Los magistrados han hablado duro

Son tal vez las voces más autorizadas para hablar de justicia transicional en Colombia. Su trabajo, que no ha estado exento de críticas, es una fuente de experiencias para futuros procesos de desmovilización. VerdadAbierta.com entrevistó a tres de ellos.entrevistas magistrados jyp

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“Hay muchas verdades, pero pocos la conocen”: Uldi Teresa Jiménez

Esta magistrada del tribunal de Bogotá profirió la primera sentencia de Justicia y Paz, que condenaba la masacre de la Brisas y el desplazamiento de Mampuján en los Montes del María. Hasta ahora ha sido la ponente con mayor cantidad de fallos en esta jurisdicción.

 
 

 
Verdad Abierta: ¿Cree que la verdad judicial es suficiente para dar fe del fenómeno paramilitar?

Uldi Jiménez: Primero quiero aclarar que, a diferencia de lo que se dice, Justicia y Paz no construye la verdad solo con el testimonio de los postulados. En las audiencias hablan las víctimas, los investigadores, los académicos, las autoridades locales y las ONG’s. Le pedimos a la Fiscalía que no se quede con la versión de los postulados, por ejemplo cuando dicen que no cometieron delitos género, sino que vaya a los expedientes judiciales, que revise las estadísticas y los informes.

Nosotros, los magistrados, vamos hasta los lugares donde sucedieron los hechos, porque no podemos sentarnos a escribir un documento sin siquiera conocer las regiones. Yo creo que sí hay una buena recolección de información, la verdad judicial sería suficiente. Lo que pasa es que si me preguntan cuál es la verdad, pues yo no sé cuál es toda la verdad y hasta dónde llega la verdad que acá se discute.

El problema es de difusión. Pocos se leen una decisión de cientos de páginas, incluso en la academia son contados los casos. Una víctima no va a leer una sentencia tan densa, lo que hace falta es encontrar la manera de que esa verdad llegue a la gente.

VA: ¿Qué le deja Justicia y Paz a una posible desmovilización de las Farc?

UJ: Nosotros empezamos de ceros, sin saber cómo funcionaban este tipo de procesos, pero ya hay un camino recorrido. Nuestra experiencia muestra que la etapa de desmovilización es clave y que si no se hace bien, el proceso no sale bien. Por ejemplo, todo lo que se acuerde debe quedar registrado; a nosotros los postulados nos dicen que el gobierno les incumplió, nosotros les decimos pero dónde está escrito todo eso que les prometieron.

En ese momento muchos intereses empiezan a fraguarse para que la verdad no salga y es importante que haya un personal capacitado que aproveche la información ‘en caliente’. Con los menores, el ICBF tiene que ser realista, no puede tratarlos como niños abandonados, es increíble escuchar acá que a veces los entregaban a hogares sustitutos.  

Es importante que las instituciones estén pensando que no se trata solo de las víctimas y los victimarios, sino de reconciliar a la sociedad, a las comunidades enteras. A los postulados que están saliendo en libertad no se les permite volver a las regiones donde operaron porque nunca se hizo esto. No podemos dividir el país: en una parte los paramilitares, en otra los guerrilleros y en otra los supuestamente buenos.

Además, sin importar si los desmovilizados de las Farc van a un centro carcelario o no, es crucial que no se piense solo como un lugar del que no se puedan escapar, sino en un espacio que resocialice.

¿Se les incumplió a las víctimas en términos de reparación?

UJ: Desde el comienzo se les tuvo que decir lo que el Estado estaba en capacidad de pagar, no se debieron crear falsas expectativas. La ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)  fue muy ambiciosa en reparación y en investigación, se esperaba investigar todos los delitos y a todos los postulados y eso es imposible. Nosotros desde la primera sentencia advertimos que no había capacidad de pagar reparaciones judiciales tan altas por la cantidad de víctimas.

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“Nuestro compromiso es divulgar la verdad”: Rubén Darío Pinilla

Presidente de la Sala de Justicia y Paz de Medellín. Sus sentencias se han dado a conocer porque vinculan a reconocidos políticos y a miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares de Antioquia.

 


Verdad Abierta: ¿Cuáles son los aprendizajes de la ley de Justicia y Paz?

Rubén Darío Pinilla: Reveló la incapacidad y la ineficiencia de la Fiscalía para afrontar todas las violaciones a los Derechos Humanos. Mientras sucedían los hechos que hoy en día se atribuyen a los paramilitares, la Fiscalía no fue capaz de responder adecuadamente. Hubo esfuerzos serios como la investigación del Parqueadero Padilla, pero esos no recibieron suficiente apoyo de la institución.

Es necesario replantear la política criminal del Estado y de la Fiscalía enfocada en delitos de menor flagrancia, mientras los hechos más graves han pasado desapercibidos. El resultado no puede ser medido numéricamente por la cantidad de acusaciones.

Justicia y Paz nos mostró que se requiere de una investigación más contextual, no tan individualizada y que los  derechos de las víctimas no solo se limitan a la indemnización.

VA: ¿Qué reveló sobre el papel del Estado en el fenómeno paramilitar?

RDP: Las sentencias han dicho que hubo sectores del Estado que promovieron no solo a las Convivir, sino que auspiciaron y financiaron grupos paramilitares, que hubo participación de las fuerzas militares, de sectores privados y políticos. Esa conjunción de fuerzas, junto con el narcotráfico, permitió que el fenómeno paramilitar creciera y se expandiera con la más completa impunidad, incluso en áreas del poder judicial.

Eso no obedece a actores individuales, porque son fenómenos que encontramos en todas partes, en todas las regiones vemos  batallones, brigadas y altos oficiales involucrados, entonces no se puede decir que son eventos aislados.

Existe evidencia de que el Estado conocía todas esas situaciones. Cuando no fue el Estado el que los impulsó, fue omisivo.  Hay que aclarar que eso que decimos no nos lo imaginamos, hay evidencia que lo demuestra.

VA: Pero su postura es opuesta a lo de otros magistrados.

RDP: Yo diría que lo que se ha dicho es una visión mayoritaria. En la sala de Justicia y Paz en Bogotá también se ha establecido responsabilidad del Estado y también se han generado discusiones por eso. De hecho, en varios fallos ordenan que  los mandatarios pidan perdón. Se está hablando de que hay responsabilidad del Estado, solo que algunos la atribuyen a simples agentes individuales

Nosotros tenemos un compromiso muy claro de divulgar la verdad de los hechos.

VA: ¿Qué cree que se puede replicar en un posible juicio a las Farc?

RDP: Lo que hasta ahora se ha revelado del modelo de justicia transicional mejora mucho de lo que fue la Ley de Justicia y Paz. Pero me parece que se está construyendo sin tener en cuenta y sin aprovechar la experiencia de Justicia y Paz.

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 “Entre sacrificar el tiempo o verdad, prefiero el tiempo”: Alexandra Valencia

Esta magistrada de la sala de Bogotá fue la ponente de la primera sentencia contra Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Auc postulado a Justicia y Paz.

 
 

 
Verdad Abierta: ¿Qué sigue pendiente en Justicia y Paz?

Alexandra Valencia: Las víctimas deben estar mejor representadas y no debe entendérselas como acreedoras. Son muy pocas las que están en todo este proceso por la plata, por eso insisto en que las medidas de satisfacción no pueden esperar a resolverse en la sentencia. No podemos decirle a alguien lo que va a atender un psicólogo de la Unidad de Víctimas solo cuando hay una decisión judicial de por medio.

Debe haber una formación en el tema de perdón, es el perdón el que sostiene la jurisdicción transicional. Se habla de que los postulados muestran un arrepentimiento mecánico e incluso algunos se han reído pidiendo perdón, pero yo no creo que sea morbo o que no se arrepientan, es que no saben cómo pedir perdón, no tienen ningún tipo de formación. El encargado de orientarlos debe ser el juez, quien debe saber de justicia restaurativa y entender que es una pedagogía de justicia, que acá ya no estamos hablando de contrarios.

VA: Hubo un cambio en la forma de investigar, ya no se trata del caso a caso sino de los patrones, ¿qué opina de esta metodología?

AV: Siempre me he resistido a pensar en que esto se deba investigar de una forma aritmética y para mí es una propuesta equivocada de la Fiscalía. Creo que hay que investigar la guerra como suceso social.

El riesgo de la investigación macro es que pueden invisibilizar los delitos subyacentes. Un ejemplo puntual sucedió en el Frente Héctor Julio Peinado, un grupo paramilitar que delinquió en el sur del Cesar, cuando la Fiscalía presentó el homicidio de Daisy, a quien los ‘paras’ sacan de su casa y la matan en el monte. Aunque los registros mostraban que la encontraron desnuda y la ropa interior fue rasgada, se quería imputar solo como un homicidio con arma corto punzante.

Esto funciona bien como sucedió en Argentina, donde hay un solo pronunciamiento sobre la desaparición forzada. No se menciona el caso a caso, pero se selecciona uno que da cuenta de crueldad del delito y se hace un análisis muy cuidadoso de los patrones encontrados en todas las desapariciones y qué dicen estas sobre el tipo de violencia, en este caso de la Junta Militar. No solo es reunir todas las desapariciones en un mismo paquete porque sí.  

VA: Una de las críticas recurrentes habla de muy pocas sentencias, ¿qué dicen ustedes?

AV: El tiempo siempre será un contradictor. Pero entre sacrificar el tiempo o la verdad, prefiero el tiempo. Si el juez transmite el mensaje adecuado a una víctima en medio de una audiencia, esta no necesita la sentencia.

En esta jurisdicción hay un pronóstico de 99% de sentencia condenatoria.  No ocurre como en la justicia ordinaria, pues son los mismos postulados los que levantan la mano para decir que mataron a uno y a otro. Entonces, aunque el fallo es una declaración importante, lo más trascendental ocurre en la misma dinámica de la audiencia. En ella es cuando un excombatiente que burló la ley se vuelve a encontrar con el Estado ausente en los lugares donde operó, es donde las víctimas se reencuentran con quienes fueron los victimarios.

Creo más en el proceso, si debe tardarse muchos años, que lo haga. Lo que sí debe ser previo a la sentencia son las medidas de satisfacción.