Las 10 verdades que deja Justicia y Paz

En extensos fallos de los magistrados de Justicia y Paz están las conclusiones de una década de investigación judicial del paramilitarismo. Las 33 sentencias que hasta ahora existen son sin duda un primer insumo para una posible Comisión de la Verdad.

Tribunales de Justicia y PazLa Sala de Justicia y Paz de Bogotá durante el juicio a 'Juancho Dique' y 'Diego Vecino', exjefes del Bloque Héroes de los Montes de María. En esa audiencia se dictó la primera sentencia de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.No se trata de un escenario judicial ordinario. Aquí todas las partes: el acusado, sus defensores, los abogados de las víctimas, la Fiscalía y el magistrado saben que el desmovilizado es culpable. De antemano conoce que será condenado a una pena de ocho años de prisión. La sentencia no indemniza a una víctima, sino a miles.

El valor de una sentencia de este tipo no está entonces en la condena. Es más importante la reconstrucción de verdad y los planteamientos de los magistrados sobre el conflicto armado en Colombia. A diferencia de los académicos que han escrito sobre el paramilitarismo, estos operadores judiciales tienen acceso a todos los expedientes judiciales, a las miles de horas de versión libre de los excombatientes y a las investigaciones de la Fiscalía.

Más que enumerar los miles de delitos cometidos por las Auc, en sus pronunciamientos algunos magistrados han logrado traducir lo que estos crímenes dicen sobre la guerra paramilitar y sus alcances. Los contextos que acompañan estas sentencias han revelado verdades hasta ahora desconocidas o acalladas en algunas regiones del país.       

En 2010, cinco años después de proferida la ley, se conoció la primera sentencia que condenaba a los paramilitares de los Montes de María. Al día de hoy se cuentan 33 sentencias, más de la mitad proferidas en los últimos dos años. Se trata de fallos parciales, pues aún no hay ninguno que reúna en definitiva todos los crímenes a nombre de un exjefe paramilitar.

Al proceso de Justicia y Paz lo han criticado por las pocas sentencias que ha emitido en diez años, pero son pocos quienes se han tomado la tarea de revisar a fondo estos documentos. VerdadAbierta.com reúne diez pronunciamientos que revelan verdades, otros que las ratifican y algunos que despiertan debates. Estos son los primeros cinco.

Guerrila

El amparo legal de la barbarie

Durante casi 20 años existieron leyes que incentivaron la creación de los grupos paramilitares. A pesar de las denuncias y de las primeras masacres en el Magdalena Medio el Estado dio vía libre para que se formaran agrupaciones que después harían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

Ver completo
Guerrila

Las Convivir, el motor de la guerra

Solo pasaron cinco años desde que la Corte cerró la puerta legal a las agrupaciones de autodefensas para que el Gobierno abriera una nueva. Las licencias entregadas a paramilitares para crear sus propias Cooperativas de seguridad impulsó el surgimiento de las Auc.

Ver completo
Guerrila

¿Es culpable el Estado?

Esta es una pregunta que no se ha resuelto en los tribunales de Justicia y Paz. La posible responsabilidad del Estado colombiano en la conformación y posterior expansión de los grupos paramilitares es un tema que causa polémica entre los magistrados.

Ver completo
Guerrila

El narcotráfico, un delito conexo

El tráfico de estupefaciente puede ser juzgado por la justicia transicional, siempre y cuando tenga como fin financiar el grupo armado. Los ‘narcos puros’ no pueden por ningún motivo hacer parte de esta ley.

Ver completo
Guerrila

El papel de los medios de comunicación

Además de reconocer a los periodistas que fueron víctimas de la violencia paramilitar, algunos fallos han cuestionado el cubrimiento del fenómeno del paramilitarismo que hicieron algunos medios.

Ver completo

La otra Colombia salvaje

El proceso de Justicia y Paz ha permitido conocer las peores atrocidades cometidas por los paramilitares en los últimos años. Son una galería de la crueldad de la que aún la sociedad no se recupera.

jyp 10 anios barbarie 1Foto: archivo Semana.El proceso de Justicia y Paz puso al descubierto lo más brutal del ingenio nacional. Las prácticas de violencia extrema que implementaron los paramilitares en el país son un escupitajo a la conciencia de la humanidad, y aunque han sido extensamente publicadas a lo largo de diez años de revelación de la verdad, permanecen desapercibidas para el común de la gente.

La indignación es casi nula frente a un repertorio de atrocidades que espantaría a cualquier habitante de las cavernas prehistóricas. Existe, por ejemplo, un video que halló un investigador del CTI en el celular extraviado de algún paramilitar. Lo vi hace unos años y no quisiera volver a hacerlo jamás: el acento marcadamente regional da cuenta de dos colombianos jóvenes, uno de estos sostiene un machete nada nuevo, lo empuña con su mano derecha frente a la víctima, un muchacho que está desnudo, de cuclillas, sometido, su antebrazo izquierdo ya está cercenado, y por su rostro corre sangre que le sale desde el pelo rapado. El registro toma menos de 30 segundos y consiste en el diálogo que tienen el bárbaro y la víctima, ante una piedra sobre el terreno escarpado:

–Eh, disculpa, ¿me podría dar un permiso para salir corriendo? –ruega la víctima.

–Ponga, ponga el huesito aquí… ¬–le responde el criminal señalando la   piedra con la punta del arma.

–…para salir corriendo por allá… para pasar el dolor…

–Ponga ahí, ponga ahí, ¡malparido! O le vuelo la cabeza… –ordena afanoso el criminal.

La víctima parece sopesar la situación y obedece, tendiendo sobre la piedra su antebrazo derecho. El machete se levanta y baja certero. Suena el clinnnk brutal de la hoja contra la roca. El llanto. Y eso es todo.

Cuando conocí este documento, en 2008, para varios funcionarios de Justicia y Paz era un elemento poco particular. “De eso es lo que hay”, dijo el investigador, quien por parecerle una pieza más, y anónima, no la había suscrito a una investigación formal. En el sentido más lúgubre el investigador resultó teniendo razón, “de eso es lo que hay”, y el país lo ha ido descubriendo intensamente durante la última década de destape de la barbarie paramilitar.

Las llamadas Escuelas de la Muerte son el peor y mejor ejemplo. Lugares donde el simple asesinato sistemático sería apenas monotonía, allí se asesinaba lentamente para enseñar a matar sin pudor. En la sentencia contra Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘MacGyver’, uno de los comandantes de las Autodefensas del Magdalena Medio, está el testimonio de Rubén Arango, quien tenía 17 años cuando fue reclutado y llevado a una de estas escuelas en la región de La Danta en Sonsón, Antioquia. El joven explicó que en el periodo de instrucción él y sus compañeros de tragedia fueron obligados “a comer sardinas con sal y agua, comer sancocho y limonada de envases (sic) en los cuales habían sido introducidas extremidades y partes (cabezas) de animales como perros. Cuando nos llevaban al monte ordenaban no dejarse capturar por los instructores, pero si eran atrapados los amarraban a árboles y les tiraban hormigueros o los tiraban amarrados a criaderos de cachamas para que se ahogaran”.

La escuela de la muerte instalada en Puerto Torres, Caquetá, es tal vez el escenario mejor documentado. Allí, el Frente Sur de Andaquíes del Bloque Central Bolívar se tomó el colegio rural e instaló un teatro del horror sin parangón. Tenía tres secciones en donde un número indeterminado de víctimas presenció la muerte de otras mientras avanzaba la propia. A la primera sección se le conoció como el Árbol de Mango, situado en el patio del colegio y era donde colgaban, atadas, a las personas por periodos que podrían ser de horas o días, sin proveerles agua ni alimento bajo temperaturas de entre 30 y 35 grados. Las víctimas, eran el blanco sobre el que practicaban los aprendices: les lanzaban cuchillos, les extraían los dientes con alicates, les quemaban el rostro y los genitales con insecticidas en aerosol, les ponían latas sobre la cabeza y disparaban para afinar la puntería. La segunda instancia era la Casa Cural, usada como calabozo de torturas y adonde llevaban a las víctimas que aún sobrevivían, para continuar con más martirios a fin de conseguir información. En este lugar, les propinaban disparos no letales y con sus heridas abiertas, infectadas, las personas fallecían al cabo que sus cuerpos moribundos se descomponían. Luego estaba el planchón de cemento, también en el patio del otrora colegio. Basta con decir que sobre la plataforma de concreto había un tronco de carnicería e instrumentos, todo a la vista de quienes pendían del árbol de mango.

puerto torres 1El colegio de Puerto Torres fue adecuado como centro de tortura y muerte por los paramilitares del Bloque Central Bolívar en Caquetá. Foto: tomada del informe Texto corporales de la crueldad / CNMH.La antropóloga forense Helka Alejandra Quevedo, integrante del Centro Nacional de Memoria Histórica, participó en el rescate de 36 cadáveres hallados en fosas en esta escuela, y es quien más se ha preocupado por investigar y documentar lo ocurrido. Su informe Textos Corporales de la Crueldad recopila los hallazgos, los relatos de los dolientes y las confesiones de los instructores. El informe explica que con las atrocidades cometidas en esta escuela de la muerte se impartía una “doble pedagogía”: internamente como instrucción para que los paramilitares aprendieran a infringir dolor al “enemigo” sin perturbarse, y para que se adiestraran en desarticular cuerpos a fin de desaparecerlos fácilmente en fosas; y, externamente, se producía terror entre la gente mediante la difusión del rumor y las desapariciones, lo que redundaba en el control del territorio.

Aún más abrumadora es la respuesta de la antropóloga si se le pregunta por una explicación sobre cómo se llega a semejantes niveles de crueldad: “Encontramos que los perpetradores no eran monstruos, sino gente común, puesta en ciertas condiciones. Condiciones tales como el pertenecer a un grupo que banaliza el mal, que dispone de armas, que actúa en masa y en ausencia del Estado”, dice.

Hay quienes creen que esa banalización del mal está de alguna manera propagada más allá de los perpetradores, en la sociedad en general. El que la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía registre, a agosto pasado, 6.420 cuerpos exhumados en 5.025 fosas a lo largo del país, parece un dato pasajero. Muchos de los cuerpos fueron desmembrados ya que las fosas suelen ser un pequeño hoyo de 80 cm, y los cuerpos se desarticulan para efectos prácticos: que el depositarlo bajo tierra implique menos esfuerzo de excavación, para lograr que el cadáver desaparezca pronto, pues el proceso de descomposición se acelera, aún más si tiene un corte longitudinal en su abdomen, corte que facilitará su hundimiento de ser arrojado al agua. "Si le sacaran el agua al río Magdalena, encontrarían el cementerio más grande del país", dijo el jefe paramilitar Éver Velosa, alias 'H.H.' antes de ser extraditado a Estados Unidos. Lo que lleva a pensar el proceso de Justicia y Paz es que la afirmación corresponde con la realidad, pero a la vez ello no parece incomodar a muchos.

“De Justicia y Paz ha salido muchísima verdad y eso nos cayó como una catarata encima, nos cayó una macro-criminalidad de dimensiones impresionantes y no sé hasta qué punto el pueblo colombiano ha procesado eso”, se pregunta María Victoria Uribe, una de las voces más respetadas en el estudio de la violencia colombiana. “Somos un pueblo absolutamente indolente –agrega–, una sociedad que cuando no le toca en carne propia no le concierne. Mientras no se metan conmigo y no me maten a mi hijo, lo que le pase al vecino me tiene sin cuidado”. Uribe acusa una gran diferencia entre los juicios de justicia transicional en Sudáfrica, donde la gente del común acudía interesada en conocer los relatos de la guerra, mientras que las salas de los tribunales de Justicia y Paz, en Colombia, suelen estar vacías, apenas con unos cuantos interesados.

En noviembre de 2014, el Tribunal de Justicia y Paz, profirió sentencia contra Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares que confesaron, entre cientos de crímenes más, una de las prácticas más abominables jamás registradas en la larga historia de la violencia colombiana: los llamados hornos crematorios, a 30 minutos de Cúcuta. Donde se estima que fueron incineradas cuando menos 560 personas.

jyp 10 anios barbarie 3Estos son los hornos crematorios que usaron los paramilitares del Frente Fronteras para desaparecer a sus víctimas. Foto: Javier Osuna, periodista y autor del libro Me hablarás del fuego.Según explicó el jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias ‘el Iguano’, del Frente Fronteras, la idea se les ocurrió ante la preocupación de que la Fiscalía hallara una gran fosa saturada de cadáveres. “Israel Soto alias “Yagua” me expresó la posibilidad de incinerar esas personas ya que era una forma más fácil. Les ordené que sacaran los cuerpos, y construyeran una especie de hornos con ladrillos donde se pudieran concentrar la mayor parte de esos cuerpos y se incineraran, pero los pobladores se dieron cuenta por los olores y empezaron a salir de esa región”, explicó. La Fiscalía documentó cuatro de esos hornos, que eran alimentados con llantas de carro y otros materiales inflamables, y adonde fueron conducidas cientos de víctimas, cuyas cenizas luego eran lavadas para eliminar hasta ese rastro final.

Desde 2008, cuando ‘el Iguano’ hizo tal confesión, el periodista Javier Osuna empezó a investigar la atrocidad, pero centrándose en las víctimas. Su libro titulado Me hablarás del fuego, recién publicado, es el resultado de ese empeño que parte de la convicción de que a los seres humanos no se les puede desaparecer como objetos. “Todos los medios se centraron en el testimonio de Laverde, nadie miraba a las víctimas. Aún hoy las personas dolientes que intentan esclarecer el crimen de su familiar siguen siendo amenazadas. Los paramilitares incluso han ofrecido como bien de reparación uno de los predios donde incineraron a decenas de personas. Todo esto ocurre sin que nadie se conmueva”.

Para la Magistrada Alexandra Valencia –ponente del fallo contra Mancuso, Laverde y otros– algo de responsabilidad por la indolencia general le cabe a los medios e instituciones que sirvieron para propagar el discurso de odio de los paramilitares, pues a través de este se ha contribuido a legitimar y a “reconocer la validación de la venganza pública o privada, como mecanismos en la solución de conflictos sociales”, dice el fallo, el cual exhorta al Congreso a legislar sobre una ley que defina y penalice el discurso de odio.

Omar Rincón, director del Centro de Estudios de la Universidad de Los Andes y agudo crítico del quehacer de los medios de comunicación, no cree que estos hayan ayudado a legitimar o posicionar el proyecto del paramilitarismo. Piensa que el desajuste de la indolencia general, es bastante más complejo: “Es una incapacidad que hemos tenido todos, la academia, las organizaciones, los intelectuales, las instituciones, los medios, no hemos logrado socializar que todos somos parte de ese conflicto. Parece que el conflicto y sus atrocidades es asunto de una gente allá, y los otros somos espectadores del espectáculo”.

Todos los expertos coinciden en que por doloroso que sea el país debe continuar conociendo su barbarie. Incluso con mayor difusión. Que se sepa la historia de aquella joven obligada a cavar su fosa y que fue sepultada viva, como castigo por haber dejado escapar a un prisionero. O la del hombre asesinado lentamente con un martillo, para gozo de sus victimarios que grabaron el sonido de sus lamentos. Los casos de violencia sexual perpetrados especialmente contra mujeres, niñas y homosexuales, con el cabecilla paramilitar Hernán Giraldo Serna, del Bloque Resistencia Tayrona, como protagonista sistemático de esta práctica. Las llamadas “limpiezas sociales” contra indigentes y discapacitados con las que infundieron terror especialmente las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Esa práctica poco documentada que el Bloque Calima impuso en la zona de Buenaventura con el nombre de “casas de pique”. El empleo de motosierras y sopletes, entre otras tecnologías, contra las víctimas de Trujillo, en el Valle del Cauca. El macabro relato de los paramilitares que practicaban canibalismo en Meta y Vichada. Los desplazamientos forzados masivos y las desapariciones selectivas con que la casa Castaño despejó a su gusto el amplio Urabá…

Pero también todos los expertos piden que tales historias relatadas dentro del proceso de Justicia y Paz se formulen bien, que se haga reconocimiento a la dignidad de las víctimas por encima de la maldad de los victimarios. Que a la exposición de la crueldad extrema no le siga un simple “y eso es todo”.

   
 

¿Por qué no indigna la barbarie?

         
  0 barbarie jyp helka  

Helka Quevedo
“Una cosa es que estas atrocidades se escuchen en los noticieros, y aparezcan en las revistas, en los medios, pero otra es que la gente las reconozca. La tía, el señor de la tienda, el colombiano común, ahora conoce de estas atrocidades pero no las reconoce, es decir, no las asume como propias. Puede tener que ver con que somos un territorio de regiones. Lo que pasa en Caquetá es otra realidad ajena a la que pasa en Bogotá”.

 
         
  0 barbarie jyp rincon  

Omar Rincón
“Conviene exponer la barbarie, pero hay que hacerlo con militancia de indignación, no mostrarla como si se fuera neutral frente a ello. Respecto a los medios, diría que tenemos que volver a hacer periodismo. Dejar de ser simples notificadores, para informar de verdad: con diversidad de fuentes, criterio, contexto, sin caer en el facilismo, escuchando al otro pero verificando todo”.

 
         
  uribe  

María Victoria Uribe
“Es muy difícil cuando un país le da la espalda a un pasado de atrocidades. Eso se puede enterrar, se puede tratar de ignorar, pero vuelve y sale. Los traumas que se dejan enterrados, que no se socializan ni se procesan, permanecen latentes hasta que vuelven y salen. Me parece terriblemente malsano para la sociedad que eso se quede ahí, y que se pretenda pasar la página como si nada. Es muy duro revivir o repasar todo ese horror pero no tenemos otra posibilidad”.

 

Fotos: Quevedo (César Romero para el CNMH), Romero y Uribe (archivo Semana)

‘Ernesto Báez’, el político de las Auc

Iván Roberto Duque es, quizás, el principal ideólogo que tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde joven se caracterizó por sus duros discursos contra la guerrilla y la izquierda. Fue pieza fundamental en el andamiaje del Bloque Central Bolívar. Ahora, testigo fundamental en una docena de procesos contra parapolíticos.

baez 10 anios jyp 1'Ernesto Báez' participó en la desmovilización de varios bloques de las Auc. En la imagen aparece dando un discurso durante la entrega de armas del Bloque Bananero, ocurrida en noviembre de 2004. Foto: archivo Semana.‘Ernesto Báez’, asegura que nunca ha empuñado un arma y mucho menos sabe lo que es disparar un fusil. Dice que jamás ha asesinado a alguien y que su mayor crimen fue haber sido un político de extrema derecha que militó al interior de una poderosa organización armada, como lo fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que mediante el pretexto de la lucha contrainsurgente se propusieron “refundar la patria”.

Parece que en ello no falta a la verdad. Hasta ahora, en los registros de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz) no figura testimonio o declaración que señale directamente a ‘Ernesto Báez’ como autor material de crimen alguno. Con todo y ello, deberá responder por más de 2.200 hechos violentos, entre masacres, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y crímenes de género cometidos por los integrantes de la más temida y enorme máquina de guerra que llegaron a conformar los paramilitares: el Bloque Central Bolívar.

Según el Ente Investigador, la explicación a lo anterior tiene su fundamento jurídico: Iván Roberto Duque integró el triunvirato sobre la cual se fundó el Bloque Central Bolívar. Así, mientras Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ se erigió como responsable de finanzas y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ como comandante militar, ‘Ernesto Báez’ asumió como comandante político.

Por cuenta de las arengas contra la guerrilla y los fuertes discursos contra la izquierda; sus emotivas odas al proyecto paramilitar así como a sus máximos comandantes; y las posturas ultraconservadoras que asumió siendo comandante político del Bloque Central Bolívar, ‘Ernesto Báez’ terminó sembrando en las mentes y en los corazones de una tropa superior a los siete mil combatientes, la semilla contrainsurgente que justificó el asesinato de miles de campesinos inermes, de cientos de dirigentes sindicales, líderes e indígenas; el desplazamiento de poblaciones enteras, el reclutamiento de menores de edad y otras tantas violaciones a los derechos humanos.

“Y cómo no va responder ahora si él contribuyó, con su discurso político, a fortalecer ese megaproyecto criminal que fue el Bloque Central Bolívar, que además se tomó media Colombia”, explica Luz Helena Morales, fiscal 27 de la Unidad de Justicia Transicional, encargada de documentar la historia y los hechos cometidos por este bloque paramilitar, quien añade que “no en vano, todos los mandos medios y patrulleros del (Bloque) Central Bolívar estaban convencidos de que estaban luchando por el país, que estaban haciendo una buena labor”.

Pero, ¿quién fue en realidad ‘Ernesto Báez’? ¿Cuál fue su papel al interior de las Auc? ¿Qué tanto ha contribuido con la verdad, la justicia y la reparación? VerdadAbierta.com rastreó lo que ha sido su participación en estos años en el proceso de Justicia y Paz y esto fue lo que encontró.

‘Báez’, el amigo de Henry Pérez

baez 10 anios jyp 4'Báez' durante una versión libre ante fiscales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.“En Puerto Boyacá, la vida giraba en torno a tres cosas: la alcaldía municipal, el Batallón Bárbula y las Autodefensas de Henry Pérez”, declaró ‘Ernesto Báez’ ante fiscales de Justicia y Paz un día de agosto de 2012. El Ente Investigador lo había citado para que revelara detalles de lo que fue su amistad con Henry Pérez, de su paso por la llamada “capital antisubversiva de Colombia”, localidad donde terminó de moldear su faceta como político al servicio del proyecto paramilitar.

Por cuenta de sus habilidades oratorias, la sesión debió extenderse un par de días más de los presupuestados. A lo largo de ellas contó como ingresó al mundo de la política en su tierra natal: el departamento de Caldas. Lo hizo a través del partido Liberal luego de culminar sus estudios de derecho en la Universidad de Caldas. Cuando en Colombia los alcaldes se nombraban a dedo, Iván Roberto Duque fue designado como máxima autoridad de La Merced, un municipio al norte del departamento.

Promediando la década de los ochenta un amigo cercano, Rodrigo Calderón González, le hizo una tentadora propuesta difícil de rechazar: convertirse en el asesor político de la recién conformada Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), con sede en la localidad de Puerto Boyacá. Allí conoció a fondo el proyecto de Henry Pérez. Pero no solo eso: entabló gran amistad con Pablo Emilio Guarín, político liberal de gran influencia en el Magdalena Medio, asesinado en 1987. Allí, en Puerto Boyacá, también hizo sus primeros contactos con quienes años más tarde, serían algunos de los más temidos jefes de las Auc: Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’; Ramón Isaza; y Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’.

Acdegam terminó convertida en la fachada de los grupos paramilitares de Henry Pérez. Tal como lo consignó la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras recicladas, desde allí se pagaba la nómina de los combatientes, se compraban armas, uniformes, pertrechos. Desde la sede de la Asociación se coordinaban acciones militares, atentados, asesinatos. Pero también se planeaba la construcción de escuelas, se pagaban maestros, se contrataban médicos para las veredas. Toda una obra social que ayudó a legitimar el proyecto contrainsurgente, componente en el que fue fundamental Iván Roberto Duque.

Fueron épocas de excentricidades, de lujos y un poder desmedido que hizo sentir a los integrantes de Acdegam y las Autodefensas como intocables, como él mismo lo reconoció en sus diligencias de versiones libres: “yo, siendo un joven inmaduro, ganaba tanta plata que no sabía en qué gastarla. Me compré una camioneta, la más cara que se podía, y me fui para Manizales a fanfarronearle a mis amigos lo bien que me estaba yendo en ese entonces”.

En dichas audiencias, Duque hizo importantes revelaciones. Contó, por ejemplo, sobre la alianza que fraguaron en su momento el líder de las Autodefensas del Magdalena Medio y el entonces director del extinto DAS, Miguel Maza Márquez, para combatir a un enemigo en común: Pablo Escobar. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, las autoridades centraron su atención en la figura de Henry Pérez, situación que lo atormentó bastante, según Báez, pues pasó de ser el hombre más querido de Puerto Boyacá a ser el más buscado en todo el país.

“En marzo de 1991, Henry Pérez recibió en su finca La Palmera la visita de un coronel del Ejército, Luis Bohórquez Montoya, en ese entonces comandante del Batallón Bárbula, que había sido denunciado por sus vínculos con los paramilitares. Yo estaba presente ese día y en mi presencia le dijo a Pérez que disponía de unas grabaciones entre comandantes del Ejército y el general (Miguel) Maza Márquez donde recibían una órdenes muy singulares. Decía el coronel que donde se publicaran esas grabaciones iban a rodar tres o cuatro cabezas importantes, entre ellas la del general Maza Márquez”, declaró en aquella ocasión ante fiscales de Justicia y Paz.

Henry Pérez quiso aprovechar dicha revelación para salir de su clandestinidad, limpiar su nombre y de paso, sacar de la región al narcotraficante más buscado del mundo, en aquel momento enfrascado en una guerra contra el Estado cuyas acciones y métodos de financiación no eran de todo el agrado del jefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá. “Henry Pérez envió un emisario a Bogotá a dialogar con el general Miguel Maza Márquez. Fue así como comenzaron a fraguarse las alianzas entre el DAS y las Autodefensas, alianzas que han permanecido siempre”, agregó el exjefe paramilitar.

El cruce de comunicaciones terminó en ofrecimientos prácticos para cada una de las partes. El líder de las Autodefensas se comprometió a colaborar con el DAS en su persecución contra Pablo Escobar. A cambio, el DAS coadyuvó en la fuga de la Cárcel Nacional La Picota (de Bogotá) de Jaime Eduardo Rueda Rocha, penal al que había sido llevado luego de su captura como responsable material del crimen de Luis Carlos Galán. “En septiembre de 1991, en un sitio llamado Puerto Romero, celebré una reunión política y cuando terminé se me acercó un hombre, de sombrero grande, que me dijo que tenía que hablar conmigo en privado. Era Jaime Eduardo Rueda Rocha, el hombre que se había acabado de fugar de la cárcel. Me dijo que a él lo habían ayudado agentes del DAS, que dos de ellos lo habían llevado hasta a Puerto Boyacá”, añadió

Miguel Maza y sus presuntos vínculos con los ‘paras’

En la diligencia mencionada, el excomandante político del Bloque Central Bolívar dio su versión de los hechos sobre la masacre de La Rochela, que actualmente enreda su salida de la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí, tras cumplir sus ocho años de reclusión, tal como lo consigna la Ley de Justicia y Paz. (Ver más en: La masacre de La Rochela enreda la libertad de Ernesto Báez) Ese día dijo ante fiscales de Justicia y Paz que Henry dio la orden de asesinar a la comisión de 15 funcionarios judiciales que se habían desplazado hasta La Rochela, en Simacota, Santander, pues temía que esclarecieran la masacre de 19 comerciantes ocurrida en aquel pueblo, en 1987: “La esposa de Henry Pérez era comerciante. Y según le contó ella a Henry, unos comerciantes le habían robado una mercancía y por eso ordenó asesinarlos”.   

De la cárcel a la Casa Castaño

baez 10 anios jyp 5Tras salir de prisión, 'Báez' contactó a Carlos Castaño y luego fue clave en la creación del Bloque Central Bolívar. Foto: archivo Semana.Hasta 1989, movimientos de autodefensas como el de Henry Pérez estaban amparados por la Ley. Pero fue en ese año que el entonces presidente Virgilio Barco decretó su ilegalidad. Para continuar controlando la vida política del Magdalena Medio, Acdegam y las autodefensas de Henry Pérez crearon el movimiento Morena, el cual presentó una lista a las elecciones parlamentarias de ese año. Iván Roberto Duque la lideró junto a otros políticos como Armando Valenzuela.

Aunque el experimento duró tan solo tres meses, en su momento logró desatar una gran tormenta política al presentarse abiertamente y sin pudor como el primer partido político de extrema derecha en el país. En aquel entonces fue un secreto a voces que Morena no solo era el brazo político de las Autodefensas sino que este era financiado con dineros del narcotráfico. El propio ‘Ernesto Báez’ ratificaría lo anterior en los estrados de Justicia y Paz de la ciudad de Medellín, el 28 de marzo de 2012: “todos los episodios que tienen que ver con la política en Puerto Boyacá y sus éxitos, no hubieran sido posibles sin el apoyo y la financiación de las autodefensas”.

La Morena de extrema derecha que no fue

Con todo y ello, un par de años después Duque logró desempeñarse como funcionario de la gobernación de Boyacá y luego como asesor personal del mandatario de ese departamento. En 1994 llegó su primer lío con la justicia: la Fiscalía decidió capturarlo, acusándolo de conformar grupos paramilitares. También se le vinculó con varios homicidios, entre ellos, el del concejal de Puerto Boyacá, Jairo Hernández, ocurrido en 1991. Su estadía en la cárcel fue tan solo de unos meses. Tras recobrar su libertad, lo primero que hizo fue contactar a Carlos Castaño, por aquel entonces comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Es precisamente en este momento, en la clandestinidad, cuando adopta el alias de ‘Ernesto Báez de la Serna’. Pero ello no implicó un cambio en su perfil. Por el contrario, fue pieza fundamental para el surgimiento del Bloque Central Bolívar. Tal como ha logrado documentarlo la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz), el nacimiento del bloque paramilitar más grande y poderoso tuvo como antecedentes, por un lado, las intenciones de Carlos Castaño de expulsar a la guerrilla del Eln del sur de Bolívar y así, poder establecer un importante corredor estratégico para las Autodefensas; y, de otro lado, las protestas que se realizaron en varias localidades de esta región para rechazar la propuesta de despeje para adelantar allí diálogos de paz con el Eln.

De acuerdo con el Ente Investigador, tras el asesinato de alias ‘Camilo Morantes’, jefe de las Autodefensas en el Magdalena Medio, ordenado por el propio Carlos Castaño dado sus constantes desmanes, el máximo jefe de las Accu ordenó la fusión de todos los grupos de autodefensa que delinquían en el sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño bajo el nombre de Bloque Central Bolívar. La Casa Castaño designó a alias ‘Macaco’ como jefe general, a alias ‘Julián Bolívar’ como jefe militar, y a alias ‘Ernesto Báez’ como jefe político.

El Bloque Central Bolívar comenzó a crecer exponencialmente. Al finalizar el 2004, contaba con nueve frentes que operaron en Nariño, Huila, Caquetá, Putumayo; Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Vichada, Nordeste antioqueño y sur de Bolívar. Un total de 7.603 hombres hicieron entrega de armas bajo el mando de esta estructura. Según Luz Helena Morales, fiscal 27 de la Unidad de Justicia Transicional, encargada de documentar la historia y los hechos del Bloque Central Bolívar, tan solo 450 excombatientes de esta poderosa estructura comparecen ante los estrados de Justicia y Paz.

“Estamos hablando de una macroestructura criminal; es decir, no hablamos de un solo grupo armado al margen de la ley sino de un mega proyecto ilegal en el cual se implementaron las condiciones militares, logísticas y políticas necesarias para apoderarse de varios territorios del país”, afirma la funcionaria judicial, quien no duda en afirmar que “quien tiene la memoria de este gran bloque es ‘Ernesto Báez’”.

Los “parapolíticos”

baez 10 anios jyp 3En varias ocasiones, 'Báez' ha declarado ante la Corte Suprema de Justicia sobre los nexos de diferentes políticos con grupos de autodefensas. Foto: archivo Semana.Si algo ha caracterizado a ‘Ernesto Báez’ es su capacidad de echar discursos, incluso por horas. También esa actitud recia y beligerante de la cual hizo gala durante los diálogos entre el Estado Mayor de las Auc, del cual hizo parte, y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en Santafé de Ralito, donde en más de una ocasión le habló duro y de forma desafiante al Establecimiento.

Quienes lo conocen lo describen como un hombre que va de frente, convencido de su verdad y conocedor de la Ley y de los vericuetos y las trampas que encierra la política. La naturaleza de su temperamento también le ha granjeado varios problemas a lo largo de su proceso en la justicia transicional. Sus duras críticas al trámite legislativo de la Ley 975 (Justicia y Paz) y sus fuertes declaraciones hacia el proceso de desmovilización de las Auc le significaron varias discusiones públicas con el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

Pero no solo eso. Su negativa a reconocer su participación en varios crímenes por poco le cuesta su exclusión de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. En efecto, en 2012, la Fiscalía 14 de Justicia y Paz lo halló responsable de las muertes de: Iván Rincón Henao, alcalde del municipio de Aguadas (Caldas), asesinado el 3 de agosto de 2003; Gabriel Ángel Cartagena, gobernador del resguardo indígena Cañamomo y Loma Prieta del municipio caldense de Riosucio, asesinado el 6 de junio de 2003; y Alma Rosa Jaramillo Lafourie, asesora del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, asesinada el 30 de junio de 2000.

El Ente Investigador también le imputó la masacre de seis indígenas del resguardo Escopetería Pirsa, ejecutado entre el 25 y el 27 de noviembre de 2001, en la que murió Luis  Ángel Charrúa, fundador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic); el homicidio del periodista José Emeterio Rivas, cometido por desconocidos la noche del 6 de abril de 2003, en Barrancabermeja, Santander; y el secuestro de la senadora por el Partido Liberal, Piedad Córdoba, perpetrado el 21 de mayo de 1999 en el barrio El Poblado, de Medellín. (ver más en: alias Ernesto Báez: a un paso de la justicia ordinaria).

Aunque inicialmente la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decidió excluirlo de los beneficios de la justicia transicional, la Corte Suprema de Justicia anuló dicha decisión, por lo que el excomandante político del Bloque Central Bolívar regresó nuevamente a los estrados de justicia y paz. Desde entonces, sus confesiones han sido más contundentes y esclarecedoras, principalmente en el tema de ‘parapolítica’.

De acuerdo con la fiscal 27 de Justicia y Paz, sus declaraciones se han convertido en pruebas fundamentales en procesos judiciales adelantados contra un número considerable de políticos entre quienes sobresalen Carlos Arturo Clavijo; Carlos Escalante; Juan Manuel López Cabrales; Luis Alberto Gil; Alfonso Riaño; Enrique Bravo; Rocío Pineda; Juan José Chaux, entre otros. De hecho, el la Fiscalía espera realizar una audiencia antes de finalizar el presente año donde se revelarán nuevos nombres de políticos que establecieron nexos electorales con las Autodefensas.

Pero así como desde la Fiscalía expresan que las declaraciones de ‘Ernesto Báez’ están ayudando a desmantelar las estructuras políticas que cohonestaron con el paramilitarismo en departamentos como Antioquia, Caldas y Santander, colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos consultados por VerdadAbierta.com sienten que poco o nada ha cambiado, a pesar de ello.

“Uno siente que el departamento sigue en la misma situación, porque persiste el fenómeno paramilitar”, asegura Darío Ruiz, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Caldas, quien agrega que pese a las declaraciones de Báez, “todavía quedan muchas cosas por esclarecer. Independiente de que algunos políticos ya pagaron cárcel, aún faltan algunos por ser juzgados, porque es secreto a voces que mantuvieron nexos con el bloque Cacique Pipintá”.

Por su parte, Marta Hernández, presidente del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cric), afectado fuertemente por el accionar del bloque Cacique Pipintá, del cual Báez fue su comandante, afirma que el exjefe paramilitar aún no se ha comprometido a revelar toda la verdad: “se han reconocido algunos hechos que han enlutado a las comunidades indígenas de Caldas, pero no hemos llegado hasta los autores intelectuales, quiénes dieron las órdenes”.

Según Hernández, aún esperan que ‘Ernesto Báez’ clarifique algunos hechos cometidos por miembros del Cacique Pipintá contra líderes indígenas, como fue el homicidio de María Fabiola Largo, candidata al Concejo de Riosucio (Caldas), asesinada el 9 de abril de 2003; y la masacre perpetrada en la Comunidad de la Rueda, ocurrida el 26 de noviembre de 2001.

“Y todavía persisten las presiones contra el movimiento indígena. Y eso lo hemos denunciado. Nosotros todavía sentimos mucha tensión porque el paramilitarismo no ha desaparecido. Hay amenazas contra líderes indígenas y mucha presión hacía ellos”, sentencia Hernádez.

Luis Enrique Soto: experiencias de la vida sin armas

Más de 48 mil excombatientes dejaron las armas y están en programas de reintegración. El servicio comunitario que prestan se ha convertido en un primer escenario de reconciliación.videos reinsertados luis

Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la segunda de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

 

María Angélica Guzmán: experiencias de la vida sin armas

Más de 48 mil excombatientes dejaron las armas y están en programas de reintegración. El servicio comunitario que prestan se ha convertido en un primer escenario de reconciliación.videos reinsertados maria

Colombia tiene más de 20 años de experiencia en la reincorporación a la sociedad de guerrilleros y paramilitares que dejaron la guerra. El camino recorrido por los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y algunos de las filas de las Farc y del Epl son claves para futuras dejaciones de armas.

La legislación y las instituciones que se encargan del tema han cambiado en la última década. Luego de la desmovilización masiva de algunos grupos paramilitares, entre 2003 y 2006, se decidió que solo los máximos responsables irían a la cárcel, mientras los mandos medios y los patrulleros se acogerían a los programas de reintegración del gobierno.

Sin embargo, sólo hasta 2011 entró en vigencia una ley que dio claridad al asunto, conocida como la Ley 1424. Esta quedó en manos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

La legislación que aplica solo para desmovilizados de las Auc tiene un componente judicial y otro de verdad, pero tanto exguerrilleros como exparamilitares están obligados a prestar 80 horas de servicio social. El trabajo es variado: limpiar parques, servir comida en comedores comunitarios, construir espacios deportivos o pintar escuelas.

Algunas críticas a este modelo hablan de las ausencia de escenarios de reconciliación. Aunque hace falta mucho por recorrer, el servicio social ha sido un primer paso para que quienes dejaron las armas sean acogidos en sus comunidades.

Esta es la primera de seis historias de vida que hacen parte del especial, ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?

Justicia y Paz: la experiencia de los postulados (II)

Fredy Rendón Herrera, más conocido con el alias del ‘Alemán’, habló con VerdadAbierta.com de su paso por la justicia transicional ahora que está en libertad.

El 15 de agosto de 2006, después de diez años en la guerra, Fredy Rendón entregó las armas como jefe paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas en Unguia, Chocó. Fue postulado a la ley de Justicia y Paz, fue condenado, y luego de nueve años en prisión quedó en libertad. Un juez determinó que contó la verdad y reparó a las víctimas.

Cuando tenía 22 años se unió al grupo paramilitar de los hermanos Castaño. Fue la ficha clave de la expansión de las Auc en gran parte del Urabá chocoano, cordobés y Antioqueño. Rendón fue condenado porque desde el año 2000 su grupo reclutó a cientos de menores que cumplían labores de patrullaje y combate.

Sin embargo, el proceso judicial continúa y se estima que tendrá que responder por más de 800 crímenes, entre ellos: la toma de Dadeiba en diciembre de 2001, donde murieron cerca de 2 mil personas y la masacre de la Horqueta en Cundinamarca.

Luego de salir de prisión hace pocos días, el excombatiente aseguró que no volverá a empuñar un arma, pero advierte que no hay suficientes oportunidades ni garantías para los cientos de desmovilizados ad portas de quedar en libertad. "A los excombatientes nos tienen que dar la oportunidad. Han asesinado a más de 3 mil hombres y mujeres de las extintas autodefensas y el Estado no ha explicado qué pasó con ellos", dijo el postulado.

Como parte del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?, VerdadAbierta.com entrevistó a Rendón Herrera para conocer su experiencia como uno de los protagonistas de  esta ley de justicia transicional.