La Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y mitiguen las amenazas que identificó para los próximos comicios, en los que 132.533 candidatos aspiran a diferentes corporaciones de nivel local y regional.
El próximo 29 de octubre los colombianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. No obstante, en buena parte del país, la denominada fiesta de la democracia se desarrollará en medio de diversos riesgos, asociados al deterioro de seguridad y al fortalecimiento de grupos armados ilegales de diferente índole.
Esa es una de las principales conclusiones de la Alerta Temprana 030-23, que publicó el pasado miércoles el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la cual fue preparada con motivo de las próximas elecciones locales y regionales. Ese informe se realizó a partir de monitorear la situación de seguridad en diversas regiones del país durante los primeros siete meses del año y de analizar las 59 Alertas Tempranas que emitió el SAT entre enero de 2022 y julio 2023.
Ese ejercicio de documentación y trazabilidad llevó a la Defensoría del Pueblo a encender las alarmas porque identificó que para las elecciones de finales de octubre, 676 municipios, 19 áreas no municipalizadas y el Distrito Capital de Bogotá, están bajo diferentes niveles de riesgo. De acuerdo con el SAT, 113 se encuentran en riesgo extremo (16,7 por ciento del total reportado); 286 en riesgo alto (42,3 por ciento); 184 en riesgo medio (27,2 por ciento); y 93 en riesgo bajo (13,7 por ciento).
Los departamentos con mayor cantidad de municipios en riesgo extremo son Nariño, con 17; Norte de Santander, con 16; Chocó, con 15, Cauca, con 13; Bolívar, con 9; Antioquia y Caquetá, ambos con siete; y Arauca (este departamento está compuesto por siete municipios) y Huila, cada uno seis respectivamente.
En la Alerta Temprana se pudo determinar “como principal factor de amenaza la expansión y fortalecimiento de Grupos Armados Ilegales (GAI), compuestos por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos del Crimen Organizado (GCO) entre 2016 y 2023, con un incremento de la violencia y capacidad de control territorial y social de su parte en el tiempo reciente”.
De acuerdo con el monitoreo del SAT, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo surgido en 2006, tras la desmovilización paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y al que las autoridades denominan como ‘Clan del Golfo’, son las mayores generadoras de riesgo, seguidos de la guerrilla del Eln, que adelanta negociaciones de paz con el gobierno nacional, y de las disidencias de las Farc, con las cuales se pretende adelantar conversaciones bajo la política de Paz Total impulsada desde la Casa de Nariño.
Los grupos que surgieron tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente están asociados a situaciones de riesgo de la siguiente manera: Estado Mayor Central, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, en 234 municipios; la Segunda Marquetalia, bajo el mando de ‘Iván Márquez’, en 65 municipios; los Comandos de la Frontera, que afectan a 24 municipios; y otros grupos disidentes de las Farc, que revisten peligro en 34 municipios.
El SAT también reporta que otros grupos sin identificar generan inseguridad en 24 municipios; y organizaciones del crimen organizado y la disidencia del Epl hacen lo mismo en 187 más. Asimismo, aclara que en varias poblaciones advertidas, el riesgo lo generan uno o más grupos armados que coincidan en ellos.
Deterioro de seguridad y afectaciones en campañas
Al comparar la anterior Alerta Temprana por riesgo electoral, emitida el 17 febrero del año pasado con motivo de las elecciones a la Presidencia de la República y al Senado y la Cámara, con la actual, de elecciones regional, se evidencia el avance de los grupos armados ilegales en el control territorial y el incremento de los repertorios de violencia.
El año pasado, el SAT reportó que 521 municipios se encontraban bajo alguna condición de riesgo, los cuales se categorizaron de la siguiente manera: 79 en riesgo extremo, 195 en alto, 186 en medio y 61 en bajo.
Un año y seis meses después, hay 155 nuevos municipios con algún nivel de riesgo y salvo en la categoría de riesgo medio, las demás aumentaron: en la actualidad hay 34 municipios más en riesgo extremo; 91 más en riesgo alto; y dos más en riesgo bajo. La cantidad de municipios en riesgo medio disminuyó en dos.
Al poner la lupa en agresiones relacionadas con las elecciones regionales de este año, el SAT encontró que se ha dado un aumento progresivo entre el 1 de enero y el 9 de agosto. En total registró 184 “conductas vulneratorias contra personas intervinientes en el proceso electoral”. Y llamó la atención por el incremento de agresiones registrado en los primeros días de agosto, fecha de corte de la Alerta Temprana.
Los departamentos con más “conductas vulneratorias” son Cesar (22), Valle del Cauca (20), Tolima (17), Norte de Santander (15), Chocó (12), Atlántico (10), Bolívar (10), Cundinamarca (10), Antioquia (siete) y Cauca (siete).
Las agresiones fueron contra candidatos a Alcaldía (81); miembros de organizaciones políticas (27); candidatos a Concejo Municipal (24); candidatos a Gobernación (8); candidatos a Asamblea Departamental (3); candidatos a Junta de Administradora Local (2); y contra un alcalde en ejercicio de funciones.
La mayoría de los casos documentados por la Defensoría del Pueblo, 113, corresponden a amenazas. A ellas le siguen atentados contra personas o sedes políticas (20); homicidios (18); restricciones a la movilidad (9); constreñimiento al sufragante (5); perturbación del orden democrático (tres); y otras (18).
La Alerta Temprana llama la atención sobre dos amenazas masivas que realizaron disidencias de las Farc en los pasados meses de mayo y junio contra precandidatos, candidatos y militantes de partidos políticos que no son de sus afectos en los departamentos de Arauca, Casanare, Huila, Caquetá y Putumayo.
En relación a hechos como esos, el documento del SAT dedica un apartado para analizar y advertir sobre el afianzamiento de prácticas y mecanismos de control social por parte de los grupos armados ilegales, con miras a las elecciones regionales.
Una de las modalidades identificadas inició en medio de la pandemia del Covid-19 para evitar la propagación del virus y con el paso del tiempo tomó fuerza: la carnetización de la población civil –en su mayoría en zonas rurales– y la regulación de su movilidad.
Con relación a acciones de proselitismo, el SAT identificó “serias dificultades para hacer campaña y asistir a eventos electorales por parte de potenciales votantes, candidatos(as), militantes o voceros de movimientos y partidos políticos (…) por cuenta de los mecanismos de regulación y control que ostentan los grupos armados ilegales en distintas partes del país”.
Y como ejemplo, cita un caso de disidencias de las Farc en la Amazonía, en donde establecieron normas para permitir que ciertos sectores realicen campañas (“serán bienvenidos los procesos alternativos o que representen los intereses de las comunidades”) e impedir el acceso a otros (“partidos, sectores y dirigentes políticos de ser partidarios de la guerra no son bienvenidos a estas áreas; y quienes apoyen las doctrinas paramilitares”).
Además, tras contactar a diversas fuentes y hacer monitoreo en terreno, la Defensoría del Pueblo concluye que es evidente cómo los grupos armados “presionan violenta y económicamente a la población civil para imponer personas pertenecientes a dichos grupos, e incluso llegar al punto de imponer liderazgos foráneos y potencialmente, determinar por cuáles candidatos votar para las próximas elecciones sobre la base del constreñimiento a las comunidades, a los movimientos sociales y los potenciales votantes”.
La Alerta Temprana finaliza con 48 recomendaciones agrupadas en cinco categorías, dirigidas prácticamente a todas las autoridades competentes, para evitar que los riesgos advertidos en materia de violencia contra candidatos, asociaciones políticas y comunidades; y de corrupción y constreñimiento electoral, se consumen.
No obstante, la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, tras conocer los datos reportados por la Defensoría del Pueblo, fue crítica y se fue lanza en ristre contra la agencia del Ministerio Público: “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por ‘hacer trizas la paz’ pero la sociedad colombiana ha decidió la paz y lo logrará”.
Pese a esa postura presidencia, la Defensoría del Pueblo hace un llamado “a todo el Estado colombiano a nivel nacional, regional y local, para que confluyan en sus esfuerzos y se trabaje conjuntamente para la prevalencia de la Democracia”. Y agregó que “si bien se enfrentan importantes factores de amenaza a las elecciones regionales, existe una institucionalidad fuerte, con políticas públicas robustecidas, que pueden hacer que las elecciones se den en completa normalidad tranquilidad y paz”.
