Campesinos y Estado, enfrentados por tierras en Urabá

Lo que ocurre en el corregimiento de Macondo, en Turbo, es un ejemplo de las dificultades que deben superarse si se pretende concretar un proceso de restitución que favorezca a las víctimas. Al respecto, organizaciones no gubernamentales le exigen al gobierno nacional mayor claridad y celeridad en la atención de reclamantes.

Ocho reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño se enfrentan hoy al Estado para tratar de recuperar las tierras que, en el pasado, abandonaron por presiones de grupos armados ilegales. Los campesinos ocupaban predios de la vereda Villa Rosa, en el corregimiento Macondo, de Turbo, Urabá antioqueño, y al intentar recuperarlos, se encontraron con la noticia de que hacían parte de una reserva forestal.

La situación les fue notificada por la Unidad de Restitución de Tierras Regional Antioquia, a través de las Resolución RDGA 0044 de 2013, que rechazó a los campesinos como reclamantes tras considerar que estaban ocupando baldíos de la Nación que hacen parte de la Reserva Forestal Proyectora del Río León y, por tanto, decidió “no inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a los señores Glen González Torres, Luis Jairt Arias Escobar, Eucaris González Torres, Jorge Hernández Girón, Wilson Rosero, Álvaro Medina, Juan Severo Obregón Serna y Onan Vargas Vidal”.

La historia de estos campesinos se remonta a 1991, cuando llegaron a la vereda Villa Rosa como parte de una organización comunitaria orientada a lo que llamaban “recuperación de tierras” para repartir entre sus integrantes. Fue así como ingresaron a la finca La Sorpresa, de propiedad de Helí Gómez, quien negoció con los ocupantes y a cambio del desalojo les ofreció traslado a un predio llamado Puerto Nuevo, donde no les pondría problema. El acuerdo se firmó el 13 de noviembre de ese año.

Una vez en Puerto Nuevo, los labriegos dividieron la tierra en pequeñas parcelas de 5 hectáreas cada una, las asignaron a varias familias y comenzaron a trabajarla. Sin embargo, esa cesión del predio no implicó una venta, por lo que no se tienen escrituras que respalden las propiedades de esas parcelas.

El drama para estos campesinos comenzó en abril de 1996 cuando llegó a la región una facción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) conocida como el Frente de Pedro o Grupo de los 40, y posteriormente como el Frente Arlex Hurtado, bajo el mando de Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ‘Pedro Ponte’, y de Dalson Lopez Simanca, alias ‘Lazaro’ o ‘Monopecoso’.

Testimonios de los campesinos asentados en esa época calificaron la llegada como “abrupta” y desde un principio consideraron que la estrategia de los paramilitares sería de sometimiento y desalojo: “cuando ellos entraron eso fue de golpe, traían listas de los posibles milicianos, hacendados, colaboradores. Por medio de esas informaciones iba dando candela derecho, con lista, nombre y cédula, iban con computadores”.

De acuerdo con información de la Unidad de Restitución de Tierras, parte de los pobladores de la vereda Villa Rosa se desplazó debido a la zozobra vivida entre 1996 y 1998, periodo en el cual los paramilitares cometieron por lo menos 18 homicidios en la zona, sin contar las personas que dejaban tiradas en la carretera de salida hacia el Eje Bananero.

Mientras los labriegos estuvieron desperdigados por la región, varios de los cuales se trasladaron a Medellín y Montería en calidad de desplazados forzados, la finca Puerto Nuevo fue vendida por quien se consideraba su dueño, Helí Gómez, en representación de la Sociedad Gómez Estrada y Cía, a la Sociedad A.A. Palacios y Cía. El negocio se realizó primero mediante documento privado del 29 de marzo de 1999 y, posteriormente, se legalizó a través de la escritura pública N. 620 en la Notaría 14 de Medellín, el 26 de abril de 2005.

El representante legal de la Sociedad A.A: Palacios y Cía es Ángel Adriano Palacios, conocido como ‘el Negro Pino’, un presunto despojador de tierras de Urabá, quien fue capturado este miércoles por las autoridades en Turbo, junto con otras cuatro personas, sindicados de los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado cometidos justamente en la zona de Macondo.

Una vez se dieron cuenta los labriegos que sus parcelas habían sido vendidas dentro del predio Puerto Nuevo, procedieron a adelantar los trámites de restitución, razón por la cual presentaron su solicitud entre febrero y noviembre de 2013 ante la Unidad de Restitución de Tierras, solicitando que fueran incluidos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente como parte del proceso inicial de la reclamación.

Una vez esta Unidad adelantó los estudios respectivos, encontró que los predios reclamados estaban incluidos en la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río León, aprobada por Resolución N. 224 de 1971 del Ministerio de Agricultura y, por tanto, no pueden ser restituidos, sino devueltos a la Nación en calidad de baldíos para determinar qué puede hacerse con ellos.

La decisión fue apelada el pasado 4 de febrero por el abogado Felipe Maldonado, en representación de cinco de los ocho reclamantes, quien solicitó la revocatoria de la Resolución RDGA 0044 de 2013, firmada por Catalina Díaz Vargas, Directora en Antioquia de la Unida de Restitución de Tierras.

Maldonado alegó que la medida adoptada es “ilegal” por cuanto “tuerce engañosamente la norma quien decide, y hace un juicio de adecuación legal inapropiado, amañado, injusto y violatorio de los derechos de mis representados”, pues los argumentos dados por Díaz Vargas, según el abogado, van en contravía de las leyes que protegen a las víctimas, sobre todo a las afectadas por el despojo de tierras. Hasta el momento, el caso no ha sido resuelto.

Una mirada a fallos de restitución
La discusión sobre la reclamación de los ocho predios de Villa Rosa refleja uno de los tantos problemas que afronta actualmente el proceso de restitución de tierras despojadas en medio del conflicto armado y que ha sido destacado por la Fundación Forjando Futuros en su informe Restitución de tierras gota a gota, que analizó las 372 sentencias de tierras falladas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, el 1 de enero de 2012.

El documento sugiere que la Unidad de Restitución y el sistema judicial deberán revisar los procedimientos que aplican para atender y resolver las reclamaciones de predios despojados, pues a pesar de que valora una serie de avances en materia de reconocimiento de las víctimas y legalización de predios, hay por lo menos seis ‘cuellos de botella’, o trabas, que están impidiendo que más colombianos recuperen los terruños que actores armados legales e ilegales, empresarios o particulares, les arrebataron desde 1991 hasta la fecha en medio del conflicto armado.

La elaboración del informe fue liderada por la Fundación Forjando Futuros, en alianza con la Unión Europea, la organización Oxfam Intermón, la Alcaldía de Medellín, la Asamblea de Cooperación por la Paz, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Paz y Reconciliación, la Asociación Tierra y Vida, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), Redepaz y la Alianza Colombia Sin Heridas.

Las fallas
Según los datos contenidos en este informe, de las 54 mil solicitudes de restitución presentadas en el país, solo 16 mil fueron ‘microfocalizadas’, es decir’, priorizadas por la Unidad de Restitución para ser documentadas y luego presentadas en demanda ante un juez. Las otras 38 mil están represadas porque los estudios de valoración del riesgo arrojan que en distintas regiones del país no hay garantías para que comience este proceso.

Sin embargo, el estudio aclara que la llamada ‘microfocalización’, no garantiza que las condiciones de seguridad perduren en las regiones, y represar las solicitudes, mientras se da un concepto favorable de orden público, vulnera el derecho de las víctimas. De ahí que se sugiera, con base en lo que establece la misma Ley 1448, que el gobierno compense a las víctimas con otro predio o con dinero, y que los conceptos de seguridad no solo sean solicitados al Ministerio de Defensa sino que se tenga en cuenta la voz de las comunidades.

Otra las dificultades que advierte este estudio es que solo el 15 por ciento de las víctimas han presentado reclamaciones de tierras. Según datos oficiales, entre los años 2012 y 2021 el gobierno espera que las familias hayan presentado 360 mil solicitudes de reclamación. Hasta el momento se tienen registradas 54 mil solicitudes.

Al abordar la pregunta de por qué no hay una mayor reclamación, el documento expone varias razones, siendo la más fuerte la inseguridad, que se refleja en amenazas, atentados y asesinatos contra reclamantes. Entre enero de 2008 y marzo de 2014 han sido asesinados 66 líderes de comunidades y reclamantes de tierras

Otra de las razones es la desconfianza en las autoridades, pues la violencia ocasionó incredulidad en las instituciones estales, además de que algunos consideran que no obtuvieron verdad justicia ni reparación con la aplicación de la Ley 975 de 2005 (con la cual se procesa a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia).

También se exponen razones como el desconocimiento de sus derechos, el poder económico que pueden tener empresarios o particulares quienes se presentan como opositores al proceso de restitución, y la cantidad de trámites o procedimientos fijados por el gobierno para acceder a las reclamaciones.

El análisis de los fallos, según este informe, permite establecer que en su mayoría han sido restituciones individuales y no colectivos, pese a que hay que casos en que hay comunidades beneficiarias de las titulaciones del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) que fueron despojadas por el mismo actor armado, con la misma modalidad e igual período de tiempo.

Uno de esos casos sucedió con la antigua parcelación El Toco, en el municipio de San Diego, en Cesar, donde la restitución ha sido parcela por parcela, lo que el informe llama “gota a gota”, y no como una comunidad que fue desplazada por paramilitares y despojada por un ganadero. (Ver: El Toco, historia de una reforma agria).

Otro de los casos que la Fundación sugiere debería documentarse y presentarla como un caso colectivo ante los jueces es el de la parcelación Mundo Nuevo, en Montería, Córdoba, donde 350 familias fueron desplazadas por los hermanos Castaño Gil, fundadores de las Accu, y despojados también por un ganadero (Ver: El Mundo Nuevo que perdieron los Salabarría).

El informe reseña que otra dificultad radica en el rechazo por parte de la Unidad de Restitución de solicitudes de reclamaciones de predios que hacen parte de zonas de reserva forestal, tal como lo sucedido en el caso de la vereda Villa Rosa.

“La Unidad de Restitución de Tierras ha negado el acceso al trámite de restitución a reclamantes en zonas de reserva ambiental, con el argumento de que se trata de baldíos no adjudicables”, indica el informe. Para la Fundación, el gobierno debe presumir la buena fe de las comunidades que explotaron estos territorios, estudiar los casos y dependiendo de qué tan intervenidos están determinar si pueden ser extraídos de la reserva para ser adjudicados a quienes han estado allí trabajando por años. (Ver: Restitución postergada).

El informe resalta la preocupación sobre algunas sentencias que habrían favorecido a antiguos acumuladores de predios baldíos, es decir, tierras de la Nación que pueden ser tituladas a comunidades pobres sin tierra. Como ejemplo se cita el caso de una decisión proferida sobre áreas reclamadas en los Llanos Orientales que, al parecer, benefició con 8 mil 400 hectáreas a una familia en la que dos de sus integrantes ya eran propietarios de otros predios antes de ser desplazados. “La adjudicación a esta familia abre la puerta a la adjudicación de baldíos por vía judicial a acaparadores ilegales de grandes extensiones de tierras del Estado”, advierte Forjando Futuros.

Los avances
Para esta organización no gubernamental con sede Medellín, el principal avance de la Ley de Restitución de Tierras es que 372 demandas ya falladas permitieron que familias campesinas recuperaran 20 mil hectáreas que les fueron arrebatadas con violencia.

En estos casos, los jueces especializados no solo reconocieron que eran víctimas sino que encontraron que los ocupantes de las tierras, que actuaban como los opositores en el proceso de restitución, habían actuado de mala fe, sea porque eran actores armados o se aprovecharon de la situación de violencia para quedarse con las parcelas, e incluso, acumular tierras; además, posibilitaron que las familias tuvieran el título de sus tierras, circunstancia que evitaría la repetición del despojo.

Para la Fundación ha sido clave también el reconocimiento que estas sentencias le han dado a las mujeres sobre los derechos sobre la tierra; así como la orden de los jueces a las alcaldías para que condonen las deudas por concepto de impuestos prediales, hecho que alivió la situación tributaria de muchas víctimas; y la admisión de casos de abandono de predios provocados por integrantes de la Fuerza Pública.

“Los logros se relacionan principalmente con el capital humano e institucional que se ha construido en pocos meses para la operación del sistema en sus fases administrativa y judicial, las sentencias emitidas, las familias beneficiadas y la nueva jurisprudencia que están desarrollando los jueves y magistrados de restitución con sus fallos”, destaca el documento.

Se espera que las sugerencias contenidas en el informe sean tenidas en cuenta por el gobierno nacional y que obstáculos como los que padecen los ocho reclamantes de la vereda Villa Rosa, en el corregimiento de Macondo, en el Urabá antioqueño, se superen para que su caso pueda llegar a los jueces especializados de tierras y fallen a su favor.