fue uno los exjefes paramilitares más dispuestos a confesar sus crímenes en Justicia y Paz, los investigadores siguieron sospechando y encontraron que seguía siendo sombra de ‘los Urabeños’. Por eso fue expulsado del proceso de Justicia y Paz en septiembre de 2013 y un año después la Corte Suprema avaló su extradición. En Colombia, ‘Don Mario’ dejó tres pistas para esclarecer el conflicto en los Llanos: la ‘parapolítica’, el despojo de tierras y el rearme.

 

Justicia y Paz: ¿dónde está la plata que se esconde tras la guerra?

Con improvisación, corrupción y negligencia las instituciones han puesto su grano de arena en este enredo.

El país sigue en mora de encontrar las ganancias económicas del conflicto. Solo el 6% del dinero para reparar a las víctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares. Con improvisación, corrupción y negligencia las instituciones han puesto su grano de arena en este enredo.

Incautación de BienesEn 2013 la Fiscalía comenzó a investigar en forma los bienes y los activos que esconden los desmovilizados. Foto: Revista Semana.

Tal como está en el papel, para acceder a los ocho años de prisión que promete la justicia transicional, los desmovilizados debían entregar todos sus bienes en pro de la reparación. Diez años después de expedida la Ley de Justicia y Paz, el balance es pobre: las entregas fueron insuficientes, la Fiscalía se demoró en perseguir los bienes y miles de millones de pesos se perdieron por la mala administración que el Gobierno hizo de ellas.

Las más afectadas por este desorden han sido las víctimas. En el caso hipotético de que se vendieran todos los bienes entregados por los excombatientes y su valor se dividiera entre las cerca de 500 mil de víctimas que hacen parte del proceso, a cada una le correspondería solo medio millón de pesos.

Incautación de BienesCon información del Fondo de Reparación a las Víctimas.

Hasta ahora, solo a las víctimas reconocidas en la primera de las 33 sentencias proferidas se les entregó el dinero que ordenaron los jueces. Al resto, la Unidad de víctimas les entrega montos considerablemente menores, porque la plata no alcanza.

Justicia y Paz está lejos de terminar y aunque los exparamilitares y exguerrilleros ya están saliendo libres, sólo el 4% de las víctimas han sido reconocidas en sentencias y ninguno de los bienes entregado se ha vendido.

Sin duda, todo este proceso ha dejado lecciones sobre cómo investigar y administrar de manera más eficiente lo entregado por los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, la pregunta que queda es si en diez años de discusiones jurídicas y errores garrafales se perdió una oportunidad única de perseguir las ganancias del paramilitarismo.

VerdadAbierta.com presenta las fallas más importantes y los tropiezos más comunes con los que se ha topado la justicia transicional para encontrar los verdaderos dineros que se esconden tras la guerra.

Investigación tardía

En el papel la Ley dejó claras las obligaciones pero no los mecanismos para recuperar los bienes. Por eso los primeros años se fueron en discusiones jurídicas e improvisaciones, hasta que las altas cortes fueron despejando el camino. Los resultados más importantes se produjeron recientemente, cuando los primeros exparamilitares comenzaron a salir de la cárcel.

La Ley original aprobada por el Congreso en 2005 era laxa con los paramilitares, les exigía sólo entregar las propiedades producto de las actividades ilícitas y restituir a las víctimas “de ser posible”.  Un año después, la Corte Constitucional exigió que se entregaran todos los bienes, incluso los lícitos, para la reparación.

Los postulados empezaron a ofrecer bienes, pero aún no había un mecanismo para recibirlos. Estábamos en un limbo jurídico”

En las primeras versiones los desmovilizados entregaron fincas, carros, helicópteros, ganado y hasta joyas y prendas de vestir. “Los postulados empezaron a ofrecer bienes, pero aún no había un mecanismo para recibirlos. Estábamos en un limbo jurídico”, recuerda Ana Fenney Ospina, quien fue la fiscal del Bloque Central Bolívar y luego coordinó la subunidad de bienes de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

Hasta que el excombatiente no fuera a juicio, no se podían asegurar dichos bienes con medidas cautelares. El problema fue que esto tardó varios años, pues documentar los crímenes de los bloques paramilitares y crear contextos le tomó más tiempo del esperado al ente investigador.

En 2008 la Corte Suprema aclaró que por encima del debido proceso están los derechos de las víctimas. Luego de este pronunciamiento, 3 años después de aprobada la Ley, se aseguró la primera propiedad.

Al mismo tiempo, al interior de la entonces Unidad de Justicia y Paz, los fiscales pedían la creación de un grupo especial que se dedicaran exclusivamente a los bienes, pues los funcionarios estaban documentando las masacres, los delitos de género y los desplazamientos y no tenían tiempo de estar pendientes de estos.

Con solo tres fiscales en todo el país se creó el primer grupo de persecución de bienes, que en realidad se encargó de darle una solución jurídica a un cúmulo de propiedades. Hasta entonces, los propios desmovilizados eran la fuente principal de información. Se dio por hecho que estaban diciendo toda la verdad y entregando sus propiedades.

Solo hasta 2013, luego de la reforma a la Ley, se fortaleció el grupo de persecución de bienes con ocho fiscales y, por primera vez, investigaron a los posibles testaferros de los exjefes paramilitares. Los resultados saltaron a la vista.

Incautación de Bienes Bienes recibidos entre 2007 y 2015 - Con información del Fondo de Reparación a las Víctimas.

Con este trabajo de investigación se conocieron varias fincas que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, había escondido en el Bajo Cauca antioqueño antes de ser expulsado de Justicia y Paz y ha dado pistas sobre posibles testaferros de Salvatore Mancuso.

Aunque desde 2014 los exparamilitares han comenzado a quedar libres, la investigación de sus bienes no tiene vencimiento de términos. “La persecución se puede hacer después de la sentencia. Uno espera que el postulado haya dicho la verdad, pero si se llegase a encontrar que no entregó puede ser excluido de Justicia y Paz y volver a la cárcel”, aseguró Carlos Villamil, director nacional especializado en Justicia Transicional.

Sin embargo, la falta de claridad jurídica y las respuestas tardías al interior de la Fiscalía facilitaron que los exparamilitares ocultaran sus bienes y retrasaran una respuesta efectiva a las víctimas que siguen esperando una reparación económica.

Los bienes ajenos

Los exparamilitares entregaron sus bienes, el problema es que varios no les pertenecían.  Se trata de tierra despojada a campesinos o predios baldíos, es decir, que son propiedad de la Nación. Después de creada la Ley de Víctimas en 2011, la tierra ha ido retornando a manos de sus legítimos dueños.

El Fondo de Reparación, dependencia de la Unidad de Víctimas que se encarga de la administración de los bienes, tiene en su poder 919 propiedades. 80 ya fueron restituidas a campesinos despojados por la violencia y otros 99 están en proceso de restitución.

Panorámica de Isla Múcura El Club 100, una de las propiedades más valiosas de Salvatore Mancuso, está ubicada sobre tierras baldías de la Isla Múcura. Foto: Revista Semana

“Una vez hay un fallo, el Fondo le entrega los predios a las víctimas. Pueden ser muchos más los bienes que estén pedidos en restitución, nosotros solo conocemos los de las zonas microfocalizadas por la Unidad de Restitución de Tierras”, aseguró Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación.

Esto sucedió con más de la mitad las fincas de ‘Don Berna’. El exjefe paramilitar ha entregado hasta el momento 113 bienes rurales, la mayoría en Valencia, Córdoba. 59 ya regresaron a sus verdaderos dueños y 14 más siguen en proceso de reclamación.

La nueva Esperanza de la finca Las Tangas

Dentro de estos se incluye el emblemático predio Las Tangas, conocido como la base paramilitar de los hermanos Vicente y Carlos Castaño. Para esconder las tierras, en los años 90, los paramilitares la parcelaron y se la entregaron a campesinos de la región por medio de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor). El año pasado, la Unidad de Restitución decidió devolver ese predio a los campesinos.

También entregaron tierra que en realidad pertenecía a la Nación. Por ejemplo, Salvatore Mancuso hizo entrega del Club 100, una lujosa propiedad ubicada en la Isla Múcura, en el archipiélago de San Bernardo. Sin embargo, no ha podido llegar al Fondo de Reparación a las víctimas porque está construida sobre terrenos baldíos.

De manera similar, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el jefe paramilitar del grupo conocido como los Carranceros, entregó las islas Carimagua, dos pequeñas porciones de tierra ubicadas en medio del Río Meta que desaparecen cada invierno. Aunque el exparamilitar asegura que son suyas, lo cierto es que se trata tierra de la nación.

Pasaron de agache

Lo que se propuso en un comienzo no se cumplió al pie de la letra. Los desmovilizados que no tengan nada que entregar, pueden salir libres siempre y cuando el jefe máximo de su bloque ofreciera bienes para reparar a las víctimas. Así, por ejemplo, los excombatientes del Bloque Catatumbo en Norte de Santander se cobijaron con los predios que entregó Mancuso, los del Bloque Central Bolívar aseguraron su libertad con las propiedades que entregaron ‘Macaco’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’.

Esto es entendible, pues muchos patrulleros trabajaban por un sueldo no mucho mayor que un salario mínimo. Sin embargo, algunos jefes paramilitares han pasado de agache amparándose en los bienes que entregó su antiguo comandante. Los magistrados de Justicia y Paz han sido insistentes en reclamar que cumplan los compromisos.

Alias Don Antonio Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’.
Foto: Revista Semana

Así lo hizo Édgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de ‘Jorge 40’ en el Bloque Norte. Cinco días después de desmovilizarse, el 5 de marzo de 2005, ‘Don Antonio’ fue capturado en Santa Marta y el CTI le incautó lo que tenía consigo: el computador (que luego sería conocido como el computador de ‘Jorge 40’), 102 millones de pesos, un par de carros y una casa. Diez años después, lo único que entregó para reparar fue lo que le quitaron a la fuerza.

Algo similar ocurrió con Jorge Iván Laverde, más conocido como ‘El Iguano’, quien dirigió el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. Las víctimas que estaban acostumbradas a verlo a él y a sus hombres en grandes camionetas y ocupando varias casas en Cúcuta y  La Gabarra, se sorprenden hoy al escuchar al exparamilitar diciendo que no tiene nada para entregar.

Hasta ahora ningún desmovilizado ha sido excluido de Justicia y Paz por ocultar bienes. “Cada vez que les encontramos una propiedad que nos tenían escondida, piden casualmente una última audiencia porque ahora sí se ‘acordaron’ que quieren reportarlo”, contó un funcionario de la Fiscalía a VerdadAbierta.com.

Otros que pasaron de agache fueron los testaferros. Ejemplos de este tipo hay en todo el país. En Tierralta, Córdoba, se conocieron por lo menos tres personas que tenían predios de Mancuso a nombre propio, a unos cuantos los mataron y otros siguen libres sin ningún tipo de implicación jurídica. Dos fincas que estaban en manos de uno de los abogados de ‘Macaco’ entraron al Fondo de Reparación el año pasado, sin que se ordenara una investigación por testaferrato. Tampoco se extinguió el dominio de una Hacienda en Atlántico que está a nombre de la pareja de Carlos Castaño, porque la mujer no tiene una condena por testaferrato.

Entre las balas y la minería

Para estrenar el grupo de persecución de bienes en 2011, la Fiscalía anunció en una rueda de prensa que había embargado la finca El Recreo, que estaba en manos de testaferros de ‘Don Berna’. Este predio ubicado en la selva profunda de San Vicente del Caguán cuenta con 14 mil hectáreas, el más extenso destinado a la reparación de las víctimas.

Mineria en tierra de ex-paramilitares En Mandinga, una finca de ‘Macaco’,  se creó una mina ilegal de oro mientras estuvo en manos del Estado.  Foto: Fondo de Reparación a las Víctimas.

El problema es que desde ese año, cuando se hizo la entrega del bien, ningún funcionario ha podido llegar hasta la zona para administrarlo. La presencia del Bloque Oriental y la Columna Móvil Teófilo Forero, ha impedido el acceso. La historia se repite con las 9 mil hectáreas denunciadas por los pocos guerrilleros desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Las Bandas Criminales también se han encargado de explotar los recursos de los bienes. En Tierralta, por ejemplo, han talado los cultivos de Acacia entregados por Mancuso y han amenazado  a los funcionarios que intentaron frenarlos. Por otro lado, la minería ilegal ha estado presente en 14 predios del Bajo Cauca antioqueño y de Remedios, en fincas de dos ex jefes paramilitares: ‘Cuco’ Vanoy y ‘Macaco’.

Los enredos de los bienes que entregó Mancuso

Lo que el Estado dejó perder

A este difícil panorama se suma la mala administración. Un informe de la Contraloría conocido por VerdadAbierta.com, evidencia que el valor de los bienes disminuyó 4 mil millones de pesos. El documento agrega que las únicas cuatro ventas de inmuebles que hizo el Estado fueron anuladas porque se entregaron por precios irrisorios, las propiedades no tenían pólizas como ordena la ley y 35 predios que se consideraban productivos, dejaron de serlo.

Estas irregularidades han sido denunciadas constantemente en las audiencias de Justicia y Paz. Así se conoció la historia la clínica en Tarazá entregada por ‘Cuco’ Vanoy, la más grande que ha tenido el municipio. Su valor inicial se calculaba en 5.200 millones de pesos, pero una vez pasó a manos del Estado, fue desvalijada: arrancaron las puertas, se robaron los sanitarios y tumbaron las paredes. Hoy no hay clínica y el valor del predio se redujo a 450 millones, si acaso, lo que cuesta el pedazo de tierra.

Clinica Cuco Vanoy El hospital que ‘Cuco’ Vanoy construyó en Tarazá fue desmantelado una vez llegó a manos del Estado. Foto: Fondo de Reparación a las Víctimas.

Algo similar ocurrió con L’Enoteca, un lujoso restaurante de Barranquilla administrado por el fallecido empresario italiano, Giorgio Sale. De este negocio, en el que según Mancuso, se invirtieron 5 mil millones de pesos, no quedó nada para la reparación a las víctimas. “En el informe del liquidador judicial se observa que varios activos, entre ellos, vinos finos, tuvieron que ser desechados y dados de baja por su mal estado de conservación”, dice la primera sentencia contra el exjefe paramilitar.

Los bienes estuvieron en manos de la extinta Acción Social entre 2005 y 2009, luego pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta, que irónicamente se creó para sanear los problemas de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue la responsable de gran parte del detrimento patrimonial, sin que hasta el momento haya sanciones.

Luego de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, la administración de los bienes pasó a la Unidad de Víctimas y para ello se creó el Fondo de Reparación.

Los líos de la tierra

“A nosotros nos dijeron que ‘Macaco’ estaba entregando parcelas para los que dejaran las armas. Nos vinimos hace 9 años del Sur de Bolívar con nuestras familias para tener tierrita”, contó a VerdadAbierta.com un desmovilizado que vive en Balboa, Risaralda. En las fincas Las Delicias y Florida viven 13 familias a quienes en 2006 el exjefe paramilitar, amparado por el Gobierno, les aseguró que allí podían comenzar una nueva vida.

El Estado nos mintió: desmovilizados de Tierralta

Los excombatientes crearon una cooperativa productora de café y repartieron la tierra. El problema es que en 2007 el Gobierno canceló el programa que se conoció como Proyectos Productivos para la Paz, promovido por el propio excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Los bienes pasaron al Fondo para la reparación de las víctimas en 2013 y desde entonces los desmovilizados se han negado a salir.

Proyectos productivos Desmovilizados que trabajan en las fincas que ‘Macaco’ entregó en Balboa, Risaralda. Foto: Fondo de Reparación a las Víctimas.

“Nos prometieron estas tierras y hemos cumplido con todas las reglas”, contó el desmovilizado. Lo mismo sucedió en Tierralta, donde más de 500 desmovilizados se niegan a entregar las fincas que fueron de Salvatore Mancuso.

Para Juan Camilo Morales, Coordinador del Fondo, esta experiencia le dejó al Estado tal vez una de las más grandes lecciones: “no se puede entregar tierra en esas condiciones de precariedad jurídica. Si no hay un título de adjudicación, se pueden reproducir los ciclos de violencia en la pelea por la tierra”.

En otras regiones del país son las víctimas las que se quejan. Luego de recibir los bienes, el Fondo tiene que hacer una subasta para arrendarlo mientras deciden venderlo, pero según denuncian las víctimas en Bajo Cauca, a estos eventos se han presentado testaferros armados y no pocas se abstienen de asistir por intimidaciones. En julio del año pasado, por ejemplo, asesinaron a Luis Castellanos Salcedo, un arrendatario de varias fincas en Córdoba.

En 2012 el Congreso advirtió que los bienes no solo tenían que venderse, sino que podían ser entregados a organizaciones de víctimas o a las comunidades cercanas. Hasta ahora se ha hecho lo propio con seis propiedades, una de ella es la finca La Veraka, a 5 minutos de Sincelejo. El predio donde los paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a sus víctimas, sirve hoy como proyecto productivo de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual de la región.

Después de varios reclamos, solo hasta hace un mes y medio, la Corte aclaró que estos predios pueden ser adjudicados directamente a estas organizaciones de víctimas.

El problema en imágenes

Click to enlarge image 1.jpg

L’Enoteca fue un lujoso restaurante de Salvatore Mancuso, las instalaciones se descuidaron y los vinos se dañaron. Nunca llegó a manos del Fondo de Reparación a las Víctimas porque en su paso por el DNE quedó sin activos para las víctimas. Foto: Archivo de la defensa de Salvatore Mancuso.

‘Don Berna’ y el arte de esquivar la verdad

¿Por qué víctimas, activistas y académicos consideran que el exjefe paramilitar sigue en deuda con la verdad sobre el conflicto en Colombia?

Tras casi diez años de participación en la Ley de Justicia y Paz, sus confesiones dejan un sabor agridulce. Víctimas, académicos y activistas señalan que para un hombre que acumuló tanto poder en el mundo criminal, sus revelaciones se han quedado cortas. Análisis de VerdadAbierta.com

Alias Don Berna En julio de 2007 ´Don Berna´ rindió su primera versión libre ante fiscales de Justicia y Paz en Medellín.

La mañana del 16 de julio de 2007, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, arribó al Palacio de Justicia de Medellín para rendir su primera versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz. Ese día, las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), especialmente las de Antioquia y Córdoba, aguardaron expectantes sus revelaciones.

No era para menos. Durante poco más de dos décadas, ‘Don Berna’ fue protagonista de los hechos más relevantes del bajo mundo criminal: la guerra contra el extinto capo Pablo Escobar; el exterminio del Bloque Metro de las Accu; la muerte de los integrantes de la banda La Terraza de Medellín; los pormenores de la Operación Orión; el asesinato de reconocidos defensores de derechos humanos; la consolidación de un de las empresas criminales más poderosas del país,  entre otros.

Hoy, ocho años después, sus víctimas, así como académicos que han estudiado el tema de la violencia en Medellín, señalan que sus revelaciones se han quedado cortas, que ha dosificado su verdad y que su versión del conflicto armado presenta serios vacíos. Pese a ello, la figura de Murillo Bejarano resulta fundamental para entender el capítulo urbano del conflicto armado y lo que fue ese complejo maridaje entre mafia, narcotráfico y autodefensas.

La gran fosa que desenterró Justicia y Paz

Por ello –y como parte del especial periodístico: ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?-, VerdadAbierta.com se dio a la tarea de rastrear los aportes del exjefe paramilitar, tanto en versiones libres como en audiencias públicas celebradas bajo la Ley de Justicia y Paz, con el fin de comprender lo que fue el fenómeno paramilitar en Medellín y, de paso,  cotejar lo dicho con publicaciones y entrevistas a expertos y académicos con el fin de conocer qué tanta verdad le ha aportado al país.

La guerra contra Pablo Escobar

En poco menos de 25 años, ‘Don Berna’ pasó de ser el conductor de un acaudalado narcotraficante antioqueño al máximo jefe de la ‘Oficina de Envigado’, una poderosa empresa criminal que sirvió de brazo armado y financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Claro está, ello no hubiera sido posible sin la estrecha relación que forjó a lo largo de dos décadas con los hermanos Fidel y Carlos Castaño, a quienes conoció siendo muy joven en Itagüí, municipio del sur de Medellín al que llegó a la edad de 15 años luego que su padre fuera asesinado en el Valle del Cauca.

Panorámica de Medellín Medellín se convirtió en el campo de batalla durante las distintas guerras que libró el exjefe paramilitar. Foto: Semana.com

Fue precisamente en Itagüí donde libró su primera guerra. En sus confesiones ante fiscales, Murillo Bejarano relató que, para principios de la década del 80, se dedicaba a la comercialización de repuestos de motos y a administrar un parqueadero en esta localidad. Un día, cansado de la extorsión de la que venía siendo objeto por parte de una célula de la guerrilla del Epl, conocida como ‘Estrella Roja’, decidió enfrentarlas junto con un grupo de amigos.

Dicha determinación lo llevó a conocer a las familias Moncada y Galeano. Para aquel entonces era un secreto a voces que Fernando y Mario Galeano, así como ‘Kiko’ Moncada, debían su inmensa fortuna al tráfico de estupefacientes. No obstante, otra versión fue la que entregó ‘Don Berna’ cuando una fiscal, en febrero de 2012, le preguntó por este clan mafioso: “yo los conocí como comerciantes. Eran personas de clase media alta con algunos recursos, también habían sido víctimas de extorsión por parta de la guerrilla (…) pues Mario fue secuestrado por el M-19. Así fue que simpaticé y pues yo terminé muy cercano a ellos”.

Sobre lo que no queda duda es que la confrontación con la célula del Epl por poco le cuesta la vida. Un día de 1985, hombres armados llegaron hasta el parqueadero que administraba y le propinaron varios disparos. Luego de tres meses en coma, despertó con la noticia que había perdido su pierna derecha. Su convalecencia la pasó en una casa de Fernando Galeano, quien luego lo contrataría como su conductor personal.

Muy pronto, Murillo Bejarano se ganó la confianza de los Galeano y también de los Moncada. Fue gracias a esta relación que entabló amistad con Fidel Castaño. Lo que aún es un misterio es la forma cómo se conocieron estos grupos familiares. La pista más esclarecedora la aportó recientemente John Jairo Vázquez Velázquez, alias ‘Popeye’, exjefe de sicarios de Pablo Escobar, durante entrevista rendida ante la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía. En ella, alias ‘Popeye’, manifestó que Galeano financió un grupo contrainsurgente que Fidel Castaño montaba en Urabá para finales de la década de los ochenta.

Lo que sí se sabe es que tanto ‘Popeye’, como ‘Don Berna’ y los hermanos Fidel y Carlos Castaño protagonizaron una guerra sin cuartel que se libró en las calles de Medellín. El asesinato de Fernando y de ‘Kiko’ Moncada a manos de Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado, en julio de 1992, así como su posterior fuga semanas después, desató una reacción en cadena que logró aglutinar en un solo bando, antiguos trabajadores y socios de los Moncada y Galeano (como Fidel y ‘Don Berna’) sedientos de venganza; acérrimos enemigos de Escobar como el Cartel de Cali; y algunas autoridades militares y de Policía.

Fue el nacimiento de los ‘Pepes’ (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo que al final terminó siendo la semilla de la máquina de guerra conocida como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). “Las armas que utilizaron los ‘Pepes’ después fueron utilizados por las Autodefensas. Sin ‘Pepes’ no hubieran existido las Autodefensas”, declaró ‘Don Berna’ ante fiscales de Justicia y Paz desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos una mañana de noviembre de 2014.

Al respecto, hay quienes advierten que lo confesado hasta ahora sobre este capítulo de la historia de la violencia en Colombia, deja más sombras que luces. Para Juan Diego Restrepo, periodista y autor del libro ‘Las vueltas de la Oficina de Envigado’, son precisamente las relaciones que tejieron ‘Los Pepes’ las que facilitaron la expansión del paramilitarismo en el país y que sobre “esa articulación de los ‘Pepes’ con el Bloque de Búsqueda, poco ha dicho, así como tampoco ha hecho referencia al papel que jugó la (escuela de carabineros) Carlos Holguín, ni de los altos mandos de la Policía que después mantuvieron lazos de cooperación con los Castaño”.

Ana Feney Ospina, fiscal 15 de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), responsable de documentar la historia de los bloques bajo el mando de ‘Don Berna’, señaló por su parte que en el último año el exjefe paramilitar ha venido aportando mayores elementos para reconstruir la verdad histórica que rodea a ‘Los Pepes’. Así, por ejemplo, en versión libre rendida en noviembre de 2014, ‘Don Berna’ mencionó como integrantes de este grupo criminal a Carlos Mauricio Fernández, alias ‘Doblecero’; su hermano Rodolfo Murillo Bejarano, alias ‘Semilla’; y los hermanos Carlos y Fidel Castaño.

Las bandas cooptadas por las Auc  

“Una de las dificultades que encierra el caso ‘Don Berna’, por lo menos en Medellín, es que se trata de conflicto urbano, con características muy distintas al conflicto rural. En ese sentido, para entender lo que fue el paramilitarismo en una ciudad como Medellín es necesario comprender un asunto tan complejo como las bandas delincuenciales de esta ciudad”, dice la Fiscal 15.

Alias Don Berna “Por cuenta de las declaraciones de ‘Don Berna’ no se ha compulsado una sola copia ni se ha iniciado una investigación porque, en realidad, no ha señalado a nadie”, abogado de víctimas.

 Y es que, si algo ha dejado claro la historia del conflicto armado es que, tras la muerte del jefe del Cartel de Medellín, la criminalidad en esta ciudad experimentó una profunda transformación y que en dicho proceso, ‘Don Berna’ jugó un papel determinante. No en vano, hubo quienes catalogaron a Murillo Bejarano como el sucesor de Pablo Escobar, dado el grado de control y mando que alcanzó sobre las bandas delincuenciales de la capital antioqueña.

No obstante, sus revelaciones en el marco de la Justicia Transicional sobre este particular han dejado un sabor agridulce. Según relató a fiscales, en versión rendida desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos en febrero de 2012, una vez abatido Pablo Escobar, Carlos Castaño citó a los líderes de La Terraza, una banda delincuencial que operaba en el barrio Manrique, nororiente de Medellín, para que se unieran a la causa paramilitar: “ellos estaban muy golpeados porque trabajaban para Pablo (Escobar). Entonces, Carlos les propone que trabajen para él. Fue como una especia de indulto”, declaró.

Por cuenta de esta relación operativa, la Terraza terminó convertida en una de las más temidas del país por cuenta de la comisión de toda clase de crímenes ordenados por Carlos Castaño, varios de ellos de gran connotación nacional. Algunos de ellos fueron abordados por la Fiscalía General de la Nación para su completo esclarecimiento. Como es el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón, ejecutado por sicarios de La Terraza y donde ‘Don Berna’ ha salpicado al exsubdirector del desaparecido DAS, José Miguel Narváez, a quien señaló de “influir en Carlos Castaño para que diera la orden de asesinar a Garzón”.

“Él (Narváez) era una persona muy cercana a las Autodefensas. Él llegó con información de que Jaime Garzón no sólo era facilitador de secuestros sino que también era parte de la estructura de las Farc”, declaró ‘Don Berna’ en esa versión libre de 2012. Ese día, el exjefe paramilitar también salpicó al excoronel del Ejército, Jorge Eliecer Plazas, actualmente recluido en centro penitenciario, como uno de los altos mandos del Ejército que colaboró en este magnicidio.

Este último también fue señalado por Murillo Bejarano en otro de los crímenes cometidos por miembros de la banda La Terraza y que conmocionaron al país: el de los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderon, asesinados un 19 de mayo de 1997. De acuerdo con declaraciones entregadas a Justicia y Paz, el excoronel Plazas, para esa época adscrito a la Brigada XIII del Ejército, con sede en Bogotá, le suministró información a Carlos Castaño sobre una presunta militancia de los investigadores en la guerrilla del Eln.

“Esta es una información que le llegó a Carlos (Castaño) por inteligencia Militar, concretamente la pasó un coronel Plazas del Ejercito que le decían ‘Don Diego’, que era el seudónimo”, relató Murillo Bejarano en aquella ocasión, agregando además que: “él pasaba la información de que los esposos Alvarado hacían parte de la estructura del Eln y que eran los que manejaban la parte política y social”.

Sicarios de la banda La Terraza fueron también los encargados de asesinar, el 28 de febrero de 1998, al defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Según ‘Don Berna’, el crimen se cometió por petición del ya fallecido Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. “Esta acción fue una petición del doctor Moreno, ya que él (Valle) estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en El Aro, Ituango”. Esta y otras versiones entregadas por otros exjefes paramilitares llevaron a la Sala de Justicia y Paz de Medellín, en febrero de 2015, a compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investiguen al expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe.

Dentro de la lista de hechos atribuibles a esta banda delincuencial figuran además el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba; el secuestro del exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio; el secuestro de varios investigadores de la organización defensora de derechos humanos Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín; el secuestro de Carlos Alonso Lucio; y los asesinatos de varios integrantes del CTI de la Fiscalía en Medellín.

Las dudas por resolver

Curiosamente, en su larga lista de crímenes develados ante fiscales de Justicia y Paz, como los descritos anteriormente, ‘Don Berna’ ha descargado la responsabilidad en personas ya fallecidas o que ya venían siendo incriminadas por declaraciones de terceros, situación que levanta ampolla entre abogados, académicos y víctimas.

Alias Don Berna Las víctimas aún esperan que ‘Don Berna’ diga toda la verdad sobre lo que ocurrió en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín.

 “Por cuenta de las declaraciones de ‘Don Berna’ no se ha compulsado una sola copia ni se ha iniciado una investigación porque, en realidad, no ha señalado a nadie”, le dijo a VerdadAbierta.com un abogado que representa a víctimas del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, quien pidió reserva de su identidad.

De acuerdo con el jurista, son varios los hechos que marcaron un punto de quiebre en la historia del paramilitarismo en Antioquia sobre los cuales este exjefe paramilitar debería aportar información que vaya más allá del aspecto anecdótico o “las generalidades que le ha venido entregando a la Fiscalía”.

Entre estos está el famoso grupo de notables que asesoró a Carlos Castaño en las Autodefensas, sobre los cuales ‘Don Berna’ se abstuvo de declarar en su momento, argumentando razones de seguridad. “Yo le solicito a la Fiscalía por ahora obviar esta pregunta y más adelanta la ampliaré, ya que por razones de seguridad me preocupa responde a esto (…) ahí hay personas que ya fallecieron, como Rodrigo García, Pedro Juan Moreno, el señor Narváez también era uno de esos asesores”, dijo en 2012.

Otro de los sucesos que merece mayor explicación por parte del exjefe paramilitar guarda relación con el exterminio del Bloque Metro de las Accu, estructura paramilitar liderada por Carlos Mauricio García, alias ‘Rodrigo Doble Cero’. Hoy se sabe, gracias a textos y entrevistas inéditas brindadas por el propio ‘Rodrigo Doble Cero’ antes de ser asesinado, que se trató de una disputa que tuvo su origen en su negativa de permitir el ingreso a las Autodefensas de sectores mafiosos, como el que representaba ‘Don Berna’ y que en dicha confrontación también tomaron partido las Fuerzas Militares.

Lo poco que se ha develado en el escenario de la justicia transicional ha sido por voz de otros desmovilizados de las Auc que participaron en dicha guerra. Uno de ellos es Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, quien en versión libre ante fiscales en abril de 2012, dio a conocer detalles de esta confrontación al interior de las huestes paramilitares.

La cuota de ‘H.H’ en el exterminio del bloque Metro

De igual forma, las víctimas que dejó el accionar del Bloque Cacique Nutibara de las Auc esperan que su máximo comandante, diga cuáles fueron los políticos y empresarios que le solicitaron a Carlos Castaño la creación de un bloque paramilitar para Medellín, como él mismo lo señaló en 2009.

Hoy, sus confesiones al respecto han permitido establecer que el origen del BCN tuvo lugar en el municipio de Sopetrán, occidente de Antioquia, a finales de los años noventa. “Llegaron todos los jefes de las bandas: los Mondongueros, los Triana; la Unión de Itagüí. Les dijimos que empezaba un proyecto antisubversivo, que las Autodefensas íbamos a controlar los barrios y que ellos iban a trabajar bajo nuestro mando. La mayoría aceptó porque acabábamos de derrotar a Pablo Escobar y teníamos la fortaleza suficiente para convencerlos”, dijo ‘Don Berna’ en 2012.

Uno de los hechos atribuibles a este bloque y que el país entero espera clarifique es lo que pasó antes, durante y después de la famosa Operación Orión, mediante la cual se  expulsaron a las milicias de las Farc, Eln y Comandos Armados Populares (CAP) de la comuna 13 de Medellín.

Más allá de las señalamientos hechos contra los generales (r) del Ejército, Mario Montoya; y Policía, Leonardo Gallego, lo que buscan establecer las víctimas es qué pasó con las personas reportadas como desaparecidas en el marco del operativo, pues hasta ahora solo hay versiones confusas. “Cuando se le pregunta por el tema de los desaparecidos de la comuna 13 señala que hubo muchos casos donde las personas eran sacadas de la ciudad y arrojadas al río Cauca”, manifestó la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia Transicional.

¿paranarcos o narcoparas?

Según la fiscal Ospina, la extradición de ‘Don Berna’ hacia los Estados Unidos, en mayo de 2008, donde purga una condena de 35 años de prisión por delitos de narcotráfico, sumado al hecho de que nunca ha podido versionar conjuntamente con sus subalternos (a diferencia de otros jefes paramilitares), ha dificultado el proceso de reconstrucción de verdad de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová.

“La tesis de la Fiscalía es que él sí ha contribuido a la verdad, pero su participación en Justicia y Paz ha sido muy fluctuante pues pasaron años sin que rindiera una sola versión libre y eso, obviamente, afecta el proceso”, sostuvo la funcionaria judicial, quien añade una complejidad más: “su caso también nos plantea un reto jurídico: si controló las bandas criminales de Medellín, les permitió que delinquieran para que se sostuvieran, pero las puso al servicio del paramilitarismo, ¿deberá responder entonces por todos los hechos criminales que cometieron las bandas delincuenciales?”.

El interrogante cobra pertinencia si se tiene en cuenta que, tras la muerte de Escobar, Murillo Bejarano logró consolidar un poder afincado en la llamada ‘Oficina de Envigado’. En este caso, de acuerdo con Camilo Sánchez, abogado experto en justicia transicional de Dejusticia, el deber de Murillo Bejarano es contribuir a la construcción de verdad histórica, la reparación de sus víctimas y el esclarecimiento judicial, “mientras que para el componente criminal ya existen mecanismos en la justicia ordinaria donde se ofrecen prebendas a cambio de contribuir con la verdad histórica y judicial”.

Alias Don Berna El otrora temido jefe paramilitar hoy rinde sus declaraciones desde una pequeña celda de una cárcel de los Estados Unidos, donde purga una condena de 35 años de prisión por narcotráfico.

El caso de ‘Don Berna’ también mantiene vivo un intenso debate académico sobre el papel del narcotráfico en la expansión del paramilitarismo y, en general, la degradación del conflicto armado. El propio Murillo Bejarano reconoció ante fiscales de Justicia y Paz, en febrero de 2012, que “de una u otra manera la lucha en Colombia ha tenido como meridiano el narcotráfico. Siempre he pensado que si no existiera el narcotráfico, pues no existía el conflicto, porque ese ha sido el combustible y esa es una realidad”.

Sobre el particular, el politólogo Gustavo Duncan, quien se ha dedicado a estudiar el fenómeno del  narcotráfico como actividad generadora de poder, afirmó que el caso de ‘Don Berna’ permite entender cómo los criminales terminaron involucrados en el conflicto armado y asumiendo un rol político.

“Don Berna termina metido en el conflicto político armado por cuenta de una guerra contra Pablo Escobar, una guerra que además termina haciéndola con quienes terminarán después convertidos en los principales jefes paramilitares durante los años noventa”, señaló Duncan.

El politólogo puso en cuestión además la naturaleza mafiosa del paramilitarismo, al afirmar que “la criminalidad terminó involucrada con todos los actores armados: guerrilla y paramilitares; todos terminaron articulados al narcotráfico. Lo que deberíamos mirar es el papel central que tiene el narcotráfico y la criminalidad en la economía política del país”.

Lo cierto es que muchas cosas han cambiado desde aquel 16 de julio de 2007. El otrora temido jefe paramilitar rinde sus declaraciones desde una pequeña celda de una cárcel de los Estados Unidos, donde purga una condena de 35 años de prisión por narcotráfico. La criminalidad que una vez dominó a sus anchas con puño de hierro, hoy es un extraño rompecabezas que se disputan muchos de sus herederos.

Hasta sus víctimas, que se cuentan por miles en todo Antioquia y Córdoba, le han perdido algo de ese miedo reverencial que mantuvieron por años y hoy le increpan que cuente toda la verdad. Y con justa razón. A pesar de los años y los estragos que ya evidencia su carácter por cuenta de la del encierro en tierras ajenas, 'Don Berna' continúa demostrando que es un hombre sagaz experto en esquivar su compromiso con la verdad. 

La gran fosa que desenterró Justicia y Paz

Los 6.420 cuerpos encontrados bajo tierra dimensionaron la tragedia y respaldaron las denuncias de las víctimas. A ensayo y error, durante diez años el país ha aprendido a buscar a sus muertos.

entrevista diego martinez 1La mayoría de las entregas se hacen de forma colectiva, pero si la familia lo solicita, el acto puede ser individual. Lo restos se entregan en el cementerio que los familiares elijan. Foto: archivo Semana.

Octubre de 2001, Albania, Caquetá. 14 cadáveres desmembrados ocultos bajo tierra en fosas individuales. Las expresiones de dolor, los tatuajes intactos, una mujer con un seno cercenado en vida, una cabeza con los ojos vendados. “Fue la primera vez que vi la intención de otro de causar tanto daño en un cuerpo. El país no había hecho una exhumación de ese tamaño y desde ese día yo dejé de pensar”, cuenta Helka Quevedo, antropóloga forense que trabajaba en la Fiscalía.

Los cuerpos de las víctimas de este pequeño municipio al sur occidente del Caquetá contaron por primera vez, hace 14 años, la barbarie que se estaba viviendo en todo el país por cuenta de la expansión paramilitar. Quevedo había exhumado cuerpos de accidentes aéreos, terremotos, explosiones, pero esto era nuevo. Solo cuatro antropólogos forenses trabajaban en la Fiscalía y el país no estaba preparado.

La escena se hizo cada vez más común. Un año después en la inspección de Puerto Torres, zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, también en Caquetá, encontraron otros 36 cadáveres.

Puerto Torres, el pueblo que los ‘paras’ convirtieron en escuela de terror.

Este fue el inicio de la titánica tarea de encontrar a las víctimas enterradas, pero para ese entonces poco se sabía de estas fosas en las ciudades capitales. Fue desde 2005, luego de que se desmovilizaran algunos paramilitares y se acogieran a la recién creada Ley de Justicia y Paz, que el país comenzó a escuchar las descarnadas narraciones de los victimarios sobre los métodos de tortura previos a la desaparición.

“Desde Justicia y Paz la gente ya sabe que hay fosas comunes en el país, que hay exhumaciones, que hay antropólogos. En mi época encontramos muchas fosas, pero eso ni siquiera era un tema en los noticieros”, explica Quevedo, quien retira de la Fiscalía antes de que entrara en vigencia esta ley de justicia transicional, pero siguió trabajando en tema forense desde el Cicr y ahora desde el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La Fiscalía conoció cientos de coordenadas para desenterrar nuevas fosas, entre 2007 y 2010 se exhumaron 900 cadáveres anuales en promedio. Los restos recuperados pusieron en la agenda nacional la tragedia de la desaparición forzada y dieron la razón a las víctimas que venían gritando estos atropellos décadas atrás.

entrevista diego martinez 1Vea en este mapa el número de cuerpos encontrados y entregados por departamentos. Con información de la Fiscalía General de la Nación a agosto 2015.

El caso más reciente es el de La Escombrera, un botadero en la comuna 13 de Medellín, considerada como la fosa común urbana más grande del país. Durante años, las denuncias de los familiares de los desaparecidos fueron desmentidas públicamente por autoridades locales y miembros de la fuerza pública. El inicio de las labores de excavaciones dos meses atrás les dio por fin la razón.

Desaparecían a las personas en la comuna 13 y decían que era un mito

Cuando se cumplen diez años desde que se sancionó la Ley de Justicia y Paz, VerdadAbierta.com presenta las lecciones aprendidas, las no tan aprendidas y los nuevos retos que tendrá que enfrentar el país si quiere recuperar más cuerpos desaparecidos.

Un camino de dolorosas lecciones

“Al día siguiente de haber entrado a la Fiscalía yo ya estaba exhumando. Teníamos la maleta siempre lista”, dice uno de los 15 antropólogos forenses que vivió de primera mano la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz.

La falta de personal y la cantidad de información sobre fosas comunes que estaban entregando los desmovilizados, motivaron agotadoras jornadas de trabajo. “Uno de los momentos más duros de mi vida fue la exhumación de los cuerpos de los niños de la masacre de San José de Apartadó, pero apenas llegué a Bogotá tuve que salir corriendo a otra diligencia”, agrega.

En 2006, la mayoría de la información provino de visitas que funcionarios de la Fiscalía hicieron a las cárceles. La idea era que los mismos exparamilitares contaran dónde habían enterrado a sus víctimas. El país conoció así fosas que más parecían cementerios enteros. Manuel Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, entregó las coordenadas de decenas de fosas en la inspección de la Cooperativa en Mapiripán, Meta, donde la Fiscalía encontró 57 cuerpos de excombatientes y víctimas del Bloque Centauros.

ExhumacionesDurante Justicia y Paz se hizo más frecuente que las familias acompañaran las diligencias de exhumación. Foto: archivo Semana.

El Ente investigador entendió rápidamente que se trataba de una tarea mayúscula que requería de un equipo especial de fiscales y, en agosto de 2007, se creó un grupo especial de exhumaciones. Los funcionarios fueron capacitados y se asignó más presupuesto. Se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas del Equipo Argentino de Antropología Forenses, pero a diferencia de lo ocurrido en ese país, Colombia no empezó de cero, pues ya contaba con el Instituto de Medicina Legal.

Como se trataba de crímenes de vieja data, ya había investigaciones en curso en la justicia ordinaria, la mayoría en la Dirección de Derechos Humanos, las cuales se cruzaron con las nuevas indagaciones de Justicia y Paz. La falta de comunicación entre los despachos de la misma Fiscalía condujo a que los antropólogos llegaran a buscar cuerpos que ya habían encontrado o que cada mes se abriera un nuevo hueco en una misma finca.

Esto no pasa exclusivamente en el tema de exhumaciones, sino que es un problema general de la Fiscalía. En este caso se buscó una solución temprana, pues para coordinar la búsqueda de cuerpos, en  2007, se creó el Centro Único Virtual de Identificación (CUVI), que centraliza la información sobre los casos de desaparición. La desconexión persiste, pero es cada vez menor.

También se crearon protocolos para entregar los restos a los familiares. Aunque las organizaciones de desaparecidos cuestionan las entregas masivas de cuerpos, el cambio ha sido rotundo. Antes de Justicia y Paz simplemente se entregaba una bolsa con los huesos a sus familiares. "Yo entregué los restos de dos víctimas en una bolsita blanca que decía Fiscalía - CTI dentro de un taxi. Le di un abrazo con mucho respeto a la familia, pero no podía hacer nada más”, recuerda Helka Quevedo.

Hoy en día los familiares tienen acompañamiento psicosocial, una explicación jurídica de cómo va el proceso en la justicia transicional y el forense les explica cómo murió su ser querido. Los cofres que están acompañados de una foto de las víctimas se entregan en un oficio religioso, dependiendo de  las creencias de la familia. Para las comunidades indígenas existe un protocolo especial.

“Durante estos años aprendimos que recibir los restos es un momento muy importante para el duelo. La atención de psicólogos es fundamental y los antropólogos forenses se han capacitado para darles respuestas que la gente pueda entender”, dice Nibaldo Jiménez, fiscal de exhumaciones.

Hace un mes, 13 familiares llegaron al salón de un hotel en Bogotá para recibir los restos de Willmar Cruz Jiménez. “Hoy se acaba la incertidumbre, podemos cerrar capítulo, ya por fin le podemos dar cristiana sepultura. Pero el camino no termina, hay que limpiar su nombre”, dijo su suegro. Willmar fue uno de los 528 enterrados como NN en el cementerio de Granada, Meta, donde se presume hay, en su mayoría, víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Las familias también buscan a sus muertos

El trabajo para encontrar a los muertos no ha estado sólo en manos de la Fiscalía. Desde 2006, en San Carlos, Antioquia, Pastora Mira, junto a un grupo de líderes, repartieron mapas a los habitantes para que les dieran información sobre fosas comunes. Las familias del Oriente Antioqueños se apropiaron de la búsqueda de sus muertos.

El país conoció también la trágica historia de las cuatro hermanas Galárraga en La Dorada, Putumayo, torturadas, violadas y asesinadas por paramilitares del Bloque Sur Putumayo en enero de 2001. Durante años, la madre y la única hermana sobreviviente buscaron los cuerpos y guardaron información con la ubicación exacta de las fosas. Su trabajo sirvió para que 9 años después encontrarán cientos de cadáveres en un lugar conocido como La Marranera.

En los primeros años estos ejemplos fueron más bien escasos y  no siempre aprovechados por la Fiscalía. Los familiares eran convocados sobre todo para tomarles muestras de ADN que después se compararon con los restos encontrados. Sin embargo, según cifras oficiales, es mayor el número de exhumaciones programadas por información aportada por las madres, los hermanos o los hijos que las diligencias hechas a partir de versiones los postulados a la ley.

Gráfica ExhumacionesNúmero de diligencia según fuentes de información. Con información de la Fiscalía General de la Nación a enero 2015.

“Se ha privilegiado la versión de los victimarios. Se supone que el sentido de que hagan parte de la justicia transicional es que cuenten la verdad. Pero la experiencia ha mostrado que la información más importante está en las comunidades”, asegura Ana Carolina Guatame, investigadora forense de Equitas, una organización no gubernamental experta en temas forenses.

Un ejemplo ha sido lo ocurrido en algunos municipios de Casanare, donde los familiares de las víctimas han sido la fuente principal para encontrar a 30 cuerpos. Las Autodefensas Unidas de Casanare, grupo paramilitar más conocido en la zona como ‘Los Buitragueños’, no se desmovilizó y los escasos excombatientes que están en la cárcel han colaborado muy poco.

La apuesta por encontrar más desparecidos en Casanare

Hay regiones del país donde los métodos de desaparición narrados por los exparamilitares dejan muy pocas esperanzas de encontrar a los muertos: cadáveres arrojados al río o al mar y restos incinerados en hornos crematorios o en hogueras con llantas.

Sin embargo, en las audiencias de Justicia y Paz, las víctimas de las Autodefensas del Magdalena Medio y del Bloque Catatumbo han criticado reiteradamente a la Fiscalía por darle la razón a los victimarios cuando dicen, respectivamente, que arrojaron los cadáveres a los ríos o los incineraron en hornos crematorios. “Aceptar eso es muy difícil para las familias. Siempre hemos dicho que el simple testimonio no es suficiente, para dejar de buscar esos cuerpos tiene que haber pruebas contundentes”, dice Juan Felipe Berrío, asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

Para varios expertos consultados por VerdadAbierta.com, si se hubiera valorado desde el comienzo la información que brindan las víctimas y las comunidades, el número de cuerpos no identificados sería menor.

“No es solo cavar, hay que identificar”

Los más de 6.400 cuerpos hallados en los primeros diez años de la ley de Justicia y Paz dieron a los colombianos una primera noción de la tragedia ocurrida, pero también un resultado agridulce. Solo el 46% de los restos, que equivale a algo más de 3.300 cuerpos, han sido identificados y regresados a sus familiares. El resto permanece en las bodegas de los laboratorios esperando un Match, una coincidencia los perfiles genéticos de algunas de las víctimas que entregaron muestras de sangre.

“El balance no puede ser mirado solo desde las cifras. Al comienzo los desmovilizados entregaron muchas coordenadas, pero poco sabían de la identidad de las víctimas”, dice Álvaro León Polo, coordinador de grupo de exhumaciones de la Dirección de Justicia Transicional. “Tuvimos que aprender a no correr tanto con exhumaciones, porque nos estamos quedando con cuerpos que no tenemos la más remota idea de quién son”, agrega.

“Los cuerpos se encontraron, pero el problema es que pasaron de estar en una fosa clandestina, para llegar a un cementerio estatal de miles de cajas en bodegas”, explica  Juan Felipe Berrío del Cicr.

En los laboratorios hay dos tipos de cadáveres: los que tienen una posible identidad, es decir, sobre los que una familia reclama y los que definitivamente nadie sabe nada. Para hacer las pruebas de ADN los cuerpos entran en una especie de ‘lista de espera’ y los resultados pueden tardar desde un par de meses hasta tres años.

Los retrasos más comunes ocurren porque las muestras de sangre fueron mal tomadas o por el avanzado estado de deterioro de los huesos; pero también dificulta el poco personal que trabaja en los tres laboratorios calificados que existen en el país y la falta de herramientas tecnológicas.

En este proceso están por ejemplo las víctimas de Albania, la primera fosa común encontrada en el país. En 2001, luego de ser desenterrados, fueron nuevamente sepultados como cuerpos no identificados en el cementerio de Florencia, Caquetá. A comienzos de 2015, en un trabajo liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, los 14 cadáveres fueron exhumados por segunda vez y sus posibles familias contactadas. Desde abril de 2015 los restos están en laboratorios y lo cierto es que 14 años después, sus familias aún no tienen respuesta.

Caquetá, la prueba piloto para encontrar más desparecidos.

En los laboratorios también están los restos de más de 2 mil personas apilados en cajas sobre los que no existe ni una pista de su identidad. Esto ocurrió, en parte, porque los exparamilitares no sabían a quién habían matado. También porque algunos fiscales no daban mayor información a los antropólogos forenses, que son los que dirigen la diligencia de exhumación. Iban con su pala en busca de los cuerpos, pero no sabían a quién buscaban. Sin una investigación previa y sin un diálogo con las familias y la comunidad se perdió gran parte de los datos claves para identificar los muertos.

“El Estado pensaba que su trabajo era encontrar la fosas, pero ese es solo el primer paso. Toca preguntar quién lo trajo, cómo estaba vestido, si hay familiares buscando cuerpos, si la personas fumaba, etc. Eso los investigadores no lo hacían”, concluye Berrio.

Los casos también se acumulan porque hay un déficit de personal. “falta gente en todas las instituciones, pero es que no hay de dónde”, asegura Carolina Guatame de Equitas. Hay muy pocos antropólogos forenses en el país, porque no hay escenarios de formación. En la Universidad Nacional existió la única especialización, pero cerraron el programa hace cinco años.

¿Se acabó la información?

Desenterrar los restos de más de 6.400 personas ha sido todo un logro para el país, pero visto en perspectiva, hace falta mucho trabajo. De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay más de 45 mil desaparecidos, es decir, que la Ley de Justicia y Paz, ha dado con el paradero de solo el 14% de los muertos.

El problema es que la intensidad de las exhumaciones es cada vez menor, mientras en los primeros años se desenterraron en promedio 900 restos, en lo que va corrido de 2015 solo se han encontrado algo más de 40 cadáveres.

Gráfica ExhumacionesCuerpos exhumados por año. Con información de la Fiscalía General de la Nación a agosto 2015.

“Cuando recién se desmovilizaron los paramilitares entregaron información puntual, tenían los hechos muy frescos, todas las diligencias eran muy positivas, pero ya la información se está agotando”, dice Álvaro Polo de la Fiscalía. Agrega que la poca información disponible es traficada entre los mismos desmovilizados, sobre todo, vendida a quienes están en la justicia ordinaria y reciben una rebaja de pena por cada muerto que encuentren. “Si el desmovilizado no conoce el terreno y se enteró de las fosas por medio de terceros, es imposible encontrarlas”.

En las audiencias de Justicia y Paz es común escuchar a los exparamilitares decir que tienen “muertos por entregar”, pero la Fiscalía no los ha buscado. Aunque muchas veces se trata de información falsa o inexacta, hay casos en los que tienen razón. “Yo creo que a la Fiscalía se le salió de las manos. Por hacer lo urgente, no se hace lo importante. Hay Información que los postulados han dado que está hace tres años y ni siquiera la han visto”, dice Helka Quevedo.

Además, los postulados alegan que ellos solo tienen una parte de la verdad y que son los patrulleros y mandos medios quienes conocen la ubicación exacta de las fosas comunes. El problema es que algunos de los que tienen la información siguen en la ilegalidad o se unieron a programas de reinserción con la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr). Estos últimos están obligados a participar en un mecanismo de contribución a la verdad con el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero no a responder dudas puntuales que tienen los familiares de los desaparecidos.

Para organizaciones como Equitas esta es la consecuencia de haberse centrado tanto en la versión de los victimarios. “la Fiscalía ha recuperado los casos más ‘fáciles’, donde les entregaron coordenadas”, dice Carolina Guatame. La fundación le ha propuesto a la Fiscalía que se implemente una metodología más científica y de investigación social que hasta ahora no se ha aplicado.

¿Qué viene ahora?

La mayoría de las víctimas encontradas fue asesinada por paramilitares, pero hace falta buscar a los desaparecidos de la guerrilla. En Norte de Santander, Cauca, Putumayo y Chocó los resultados son mínimos para la magnitud de la guerra que han vivido. “Hay cerca de 200 cuerpos que se le atribuyen a la guerrilla, pero no porque los digan los desmovilizados, sino que lo asumimos por georeferenciación. En esas zonas, el Ejército no nos garantiza la seguridad y en otras hay sospechas de campo minado. Las familias aún tienen miedo y no dan información”, dice el coordinador de grupo de exhumaciones de la Dirección de Justicia Transicional.

Exhumaciones Un cuerpo puede ser identificado por sus huellas, su carta dental y el ADN. Cuando el cadáver está muy deteriorado, se miran las características personas reportadas por la familia. Foto: archivo Semana.

Recuperar a las víctimas de estas regiones ha sido toda una odisea. Por ejemplo, en varias ocasiones, la Fiscalía intentó buscar el cuerpo de José Arnoldo Pineda, un hombre desaparecido en Puerto Concordia, un municipio al sur del Meta, pero por problemas de seguridad fue imposible ingresar. Desesperada, la familia decidió pedir permiso a las Farc para sacar el cuerpo, lo exhumó con sus propios medios y se lo entregó a los investigadores.

Otro nuevo frente de búsqueda se abrió en los cementerios. En 2010, el Gobierno hizo un cruce de información de la Registraduría con las huellas de personas que murieron de manera violenta y cuyos cadáveres sepultados como NNs en cementerios. Encontraron la identidad de casi 10 mil cuerpos. Ya las familias saben que el desaparecido está muerto, el reto es encontrarlo.

El Ministerio del Interior priorizó la búsqueda en 184 cementerios del país. En solo cinco de los Llanos Orientales se encontraron cerca de 3 mil desaparecidos. “Hay cementerios que una vez muerto el sepulturero, se pierde toda la información”,  agrega Berrio del Cicr.

La Ley de Justicia y Paz desenterró una dolorosa verdad que se posicionó en la agenda del país. Han sido diez años en que las instituciones aprendieron a buscar los muertos, a escuchar a los familiares y a entender la importancia de identificar los cuerpos encontrados.

Dimensionar la magnitud del problema ha permitido también conocer los nuevos retos. Tal vez nunca se recuperen los 45 mil restos de las personas desaparecidas y seguramente la búsqueda llevará más de 100 años. Pero el camino recorrido no solo les ha dado la razón a las víctimas, sino que como nunca antes las ha acercado a una respuesta.

¿Qué nos dejan diez años de Justicia y Paz?

La justicia transicional no es nueva en Colombia. Desde hace diez años se empezó a aplicar la Ley 975 de Justicia y Paz para los exparamilitares que dejaron las armas, y para cientos de guerrilleros que desertaron de las filas insurgentes. La Ley, así como la jurisprudencia que han sentado cortes y tribunales a lo largo de estos años, han preservado los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, de las víctimas. Sin embargo, una cosa son las leyes en el papel y otra diferente su puesta en práctica.

entrevista diego martinez 1Manuel de Jesús Pirabán, conocido como ‘Pirata’, jefe militar del Bloque Centauros, entregó las coordenadas de esta gigantesca fosa común en la Cooperativa, una inspección de Mapiripán. Foto: archivo Semana.

Estos diez años han sido un camino de ensayo y error para las víctimas, los excombatientes y los operadores judiciales. Es difícil hacer un balance en blanco y negro sobre los logros que se han obtenido hasta ahora. En algunos aspectos hay avances enormes –como en la búsqueda de desaparecidos-; en otros, fracasos innegables –como en la persecución de bienes-; y en algunas áreas, mucho por hacer aún, como investigar a las miles de personas señaladas como cómplices o financiadores de los grupos armados. Lo más importante de estos años, quizá, es que las víctimas emergieron como un actor social, con voz clara y exigiendo sus derechos.

Leer más...