El genocidio político de la UP
A pesar de que en el fallo
en contra de Hebert Veloza, alias ‘HH’ solo se documentaron ocho
crímenes en contra de miembros de la Unión Patriótica, el caso de este
paramilitar, sirve para demostrar la persecución a la que fue sometido
el movimiento político. Hoy, 20 años después de la tragedia, aún es
incierta la cifra total de víctimas que algunos informes acercan a
cuatro mil.
La Unión Patriótica, UP, surgió el 28 de mayo de 1985 como resultado
del proceso de paz que adelantó el gobierno del Presidente Belisario
Betancur y la guerrilla de las Farc. En principio, este movimiento
político unió a militantes del Partido Comunista de Colombia, dirigentes
de sectores liberales independientes y guerrilleros desmovilizados de
las FARC.
Este es pues el origen de la tragedia del partido, que siempre fue estigmatizado como el ala política de las Farc. “Para
nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos simpatizantes no
tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo
relacionado con lo subversivo, los matamos”, dijo en una ocasión alias ‘HH’ desde Estados Unidos.
De acuerdo con el falló, “si bien, en su inicio, aquel movimiento
estuvo vinculado ideológicamente con las FARC, como un mecanismo
político para su posible desmovilización, fue adquiriendo autonomía y
resonancia propia en el poder local del país”.
Según lo documentó la Sala de Justicia y Paz, para el periodo
electoral de marzo de 1986 a 1988, la Unión Patriótica obtuvo la más
alta votación de la izquierda y se convirtió en la tercera fuerza
política del país, “sin embargo el éxito electoral se afectó con el
incremento en el número de homicidios contra sus militantes,
presumiblemente por ser una fuerza política relacionada con la
guerrilla. Tan solo en el primer año de su vida legal, la Unión
Patriótica registraba 300 militantes asesinados”.
Precisamente, la Sala cita un informe de 1992 de la Defensoría del
Pueblo, en el que se aseguraba que “existía una relación directa entre
el apreciable éxito electoral obtenido y la respuesta violenta de
organizaciones de extrema derecha, delincuencia organizada, grupos
paramilitares, narcotráfico y en algunos casos agentes del Estado, que
vieron menoscabados sus intereses políticos y económicos con el
fortalecimiento de la UP.”
Con la llegada de la UP a la región de Urabá, una zona con presencia histórica de guerrillas como el EPL, el ELN y las FARC,
los movimientos sociales se fortalecieron así como los sindicatos,
muchos de ellos impulsados por las nuevas fuerzas políticas fruto de
las negociaciones del gobierno de turno y la guerrillas, lo cual, según
el fallo, generó reacciones violentas de grupos de extrema derecha
contra los movimientos sociales, políticos y sindicales.
Sumado a lo anterior, la penetración del capital del narcotráfico en
la región de Urabá y la llegada de los grupos paramilitares terminaron
creando una alianza para el exterminio. De acuerdo al fallo, durante
1983 y 1984, Fidel y Carlos Castaño iniciaron la compra de grandes
extensiones de tierra en Córdoba y Urabá, en un proceso de expansión y
desarrollo de la capacidad ofensiva para combatir a la guerrilla, cuidar
la propiedad de empresas y ganaderos, garantizar el negocio del
narcotráfico, y atentar contra militantes, dirigentes y simpatizantes de
organizaciones de izquierda.
Urabá se convirtió en un botín no solo por ser un corredor para el
tráfico de drogas y armas. Adicionalmente como lo pudo documentar la
Sala de Justicia y Paz de la memoria USB que entregó ‘HH’ a la fiscalía, Vicente Castaño desarrolló un megaproyecto de palma en la zona del Chocó que pretendía abarcar 100.000 hectáreas de tierra.
En este contexto, según el fallo, las principales víctimas fueron
los miembros de la UP, que amenazaron con afectar los intereses
políticos y económicos de actores legales e ilegales. “La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los crímenes cometidos
contra la Unión Patriótica tuvieron la intención de eliminar a sus
miembros y simpatizantes por medio de una violencia sistemática que
resulto de la coordinación de miembros del Ejército y grupos
paramilitares, a través del llamado ‘plan golpe de gracia’”, señala el
fallo en su argumentación.
Por todas estas razones y luego de analizar los ocho crímenes
cometidos por Helbert Veloza en contra de miembros de la Unión
Patriótica, la magistratura de Justicia y Paz calificó por primera vez
al exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político.
Los miembros de la UP asesinados por alias ‘HH’ fueron Vidal Devia
Ramírez, Luis Eduardo Cubides Vanegas, Humberto Pacheco Castillo, Julio
César Serna, Arturo Moreno López, Camilo Solano Baltazar, Walter de
Jesús Borja David, Melquisedec Rentería Machado, Edilberto Cuadrado
Llorente, Wilton Antonio Garcés Montaño y Alejandro Valoyes Mena.
La persecución a los sindicalistas
Las otras víctimas del conflicto en la región bananera de Urabá
fueron las organizaciones sindicales que también eran señaladas
sistemáticamente como guerrilleros o simpatizantes de la subversión.
“En general, las violaciones a los derechos humanos, y, en especial, la
violencia antisindical en Urabá, reiniciaron en 1985; por ejemplo, la
sede de SINTRAINAGRO (sindicato bananero) fue bombardeada y comenzó el
asesinato sistemático a sindicalistas.
En el caso del Bloque Bananero que era comandado por alias ‘HH’, los
sindicatos SINTRAINAGRO y SINTRABANANO fueron las principales víctimas.
En la mayoría de los 20 hechos documentados y probados por la fiscalía
el motivo de los homicidios era la actividad sindical de las víctimas.
“A menudo es muy difícil distinguir si la violencia apunta a la
organización sindical y a las actividades sindicales o a las actividades
políticas y sociales de los afiliados en otros contextos
organizacionales”, aseguró el falló en el que se aclaró que en el caso
de ‘HH’, los hechos ocurrieron por la condición de sindicalistas de
las víctimas, tal como lo corroboran las manifestaciones de alias “HH”
en las versiones libres rendidas en el marco de Justicia y Paz.
Los sindicalistas asesinados en la región de Urabá por los
paramilitares de ‘HH’ fueron Ernesto Enrique Romero Hernández, Rudolf
Reinaldo Martin Paffen Durier, Severo Mosquera Angulo, Osvaldo Vergara
Gómez, María Dolores Romero Perea, Gustavo Vargas Usuga, Rosmira del
Socorro Guisao Castro, Iber Modesto Rojas Moreno, Elías García Díaz,
Dairo Pérez Negrete, Ángel Humberto Zabala Bejarano, Rogelio Mosquera
Palacios, Arcesio Gallego Lozano , Misael Antonio Moreno Córdoba, Luís
Antonio Espitia González, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Jairo Alberto
López Manco, Luís Álvaro David Oliveros, Elkin de Jesús Escobar López y
Gustavo Alberto Gutiérrez López
Por demostrar que en el caso de los sindicalistas como en el de los
miembros de la UP, existió una persecución sistemática y generalizada,
la Sala declaró que los dos casos constituyen delitos de lesa humanidad
que no pueden juzgarse como homicidios aislados sino como parte de
una política del paramilitarismo, a veces respaldado por miembros de la
fuerza pública.
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