Tribunal pide celeridad en investigación sobre despojo en Sur de Bolívar

Magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá solicitaron a la Fiscalía que determine si un abogado y un fiscal están detrás de un supuesto cartel de falsas víctimas que reclama la propiedad de cinco de los 14 predios que componen Coproagrosur, cultivo palmero creado por el Bloque Central Bolívar de las Auc.

En discusión judicial hay por lo menos mil hectáreas de tierra.El proyecto de palma de aceite de más de mil hectáreas que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregó hace cinco años para reparar a las víctimas se está convirtiendo en un lío para la justicia, entre otras razones por la cantidad de reclamantes que están apareciendo, varios de los cuales ya han sido descartados porque no lograron acreditar que fueron despojados.

Desde el 2011, los supuestos antiguos dueños de los terrenos sobre los que opera el proyecto palmero agrupados en la Cooperativa Promotora Agraria para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Sur de Bolívar (Coproagrosur), enviaron denuncias a diferentes organismos estatales solicitando ser reconocidos como despojados por hombres del Bloque Central Bolívar (Bcb). Estas peticiones están siendo rebatidas por los paramilitares, quienes aseguran que algunos de los reclamantes los apoyaron durante su permanencia en el sur de Bolívar y les vendieron esos predios. (Ver informe especial: Enredo de palmas en el Sur de Bolívar)

El tema ha llegado a los tribunales de justicia transicional. En una reciente audiencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se presentaron varias instituciones estatales que tienen que ver con el tema de tierras para abordar este caso. Allí fueron urgidas a determinar, con certeza, en manos de quién quedarán los 14 predios que hoy integran Coproagrosur.

Hasta el momento la Fiscalía y la Unidad de Restitución están indagando sobre las presuntas irregularidades en las que han incurrido los dueños de cinco de esas fincas. Estas diligencias ya han arrojado algunos resultados. Según Fabio Andrés Camargo, director de la Unidad de Restitución de Tierras para el Magdalena Medio, de 38 solicitudes de restitución que han recibido sobre los terrenos de Coproagrosur, 11 fueron descartadas por diferentes motivos.

“De 38 reclamaciones que versan sobre esos 14 predios, en este momento sin haber realizado el ejercicio de valoración probatoria de 30 días, hemos encontrado 11 reclamaciones donde se les va a negar de entrada, es decir, no se les va admitir la reclamación. Estas no son necesariamente por falsas víctimas, pueden ser víctimas del conflicto armado, pero no necesariamente pudieron haber sido despojadas”, explicó el funcionario. Dada la etapa en que se encuentran estos procedimientos, se mantienen en reserva los detalles de esas investigaciones.

Por petición de la magistrada Alexandra Valencia Molina, el proceso de restitución se encuentra suspendido temporalmente hasta tanto la Unidad de Restitución de Tierras concluya sus análisis y determine si los solicitantes son reconocidos como víctimas de despojo o no.

Para la magistrada, es la Fiscalía la que debe determinar primero si algunas de las personas y sus abogados, que solicitan que se les devuelvan esos terrenos dicen la verdad como víctimas. De ser demostrada la falsedad en los procesos, estos antiguos dueños no sólo no accederían a esos predios, sino que enfrentarían procesos penales, al igual que sus defensores, entre los que se encuentra el fiscal César Sarmiento Olano.

Asimismo, Valencia expuso su preocupación sobre el riesgo que se puede correr si los bienes de Coproagrosur no son utilizados para reparar a las víctimas de masacres, desapariciones y otros crímenes perpetrados por las distintas facciones del Bcb, que hizo presencia en por lo menos siete departamentos con más de 7 mil hombres, y por el contrario es entregado a los antiguos propietarios sobre los que recaen varios señalamientos como falsas víctimas.

La magistratura fue más allá en el análisis y aseveró que bienes como la cooperativa palmera se podrían perder para reparar económicamente a las víctimas registradas en la Unidad de Justicia y Paz. Según este alto tribunal, todos los bienes que fueron entregados por los paramilitares y que tiene bajo su administración el Fondo de Reparación podrían tener solicitudes de restitución, lo que podría abrir las puertas de lo los magistrados llaman la “mafia de restitución”. (Ver: Símbolo de la Restitución)

Ante esa preocupación, el director de la Unidad de Restitución para el Magdalena Medio aseguró que “nosotros somos una entidad experta. Sí conocemos el mapa del despojo, sí hemos hecho una investigación muy seria. Sí tenemos nuestros filtros”, y mencionó que además del estudio que se ha hecho de Coproagrosur, en la región se han remitido 8 casos de falsas víctimas a la Fiscalía.

¿Falsas víctimas?
Coproagrosur inició labores en el 2002 como un proyecto de palma aceitera sobre el que se presupuestaron millonarias ganancias para los paramilitares en Simití, Sur de Bolívar, como parte de su reserva estratégica No obstante, luego de los acuerdos del gobierno nacional con el estado mayor de las Auc para desmovilizar los bloques y frentes, y la entrada en vigencia en 2005 de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, esta iniciativa económica fue aportada como un bien para reparar a las víctimas.

La entrega trajo aparejada varios enredos jurídicos, entre ellos las versiones encontradas entre exparamilitares del Bcb y antiguos dueños de los predios. Los primeros dicen que compraron los bienes y que sus propietarios fueron “amigos” durante su permanencia en el Sur de Bolívar. Los segundos se defienden y aseguran que esas compras fueron hechas mediante intimidaciones.

En las audiencias del Tribunal de Justicia y Paz realizadas este año se ha hecho referencia a que algunos de los antiguos dueños hacen parte de un “cartel de falsas víctimas” que pretende afectar el proceso de restitución y reparación de los bienes de Coproagrosur.

Sobre estas supuestas irregularidades se han referido en sus versiones ante la justicia los exjefes paramilitares de ese grupo armado ilegal, quienes alegan que detrás de ese “cartel” están el fiscal César Sarmiento Olano y el abogado Alí Humar Mejía Cifuentes, quienes en diferentes periodos han representado a Jairo y Fredy Triviño (dueños originarios de la finca Patio Bonito o La Esperanza) Jorge Eliécer Martínez Quiroz (fincas La Fe y La Caseta), a César Augusto Barajas Cáceres (predio La Floresta o José Barajas); y a Milton Riaño Cuervo (finca El Carajo).

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, jefe militar del Bcb en el Sur de Bolívar, aseguró que “esta mafia empezó hace unos 4 años con unos hermanos Triviño, que los representó un abogado Alí Humar y un señor ex fiscal para esa época, que actualmente es fiscal, César Sarmiento Olano. El señor Alí Humar, hace dos años largos me mandó a ofrecer una plata del negocio que estaba creando en el Sur de Bolívar, a través de un campesino, Hernán Ospina (Ver: Cómo nació la falsa cooperativa)

Y continuó Pérez Alzate: “Me dijo que Alí Humar se había comunicado con él, para platearme un negocio y le dije que me hiciera el favor que lo grabara. ‘Yo quiero que me grabe a ese señor, porque no quiero hacer parte de ese negocio. Y hemos dado la lucha para defender unos bienes que son de las víctimas reales del Sur de Bolívar’. Esa grabación la entregué hace dos años en la sentencia ante la Magistrada Uldi Teresa Jiménez”.

Al respecto, este exjefe paramilitar se preguntó: “¿Cómo es posible que después de dos años sigamos en eso y los bienes de las víctimas se sigan deteriorando? Hay que ver el estado en el que se encuentran esos bienes. Las víctimas piden que se les den los predios, porque no han recibido un solo peso y los bienes están deteriorados”. (Escuche los audios de estas y otras conversaciones en el artículo Dueños originales reclaman despojo y grabaciones ponen en duda sus intenciones)

Otro de los denunciantes de estas irregularidades es el abogado Fernando Artavia, quien ha defendido a varios postulados del Bcb a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz: “Detrás de la mafia de Coproagrosur siguen César Sarmiento Olano y Alí Humar Mejía Cifuentes. Desde el año pasado con Rodrigo Pérez nos hemos puesto en la tarea de desenmascarar estas redes. Fiscales y miembros del CTI están involucrados en esas gestiones”.

Artavia reclamó que el proceso ante la justicia para desenmascarar este “cartel” ha sido lento. “Hay una investigación en la Fiscalía 6 de la Unidad de Falsos Testigos. Allí le informé a la Fiscal lo que está ocurriendo. Ella me dijo que iba a hacer una imputación contra Alí Humar, le dije que me parecía demasiado laxo hacer una imputación con Alí Humar no más, porque estamos frente a una organización que tiene división del trabajo y tenemos un concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito. Ahí quedó suspendido. Todavía no ha habido una imputación”.

La magistrada Valencia hizo un llamado a la Unidad de Restitución para que tenga en cuenta estas declaraciones en el proceso de reclamación que se adelanta sobre los predios de Coproagrosur. Por otra parte, le pidió a la Fiscalía resultados en la investigación penal para definir si estas personas fueron despojadas o no.

“Lo que ha detectado la Sala no sólo en esta audiencia, también en la del Catatumbo y la del Centauros (ambos bloques de las Auc), es que detrás de las solicitudes de despojo hay una solicitud fraudulenta de restitución. La Sala le ha solicitado a la Fiscalía en otras audiencias que resulta indispensable la creación de un grupo de fiscales que investiguen esas solicitudes fraudulentas. También hemos solicitado a la Fiscalía de Bienes que terminen el tema de las reuniones y queden en la fase de la ejecución”, afirmó Valencia.

Al respecto, la magistrada Lester María González Romero, quien hace parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, aseguró que las “mafias de restitución ya están vigentes, es un negocio ya montado en Colombia”.

Según González, “estas personas, que tienen todo el demonio encima, van frente a las unidades, a través de terceros o no sabemos cómo, a solicitar: ‘Yo soy despojado y devuélvanme tal inmueble que está en poder del Fondo’. Entonces nosotros lo que queremos es sembrarle a la Unidad de Restitución la alarma, de que no es tan plano, no es blanco y negro, allí está el gris también”.

Hablando a título personal y no como magistrada, sostuvo que “el 70% de las restituciones son fraudulentas” y concluyó que “para nadie es un secreto, que los mismos postulados están mandando a la gente a que la gente pida la restitución y luego lo que llamamos miti-miti”.

Se espera entonces que los organismos encargados de velar por los bienes entregados para reparar a las víctimas hagan sus tareas y definan, finalmente, quiénes son y quiénes no son despojados de los predios que hoy ocupa Coproagrosur y se concluya el proceso a favor de quienes fueron afectados, de una u otra manera, por las acciones violentas del Bloque Central Bolívar.