El más reciente informe de Somos Defensores, organización no gubernamental que documenta las agresiones a defensores de derechos humanos, confirma las proyecciones más negativas. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana aplicando los lineamientos del Decreto 2124 de diciembre del año pasado, y el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte sobre el estado de la paz frágil.
Por más paradójico y repetitivo que pueda sonar, a pesar de las numerosas advertencias de organizaciones locales y de entidades internacionales, las amenazas y los asesinatos de líderes sociales aumentaron nuevamente el año pasado. De acuerdo con Somos Defensores, que este jueves publicó su informe sobre lo acontecido en 2017, bajo el título de Piedra en el zapato, esta irónica situación ocurrió cuando la tasa de homicidios relacionados con violencia sociopolítica disminuyó a niveles no vistos desde hace 30 años. (Descargue aquí el documento)
Esa organización, que sistematiza este tipo de información desde 2002, documentó que el año pasado 560 defensores de derechos humanos fueron víctimas de diferentes tipos de agresiones que pusieron en riesgo su vida y obstaculizaron su labor como activistas sociales. Por lo anterior y comparando los 481 casos de 2016, con el año en el que se empezó a cerrar el capítulo del conflicto armado en Colombia, las agresiones aumentaron en 16,42 por ciento, lo que evidencia un “desproporcionado incremento” de homicidios y atentados contra líderes que suman al menos 156 casos (106 homicidios y 50 atentados).
Es así como el informe señala que “pareciera que estos activistas llevaran una cruz a cuestas, pues a pesar de la disminución de la confrontación armada que los ha llevado a ser tema de agenda pública no sólo por su trabajo decidido por la paz y la construcción de una mejor democracia”, hay un “elevado número de vidas humanas cegadas por intereses oscuros”.
Si bien varios diagnósticos han identificado que esa violencia se disparó conforme avanzaban los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc a finales de 2014, el documento también resalta que los líderes sociales son víctimas de “otras conflictividades que comienzan a develarse ante la ausencia de la excusa de siempre (el conflicto armado) y ausencia de Estado: la minería, el extractivismo desenfrenado, el narcotráfico, la lucha por la tierra, los crímenes de odio, la corrupción, entre otros”.
Por lo cual plantea que esa multiplicidad de problemas que configuran los contextos en los que trabajan los defensores y defensoras, hacen “que estos activistas se conviertan en una PIEDRA EN EL ZAPATO (sic) para los poderes reales que actúan en los distintos territorios del país. Es decir, para quienes tienen las armas, controlan las economías ilegales, ejercen el poder político de manera corrupta, continúan con la tenencia de la tierra a gran escala o estén detrás de grandes intereses económicos en las regiones”.
Desangre y zozobra sin fin
Comprando las cifras de 2016 y 2017, se encuentra que los asesinatos aumentaron la tercera parte de un año para otro, pues pasaron de 80 a 106. Las víctimas son 87 hombres, 16 mujeres y tres miembros de la comunidad LGBTI, que en la mayoría de los casos representaban liderazgos comunitarios.
Los hechos ocurrieron en 24 de los 32 departamentos del país; y en donde más se registraron fue en Cauca (18), Antioquia (14), Valle del Cauca (8), Chocó (7), Nariño (6), Córdoba (6) y Norte de Santander (6). Nuevamente, como ocurre desde hace cinco años, Cauca y Antioquia son los departamentos con más víctimas.
La investigación llama la atención de que, a diferencia de años anteriores, “los homicidios no sólo se presentaron en las áreas rurales; en 2016, 10 de los 80 casos ocurrieron en ciudades, en 2017, 30 de los 106 casos fueron en zonas urbanas, es decir, un 28 por ciento. Esto indica que las dinámicas de violencia contra estos activistas están llegando a los centros urbanos”.
Sobre las víctimas, los casos documentados permiten inferir una “tendencia marcada” de homicidios de líderes comunales, que ejercen cargos administrativos en Juntas Administradoras Locales (JAL) y Juntas de Acción Comunal (JAC), pues los casos aumentaron de 13 en 2016, a 20 en 2017. A ellos se suman los asesinatos de 15 dirigentes campesinos. (Ver más en: El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco)
Ante ese panorama, Somos Defensores plantea que “el asesinato de estos tres tipos de líderes es indicio de cómo la violencia se focaliza sobre personas dedicadas a la defensa de la tierra y el territorio y todos los derechos conexos a esta; refuerza esta tesis el ataque sistemático también a líderes indígenas y afrodescendientes, cuyos registros por homicidios sieguen siendo altos y su liderazgo se caracteriza por la defensa de la tierra y el territorio”. Sumando los casos de líderes de comunidades étnicas, las vidas cegadas con relación a derechos territoriales en 2017 ascienden a 83.
Si esas variables de liderazgo se cruzan con temas relacionados con la implementación del Acuerdo Final, se encuentra que 43 de los defensores asesinados el año pasado tenían algún vínculo con la denominada agenda del posconflicto y que ocurrieron en departamentos con alta conflictividad armada como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Chocó y Norte de Santander. Además, la investigación resalta que “que al menos 5 de los líderes asesinados tenían una relación directa con los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”. (Ver más en: Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental)
Sobre los modus operandi, el documento señala que, de los 106 asesinatos analizados, 85 fueron con armas de fuego, 15 con arma blanca y seis con objeto contundente. En once casos se presentó previamente la desaparición la víctima y en esos mismos casos se encontró el cuerpo con signos de tortura; 18 defensores habían denunciado amenazas antes de su muerte y siete tenían mecanismos de protección al momento del asesinato.
Entre todos los datos relacionados con los homicidios, Somos Defensores pone la lupa en los lugares donde fueron cometidos: “Se mantiene el patrón identificado en años anteriores, consistente en que la mayoría de los homicidios del defensor(a) ocurren en la vivienda o a los alrededores de la misma. Esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio, lo cual indica que estas acciones son producto de seguimientos para identificar rutinas, caminos transitados y hogares de los defensores para asesinarlos, es decir que los líderes fueron objeto de acciones de inteligencia previos a sus asesinatos”.
Sobre los presuntos autores, refiere una “llamativa disminución” en los hechos atribuibles a grupos de denominación “paramilitar” en comparación con los casos de 2016, pero al mismo tiempo contrasta aumentó el desconocimiento de quiénes sean los perpetradores. Una posible explicación a esa situación la encuentra en que “puede estar ligada a la confrontación territorial entre grupos de ascendencia paramilitar, el ELN, el EPL, disidencias de las FARC y grupos de crimen organizado por controlar las zonas y economías ilícitas que dejó las FARC y que aún no tienen dueño”, pues “en medio de esas disputas están muchos líderes de las zonas rurales o de pueblos lejanos que son la única voz capaz de enfrentarse a denunciar, o a mediar para que la violencia no se enquiste en sus territorios”. (Ver más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)
En ese punto también llama la atención sobre la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Militares (FFMM) y del Eln implicados en asesinatos de líderes sociales: “Se observa de manera particular cómo las FFMM, aún en medio de la paz, siguen siendo presuntamente responsables de homicidios de defensores. Igualmente es desconcertante ver al ELN, que estando sentado en la Mesa de Negociación de Quito y exigiendo como punto 1 del cese al fuego, haya asesinado a 3 defensores en 2017, poniendo en duda su voluntad real de paz”.
Como si no fueran suficientes los asesinatos, las amenazas no siguieron mermando y se incrementaron el año pasado, revirtiendo la tendencia de 2016, cuando disminuyeron tras años de ascenso continuo. En total fueron amenazados 370 defensores de derechos humanos en 18 departamentos. De nuevo, los panfletos fueron el medio más utilizado y a través de 25 de ellos fueron amenazados 199 activistas. Sobre esta situación, el informe recalca que esos “nuevos panfletos amenazantes ya no sólo incluyen defensores, sino que, en varias regiones del país, señalan en sus textos la intensión de quien amenaza, hacer una “limpieza social” poniendo como objetivo también a exguerrilleros, prostitutas, drogadictos y población LGBTI, entre otros”.
Responsabilidades y devenir del posconflicto
Además de documentar de manera exhaustiva los 106 casos de líderes asesinados, las otras 454 agresiones ocurridas en 2017 y de realizar un análisis sobre la violencia que gravita alrededor de quienes tomaron la tarea de defender derechos y comunidades, este informe evalúa el papel que han desempeñado las instituciones estatales en medio de esta inusitada tragedia y expone las posibilidades que brinda el Acuerdo de Paz con las Farc para frenarla.
Las entidades que se rajan en esta materia son el Ministerio del Interior, que no obró pertinentemente con el informe de riesgo que emitió en marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo en el que alertó que en más de 300 municipios del país hay organizaciones sociales en peligro; la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la que le hace un llamado para reevaluar la manera como califica que riesgo de las personas que solicitan protección y las eventuales medidas que les otorga; dependencias de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, que en varias ocasiones han minimizado el drama que viven los defensores de derechos humanos, el cual fue reducido por el ministro Luis Carlos Villegas a “líos de faldas y de linderos”. (Ver más en: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
En cambio, destaca la labor de las entidades del Ministerio Publico que se han puesto manos a la obra para tratar mitigar la actual ola de violencia. De la Procuraduría resalta la emisión de su directiva para sancionar disciplinariamente los hechos de violencia contra los defensores de derechos humanos y evitar la estigmatización de los funcionarios públicos hacia éstos; de la Defensoría del Pueblo la emisión de constantes informes de riesgo a nivel nacional y local; y de las personerías municipales el apoyo que brinda al liderazgo social territorial. (Ver más en: “No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales” y Defensoría del Pueblo emite informe de riesgo sobre líderes sociales)
En cambio, la Fiscalía General de la Nación se encuentra en un punto intermedio, pues ha dado resultados importantes relacionados con el esclarecimiento de los asesinatos ocurridos entre mediados de 2016 y 2017, pero no da cuenta de los autores intelectuales y tampoco da resultados en los hechos de años anteriores. Sin embargo, destaca la nueva directiva que trazó una metodología especial para investigar los casos relacionados con defensores de derechos humanos. (Ver más en: Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales)
Finalmente, este informe es otra voz de alerta, una más de tantas, que busca frenar ese tsunami de violencia contra defensores derechos humanos y líderes sociales. Ese objetivo se ve difícil de alcanzar por la polarización y la estigmatización que vive el país a raíz de la implementación del proceso de paz acordado con las Farc, a las cuales se suman la incertidumbre de qué pasará con el anhelado posconflicto tras los próximos relevos en la Casa de Nariño y el Congreso de la República. Por ahora, 2018 arrancó con el vergonzoso título de tener el mes de enero más letal contra estos activistas: según a quien se pregunte, los registros oscilan entre 18 y 25. (Ver más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Líderes y defensores, con alerta temprana
Haciendo uso de las facultades que le otorgó el Decreto 2124 de diciembre del año pasado, que en virtud de la implementación del Acuerdo Final firmado con la guerrilla de las Farc le otorga la capacidad de emitir alertas tempranas sin que fuera tramitada por Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), la Defensoría del Pueblo inauguró esa medida de protección y realizó un diagnóstico de la situación de riesgo que padecen líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En rueda de prensa realizada esta mañana en Bogotá, el titular de esa entidad, Carlos Negret, explicó que a pesar de las reiteradas advertencias sobre el riesgo en el que se encuentran los líderes sociales, continúan cayendo uno a uno. Por esa razón y “con ocasión del acuerdo de La Habana, esta alerta será autónoma y el gobierno sólo tiene la posibilidad de la reacción rápida”.
Con esa medida, se evitará que sucedan más inconvenientes como el ocurrido con el informe de riesgo de marzo del año pasado en el que la Defensoría advirtió sobre el peligro en el que se encontraban 337 organizaciones sociales en 265 municipios, pero que finalmente el gobierno nacional no elevó al nivel de alerta temprana. (Ver más aquí)
En su intervención, Negret indicó que, desde enero de 2016 a la fecha, en Colombia fueron asesinados 282 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Además, especificó que su dependencia emitió el informe de riesgo de marzo del año pasado, el saldo de asesinados era de 152, pero de esa fecha hasta ahora, fueron asesinados 126 más.
Y lo que es peor, tres de esos nuevos dirigentes comunitarios asesinados, estaban en listado de riesgo que la entidad le refirió con antelación al gobierno nacional. Se trata de Porfirio Jaramillo, líder de la comunidad de Guacamayas, en Chocó, que jalonaba procesos de restitución de tierras; Bernardo Cuero Bravo, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa Esperanza de Malambo y representante de desplazados afro; y Sandra Yaneth Luna, presidenta de la JAC de la vereda Totumito, Tibú, Norte de Santander, que fue sacada de su casa por hombres armados y cinco días después su cadáver fue encontrado en la vereda La Primavera.
De manera similar a lo planteado por Somos Defensores en su informe Piedra en el zapato, el Defensor del Pueblo explicó que esta ola de violencia se da en medio de tres dinámicas: la expansión del Eln que está copando los espacios dejados por las Farc tras su dejación de armas, lo cual ha derivado en combates con la Fuerza Pública y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc); la conformación de un nuevo grupo de disidencias de las Farc, especialmente en los Llanos Orientales y el Andén Pacífico; y la consolidación de grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, especialmente de las Agc, sobre todo en la Costa Caribe, parte del Eje Cafetero y el sur del país.
Sobre las razones de la violencia contra los defensores de derechos humanos, Negret refirió que esto obedece a que promueven la implementación del proceso de paz, lo cual se agrava con “la demora en la implementación de todo lo que tiene que ver con el Acuerdo Final, en especial con el Punto 4, que es de la sustitución de cultivos ilícitos”. Y quienes en mayor riesgo se encuentran son las líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, comunitarios y campesinos, que en su mayoría se dedican a la “defensa de territorios, la restitución de tierras y retorno, la promoción de los derechos humanos, la promoción del respeto del agua y a la prevención del reclutamiento de menores de edad”.
Y en cuanto cifras, el Defensor refirió que los departamentos más graves son Cauca, con 75 líderes asesinados; Antioquia, con 38; Norte de Santander, con 17; Valle del Cauca y Nariño, con 15; y Chocó con 14. Además, hizo mención especial de cuatro municipios donde han ocurrido más de cinco asesinatos: Riosució, Chocó; Tumaco, Nariño; Tame, Arauca; y Corinto, Cauca. Por último, indicó que entre las víctimas fueron asesinadas 40 mujeres y dos de ellas eran transgénero, con lo cual se empieza a ver “un sentimiento contra ese grupo poblacionales que es vulnerable”.
Una paz frágil
Horas antes de que la Defensoría del Pueblo emitiera su alerta temprana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicó su informe Retos humanitarios 2018, en el que analiza la perspectiva de este año y hace un balance de su gestión humanitaria el año pasado. En sus páginas, en esa organización plantea que la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos puede ser también de lo que considera como una paz frágil.
El CICR alerta que “aunque el conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP llegó a su fin, los enfrentamientos entre grupos armados, o entre estos y la fuerza pública, no dieron respiro en algunas zonas, principalmente campesinas, afrocolombianas e indígenas”. Y prueba de lo anterior es que el año pasado, en tránsito hacia el fin de la confrontación armada en el país, atendió más de 550 casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, “, tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados. En particular, nos preocupan departamentos como Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Antioquia, Arauca y Caquetá”.
Además, señala que la implementación del Acuerdo de Paz no ha avanzado con la rapidez y ambición que se esperaba: “Necesitamos un mayor nivel de compromiso y voluntad política para que se cumpla lo acordado. Luego de más de 50 años de conflicto, las víctimas merecen mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Además, nos preocupa especialmente la situación de las poblaciones más apartadas que viven un vacío de poder que, hasta ahora, el Estado colombiano no ha podido afrontar con una presencia territorial que incluya oportunidades de desarrollo y servicios básicos”.
No obstante, también reconoce los esfuerzos del Estado para llegar a las comunidades más apartadas. Pero advierte sobre los intereses de control territorial de antiguos y nuevos grupos armados han dejado una estela de civiles afectados: “aún queda mucho por hacer para eliminar la zozobra de las regiones que deberían haberse visto más beneficiadas tras la firma del Acuerdo de Paz”.
