¿Qué develan las verdades de Ramón Isaza?

El proceso de justicia con el más veterano comandante paramilitar –y sus lugartenientes– arroja conclusiones de gran calado. Una de ellas es la necesidad de establecer las asociaciones de la Fuerza Pública con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

isasza 10 anios jyp 1Ramón Isaza durante una de sus versiones libres ante la Fiscalía de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Corre el año 1961 y Ramón María Isaza Arango es un joven de 21 que está terminando su servicio militar en el Ejército, adscrito a la zona de Florencia, Caquetá, y posteriormente al Huila. El joven ha participado en combates contra alias ‘Tirofijo’ mostrando gran disposición en acabar con la guerrilla, por ello ¬–a manera de despedida y bonificación– el último día en las filas oficiales, un coronel le regala una escopeta: como un guiño a su trabajo y para que defienda a su familia. Más de medio siglo después, con 75 años, Ramón Isaza, mejor conocido como ‘El Viejo’, es el creador de una estructura paramilitar cuyos crímenes se cuentan por centenares, probablemente miles.

Nunca se sabrá el número exacto. Por décadas Isaza y sus hombres sembraron las tierras del Magdalena Medio de cadáveres y arrojaron a los ríos otra cantidad incalculable. Aunque desde que se desmovilizó, en 2006, pasa sus días tratando de precisar qué fue de esta o aquella víctima, y explicando ante los tribunales de Justicia y Paz cómo fue que logró conformar su propio Ejército, ni el tiempo ni la memoria han sido suficientes para abarcar su océano criminal. No obstante, tras casi una década de colaboración con la justicia, de los relatos de Isaza, del conjunto de hechos que se le atribuyen y de lo aceptado por él, se desprenden varios tópicos determinantes para la memoria histórica del país y para documentar la barbarie paramilitar.

Matar era su pan de cada día

isasza 10 anios jyp 2Ramón Isaza y varios jefes de las Auc, con el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Foto: archivo Semana.Ramón Isaza lucha contra el sueño durante las audiencias donde la Fiscalía da cuenta de cada uno de sus crímenes, y la mayoría de sus brevísimas intervenciones en dichas diligencias es para aceptar, sin más, la responsabilidad. La magistratura se ha abstenido de legalizar varios asesinatos aceptados, recordando que el compromiso de los postulados con la verdad debe ir más allá de la simple aceptación de autoría.

El rutinario ejercicio es, en el fondo, un buen reflejo de la realidad que instauraron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM): la muerte como instrumento cotidiano. Mataron a destajo. Sin preguntas, ni control, ni clemencia. Con masacres y al de tal. A Aldemar Cruz Medina lo sacaron amarrado de su casa en Fresno,Tolima, y lo asesinaron con tres disparos en la cabeza porque “robaba aguacates y gallinas”. Ezequiel de Jesús Toro, de 38 años, fue acribillado por tener problemas mentales que le hacían incurrir en comportamientos “inadecuados” como llevar los pantalones caídos a la rodilla. El 4 de agosto de 2004 a las 6:50 de la mañana a Efrén Hernando Rincón le dispararon cuando montaba en bicicleta cerca de Villeta. El 9 de septiembre de 2003 Jhon Ferned Niño iba en su motocicleta en Guaduas, Cundinamarca, cuando fue capturado, asesinado y luego arrojado al río Magdalena. Yosimili Silva Melo transportaba a un grupo de niños en una ruta escolar cuando fue interceptado por varios hombres, uno de estos entró al automotor y le propinó dos tiros mortales.  En enero de 2003 ocho hombres aficionados a la caza deportiva se adentraron en las montañas de Armero Guayabal, Tolima, días después otros dos hombres y una mujer acudieron para recogerlos como lo habían acordado. Las once personas desaparecieron. Un par de semanas después autoridades militares hallaron en la zona cuatro fosas no con los once cadáveres: con doce, uno adicional. Y evidencia física de que la mujer había sido violentada sexualmente. Jonathan Adalberto Ramírez Carmona tenía 16 años cuando fue declarado “objetivo militar” por las ACMM. Para salvar su vida tuvo que integrarse al grupo, tras cuatro años de servir como combatiente, hizo parte de la desmovilización colectiva en 2006. Al siguiente año desapareció sin que se tenga más noticia de él. A Iván Andrés Aránzazu, de 16 años, le dispararon desde una motocicleta cuando iba en camino a ver un partido de fútbol en Fresno; a Juan Carlos Pabón Sandoval lo torturaron y asesinaron de varios disparos en el cráneo tras negarse a jugar un partido de fútbol callejero con un equipo en La Dorada, Caldas.

Es apenas una galería breve del crimen como el pan de cada día, la cotidianidad impuesta por las ACMM por tres décadas (1977-2006), con Ramón Isaza a la cabeza. Desde su desmovilización, la Fiscalía ha llevado a cabo un centenar de audiencias conjuntas e individuales con los postulados de esta estructura. Allí se han perfilado cerca de 7 mil hechos de los cuales ya han sido decantados mil como hechos confesados, en su mayoría asesinatos, desapariciones, reclutamientos, masacres, violaciones y desplazamientos forzados.

El 29 de mayo de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió la primera sentencia parcial contra Isaza y sus principales lugartenientes en la que resultaron condenados a la pena alternativa de 8 años de cárcel, siempre que colaboren eficazmente con la verdad y la reparación. Pero el fallo (de 613 páginas) apenas incluye 100 hechos confesados. Es decir, una mínima parte. En síntesis, por sí solo el proceso frente a las ACMM demuestra que el país no ha logrado elaborar una fórmula judicial que soporte el alud de muertos que se desprende del fenómeno paramilitar.

Más que un guiño de la fuerza pública

isasza 10 anios jyp 3En el corregimiento La Merced, del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, Isaza desmovilzó a 990 integrantes de las ACMM Foto: archivo Semana.Aquella escopeta que recibió de un coronel del Ejército a sus 21 años, fue incentivo recurrente a lo largo de la carrera paramilitar de Isaza. No es simple coincidencia que –tras concluir el servicio militar y dedicarse por algunos años al campo siendo víctima de robo y extorsión por parte de la guerrilla– Isaza haya decidido crear en 1977 su primer grupo estable de “autodefensas puras” al que bautizó “Los Escopeteros”. Y según su propio relato a la Fiscalía “las 8 escopetas calibre 12, fueron entregadas con salvoconducto y sin dificultad en la 4ª Brigada del Ejército Nacional para los ganaderos víctimas de extorsión”. Esa fue la génesis del paramilitarismo en el Magdalena Medio antioqueño, iniciativa que fue “modelo” replicado en el país. Y desde ese momento, pasando por la expansión y el momento cumbre del paramilitarismo, hasta su desmovilización, los constantes nexos entre tal fenómeno y la fuerza pública demuestran que más que a sus espaldas, el paramilitarismo contó con su respaldo. Amén del apoyo del narcotráfico. Los nexos se tejieron aprovechando la legalidad que amparó por años a organizaciones de seguridad y vigilancia privada: las “autodefensas”.  

La única sentencia que hay en los tribunales de Justicia y Paz contra Isaza, como comandante máximo de las ACMM, y cuatro subalternos suyos, sostiene que el crecimiento de los paras “tuvo en algunas regiones aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército”, señala que en la justicia existen “múltiples decisiones” al respecto, y recuerda la declaración judicial del ex teniente del Ejército Luis Antonio Meneses quien afirmó que la inteligencia militar del Batallón Charry Solano reunió en 1987 los movimientos de autodefensas campesinas bajo su control organizando una reunión con los líderes en esta sede militar “de donde surgió una junta nacional de autodefensa, compuesta por líderes de 8 regionales cuya función era promover el sistema de autodefensas y coordinar con el Ejército operaciones”.

También da testimonio de la coordinación de los paras con la Fuerza Pública, en momentos más recientes, Víctor Alfonso López quien era un niño de 14 años cuando fue integrado a las filas del Frente Omar Isaza en 2001. Tras ocho meses de adiestramiento y trabajo con el FOI en la zona de Pensilvania, Caldas, su comandante lo envío al Batallón Ayacucho (Manizales). Según López, allí fue recibido por el coronel “Beltrán” o “Bernal”, quien lo usó como guía de tropas contra-guerrilleras en el área rural de Pensilvania por varios meses, participando en combates con uniforme y dotación que le suministró el Ejército. En 2001, al mando del Batallón Ayacucho se encontraba como encargado el coronel Ricardo Bernal Peña, coincidencia que está siendo investigada por la Fiscalía.

Una de las atrocidades de mayor resonancia de las ACMM es la masacre en la vereda La Esperanza, El Carmen de Viboral, Antioquia, entre junio y diciembre de 1996. Allí 17 pobladores, incluyendo tres niños, fueron desaparecidos, además del asesinato del Personero Helí Gómez Osorio, quien denunciaba formalmente que las desapariciones eran ejecutadas por las ACMM en complicidad con el Ejército Nacional. Los sobrevivientes han llevado el caso hasta la Corte Interamericana donde insisten en que la Fuerza Pública tuvo participación.

Siendo comandante máximo, “El Viejo’ dijo en una entrevista en 1997: “Desconozco que haya habido desapariciones de campesinos, porque lo que sucede es que las autoridades identifican con esa palabra a los guerrilleros”. Y una década después, en su último día como comandante de las ACMM, cuando se le preguntó por la masacre de La Esperanza y los vínculos con el Ejército en el acto de desmovilización, aseguró: “Esa región del oriente antioqueño la manejaba un hijo mío. Él no me consultaba, no me decía nada, estaba trabajando con un mando superior de la región que era el general Manosalva. Y en esa región, aquí abajo, había un mayor Hernández. Manosalva era el que les decía qué hacían”. El hijo al que hacía referencia fue Omar de Jesús Isaza, alias ‘Teniente’, su mano derecha hasta su muerte en 1998 (ver recuadro: La guerra, la familia). Y, para la Fiscalía, el general en mención es Alfonso Manosalva Flórez, quien para la época de los hechos era comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

Reiteradamente Isaza ha respondido que quien conocía y podía dar cuenta sobre la participación del Ejército con las ACMM era su desaparecido hijo. Y lo propio han dicho los demás postulados de esta estructura. Una respuesta tan poco creíble para muchos, como comprensible para otros. VerdadAbierta.com preguntó a uno de los abogados de confianza de Isaza si aún quedaban grandes verdades por confesar, y su respuesta fue: "Por mi seguridad prefiero no decir nada al respecto".

Las víctimas un paso adelante

isasza 10 anios jyp 4Isaza a la salida del Búnker de la Fiscalía en Bogotá. Foto: archivo Semana.Cuando las ACMM se sometieron a la Justicia Transicional y empezaron a contar sus crímenes ante la Fiscalía, a través de audiencias de versión libre, apenas un puñado de víctimas participó en tales diligencias. El pánico imponía el silencio general. Pero poco a poco el temor fue perdiendo terreno frente a las personas.

Jenny Castañeda Mejía fue una de esas víctimas presente desde el comienzo. Su madre, Damaris Mejía, fue una destacada líder comunitaria asesinada por orden de Ramón Isaza en 2001. Jenny ha luchado desde ese momento para que el crimen no quede en la impunidad y su ejemplo dio pie para que cientos de víctimas se involucraran. "Invité a un grupo de diez víctimas, que fuimos los primeros participantes. Íbamos a las audiencias con temor, pensando que tal vez no volveríamos a casa… Pero la gente empezó a ver que participando se lograba que los postulados reconocieran los hechos, entonces invitamos a más personas que se sumaron, y luego se multiplicaron”.

El empoderamiento de las víctimas frente a los ex comandantes de las ACMM fue notable en marzo de 2014 cuando se realizó una audiencia colectiva en Puerto Triunfo, Antioquia, territorio que fue por años la sede central de esta estructura paramilitar. 330 personas tuvieron un cara a cara con Ramón Isaza y tres comandantes más, quienes durante dos días le pidieron perdón a la comunidad y trataron de aclarar las dudas de decenas de víctimas. La movilización de las víctimas ha propiciado el conocimiento de cientos de casos. Por ejemplo, el de la isla: un territorio en medio del río Magdalena, a donde los ‘paras’ confinaron a decenas de habitantes de La Dorada y otros pueblos aledaños, obligándoles a realizar trabajos forzosos. Otro de los tantos hechos por los que también han pedido perdón.

“Cada víctima tiene su dolor, y aún más en esta región donde los casos de desaparición son mayoría. Pero yo, en mi caso particular, me siento reparada. Ramón Isaza y los otros comandantes han dicho reiteradamente que se arrepienten por el daño que me causaron, que reconocen que mi madre era una gran mujer, y me han pedido perdón pública y privadamente”, concluye Jenny, quien es Coordinadora de la Mesa de Víctimas de Puerto Triunfo. La entereza de las víctimas y el compromiso de los postulados parecen estar abriendo el difícil camino a la reconciliación. Tal como lo señala el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica: “La reconciliación o el reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión, el ocultamiento y el olvido, sino solo sobre el esclarecimiento”.

 

La guerra, la familia

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Los lazos de sangre y la guerra se han entrecruzado tanto en la vida de ‘el viejo’ Ramón Isaza que es imposible desatar ese ovillo. En su caso, familia y estructura criminal son lo mismo. Para comprender mejor la pirámide jerárquica de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio vale más repasar el álbum familiar:
 
- Ramón María Isaza, padre, creador y máximo comandante de las ACMM. Este campesino analfabeta oriundo de Sonsón, Antioquia, encausó por las armas a cinco hijos, un yerno.

- Jhon Kenedy Isaza Gómez, (muerto) Fue asesinado en la guerra de las ACMM contra Pablo Escobar.  

- Omar de Jesús Isaza, (muerto) fue el principal lugarteniente de ‘El Viejo’, murió en un extraño accidente 1998 cuando trasportaba un cargamento de armas.  

- Ovidio Isaza Gómez, comandante del Frente Jhon Isaza de las ACMM. Con el alias de ‘Roque’, se desmovilizó con su padre, pero no colaboró como postulado y fue expulsado de Justicia y Paz.

- Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, comandante del Frente Héroes del Prodigio. Postulado en Justicia y Paz.

- Walter Ochoa Guisao, hijo adoptivo de ‘el Viejo’, es postulado en Justicia y Paz. Conocido con el alias de “el Gurre” era el segundo de Omar de Jesús, y tomó el mando de ese frente en 1998, cuando fue rebautizado con el nombre del hermanastro muerto.

Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘McGuiver’ es yerno de Ramón Isaza (esposo de Adriana Isaza) y comandó el Frente José Luis Zuluaga. Ya está libre luego de cumplir como postulado de Justicia y Paz.  

También hicieron parte de las ACMM dos sobrinos de ‘el Viejo’: Juan de Dios Arbeláez, alias ‘Pipe’, comandante en El prodigio, y Luis Gómez Isaza, alias Richar, comandante en Fresno, Tolima. Además, siete sobrinos: Orlando de Jesús Isaza alias Cachirre y Ortelio Isaza alias Ahumado, Pedro Ángel Quintero Isaza alias Pedrucho, su hermano Luis Quintero, Jairo Alberto Arango Isaza alias Kalimán –comandante en Fresno-, y el hermano de este alias Choibo y un tercer hermano de este N.N. Arango Isaza.

 

Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc

El más reciente informe del CNMH analiza cómo fue el proceso de desarme y reinserción de los paramilitares que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia. A pesar de sus duras conclusiones, arroja luces para los posibles procesos con las Farc y el Eln.

lecciones desmovilizacion auc 1La desmovilización de las Auc frenó una gran ola de violencia, pero combatientes que no se acogieron al proceso de paz que concluyó en 2006, volvieron a tomar las armas y siguen dejando víctimas a su paso. Foto: archivo Semana.El próximo 25 de noviembre se cumplirán 12 años de la desmovilización del primer bloque de las Auc que se acogió al proceso de Justicia y Paz, luego de negociar con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ese día, el Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', desmovilizó a 868 combatientes en Medellín. A partir de ese momento y durante tres años, hizo lo mismo la mayoría de bloques y frentes que conformaron esa federación contrainsurgente, hasta alcanzar la cifra de 31.671 desmovilizados.

Por estos días, además, los avances en el proceso de paz que desarrollan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en Cuba, hacen pensar en otra inminente desmovilización masiva. El primer mandatario de los colombianos anunció el pasado mes de agosto que el acuerdo de paz se firmará en marzo del año entrante y que dos meses después las Farc empezaran a dejar las armas. Y como muestra de la buena salud que goza la negociación, en días pasados dijo que se podría dar un cese al fuego bilateral a partir del próximo 1 de enero.

Y como si fuera poco, se especula que en los próximos días se establecerá formalmente una mesa de negociación con la guerrilla del Eln, que podría conducir a otra desmovilización. Si ambos procesos llegan a buen puerto, el país tendría que afrontar el reto de lidiar con la reintegración a la sociedad civil de alrededor de 30 mil hombres que durante décadas se prepararon para hacer la guerra.

En medio de esa coyuntura y de la posibilidad de que el país entierre definitivamente una guerra que lo ha desangrado durante 50 años, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicó el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, que examina rigurosamente cómo fue el proceso de dejación de armas de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, determinando logros y fracasos, que serán de mucha utilidad para el devenir de los procesos de paz con las Farc y el Eln.

portada libro ddr aucHaga clic en la portada para descargar el informe.Álvaro Villaraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del CNMH -al que deben comparecer los desmovilizados que no cometieron crímenes de lesa humanidad para contar sus acciones durante el conflicto armado- y autor del informe, aclara que aunque los procesos de las Farc y de las Auc son de diferentes naturalezas, se deben evitar cuatro errores principales que ocurrieron durante la reintegración de los paramilitares.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Villarraga explicó que el mayor problema del proceso con las Auc fue la falta de transparencia de ambas partes. De los paramilitares porque inflaron las cifras de combatientes para tener mayor peso en las negociaciones, y del gobierno porque no tuvo una política pública definida frene a quiénes se iban a desmovilizar. “Los paramilitares eran en realidad entre 14 mil y 16 mil efectivos, pero se permitió más de la duplicación de personas y se desmovilizaron 31 mil. El Alto Comisionado de Paz hablaba genéricamente de una tolerancia de hasta 40% de la población cercana, bajo el riesgo de que podían ser judicializados, pero eso es un error”, señaló, y al mismo tiempo advirtió que en la actual negociación, las Farc y el gobierno deben definir cuál será el tratamiento para los exguerrilleros, los exmilicianos, sus familiares y las comunidades del entorno donde ejercen presencia.

Otro problema que detectó fue el prolongado periodo de tiempo en el que se dieron las desmovilizaciones de los grupos paramilitares. “Esto da unos márgenes de incertidumbre muy grandes. Los informes de la MAPP/OEA fueron estableciendo como en el lapsus tan prolongado de tiempo se presentaron fenómenos como desplazamiento de estructuras no desmovilizadas a regiones donde otras ya se habían desmovilizado, manejo de armas entre los grupos y nuevos hechos de victimización”, indicó. Al respecto, el informe cita cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, que indican que 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos de autodefensas durante el proceso de negociación y desmovilización, pese a que estuvo condicionado a un cese de hostilidades.

Otro inconveniente es que no se generaron medidas de atención para las víctimas ni para las comunidades a las que llegaron. “Esa situación resintió mucho porque la población exparamilitar recibía una serie de beneficios del Estado -que está bien por los acuerdos alcanzados-, pero en contraste, no había atención para las víctimas. Durante cinco años se cuestionó ese tratamiento diferenciado para los exparamilitares, fue desde 2006 hasta que se creó la Ley de Víctimas”, explicó. Para evitar esta situación es importante que también se dediquen proyectos productivos para las regiones más afectadas por el conflicto, en donde se dan actividades ilegales como la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería.

El último error fue no evitar el rearme, pues puso en riesgo tanto a la víctimas y la garantía de no repetición de la violencia, como a los desmovilizados que quieren reincorporarse a la sociedad civil. “En las desmovilizaciones del M-19 y del Epl los niveles de reincidencia fueron menores del 10%. En contraste, las desmovilizaciones paramilitares tuvieron niveles de reincidencia altos: entre el 20% y el 30%. Eso le quita legitimidad al proceso, crea tensiones y fomenta hechos de violencia”, indicó.  De este modo, poco tiempo después de la desmovilización de las Auc, surgieron nuevos grupos armados con personas que no entregaron las armas y con desmovilizados que decidieron regresar a la ilegalidad.

Aparte de los errores identificados por Villarraga, el informe hace hincapié en que el proceso de las Auc fue improvisado y carente de políticas públicas que brindara mejores condiciones para los desmovilizados y las víctimas del paramilitarismo.
 
“En la negociación con las AUC casi no existió claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas “venta de franquicias” que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el gobierno. No existió realmente un período de concentración previa sino la llegada pocos días previos al acto de desarme y desmovilización. Incluso, aunque formalmente se preveían al menos tres semanas de concentración de los efectivos, con frecuencia no sucedió así. Esta situación sumada a las desmovilizaciones progresivas facilitó la duplicación de los efectivos reales, acompañada de los hechos denunciados de vinculaciones irregulares”, dice el informe.

Las Bacrim

bacrim 2015Las bandas criminales están dedicadas a la captura de rentas ilegales, pero siguen afectando a la población civil que ha llevado encima el peso del conflicto armado. Recientemente, la expansión de los Urabeños ha afectado a comunidades en Chocó y el Urabá antioqueño. Foto: archivo Semana.Además de analizar cómo fue el proceso de dejación de armas de los paramilitares, el informe le dedica varios capítulos a las bandas criminales (Bacrim), nombre con el que el  gobierno de Álvaro Uribe bautizó a los grupos armados que surgieron tras la desaparición de las Auc. Sobre este nuevo actor armado, establece que surgió por el carácter parcial y las irregularidades de las desmovilizaciones ocurridas entre 2003 y 2006.

Define que la desmovilización no permitió “la superación cabal y efectiva del complejo fenómeno paramilitar, sino a la afectación de sus estructuras armadas. De tal manera, los grupos armados ilegales que suceden a las AUC surgieron en distintas regiones como expresión de continuidad de formas de protección y control que se relacionan con intereses entretejidos entre economías ilegales -especialmente cocalera- y legales y de interferencia y participación en poderes públicos. Ofrecen seguridad privada e interfieren o controlan entes oficiales presentes en su ámbito, por lo que se resisten a la vigencia del Estado constitucional”.

A partir de sus disputas por control territorial y fuentes de financiación, las Bacrim se convirtieron en las principales responsables de violaciones de derechos humanos. Según el banco de datos del  Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ocurrieron 1.132 hechos victimizantes atribuibles a estos nuevos grupos armados en 2010, 2.109 en 2011, 1.839 en 2012, 916 en 2013 y 875 en 2014. De acuerdo con los análisis del informe CNMH, los picos de violencia en 2010 y 2011 están relacionados con las fuertes disputas que se dieron entre Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños en diferentes regiones del país; y en los años siguientes mermaron por la consolidación de hegemonías y acuerdos.

Villarraga considera que a pesar de que las Bacrim están conformadas por paramilitares que no se desmovilizaron y por otros que volvieron a delinquir, no se puede decir que el fenómeno del paramilitarismo sigue vigente. “Nos encontramos en una situación intermedia: hay rasgos del paramilitarismo que permanecen y otros que se han debilitado. Hay un poder narcotraficante de control de otras economías, de acceso a control del poder público y de coerción social, que es propio del fenómeno paramilitar y permanece; pero en conjunto es una fase más degradada y desarticulada del paramilitarismo, el fenómeno se ha deslegitimado. Ya no están las Auc y no tienen todo es control territorial que tuvieron. También se debilita el discurso antisubversivo”, indicó.

Mancuso: lecciones para juzgar a un criminal de alto calibre

Los cerca de 20 mil crímenes que cometieron hombres bajo su mando en 8 departamentos han sido un desafío para el sistema judicial. Las condenas contra el exparamilitar vivo con mayor rango en las Auc arrojan aprendizajes para futuros procesos de justicia transicional.

jyp 10 anios mancuso 1Mancuso fue extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. Desde una cárcel del estado de Virginia, el extraditado jefe paramilitar contó cómo instaló varios laboratorios de droga y produjo cerca de 120 mil kilos de pasta de coca en el Catatumbo. Foto: archivo SemanaSoberbia. Con esa palabra se pueden describir las primeras declaraciones judiciales de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que cuando llegó al Congreso en 2004 dijo: “el cese de hostilidades no nos exime de la responsabilidad de defender a las poblaciones de los ataques de las guerrillas”. O, luego de entregar las armas en 2005, cuando le preguntaban por las miles de víctimas del paramilitarismo, respondía con un: “yo fui el Estado”.

Su testimonio, sin embargo, ha sido uno de los más valiosos, pues desde los años 90 creó su propio grupo paramilitar en Córdoba con ayuda de la Brigada XI del Ejército. En 1994 se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, donde conoció de primera mano algunas de las reuniones más importantes que sostuvieron Carlos y Vicente Castaño con altos mandos militares y políticos para extender su proyecto paramilitar en todo el país. Él mismo llevó estos grupos a Cesar, Magdalena, los Montes de María, La Guajira y Norte de Santander.

Han pasado diez años desde que se expidió la ley de Justicia y Paz, de la que fue el primero en la lista de postulados que el gobierno le envío a la Fiscalía. En los últimos videos conocidos de Mancuso, se ve a un hombre agotado que casi mecánicamente acepta su responsabilidad, luego de que el fiscal le relata los miles de crímenes atroces que hombres bajo su mando cometieron en casi todo el país. Un hombre que pide perdón a las víctimas con impotencia, porque pocas veces tiene respuesta para sus preguntas. Varios funcionarios judiciales que han seguido su paso por la justicia aseguran que este no es el mismo Mancuso que conocieron.

El Dossier de Salvatore Mancuso

En una década, y tras cientos de tropiezos, no solo Salvatore Mancuso ha cambiado sus declaraciones, también la Fiscalía encontró nuevas fórmulas para investigar crímenes masivos y los magistrados de Justicia y Paz han sentado su voz en importantes sentencia contra este postulado.

Como parte del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? VerdadAbierta.com hace un detallado repaso sobre del proceso judicial más ambicioso que hasta ahora ha enfrentado el país en materia de justicia transicional.

Un mal comienzo

“Nadie sabía qué estábamos haciendo. Todos veníamos acostumbrados a la justicia ordinaria y nadie nos formó: los fiscales, los investigadores, los magistrados y, por su puesto, nosotros los abogados”, recuerda Jaime Paeres, defensor de Salvatore Mancuso en Colombia.

De hecho, en los primeros años, Mancuso y su grupo de abogados le dieron más importancia a los juicios de parapolítica en la Corte Suprema, donde el desmovilizado declaró en contra de 52 políticos que hoy en día están condenados. La Corte avanzaba a paso rápido, mientras el sistema judicial especial que había creado el Estado para juzgar a los exparamilitares se estaba adaptando.

“Se versionaban al día 3 o 4 delitos y luego ante los magistrados se nos iba todo un día de audiencia imputando 20 hechos, mientras mostraban todas la necropsias y leían una a una las actas de defunción. Eso no es sostenible si hablamos de miles de crímenes”, asegura un asistente a los primeros juicios. Mancuso llegó a decir que Justicia y Paz era una cadena perpetua, pues si seguían a ese paso iba a tardar más de 200 años en contar toda la verdad.

Al comienzo fue difícil que hablara de sus crímenes, sobre todo de sus aliados, pues siempre aludía a posibles represalias contra su familia. Las versiones más complicadas, como sucedió con otros jefes paramilitares, fueron las que versaban sobre las irregularidades en la desmovilización. Al interior de la Fiscalía fue una dura pelea saber que quién no permitió el desarme de los menores de edad en las filas de las Auc fue Luis Carlos Restrepo, el entonces comisionado de paz.

El torpedeado comienzo empeoró con su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008, junto a otros 13 jefes paramilitares. Durante casi un año, el proceso de Justicia y Paz quedó suspendido. Desde el primer día hasta hoy, Mancuso ha repetido que lo enviaron a otro país para callarlo.

En los estrados judiciales

jyp 10 anios mancuso 2Mancuso aceptó haber convocado el Pacto de Ralito en junio de 2001, una reunión de más de 100 políticos de la Costa Caribe y funcionarios públicos con la idea de crear un movimiento nacional. Foto: archivo Semana. A mediados de 2012, luego de tires y aflojes con la Fiscalía, siete años después de haberse desmovilizado, Mancuso llegó por fin ante una magistrada de Justicia y Paz para ser condenado. Desde una cárcel de Virginia, Estados Unidos, acudía a la audiencias vía videoconferencia.

El ente investigador documentó 110 delitos cometidos en Norte de Santander por el Bloque Catatumbo. Un grupo paramilitar que se creó en 1999, luego de que Mancuso eligiera a más de 270 hombres entrenados en Urabá y los embarcara en siete camiones que recorrieron cuatro departamentos del país hasta llegar a Tibú. En ese momento comenzó la peor matanza vista hasta ahora en Norte de Santander.

“El propósito inicial de esta audiencia fue conocer quiénes fueron las redes de apoyo que permitieron esa entrada tan brutal en el Catatumbo. Desde la Sala hubo mucha presión para que Salvatore Mancuso contara lo que no había contado ante la Fiscalía”, dice Alexandra Valencia, la magistrada que estuvo a cargo de la audiencia.

Durante las primeras sesiones Mancuso aseguró tener toda la verdad, decía que la entrada de los paramilitares no habría sido posible sin la ayuda de agentes del Estado, pero se rehusaba a dar nombres argumentando que la seguridad de su familia estaba en riesgo. En duros pronunciamientos, la magistrada le recordó que su compromiso era con la verdad y que de no hablar, tendría que ser excluido del proceso. Como ocurrió con la mayoría de los postulados, este fue el escenario en el que Mancuso se encontró de nuevo con la justicia colombiana que años atrás fue omisiva.   

La audiencia se sostuvo durante por lo menos tres meses sin interrupciones. Mancuso se refería a militares que ya estaban fallecidos o salpicaba a alguien cuando su vinculación era evidente. Por ejemplo, decidió hablar de las reuniones entre Carlos Castaño y el General Mauricio Santoyo,  jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, solo días después de que este fuera ido extraditado a Estados Unidos.  

"Santoyo trabajó con Carlos Castaño": Mancuso

Poco a poco el tono se fue suavizando y parte de la verdad salió a la luz. En audiencia se habló de los miembros de la fuerza pública como el general (r) Iván Ramírez que, según varios desmovilizados, no solo permitió la entrada de los paramilitares, sino que planeó la expansión junto a Carlos Castaño. Se nombraron otros militares retirados como Víctor Hugo Matamoros a quien la justicia absolvió.

Participaron también excongresistas condenados por parapolítica como Eleonora Pinera y Miguel de la Espriella para aclarar que el expresidente Álvaro Uribe sabía que contaba con el apoyo de los paramilitares y, especialmente, de Salvatore Mancuso en las elecciones. Fueron miembros del Fondo Ganadero de Córdoba a hablar de la supuesta intermediación que hizo José Felix Lafourie de Fedegan para la elección del fiscal Mario Iguarán.

Se habló de la Fiscalía seccional de Cúcuta, donde después de matar y amenazar a varios de los fiscales, los paramilitares se aliaron con la nueva directora Ana María Flórez, prófuga de la justicia. También se mencionó el apoyo de empresas como Ecopetrol y federaciones como Fedegan al Bloque Catatumbo.

Pero tal vez el punto más álgido de la audiencia fue cuando Salvatore Mancuso delató a su propio primo, a quien consideraba casi un hermano: Doménico Mancuso. Fue el encargado de hacer los contactos entre el Bloque Catatumbo y los miembros de la fuerza pública para asegurar la entrada en cada uno de los municipios de Norte de Santander. A raíz de esas confesiones Doménico fue capturado. A puerta cerrada, como pocas veces ocurre, Mancuso habló también de sus primeros encuentros con Álvaro Uribe y el alcance que el antiguo DAS tuvo en el entrenamientos de los grupos paramilitares.

Doménico Mancuso: enlace de las Auc con el Ejército en el Catatumbo

“Mientras eso pasaba, todo seguía funcionando normalmente. La guerra no ocurre porque dos grupos se enfrentan, sino porque grupos de poder lo permiten”, dice la magistrada y todo esto la llevó a pensar que más allá de un concierto para delinquir, algunos de los agentes del Estado habían servido funcionalmente a la llegada y expansión del grupo paramilitar. Por tal razón, debían responder como “el hombre de atrás” de los crímenes. “Pero esta postura no fue acompañada por los demás magistrados de la sala”, dice.

De acuerdo con Valencia, uno de los grandes aprendizajes del proceso contra Salvatore Mancuso es que en la justicia transicional, a diferencia de la ordinaria, es seguro que se va a terminar en sentencia condenatoria. Por eso el peso no debe ponerse en el fallo, sino en el proceso.

La priorización

jyp 10 anios mancuso 3Los cuatro bloques paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso desplazaron a más de 72 mil víctimas, de acuerdo con la información recogida por la Fiscalía. Foto: archivo Semana. En diciembre de 2012 se reforma la ley de Justicia y Paz con los cambios que ya al interior de la Fiscalía se estaban dando. El tiempo se estaba agotando, los postulados comenzaban a cumplir sus ocho años máximo de prisión y solo había algo más de diez sentencias. Se sabía que no se podía seguir investigando y juzgando uno a uno los hechos.

Bajo ese contexto a comienzos de 2013 se planteó una segunda audiencia que contemplaba 1.400 crímenes cometidos por cuatro Bloques: Córdoba, Montes de María, Norte y Catatumbo. “Todos estos fueron fundados por Mancuso bajo las mismas directrices y aunque siempre había alguien a cargo del grupo, en últimas todos le rendían cuentas a él”, cuenta uno de los fiscales que trabajó en el caso. Este proceso quedó en manos de la magistrada Léster González.

Para lograr ese objetivo tuvieron que unirse 7 despachos de la Fiscalía que habían trabajado por separado haciendo contextos y versiones libres por su lado. “Fue necesario que juntáramos toda la información, que nos alejáramos del caso a caso y que hiciéramos un análisis macro de qué era lo que realmente había pasado en el país. No fue una tarea fácil”, recuerda el fiscal.

Decidieron así construir los patrones por crímenes. Eligieron desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores y violencia basada en género. Existía una directriz clara de su accionar con algunas diferencias regionales, por ejemplo, que todos los bloques incineraron los cadáveres ya fuera en hornos crematorios (como sucedió en Norte de Santander) o introduciéndolos en llantas que luego quemaban (así lo hicieron en gran parte de la Costa Caribe), los arrojaban a los ríos o en el caso particular del Bloque Catatumbo, los arrojaban por abismos.

Organizar esta información para crear dichos patrones y presentarlos en audiencia requirió la participación de más de 200 funcionarios. Por primera vez, los fiscales juntaron los contextos que cada uno había creado en su región e hicieron un solo relato a varias voces que presentaron ante los magistrados. “Nos dimos cuenta de que hay que dejar de lado esas envidias con la información para lograr algo más grande. Acá la información era de todos”, cuenta una fuente de la Fiscalía.  

El trabajo hecho en los primeros años sirvió para que se documentara con detalle en la sentencia más de 90 masacres, algunas de las más grandes cometidas en la Costa Caribe como la del Salado o la de Playón de Orozco. También algunos hechos de impacto regional como el asesinato del personero de Villanueva que se atrevió a encarcelar a Mancuso y a ‘Jorge 40’.

Las verdades de la nueva condena contra Mancuso

Con la reforma a ley de Justicia y Paz se eligieron también a unos jefes paramilitares. El objetivo era priorizar su proceso judicial para que una vez obtenida su sentencia, quienes fueran su subalternos no tuvieran que someterse a un proceso judicial, sino acogerse a una sentencia anticipada y así agilizar el proceso. En un comienzo Mancuso se rehusaba a aceptar tal cantidad de crímenes, pues aseguraba que él desmovilizó solamente al Bloque Catatumbo y que cada uno de los Bloques tenía sus propios jefes. Los postulados de rangos menores no estaban tampoco contentos con la decisión. Creían que solo beneficiaban a los jefes y que les iba a retrasar su libertad.

Sucedió algo similar con los 175 delitos de género documentados por la Fiscalía que incluían la esclavitud sexual, el aborto y la esterilización forzada. Esta sentencia, proferida en noviembre de 2014, es la que más más víctimas de este flagelo ha reconocido. “Ante la justicia ninguno de los patrulleros ni mandos medios quería aceptar violencia sexual. Les daba más vergüenza contar eso que reconocer un homicidio”, dice el abogado Jaime Paeres. Los defensores de los postulados recogieron la información en las cárceles y se la llevaron a Estados Unidos a Mancuso, quien decidió aceptar los cargos y exigir a sus antiguos subalternos que respondieran ante las víctimas.

Al final, todos se pusieron de acuerdo y sacaron adelante la primera macro-sentencia de Justicia y Paz.

Aunque esta macro-sentencia contra Salvatore Mancuso no entra en mayores detalles sobre los terceros involucrados con el grupo paramilitar, controvierte la decisión tomada por la magistrada Alexandra Valencia.  “El paramilitarismo no constituyó en sí mismo una política estatal que tuviera proyección en el tiempo ni que fuera diseñada expresamente por algún órgano constitucional ni legítimo”, reza la sentencia. La magistrada González agregó que aunque hubo participación de miembros del Estado, se deben resaltar los esfuerzos estatales que se adelantaron durante la expansión del paramilitarismo a fin de fortalecer la Fuerza Pública.

Los enredos en la reparación de las víctimas de Salvatore Mancuso

La sentencia fue apelada por varias de las víctimas, pues varias de ellas no quedaron reconocidas en el fallo. Esta es la primera sentencia en la que un magistrado acepta todos los patrones de macro-criminalidad presentados por la Fiscalía y por eso hay tanta expectativa sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema, pues su respuesta podría darle el visto bueno a esta metodología u ordenar cambios radicales.

Cara a cara con las víctimas

jyp 10 anios mancuso 4En una sola sentencia se documentaron 94 masacres cometidas por hombres bajo el mando de Salvatore Mancuso, la mayoría en la Costa Caribe. Foto: archivo Semana. “Al comienzo la Fiscalía era muy desconfiada. Acercarse a hablar con las víctimas en un espacio no judicial era casi como un crimen”, dice Jaime Paeres. Poco a poco las barreras fueron bajando y fueron las víctimas, familiares de desaparecidos, las que buscaron a los excombatientes para obtener información más precisa. “Es difícil, pero a veces esa comunicación del postulado con la víctima es necesaria para reconstruir episodios más puntuales y son espacios que no siempre se pueden dar en una audiencia”.

La interacción con las víctimas es, para la magistrada Valencia, el punto de quiebre de los postulados. “No sé si sea solo una percepción mía, pero yo noté un cambio del postulado desde el comienzo hasta el final de las audiencias. De comenzar con un discurso muy a favor del paramilitarismo termina por denunciar lo que ellos mismos habían cometido. Entra en conciencia de lo que son los excesos de la guerra”.

Recuerda en particular el caso de un menor en Cúcuta, que luego de ser testigo presencial del asesinato de cuatro miembros de su familia a los 7 años, desarrolla una extraña enfermedad dermatológica en sus uñas que le impide manipular cualquier elemento con sus manos. El joven pedía como reparación un tratamiento médico. Frente a la mirada de todos, Salvatore Mancuso rompió en llanto y apagó la cámara. “Cuando se confronta con los huérfanos y viudas, ve otra parte de la guerra. Con esa segunda realidad entra un discurso de arrepentimiento muy fuerte”, dice la magistrada.

Dicho contacto en distintas zonas del país, les ha demostrado que, contrario a lo que estipula la ley, existen tantas formas de reparación como personas. Algunas víctimas aseguran sentirse reparadas con un sentido pedido de perdón, otras necesitan las coordenadas de un cuerpo, un cupo en una universidad o un tratamiento psicológico. Pocas sienten que el dinero que les están entregando a cambio, equivale a una verdadera reparación.  

¿Qué falta?

jyp 10 anios mancuso 5Aunque los postulados han sido reacios a confesar delitos sexuales, pues decían que estaba prohibido en los estatutos, la macro-sentencia de Mancuso documentó 175 casos de violencia sexual en ocho departamentos. Foto: archivo Semana.“El cierre de la estructura del postulado Salvatore Mancuso está proyectado de aquí a tres años”, dice Carlos Villamil, Director de Justicia Transicional de la Fiscalía. Primero se presentará ante los Tribunales de Justicia y Paz el cierre de todos los hechos documentados del Bloque Córdoba, Contrainsurgencia Wayuu (que delinquió en La Guajira) y Resistencia Tayrona.

En una segunda fase se cerrarán los delitos que no se han llevado a juicio de los Bloques Norte, Montes de María y Catatumbo. La mayoría de los postulados ya está saliendo en libertad aunque no tenga una sentencia condenatoria y se espera que estos procesos cobijen a los miles de excombatientes que hicieron parte de estos grupos.

En Estados Unidos Mancuso fue condenado a 15 años y diez meses de prisión, de los cuales ya cumplió 7. Luego de esta sentencia fue trasladado a otra prisión en Virginia, con mayores libertades carcelarias, pero le impiden la comunicación vía videoconferencia con Colombia, lo que ha retrasado el proceso. Se está estudiando si es posible versionar por escrito.  

Para diciembre de este año se programó la audiencia en la que Mancuso solicitará la libertad en Colombia. Aunque no va a estar efectivamente libre hasta que no cumpla su condena en Estados Unidos, la decisión del tribunal puede marcar un precedente para los demás extraditados que aún no tienen claro si su estadía en Estados Unidos cuenta como parte del pena que deben cumplir en Justicia y Paz.

Justicia y Paz: la experiencia de los postulados

Rodrigo Pérez Alzate, quien en sus días de guerra fue conocido como ‘Julián Bolívar’, está libre tras cumplir una condena de ocho años. VerdadAbierta.com habló con él sobre su experiencia en el proceso de justicia transicional.entrevista julian bolivar

Hace diez años Rodrigo Pérez entregó sus armas en Remedios, Antioquia, como uno de los tres jefes paramilitares que comandaron el Bloque Central Bolívar. Se acogió a la ley  975 de 2005 y, luego de ocho años en la cárcel y más de mil horas de versiones ante la Fiscalía, quedó en libertad.

En libertad alias ‘Julián Bolívar’

Este paramilitar creó su propia Convivir en Yarumal, Antioquia, y a finales de los 90 se unió al narcotraficante, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, para tomarse a sangre y fuego el sur de Bolívar. Escudado en una supuesta lucha antisubversiva, llevó a sus hombres hasta Barrancabermeja, Santander, y Villeta, Cundinamarca, donde asesinaron y desaparecieron a miles de pobladores.

Luego de ocho años en prisión, Pérez considera que el sistema penitenciario, tal como lo concibe el Inpec, no contribuye a la resocialización de los excombatientes. Que se incumplieron muchas de las promesas que en su momento hizo el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que los paramilitares han sido los conejillos de indias de la justicia transicional: “este proceso se ha adelantado bajo la divisa de hacer camino al andar”, dijo.  

Como parte del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?, VerdadAbierta.com entrevistó a Pérez Alzate para conocer qué le dejó su paso por la cárcel en el marco del  proceso de justicia transicional en el país.

Las verdades inconclusas de 'HH'

A pesar de liderar dos máquinas de guerra: el Bloque Bananero y el Calima, Éver Veloza García estuvo por fuera del radar de las autoridades hasta que se desmovilizó. Pero una vez comenzó a ventilar las alianzas entre 'paras', Fuerza Pública, empresarios y políticos, fue extraditado.

hh especial jyp 1Éver Veloza García, alias 'HH', custodiado por policías, el día de su extradición a Estados Unidos. Foto: archivo Semana.

“Era un total desconocido. No tenía órdenes de captura ni condenas, fue identificado e individualizado tras la desmovilización”. Con estas palabras, la fiscal que lideró durante más de siete años las investigaciones contra 'HH', explica la complejidad del caso de un personaje que dijo mucho sobre la guerra ocurrida entre 1994 y 2004, pero cuya extradición a los Estados Unidos en 2009 dejó verdades a medias.

Veloza ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) como paramilitar raso y con el paso del tiempo se ganó la confianza de los hermanos Castaño Gil, en particular la de Vicente, y ascendió dentro de este grupo armado hasta comandar los bloques Bananero en el Urabá antioqueño y el Calima en Valle del Cauca y sus alrededores. Para el momento de la negociación de paz con el gobierno nacional, ocurrida en julio de 2003 en Santa Fe de Ralito, Córdoba, ya era miembro del Estado Mayor de las Auc.

Se vinculó a las Accu después de que las Farc le roboran un camión en el que transportaba mercancía al Urabá. Luego lo recuperó pero se tuvo que desplazar a Meta por temor a represalias. A finales de 1994, los hermanos Castaño sembraron la semilla del que sería el Bloque Bananero, cuando enviaron a un grupo de 20 hombres -entre ellos Veloza- al municipio de Turbo y emplearon contra la guerrilla “la táctica de la pulga: entrar, golpear y salir de la zona”. Ese grupo fue conocido como 'Los Escorpiones' y cobraron fama por las decenas de asesinatos de personas que eran señaladas como supuestos colaboradores de la insurgencia.

Cuando 'HH' era un escorpión

A mediados de 2000 fue enviado a Valle del Cauca para que armara otro grupo de autodefensas, esta vez en Buenaventura, pues las Accu ya hacían presencia en el departamento desde el año anterior. Sin embargo, a raíz de las quejas de ciertos empresarios porque el comandante del primer grupo, David Hernández, alias '39', tenía a las autodefensas al servicio de algunos capos del Cartel del Norte del Valle, los Castaño decidieron entregarle el mando de toda la región a 'HH’. Una vez tomó las riendas del Bloque Calima, inició su expansión desde el centro hacia el Pacífico, el sur, e incluso, hacia el vecino departamento de Cauca. Tiempo después el Calima tendría tentáculos en Huila, Quindío y Antioquia.

La maquinaria de guerra del Bloque Calima

A raíz del proceso de paz que inició el gobierno del expresidente Álvaro Uribe con las Auc, 'HH' desmovilizó los dos bloques a los que perteneció. Primero fue la entrega de armas del Bloque Bananero, ocurrida el 25 de noviembre de 2004, en el corregimiento El Dos, de Turbo, Antioquia; y luego vino la del Bloque Calima, el 18 de diciembre de 2004, en el corregimiento Galicias, de Bugalagrande, Valle del Cauca. En total dejaron las armas 1.015 combatientes.

Pese a ese par de desmovilizaciones, el arranque del proceso de justicia transicional de 'HH' fue accidentado, e incluso, algunas personas señalan que debió ser excluido de ella. Inicialmente, el gobierno decidió retirar su postulación del proceso de Justicia y Paz porque no acató el llamado que les hizo el 14 de agosto de 2006 a los jefes desmovilizados de las Auc de recluirse en el centro de detención de La Ceja, Antioquia, argumentando que había vuelto a delinquir.

No obstante, la versión de Veloza es diferente. Uno de sus abogados, que pidió mantener en reserva su identidad, le dijo a VerdadAbierta.com que como no tenía orden de captura, no tenía por qué cumplir con la cita en La Ceja. Posteriormente, fue detenido el 3 de abril de 2007, el mismo día que la Fiscalía 21 de Derechos Humanos le dictó su primera orden de captura, por su responsabilidad en la masacre de El Naya, ocurrida en la Semana Santa de 2001.

El gobierno volvió a insistir con su expulsión de Justicia y Paz porque había vuelto a delinquir, pero la Fiscalía decidió empezar a indagarlo en versiones libres porque no recibió pruebas de ninguna autoridad sobre supuestos hechos delictivos tras la desmovilización, y porque fue capturado por hechos relacionados con el conflicto armado.

El exjefe paramilitar rindió su primera versión el 29 de octubre de 2007. A partir de ese momento confesó cientos de crímenes que cometieron los hombres bajo su mando y reveló los nombres de quienes presuntamente apoyaron la creación, el accionar y la expansión de los grupos que comandó. Sus confesiones permitieron entender diferentes fases del paramilitarismo y del conflicto armado, como la complicidad de miembros de fuerzas militares y policiales, los apoyos que recibieron por parte de empresarios y narcotraficantes, los vínculos que tejieron con políticos para detentar poder, y las traiciones que se dieron dentro de las Auc.

Fuerza Pública

hh especial jyp 4El general (r) Rito Alejo del Río, y el capitán (r) Byron Carvajal, fueron mencionados como supuestos colaboradores de las Auc en Urabá. Fotos: archivo Semana.En varias de sus versiones 'HH' explicó que “sin la ayuda de la Fuerza Pública habría sido imposible sacar adelante la guerra en el Urabá”. En dichas audiencias habló de la supuesta complicidad que tuvieron oficiales y miembros de la Brigada 17 del Ejército con el Bloque Bananero y habló de patrullajes conjuntos. El 29 de octubre de 2007 declaró que cuando las autodefensas llegaron a Urabá en 1995, los contactos con la Fuerza Pública fueron realizados por Carlos Mauricio García, alias 'Doblecero', un excapitán del Ejército que posteriormente fue el jefe del Bloque Metro.

“Paramilitarismo en Urabá no habría sido posible sin Fuerza Pública”: FiscalíaLa complicidad entre militares y paras en el Urabá Antioqueño

Uno de los señalados de esa unidad militar fue su comandante, el general (r) Rito Alejo del Río, quien estuvo al frente de ella entre 1995 y 1997, época en la que el Bloque Bananero se expandió y cometió cientos de crímenes. 'HH' indicó que Del Río les prestó ayuda logística y que era amigo de Carlos Castaño y de 'Doblecero'. Sobre los contactos que los paramilitares tenían con el general (r), el 11 de febrero de 2009 contó que una vez él sacó a dos supuestos guerrilleros que estaban detenidos en la Brigada 17 con sede en Carepa, para asesinarlos en Buenaventura porque supuestamente habían secuestrado a la esposa de un militar en Valle del Cauca.

Otro oficial mencionado con nombre propio por el exjefe paramilitar fue el capitán (r) Byron Carvajal, conocido por ser el responsable de la matanza de un grupo de antinarcóticos de la Policía en Jamundí, Valle del Cauca. De éste dijo que sus tropas hicieron patrullajes y cometieron asesinatos juntos: “todos esos operativos que hizo Carvajal, o que fueron conseguidos para Carvajal, donde hubo bajas, siempre fueron con nosotros o hechos por nosotros y legalizados. Había muchos soldados que andaban de civil con nosotros y se hacían pasar como un miembro más de las autodefensas”, aseguró.

Por otro lado, en entrevista con el diario El Espectador el de 1 agosto de 2008, 'HH' declaró que el Bloque Bananero empezó a desaparecer a sus víctimas por pedido de miembros de la Fuerza Pública. “Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder. Pero ellos también han de responder. En Urabá, cuando empezamos, todos los cuerpos se dejaban donde se mataba a la gente. Después de un tiempo, la FP (Fuerza Pública) comienza a presionar: que nos dejan seguir trabajando, pero que desaparezcamos las personas. Ahí es donde se empiezan a implementar las fosas comunes”.

'HH' se confiesa (entrevista de El Espectador)

En Valle del Cauca, donde estuvo al frente del Bloque Calima, también reveló los nexos con miembros de la Fuerza Pública. Por ejemplo, contó que los paramilitares que permanecían en la zona de Calima-Darién, eran protegidos por policías, quienes mensualmente recibían dinero dependiendo de su rango: a los tenientes les pagaban 500 mil pesos, a los sargentos 300 mil y a los agentes 200 mil.

Refirió que sus hombres contaron con ayuda de oficiales de los batallones de Buga y Palmira. De este último, indicó que los sargentos González y Castellanos les suministraban material de intendencia, radios y celulares. Además, que González les entregaba información y les daba nombres de personas para ser asesinadas.

A raíz de la masacre de El Naya, 'HH' contó que le pidió a Armando Lugo, alias 'El Cabezón', que realizara coordinaciones para conseguir material de guerra y que el Ejército moviera parte de sus tropas para que los paramilitares pudieran llegar a esa región donde asesinaron a más de 20 personas en la Semana Santa de 2001.

La masacre del Naya y los militares

Según confesó 'El Cabezón', antes de ser excluido de Justicia y Paz porque intentó extorsionar al senador Luis Fernando Velasco y a la exsenadora Dilian Francisca Toro para no vincularlos en sus declaraciones, realizó coordinación con el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Francisco René Pedraza; con el comandante del Batallón Pichincha, Tony Alberto Vargas Petecua; y con el capitán Mauricio Zambrano.

Empresarios y narcotráfico

hh especial jyp 5'HH' declaró ante fiscales de Justicia y Paz que empresarios de la agroindustria en Urabá y en Valle del Cauca aportaron recursos a las Auc. Foto: archivo Semana.Sobre el origen del Bloque Calima se ha hablado de la petición que empresarios y narcotraficantes de la región les hicieron a los hermanos Castaño para que instalaran uno de sus grupos en Valle del Cauca debido a las avanzadas de las Farc y del Eln. El 30 de mayo de 1999 el Eln realizó un secuestro masivo en la iglesia La María de Cali, que llenó de zozobra a la comunidad vallecaucana; y el domingo 17 de septiembre del año 2000, las Farc secuestraron a 70 personas que estaban en dos restaurantes ubicados en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura.

Según confesó 'HH' ante fiscales de Justicia y Paz, para el año 2000 Édgar Lenis, fallecido expresidente de Avianca, se reunió con los hermanos Castaño en Urabá y otros empresarios de apellidos Escarpeta, Mejía y Guzmán, quienes decían ser familiares de secuestrados de esas dos 'pescas milagrosas'. Después de ese encuentro, los Castaño enviaron dos emisarios, conocidos como Hernán Gómez y Carlos Spa, para que hablaran con otros empresarios de apellidos Vásquez, Valencia y Flórez, quienes se quejaron porque el grupo paramilitar estaba al servicio de narcotraficantes.

Por esta razón, Carlos Castaño le quitó el mando a Hernán Hernández, alias '39', y envió a 'HH', quien se encontraba en el Bloque Bananero, a Valle del Cauca para que reorganizara al Bloque Calima. Veloza confesó que llegó a la región a mediados de 2000 y buscó recursos económicos para expandir el grupo más allá del centro del departamento.

Entre las personas que mencionó en una versión libre están: María Clara Naranjo Palau, gerente del Ingenio San Carlos; Bernardo Tezna, exgerente de ese ingenio entre 2003 y 2004; Andrés Orozco, compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; Manuel Mosquera, tío del exgobernador de Cauca Chaux Mosquera; y el periodista Mario Fernando Prado. Según él, de estas personas recibieron 250 millones de pesos, los cuales eran recogidos por alias 'Gordo Pepe', exsecretario de Vicente Castaño, y las reuniones fueron auspiciadas por Édgar Lenis en la finca El Corcovado, propiedad de Manuel Mosquera, ubicada en Buenos Aires, Cauca. Esta información fue expuesta por la Fiscalía ante el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá el pasado 28 de enero, durante la contextualización del Bloque Calima en la audiencia de legalización de cargos por la masacre del Naya.

hh especial jyp 9De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Diego León Montoya, alias 'Don Diego'; Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'; Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta'; y Víctor Patiño Fómeque, alias 'El Químico', capos del extinto Cartel del Norte del Valle. Fotos: archivo Semana.Por otro lado, en su versión libre del 6 de marzo de 2008, 'HH' contó que, tiempo después, los empresarios dejaron de aportar dineros y que Vicente Castaño se puso en contacto con narcos del Cartel del Norte del Valle para suplir esas finanzas. “Para esto se organizan unas reuniones con personas vinculadas al narcotráfico como fue 'Don Diego' Montoya, ‘Rasguño’, 'El Mocho' Arcángel; otra vez baja Vicente, 'Don Berna' y el doctor 'Ernesto Báez'. Se hace una reunión, ellos acuerdan dar una cuota de 250 millones de pesos entre todos, que se los entregaban directamente al señor Vicente Castaño por intermedio de alias 'Pepe'”, declaró.

Sin embargo, estos narcotraficantes también le quitarían su apoyo al grupo paramilitar, porque empezaron a buscar contactos con la justicia norteamericana y su negociación se podría ver afectada si los relacionaban con una organización catalogada como terrorista.

'HH' habla sobre narcotráfico en Tribunal de Justicia y Paz

'HH' habla sobre narcotráfico en Tribunal de Justicia y Paz

Para solucionar sus problemas financieros y no depender de aportes de terceros, los paramilitares del Bloque Calima buscaron nuevas fuentes de financiación, entre ellas el gramaje, es decir, el cobro de determinada suma de dinero por cada kilo de cocaína que pasara por sus territorios. Su principal fuente de financiación se estableció en Buenaventura, la cual servía para abastecer casi todos los gastos del grupo. Allí, les cobraban 50 dólares por kilo a narcotraficantes como Víctor Patiño Fómeque, 'Don Diego', 'Rasguño', 'Chupeta', entre otros.

Si bien 'HH' se refirió a las finanzas del Bloque Calima desde el año 2000, el grupo paramilitar se instaló en el centro de Valle del Cauca en julio de 1999. Sobre la llegada y sus primeros meses de financiación habló Jesús Ignacio Roldán, alias 'Monoleche', quien perteneció a las Accu y fue muy cercano a los hermanos Castaño.

“Las autodefensas llegaron al Valle del Cauca por solicitud de empresarios, ganaderos y cañeros, quienes enviaron un emisario, de nombre Édgar Lenis, a hablar con Carlos Castaño, con el objetivo de montar un grupo de Auc en el Valle del Cauca; que ellos lo financiaban, toda vez que estaban cansados de la guerrilla, ya que en el secuestro de la iglesia La María en Cali, habían sido víctimas de este flagelo”, contó 'Monoleche' en una versión libre que fue presentada por la Fiscalía en la audiencia de legalización de cargos de enero de este año.

Agrega que los Castaño enviaron a sus emisarios, entre ellos 'Diego Vecino', el exjefe paramilitar que acaba de salir de prisión por cumplir su pena de ocho años de cárcel, a sostener una reunión en una finca del ganadero Fernando Castro, a la cual asistieron “Édgar Lenis, Jorge Humberto Agredo, Fernando Castro conocido como 'El Tori' Castro, Javier Falaún, Ernesto Mejía Maya, Alberto Sinisterra Vélez, Leónidas Toro, Montiel Restrepo, Ibáñez de Bedout, Jaime Tascón, Jaime Betancourt y el doctor Mosquera”.

Indicó que los asistentes se comprometieron a aportar una primera cuota de 500 millones de pesos y de sostener a un grupo de 200 hombres, pero con la condición de que no estuvieran involucrados narcotraficantes. Sin embargo, según cuenta 'Monoleche', la financiación sólo duró tres meses porque 'Don Diego' y 'Rasguño' le propusieron a Vicente Castaño la posibilidad de financiar más hombres. Este testimonio explicaría el porqué de la salida de alias '39' del Bloque Calima.

Políticos

hh especial jyp 6Juan Carlos Martínez Sinisterra y Juan José Chaux, dos de los políticos salpicados en Justicia y Paz. Fotos: archivo Semana.En sus versiones libres 'HH' también habló sobre dos políticos de peso que tuvieron relaciones con el Bloque Calima. El primero fue el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir a raíz de las presiones que los paramilitares ejercieron en Buenaventura para que votaran por él en las elecciones parlamentarias de 2002.

El segundo fue Juan José Chaux Mosquera, exgobernador de Cauca y  exembajador de Colombia en República Dominicana. “El señor gobernador tuvo vínculos con ‘Fernando Político’, quien era el representante político del Bloque Calima. Estuvo conmigo en una cumbre de las autodefensas en Urabá, en la finca La 21, en donde estábamos todos los comandantes de autodefensas hablando sobre la política del país y una posible negociación de Carlos Castaño”, declaró. Por estos hechos, y por el supuesto apoyo electoral que dieron los paramilitares, Chaux sigue siendo investigado por la Corte Suprema, pero se encuentra en libertad.

También habló de los nexos que tuvo con Fernando Santa, exalcalde de Puerto Tejada, “quien fue una persona activa y una persona muy cercana a las autodefensas, que nos colaboró en muchos sentidos. Con ese hay videos de cuando nos ayudó a desmovilizar a las bandas de Puerto Tejada. Fernando Santa prácticamente era un autodefensa más, ese sí donde yo estuviera, iba. Nos colaboraba, nos daba información, inclusive en algún momento tuvo un escolta de nosotros. El tipo era prácticamente un autodefensa más”.

Los tapados de los 'paras'

hh especial jyp 7Tas las guerras internas de las Auc y los conflictos de los hermanos Castaño, 'Ernesto Báez', Salvatore Mancuso y Éver Veloza lideraron la desmovilización en 2004. Foto: archivo Semana.En medio de versiones libres ante la Fiscalía y audiencias ante los magistrados de Justicia y Paz, 'HH' también reveló varios secretos de las Auc. Uno de los más reveladores fue la desmovilización de los falsos bloques para que narcotraficantes se camuflaran como paramilitares o para inflar la cifra de desmovilizados.

En marzo de 2011, durante una audiencia de imputación de cargos ante el Tribunal de Bogotá, dijo que los bloques Pacífico, Héroes de Tolová, Héroes de Granada y Cacique Nutibara realmente no existían en las Auc.

A alias ‘Gordo Lindo’ le crearon un bloque para desmovilizarlo

Sobre el Bloque Pacífico, dijo que este era un grupo pequeño que operaba en el sur de Chocó con 20 hombres y cobraba gramaje a embarques de cocaína de Luis Hernando Gómez, alias 'Rasguño', el cual fue inflado para que el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo', se desmovilizara como Auc. En medio de esa jugada, Rodrigo Zapata, alias 'Ricardo', quien estaba encargado del grupo y era conocido como el Canciller de las Auc, se desmovilizó como un simple patrullero del Bloque Calima para pasar desapercibido ante las autoridades. Este testimonio de 'HH' y una carta que le envío al Fiscal General en agosto de 2012, fueron clave para que 'Gordolindo' fuera excluido de Justicia y Paz.

Los bloques fantasmas según 'HH'

Sobre los otros tres bloques, que estuvieron al mando de alias 'Don Berna', dijo que el Héroes de Granada no existía cuando el gobierno estaba negociando con las Auc; que el Héroes de Tolová era un frente del Bloque Norte que se convirtió en bloque para la desmovilización; y que el Bloque Cacique Nutibara era una fachada de la Oficina de Envigado y de las pandillas de los barrios de Medellín.

“¿Quién protege a alias 'Lucas'?”

En junio de 2012 habló sobre otro importante paramilitar que pasó de agache tras la desmovilización: Jacinto Alberto Soto Toro, alias 'Lucas', quien fue el encargado de las finanzas de las Accu en Antioquia a mediados de los 90 y tuvo vínculos con cómplices de los hermanos Castaño. “Cuando iniciamos en las Accu la relación con los bananeros era con los Castaño y con 'Lucas'. Pero eso era ilegal, entonces luego se buscó la manera de hacerlo legal a través de las Convivir”, dijo en versión libre y cuestionó que esté libre sin haber respondido ante la justicia.

También hizo parte de las luchas fratricidas al interior las Auc: participó en la guerra que varios bloques le declararon al Bloque Metro de 'Doblecero' porque se negaba a que narcotraficantes tuvieran asiento en la mesa de negociación de paz con el gobierno, y después participó en la cacería que Vicente Castaño ordenó para asesinar a su hermano Carlos, entonces jefe político y líder de las Auc.

Lo último que pidió Carlos Castaño antes de ser asesinado

“Los que dieron muerte a Carlos eran mis trabajadores. Vicente da la orden de matarlo, yo mando la gente, 'Monoleche' va con ellos. Carlos estaba en una tienda en una vereda consultando internet. Allá llegó la gente, él se voló pero una avanzada nuestra lo cogió vivo. 'Móvil 5' (uno de los 'paras' del grupo) lo mató y lo enterró”, dijo en una de las audiencias. Tiempo después, y como prueba de ese crimen, le entregó a los fiscales de Justicia y Paz la memoria USB que usaba Carlos Castaño, en la que aparecen los nombres de políticos, militares y policías que trabajaron con las Auc.

Por otro lado, reveló que crímenes como los del humorista Jaime Garzón, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, el profesor de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón, los ordenó Carlos Castaño, pero que en ellos participaron de forma directa e indirecta miembros de la Fuerza Pública.

'HH' en versión libre sobre el reclutamiento de hombres del Epl

'HH' en versión libre sobre el reclutamiento de hombres del Epl

Incluso, contó cómo reclutaron guerrilleros del Epl para robustecer a las autodefensas en Urabá. Uno de los casos fue la conversión de alias 'Giovanni' de guerrillero a paramilitar, quien después de desmovilizarse con las Auc se convirtió en jefe de la Bacrim de Los Urabeños; y el caso de una falsa desmovilización del Epl con la supuesta complicidad del Ejército, cuyos hombres terminaron en las filas de los Castaño luego de entregar las armas.

Las consecuencias de la extradición

hh especial jyp 8'HH' rumbo a Estados Unidos, en donde su aparición en Justicia y Paz se redujo drásticamente. Fue el último jefe de las Auc en ser extraditado y a partir de su caso la Corte Suprema de Justicia definió que los desmovilizados primero deben responder ante sus víctimas en Colombia. De este modo, negó extradiciones como las de 'Diego Vecino' y 'Don Mario'. Foto: archivo Semana.Estos son algunos de los hechos que Éver Veloza García, conocido como 'HH' o 'Carepollo', contó ante fiscales de Justicia y Paz, junto con cientos de crímenes, que algunos jefes paramilitares se negaban a reconocer al inicio de las versiones libres, como el reclutamiento forzado de menores, las torturas y la sevicia que ejercieron con sus víctimas.

Muchas personas consideran que por contar estas verdades, el gobierno decidió extraditarlo a Estados Unidos para que responda por cargos asociados al narcotráfico ante una corte Nueva York. Cuando se supo de la posibilidad de ser extraditado, diferentes organizaciones de víctimas y de derechos humanos radicaron tutelas para evitarlo, situación que no pasó con otros jefes de las Auc.  

Otras confesiones de 'HH'

Otras confesiones de 'HH'

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, entidad que representa a víctimas de la masacre de Sabaletas, cometida por el Bloque Calima en la zona rural de Buenaventura, recuerda que “'HH' se destacó positivamente por haber sido, tal vez, de los paramilitares que más revelaron detalles de sus delitos. Esa es la razón por la que en relación con su extradición, varias organizaciones de víctimas solicitaron, y nosotros también con ellas, que no se extraditara”.

Aunque algunos sectores señalan que la extradición fue una herramienta del gobierno para silenciarlo, ante la presión de las organizaciones de víctimas, el Ejecutivo decidió suspender durante cuatro meses la extradición para que Veloza avanzara en sus confesiones. Finalmente, fue enviado a Estados Unidos el 5 de marzo de 2009.

La fiscal que estaba encargada de judicializar sus crímenes cuenta que a raíz de la extradición se suspende el proceso, se vuelve paquidérmico y no avanza mucho. “Aunque había unos acuerdos con el gobierno americano de facilitar las versiones, se volvía muy complejo para nosotros darle la posibilidad a las víctimas, porque había que hacer transmisión a Medellín y de allí a diferentes puntos. Era complicado porque la señal de se caía acá o en Estados Unidos. Incómodo porque cuando iba a decir un nombre o algo importante, se caía la señal y dejaba la sensación en las víctimas o en sus abogados de que se quería tapar algo”.

Para las víctimas la extradición fue un golpe muy grande, porque 'HH' estuvo tres años sin rendir versiones libres. Y en un punto del proceso judicial, a la Fiscalía le tocó decidir si lo convocaba a versiones o a audiencias en el Tribunal, porque la justicia norteamericana aprobaba un tipo de diligencia. Sólo hasta diciembre de 2012 recibió su primera sentencia de Justicia y Paz, pese a ser de los primeros jefes con imputación de cargos: el tribunal de Bogotá lo condenó por crímenes en Urabá, entre ellos asesinatos de sindicalistas y miembros de la UP.

Sentencia de 'HH' en Justicia y Paz: Exterminio de la UP fue un genocidio político

“Siento que el gobierno nos revictimizó. Para el presidente Uribe fue más importante el delito de narcotráfico que los crímenes de lesa humanidad y no tuvo en cuenta a las víctimas”, dice Enrique Fernández, uno de los desplazados de la masacre del Naya, quien desde 2001 participa en cuanto proceso judicial existe, en busca de justica para su comunidad. “Llevamos años en este proceso y todavía no hay sentencias, ni se ha reparado a las víctimas. Parece que esto no tiene cuándo acabar”, agrega. Una líder de víctimas de Urabá, que pidió mantener en reserva su nombre, le dijo a VerdadAbierta.com que la extradición dejó los procesos en “ascuas”, y que pese a que Veloza fue “uno de los jefes que más verdades ha contado, al final hubo una verdad a medias”.

Por otro lado, Diego Arias, analista del conflicto armado y exdirector de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Valle del Cauca, considera que tras diez años de Justicia y Paz, se puede afirmar que 'HH' “fue funcional a una decisión superior de hacer un proyecto contrainsurgente; era un hombre que estaba convencido de una causa y fue funcional al proyecto paramilitar ligado a intereses de terceros”.

Además, pese a sus contribuciones con la justicia, considera que en el caso del Bloque Calima, se quedó corto al hablar sobre la clase dirigente que auspició su llegada a la región. “Siempre se quedó pendiente de que había más, muchos nombres y detalles de esa relación. Si es por eso, uno dice, lo que ha mencionado no es relevante. Casi que podría hablar de casos aislados vinculados a la agroindustria en algunos casos, a medios de comunicación y a otros, pero con lo que hay, no se podría decir que hubo una participación absolutamente decisiva de las élites de Valle del Cauca”, afirma Arias.

'HH' denuncia presiones de la Casa de Nariño“El Gobierno quiso callarme”: alias 'HH'

Para Veloza, la extradición fue la única manera que el gobierno tuvo para atajarlo, pues previamente le había mandado razones para que no hablara de Juan José Chaux ni de Rito Alejo del Río. En su versión libre del 24 de septiembre de 2008, dijo que el abogado Óscar Iván Palacio y el secretario de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, le enviaron mensajes a través de la abogada Consuelo Parra para que no mencionara al exgobernador ni al general. “Ella lo que me dijo fue que yo tenía que entender que esto no era un proceso jurídico, sino político”, declaró.

Más allá de las razones por las que fue extraditado, queda el sinsabor por la falta de resultados de la justicia para establecer si las afirmaciones hechas por 'HH' contra terceras personas sobre apoyos a los bloques Bananero y Calima son ciertas o no. De todas las personas que ha mencionado en sus versiones libres, sólo dos han sido condenadas (el general del Río por el asesinato de un campesino en Chocó y el exsenador Martínez) y otras cuantas fueron llamadas a indagaciones preliminares sin que se les abran investigaciones formales.

Las Farc en Justicia y Paz

Los juicios contra 'Karina' y 'Martín Sombra' han servido para reconstruir la historia y algunos crímenes de las Farc. ¿Qué pasará con ese expediente?

Alias Karina y Alias Martín SombraElda Neyis Mosquera, ‘Karina’, y Elí Mejía, ‘Martín Sombra’, están siendo procesados por los tribunales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

La Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana en septiembre de este año, que se implementará una vez se firme el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, no será el primer escenario en el que los guerrilleros se sienten ante un tribunal para contar las terribles verdades del conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas cinco décadas. Desde hace varios años Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’, y Elí Mejía, ‘Martín Sombra’, están siendo procesados por los tribunales de Justicia y Paz en calidad de desmovilizados individuales.

‘Karina’ ingresó a las Farc en el Urabá antioqueño en 1984, siendo muy joven. Rápidamente se destacó en el combate y en las lides militares, lo que la llevó a convertirse en la primera mujer de las Farc en ser comandante de un frente, en este caso el 47, que opera en el Oriente antioqueño y pertenece al Bloque Iván Ríos. El nombre de ‘Karina’ está asociado a tomas de pueblos, muertes de civiles, torturas y secuestros. Por eso desde que se desmovilizó, en 2008, ha estado vinculada al proceso de Justicia y Paz.

Por su parte, ‘Martín Sombra’ ingresó a las filas insurgentes siendo un niño, luego de que su padre fuera asesinado en los episodios de la violencia liberal-conservadora de los años 50. Primero estuvo en el Magdalena Medio y luego en el Bloque Oriental, y a lo largo de los más de 40 años que estuvo en las Farc fundó por lo menos 10 frentes. Fue un hombre de total confianza de Manuel Marulanda, al punto que en el momento más crítico de la guerra, cuando se rompieron los diálogos de El Caguán, fue encargado de custodiar a un centenar de rehenes y prisioneros de guerra. Pero en 2008 fue capturado por la Policía y acogido en Justicia y Paz en virtud de la verdad que podía aportar para las miles de víctimas de esa guerrilla.

Aunque jugaron papeles destacados dentro de las Farc, ni ‘Karina’ ni ‘Sombra’ hicieron parte del Estado Mayor Central ni del Secretariado. Por eso ni ellos ni los cerca de 300 desmovilizados de ese grupo que también comparecen ante los tribunales han aportado suficiente información sobre los hechos cometidos por esa guerrilla. En parte, porque en las Farc la información es muy compartimentada y solo los mandos superiores pueden tener un panorama completo de lo que ocurre. En tal sentido, habrá que esperar a que se cree la Jurisdicción Especial de Paz, pactada en La Habana, en el marco del proceso de paz, para que los jefes guerrilleros que acudan a ella aporten, como está contemplado en el acuerdo, una verdad exhaustiva y detallada.

Aún en medio de estas limitaciones, los fiscales y jueces de Justicia y Paz han logrado identificar aspectos claves sobre el origen del grupo, su modus operandi, su estructura, las víctimas que pudieron haber dejado y algunas explicaciones sobre sus actuaciones y el contexto en el que estas se produjeron. Este será sin duda un punto de partida para la verdad y la justicia que vienen. Este análisis de VerdadAbierta.com hace parte del especial ‘¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?’.

Alias Martín Sombra y Clara RojasElí Mejía, ‘Martín Sombra’, en un encuentro con Clara Rojas, secuestrada por las FARC en 2002. Foto: archivo Semana.

Las confesiones claves

En 2013, ocho años después de proferida la Ley de Justicia y Paz, sólo había 14 sentencias contra jefes paramilitares y ninguna contra guerrilleros de las Farc. En ese momento, la Fiscalía decidió que no investigaría caso por caso ni persona por persona sino que se concentraría en macro-estructuras y 16 máximos responsables. Dos de ellos eran de las Farc: ‘Karina’, cuyo proceso incluyó a 111 desmovilizados de los Frentes 5 (de Urabá) y 47 (Sur de Antioquia) del Bloque Iván Ríos, y ‘Martín Sombra’, con cerca de 125 guerrilleros rasos del Bloque Oriental.

El proceso contra ‘Karina’ y sus hombres incluía más de 150 delitos que dejaron al menos 1.300 víctimas. Ella confesó, entre otros hechos, las desapariciones cometidas por el Frente 47, bajo su mando, y ha dado información sobre 42 fosas, aunque no todas han sido encontradas hasta este momento. También ha denunciado el reclutamiento ilícito de 74 menores de edad y el fusilamiento de por lo menos 18 de ellos en Nariño, Antioquia.

Los fusilados por las Farc en el Oriente antioqueño

Al respecto, ‘Karina’ dijo que “en Urabá (donde antes ella operaba) no había fusilamientos como en el Frente 47 y 9”. En su versión indicó que Jesús Mario Arenas Roja, alias ‘Marcos’, dio la orden de ejecutar a todas las “relajadas”. Es decir, las niñas y mujeres que tenían varias relaciones sexuales con guerrilleros diferentes. También relató cómo eran tratadas las mujeres en las filas guerrilleras y aseguró que sí hay discriminación pues están prohibidos los embarazos y la promiscuidad. Además deben tener alguna relación para evitar ser atacadas o abusadas sexualmente. Sin embargo, ella ha insistido en que asociarse con los comandantes jamás ha sido una política impartida por las Farc.

Una de las verdades que todavía no se ha aclarado es cuál fue la participación de esta exguerrillera en la masacre de La Chinita, cometida por el Frente V de las Farc en 1994 en Apartadó (Antioquia), y que dejó 35 muertos y 17 heridos.  Esta matanza tenía como blanco a un grupo de desmovilizados del Ejército de Liberación Popular, Epl. El Tribunal de Medellín de Justicia y Paz ha indagado sobre la responsabilidad de ‘Karina’ en estos hechos, pues para la época pertenecía a ese frente. Incluso, le llamó la atención a la Fiscalía para que se le acuse. Sin embargo, esto no ha ocurrido hasta ahora a pesar de que uno de los fiscales anteriores sí lo había planteado.

“Desde que inició el proceso con el Bloque Iván Ríos, han cambiado seis veces de fiscal y como cada uno llega a conocer desde el principio todos los delitos, esto se convirtió en la repetición y en retraso de la verdad y la reparación”, denunció Jaime Restrepo, asesor de ‘Karina’ y abogado de los exguerrilleros Daniel Sierra, alias ‘Samir’, y Nicolás Montoya, alias ‘Manicortico’.

A ‘Martín Sombra’, por su parte, se le imputan 230 hechos con alrededor de 2.000 víctimas. Sus versiones han sido claves para que la Fiscalía construyera un análisis de contexto para entender a las Farc. Sombra habló de los 15 cambios de jefes que ha tenido el Estado Mayor Central en las últimas décadas; describió las Conferencias que se han hecho a lo largo de su historia; reconstruyó la estructura organizativa general del grupo. Sus confesiones también permitieron la exhumación de nueve cuerpos que estuvieron enterrados desde 1983 y la identificación de decenas de bienes supuestamente de las Farc en los departamentos de Meta y Caquetá. Especialmente algunas tierras baldías cuya recuperación anunció el Gobierno hace unos meses, medida que ha generado gran controversia.

‘Martín Sombra’ reconoció su participación en varias tomas a bases militares como la de El Billar, o de pueblos como Puerto Rico y La Uribe. Otra fue la toma de Mitú, Vapués, en la que las Farc mataron a un centenar de policías y secuestraron a 61, dentro de ellos al entonces teniente Luis Mendieta, el subintendente John Frank Pinchao, el capitán Julián Ernesto Guevara y el intendente Luis Hernando Peña.

También habló sobre su papel como carcelero de los rehenes, secuestrados y prisioneros que duraron por lo menos una década en poder de las Farc. Al respecto, aún hay muchos hechos sin esclarecer. Uno de ellos son las circunstancias en las que murió Guevara durante el cautiverio y el destino que corrió Peña, quien nunca regresó ni vivo ni muerto.

“Queremos claridad. Ellos (los guerrilleros) dejaron morir a Guevara por falta de asistencia médica cuando él la necesitaba por su enfermedad y sobre Peña, ‘Martín Sombra’ siempre ha dicho que se lo entregó al ‘Mono Jojoy’ y que no sabe más de él. Pero fue quien lo sacó y quien ordenó ponerle doble lazo y doble cadena. Que diga si está vivo o muerto y, de ser el caso, que la guerrilla entregue los restos”, manifestó el general Luis Mendieta, compañero de cautiverio de los dos policías. Según él, todavía faltan explicaciones sobre cómo la guerrilla fusiló a civiles durante la toma de Mitú.

Según las cifras del Sistema de Información de Justicia y Paz, el total de víctimas de las Farc registradas es de 39.447 y una persona pudo haber sido víctima de varios delitos.

Concentrarse en las estructuras

Las declaraciones de los exguerrilleros, especialmente las de ‘Martín Sombra’, sirvieron para establecer el nuevo modelo en el que la Fiscalía investiga los casos que van a la justicia transicional. Los relatos de los hechos, desagregado por tipos de delitos como reclutamiento, desplazamiento o desaparición, llevaron a la Fiscalía a concluir que era necesario concentrarse en los bloques y no solo en los individuos, y a establecer patrones de criminalidad.

“Hicimos la solicitud de acumulación de todas esas actuaciones que venían de forma aislada para poder demostrar de una mejor forma el patrón. Entonces los vacíos que hubiesen con relación a esos dos máximos responsables (‘Karina’ y ‘Martín Sombra’) se llenarían a través de la macroestructura Farc”, detalló Carlos Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía, la institución donde estaba toda la información correspondiente a esta guerrilla hasta que, en marzo de este año, pasó a la Unidad de Análisis y Contexto también del Ente Investigador.

En el caso de las Farc, la Fiscalía se concentró en seis crímenes de guerra y de lesa humanidad: el secuestro, el reclutamiento ilícito, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la violencia basada en género y los medios y métodos de guerra ilícitos ejecutados por el grupo armado. También observaron los modus operandi característicos de esta guerrilla como la toma a poblaciones y el uso de cilindros bomba y minas antipersonales. Además se creó un mecanismo de intercambio de información entre la Fiscalía y entidades públicas y privadas como el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Cifras y Conceptos, entre otros.

La reconstrucción de los hechos en los que han participado las Farc tiene varias fuentes. Una es la versión de los postulados, pero otra son los más de 20 computadores incautados a la guerrilla en bombardeos o ataques a campamentos. Allí se han encontrado documentos internos de las Farc que van desde cartillas de salud hasta su código de justicia, las instrucciones para hacer una toma o como tratar a un secuestrado. Otra fuente han sido los testimonios de miles de desmovilizados que no están en Justicia y Paz y que han dejado las armas desde 1991.

El resultado de todo este trabajo es un extenso informe que hace una radiografía completa de las Farc; su evolución y un balance inicial de los delitos cometidos por esta guerrilla, discriminados por región, por año y por las causas. Este documento de 600 páginas era la materia prima que tenía la Fiscalía para hacer una amplia imputación a los miembros del Estado Mayor y del Secretariado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, cuando en septiembre pasado se dio a conocer el acuerdo que creará la Jurisdicción Especial de Paz, como parte de la finalización del conflicto armado con las Farc, el fiscal Eduardo Montealegre decidió suspender los más de 11 mil procesos que tiene contra esta guerrilla y anunció que todo el expediente será trasladado a la nueva jurisdicción. Lo único a lo que aspiran los magistrados y fiscales de Justicia y Paz es que esta nueva instancia no desconozca lo que se ha avanzado en estos años.

Víctimas del Conflicto ArmadoEl proceso contra ‘Karina’ y sus hombres incluía más de 150 delitos que dejaron al menos 1.300 víctimas. Foto: archivo Semana.

Verdad por regiones

El análisis de contexto que hace la Fiscalía permite diferenciar a las Farc, según la región. No es lo mismo hablar de la guerrilla en la costa Caribe, donde dominaban las Auc, a analizar su despliegue en el sur del país, donde tuvo su mayor crecimiento y dominio. El documento además permite conocer con exactitud cómo operaban los frentes en cada región; cuáles han sido sus índices de criminalidad; por qué existía más violencia en unos departamentos que en otros; dónde se afectaron más sectores como el petróleo, la ganadería, la minería y por qué.

En consecuencia con este panorama, a finales de 2014 la Fiscalía intentó reunir todos los procesos de las Farc en el Tribunal Superior de Medellín en un solo macro-proceso. Se trataba de que una misma sala y los mismos magistrados imputaran a 170 postulados de los cinco bloques y los dos comandos conjuntos guerrilleros. Las Farc son “una única estructura ilegal armada que actúa con unidad de cuerpo y de mando, con presencia en todo el territorio Nacional, pues a pesar de encontrarse en distintas ubicaciones geográficas, todos deben atender el plan o política criminal trazado y diseñado por el Estado Mayor (...)”, explicó el Ente Investigador al pedir el mega juicio.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín negó la audiencia concentrada justamente porque consideró que ellos sólo podían juzgar los hechos ocurridos en Quibdó, Antioquia, Medellín, Montería, Armenia, Manizales y Pereira. En consecuencia, en mayo de 2015 le devolvieron a la Fiscalía cerca de 140 casos. Esta apeló y desde entonces los procesos han estado prácticamente detenidos.

“Hoy, un año después de que llevaron los casos a Medellín, no se ha hecho la segunda audiencia para enjuiciarlos”, explicó Carlos Arturo Toro, el representante legal de varios exguerrilleros que están en Justicia y Paz. Los procesos de ‘Karina’ y ‘Martín Sombra’ están en las mismas. “Es tiempo valioso que están perdiendo los postulados”, afirmó Juan Carlos Pachón, abogado de Mejía.

Sólo hasta el pasado 7 de octubre, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Tribunal de Medellín y ordenó que todos los casos siguieran en sus ciudades originales.

Los ajustes

Algunas lecciones que dejan Justicia y Paz es que la lentitud conspira contra el éxito del proceso. Toro dice que a pesar de que los desmovilizados han confesado y no ha habido controversia con las víctimas, las declaraciones se han tomado hasta tres y cuatro años, cuando en un proceso ordinario esto se resuelve máximo en dos. Por su parte, Pachón señaló que no entienden por qué cada mes o cada dos meses se programa una audiencia mientras que en el proceso de la justicia ordinaria más demorado en el que él ha trabajado, se programaron 20 audiencias en seis meses. Esto no sólo retrasa el procedimiento si no que puede limitar la verdad, como lo sostuvo Restrepo. El representante legal advirtió que por la falta de límites de tiempo, algunos postulados han dosificado la verdad a lo largo de los años e incluso han extorsionado a varias personas para no incriminarlos en sus declaraciones.

“No se puede pensar en una justicia transicional perpetua, pero un conflicto de las dimensiones de Colombia no podrá aclararse en 10 años. La barbarie de los grupos organizados al margen de la ley ha sido de tal crueldad que no podemos terminar los proceso de cualquier forma y cada víctima tiene derecho a conocer su verdad”, dijo Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, del Tribunal de Medellín.

Para lo que sí hay un límite de tiempo es para la pena máxima en prisión, que en Justicia y Paz es de ocho años. Sin embargo, el abogado Toro sostiene que más del 50% de los exguerrilleros ya cumplieron ese tiempo y todavía siguen privados de la libertad. “Por duro que nos parezca que un postulado salga cuando ha terminado su pena alternativa de 8 años, se debe cumplir, pues es la Ley”, apuntó Pachón, el representante legal de ‘Martín Sombra’ que, según sus cuentas, le faltan dos años para terminar su camino en Justicia y Paz. Un tiempo similar es el que le resta a ‘Karina’ ante los tribunales.

Lo que falta

Si bien ya se tiene un contexto sobre el origen y la manera de operar de las Farc, la tarea de una verdad completa la tendrá que retomar la Jurisdicción Especial de Paz. Los abogados y la Fiscalía señalaron que uno de los mayores puntos grises de hoy son las cerca de 18 masacres que la guerrilla cometió contra los desmovilizados del Epl en el Urabá antioqueño entre 1991 y 1996, especialmente contra el grupo político que estos conformaron y llamaron Esperanza, Paz y Libertad.

Otro de los capítulos poco conocidos es el de la Operación Berlín. Cuando el Ejército inició esta acción militar contra los bloques Oriental y Magdalena Medio de las Farc en Santander y Norte de Santander jamás esperó encontrarse con cerca de 170 menores de edad, reclutados por la guerrilla en Caquetá entre 1997 y 2000 y llevados hasta la zona para combatir.

En el tema de los desaparecidos también se deberá avanzar mucho más de lo que hasta ahora se lleva. En Justicia y Paz se han realizado cerca de 300 exhumaciones, con la información aportada por los exguerrilleros de las Farc. Sin duda la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto, que también fue acordada en La Habana el pasado 17 de octubre, retomará esta labor.

La esperanza de las víctimas es que estos y otros hechos se conozcan a profundidad en la nueva Jurisdicción Especial de Paz y que ésta aprenda de los errores y de los aciertos de Justicia y Paz. En todo caso no se partirá de cero.