Parte de los predios que el Gobierno quiere darle a campesinos pobres en San Vicente del Caguán ya está concesionada a dos empresas petroleras. Así es el interés reciente por los hidrocarburos en esa zona del Caquetá.
Son tierras de las Farc pero las van a recuperar para dárselas a los campesinos. Esta fue la idea que expuso el Gobierno cuando anunció la recuperación de 280 mil hectáreas en Caquetá y la planteó como “tal vez la operación más grande de incautación de activos”.
Sin embargo, un recorrido por la zona muestra que no todas esas fincas son de la guerrilla y casi la mitad no se pueden otorgar porque están en parques naturales. A todo este panorama, todavía le falta una arista: el petróleo.
“A los campesinos que hemos colonizado esas tierras no nos entregan el título de propiedad, pero a las petroleras sí les hacen concesiones”, dice Arbey Alvear, presidente de la Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán (Uníos).
En los últimos años, sólo ha habido un pozo petrolero en todo Caquetá, pero las multinacionales están a borbotones. Hasta julio de este año, había 42 proyectos para buscar el llamado oro negro en el departamento y de esos, 20 estaban en San Vicente del Caguán, municipio donde el Gobierno recuperará los predios.
A pesar de esta realidad, ninguna de las nueve resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y el Incoder sobre las 280 mil hectáreas habla de petróleo y ni siquiera especifica si en las tierras que supuestamente irán a campesinos están buscando hidrocarburos actualmente.
En parte de las tierras que se suponen irán a campesinos, dos empresas tienen tres proyectos para buscar hidrocarburos. Y no es un asunto reciente. La multinacional chilena americana Hupecol tiene Serranía desde el 30 de noviembre de 2009 y Macaya desde el 28 de septiembre de 2011; mucho antes de que el Gobierno comenzara a investigar si los predios a recuperar pertenecían o no a la guerrilla.
Una parte pequeña de las 124 mil hectáreas que ocupan los dos proyectos petroleros está dentro del baldío del Gobierno. Lo mismo sucede con una porción de las 156 mil hectáreas que tiene la canadiense Canacol en su proyecto Sangretoro, que contrató desde el 28 de junio de 2011.
En ninguno de los tres bloques petroleros han encontrado crudo y, según la ANH, Serranía es el único vigente. Sin embargo, son territorios concesionados a dichas empresas y ahora el Gobierno pretende dar algunas de esas hectáreas a campesinos.
“El mismo Estado creó un conflicto legal grande. Primero, le otorgó un derecho a las petroleras y por ley no puede titular esas zonas. Ahora dice que las necesita, pero eso no puede entrar al Fondo de Tierras si hubo una concesión para explorar o explotar crudo”, explica Álvaro Balcázar, quien fue director del Plan de Consolidación de La Macarena y asesoró al Gobierno en el punto agrario de la mesa de negociaciones de La Habana, que es el que creó el Fondo de Tierras para la Paz.
Además del conflicto legal, el Estado ha puesto su granito de arena para que los habitantes no reciban del todo bien a las petroleras, como sucedió en el municipio caqueteño de Valparaíso. Balcázar plantea que, de un lado, el Gobierno sólo habla desde la lejanía de Bogotá, creyendo que los baldíos están vacíos y sin explicarle a los campesinos que no los sacarán de sus tierras por más petróleo que haya. Por el otro lado, explica que hay quienes sí manejan la tensión para sacar provecho político y, en medio del desconocimiento, le hace creer a la gente que las petroleras significan robo de tierras.
Álvaro Balcazar
El hecho de que pueda haber petróleo en esa zona no sólo es un impedimento para otorgar parte de esas tierras, sino que además ha sido el principal motor de la disputa de 10 mil kilómetros cuadrados en la que están desde hace años los departamentos de Meta y Caquetá. En esto coinciden Balcázar, la corporación de derechos humanos Caguán Vive, la fundación Red Caquetá Paz y varios políticos del departamento.
“Se les ocurrió cambiar los límites porque sabían que había petróleo. Ahora al Meta le interesa esa parte del país, no para invertir, sino para cobrar regalías”, dice Ómar García, quien fue alcalde de San Vicente del Caguán durante la zona de distensión.
Aunque las modificaciones de hasta dónde llegan los dos departamentos se hicieron desde los ochenta, el tema de zona de litigio se exacerbó desde finales de 2000, cuando comenzó la búsqueda de petróleo en Caquetá.
Al principio, la recomendación de la Unidad de Planeación Mineroenergética, que es la que asesora al Ministerio de Minas en temas de reservas, era que no se explotara petróleo en Caquetá y Guaviare para dejar a estos departamentos como previsión. Fue por esto que en 2008, estas regiones no entraron en las usuales rondas de concesiones, como detalló Hernando Castro, investigador del grupo Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, en el primer foro petrolero en Caquetá.
El panorama cambió en las rondas de 2010, 2012 y 2014, en las que sí se ofrecieron bloques petroleros en Caquetá. El interés en este departamento es evidente pues podría significar una riqueza considerable en materia de hidrocarburos.
De las 23 cuencas en las que se divide Colombia, este departamento se ubica en la de Caguán - Putumayo, que va desde el norte de Caquetá hasta los límites colombianos con Ecuador. La ANH cree que esta es una de las cinco zonas con más hidrocarburos en el país y sus estimaciones apuntan a que allí podría haber hasta 2.200 millones de barriles de petróleo.
Sin embargo, reconoce que la zona norte, donde está San Vicente del Caguán, ha sido menos explorada a pesar de las evidencias de que sí hay petróleo. La Asociación Colombiana del Petróleo, que reúne a las compañías privadas, sostiene que la inseguridad frena la explotación de hidrocarburos.
En octubre del año pasado, ellos calculaban que podría haber nuevos pozos capaces de producir 90 mil barriles de petróleo por día pero que si el orden público mejoraba, la cifra ascendería a 130 mil.
Lo cierto es que en los últimos 10 años sólo ha habido una explotación de petróleo en todo Caquetá y ha sido en San Vicente del Caguán, cerca de los baldíos que pretende recuperar el Gobierno. El proyecto Ombu ocupaba casi 16 mil hectáreas de la vereda Los Pozos y, desde el 28 de abril de 2011, estaba a cargo de la multinacional china Emerald Energy.
Esta era la ‘mina de oro’ de Emerald en el país pues producía más petróleo que sus otros pozos en Huila, Putumayo y Casanare: 2.200 barriles diarios a comparación de los 1.200 de su segunda mayor producción.
A pesar de eso, la multinacional dejó San Vicente en marzo de este año. Los habitantes y políticos de la región creen que fue porque cayó mucho el precio de los hidrocarburos en esa época. En efecto, en enero Emerald también dejó sus explotaciones en el Huila y en abril hizo lo mismo en Putumayo pero siguió en las de Casanare, a pesar de que producían menos que el pozo de San Vicente, como lo muestran las cifras oficiales.
La multinacional le explicó a la ANH que dejaba su explotación en Caquetá por problemas técnicos originados en “los aumentos en el corte de agua de los pozos productores”, “los arenamientos frecuentes de los pozos productores y el daño mecánico, que ocasionan caídas en los niveles de productividad” y por "los altos costos de transporte y disposición final del agua de producción en planta externa”. VerdadAbierta.com intentó una comunicación directa con la petrolera pero no fue posible.
Tras su estancia, solo quedaron unos metros de carretera pavimentada al frente de cada vivienda por donde pasaban los carrotanques y el único centro de salud de la zona, que lo construyó para la comunidad. “Hasta ahora no se conoce si resarcieron a los habitantes pero sí nos dejaron los huecos y el daño ambiental”, dice la profesora Mercedes Mejía, del programa Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, que ha analizado el tema del petróleo en el departamento.
Ella sostiene que las petroleras están en Caquetá sin que exista un estudio ambiental que determine cómo es el territorio y agrega que los estándares en esta materia tienen que ser mucho más altos que en otras zonas del país por ser la entrada a la Amazonía.
Una idea similar es la que promueve el representante a la Cámara por Caquetá, Harry González. Él propone una política diferencial que aumente los requisitos legales y ambientales para buscar y sacar petróleo en los departamentos protegidos por su flora y fauna, como Caquetá.
“Buscamos que el Gobierno no sea incoherente. Si se esfuerza para que la región amazónica sea área de protección ambiental, así mismo debe limitar la explotación petrolera. No es lo mismo explotar hidrocarburos en la Amazonía que hacerlo en un desierto en el Oriente Medio”, dice el congresista.
Pero contrario a lo propuesto, cada vez hacen más concesiones para Caquetá y es por eso que hoy en día hay 42 proyectos para buscar petróleo en el departamento. Incluso, en las tierras que el Gobierno pretende darle a los campesinos.
Es claro que al Estado le beneficia volver a dominar territorios de los que se ha ausentado por décadas, por más difícil que sea. La pregunta es para qué. El Gobierno quiere que esos predios pasen al Fondo de Tierras y sean de campesinos, pero es innegable que las petroleras están allí y su propósito es buscar más petróleo de lo que hasta ahora han podido.
VerdadAbierta.com contrastó los lugares donde están explorando, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el mapa del baldío que el Gobierno pretente recuperar y estos fueron los resultados.