En el municipio cundinamarqués narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares forzaron a casi las dos terceras partes de sus habitantes a huir y abandonar sus fincas. Ahora claman al gobierno no sólo restitución sino respaldo decidido para volver a levantar cabeza.
“Acá dejamos todo botado. Había tropa por aquí; había tropa por allá. Salíamos corriendo para escondernos en los cafetales para que las balas no nos alcanzaran. Esto era una guerra que nadie se imagina. Había asesinatos, desaparecidos y masacres de familias enteras. Era muy triste ver cómo a los niños se los llevaban para la guerra o traían niñas de otras regiones para prostituirlas”. Así describió Laura*, una habitante de la Palma, Cundinamarca, sobre lo que ocurrió allí en 2000 tras una guerra a sangre entre guerrilleros y paramilitares.
Lejano del imaginario de muchos capitalinos, a tan sólo cuatro horas de Bogotá en los campos de ese pueblo se libraba una batalla. Del próspero municipio caficultor sólo quedaba el recuerdo, pues los secuestros, amenazas, asesinatos y masacres desplazaron a 7 mil 900 habitantes entre 1997 y 2009. En La Palma, la gente no sabía cuándo cualquiera de los dos bandos, guerrilleros y paramilitares los tildaba de “colaboradores” y les ordenaba desocupar en menos de 24 horas. Más tarde vino el Ejército, que con los bombardeos trajo otro tipo de miedo a la región. En diez años, el pueblo pasó de tener 13 mil habitantes a 5 mil, algunos de ellos retornados porque no se amañaron en la ciudad.
El drama de La Palma hizo que la Unidad de Restitución de Tierras (el organismo creado por la Ley de Víctimas para documentar las reclamaciones de tierras de las víctimas y respaldarlas en sus demandas de restitución ante la justicia), concentrara su atención en este pueblo. En diciembre de 2013, esta institución informó que había documentado abandonos masivos de predios, que ya había presentado las primeras tres demandas y que 198 familias habían solicitado garantías para retornar, vivir en La Palma y lograr la titulación de por lo menos 382 hectáreas que explotaban. Sin embargo, la tarea para la Unidad no ha sido fácil pues tras el desplazamiento, muchas familias viven en distintas ciudades, los jóvenes no quieren volver y gran parte de las 56 veredas siguen vacías.
Aunque por lo menos una tercera parte de los palmeros han retornado al pueblo, todavía los jueces de restitución no han emitido una sentencia sobre estos casos de abandono. Por la cantidad de gente expulsada, para el gobierno también ha sido difícil determinar cuántas son las hectáreas abandonadas. A la espera de que eso suceda, la comunidad realizó en 2013 un acto simbólico de restitución, haciendo público su deseo de quedarse en las parcelas y sacar adelante al pueblo. Junto a la Unidad de Restitución, los resistentes han ido construyendo la memoria de la violencia que los azotó por veinte años.
“Por esa guerra, los palmeros nos desplazamos y las veredas quedaron vacías. Una gran parte nos fuimos para Bogotá, a buscar ayuda donde familiares o conocidos. Decidí volver hace siete años porque estaba cansado de vivir tan mal. Me acuerdo que ese día sólo tenía cinco mil pesos en el bolsillo y me encontré con una parcela que sólo era monte, pues ya no había cafetales, ni cultivos de plátano y los potreros estaban caídos. Hemos sobrevivido no sé de qué manera. Otras familias decidieron no volver por el trauma que les dejó tanta violencia”, cuenta Mario*, otro poblador que fue testigo de la barbarie de los grupos armados.
Según relatan los habitantes de La Palma, allí, a diferencia de otras regiones del país como Magdalena o Sucre, no ha habido procesos de reforma agraria o de titulación de baldíos a campesinos. En este municipio, pequeños colonos llegaron en los años 50 y comenzaron a trabajar la tierra, y con el tiempo, se la heredaron a sus hijos y nietos. Por eso lo que se dio fueron minifundios, parcelas de menos de diez hectáreas, con muchos campesinos propietarios de sus finquitas. “Acá la tierra se tiene por tenencia. Vienen desde los tatarabuelos y bisabuelos. Existen escrituras y otros documentos pero no están legalizadas. Pero no significa que no sepamos de quiénes son lasparcelas. Nosotros sabemos de quién es qué”, cuenta Laura.
La Unidad de Restitución documentó, en efecto, que en el municipio hay una alta informalidad en la propiedad, es decir, que una gran parte de las fincas no tienen títulos registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos, y que más que despojo lo que hubo fue un abandono masivo de tierras. Según documentó esta institución, los grupos armados desplazaron a la gente para controlar un territorio apetecido por su cercanía a Bogotá, clave para la consecución de insumos para el narcotráfico, el tránsito de secuestrados y el hurto del combustible del poliducto de Ecopetrol que atraviesa Puerto Salgar y Mancilla.
“Si hay casos de despojo están contados con los dedos de las manos. Acá el terror que generaron ellos, usted sabe a quiénes me refiero, fue lo que hizo que abandonáramos las finquitas”, dice Laura.
La gente de La Palma evita pronunciar los nombres de Gustavo Lasso Céspedes, alias ‘El Gato’, y el de Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’. El primero jefe de finanzas de la columna Esteban Ramírez del Frente 22 de las Farc y el segundo, jefe paramilitar del Bloque Cundinamarca de las Auc. Ambos, desmovilizados y beneficiados con de la Ley de Justicia y Paz, fueron los principales victimarios que convirtieron a La Palma en un pueblo fantasma.
Disputa desde los 80
Antes de que ‘El Gato’ y ‘El Águila’ se disputaran las tierras de La Palma lo hicieron desde los años ochenta los narcotraficantes. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, oriundo del vecino municipio de Pacho, fue el principal financiador de las Autodefensas de Puerto Boyacá, de Henry Pérez, y ésta organización se extendió a todo el Magdalena Medio, incluido el cundinamarqués.
Un enviado de los Pérez a Yacopí, municipio vecino a La Palma, fue ‘El Águila’, pues su organización paramilitar buscaba dominar los municipios de Albán, Caparrapí, Pacho, La Palma, Puerto Salgar, La Peña, Topaipí, Ubaté, Útica, San Cayetano, Sasaima, Villagómez, Villeta, Carmen de Carupa y Quebradanegra. El periodista Óscar Busto**, quien escribió una crónica en 2003 sobre la situación de La Palma, contó que según corrían los rumores, por el Río Negro, al borde de la carretera que conecta a este pueblo con Pacho, se veían bajar los billetes que ‘El Mexicano’ arrojaba como parte de sus estrafalarios rituales.
En esta zona de Cundinamarca desde los años setenta estaba el Frente 11 de las Farc en Yacopí, que después, en 1982, se convirtió en el Frente 22, como parte de la estrategia de esa guerrilla de crear un cerco de control alrededor de la capital colombiana. Alias ‘El Gato’ fue nombrado jefe de finanzas de este frente, cuyos hombres de movían entre La Palma, Villeta, Guayabal de Síquima, Carrapí y Topaipí.
En una confesión ante la Fiscalía, alias ‘El Gato’ dijo que a partir de la década de los noventa, intensificaron los secuestros contra directivos de empresas, la retención del ganado a los campesinos para cobrar la “vacuna” (extorsión), asesinatos de funcionarios públicos y reclutamiento de menores. En dos oportunidades, incluso, robaron la antigua Caja Agraria (Lea: Lo que hizo las Farc en Cundinamarca. (Ver: Lo que hizo las Farc en Cundinamarca)
En La Palma comenzó un infierno que se prolongó durante las siguientes dos décadas. La Unidad de Restitución documentó que en 1991 las Farc asesinaron a un concejal de vecino municipio de La Peña, a un líder cívico de la vereda Hoya de Tudela, al comisario de la vereda La Hermosa y a una familia en la vereda El Potrero. Cometieron todos estos homicidios en La Palma. En la región imperó la ley del silencio y como la guerrilla prohibió transitar por caminos y salir de las casas después de las seis de la tarde, la gente quedó confinada. Además del ‘Gato’ recuerdan que otros que sembraron el terror fueron alias‘Marco Aurelio Buendía’ y alias ‘César Hugo’.
Las veredas más afectadas en el centro, sur y norte de La Palma fueron Hoya de Tudela, Amococo, Marcha, Hoyo Garrapatal y Minipí Quijano. Después, para infortunio de la gente, las cosas se pusieron peor, pues del dominio tiránico de la guerrilla pasaron a una guerra sucia con los paramilitares en las que la mayoría de los muertos los pusieron los civiles.
La llegada de los ‘paras’
Tras la muerte de Henry Pérez en 1991, las Autodefensas de Puerto Boyacá quedaron a cargo del ex teniente Luis Antonio Meneses alias ‘Ariel Otero’, que en diciembre de 1991 se desmovilizó con 400 integrantes. Éstos se desbandaron, algunos se enlistaron en grupo de Ramón Isaza, otro jefe del área antioqueña y caldense del Magdalena Medio que no desmovilizó.
En 1994, sin embargo, Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, armó de nuevo un grupo en el Magdalena Medio, recogiendo algunos de los desmovilizados de años atrás en la zona. Mahecha había dicho en una entrevista de 2009 a VerdadAbierta.com que él hizo un acuerdo con otros dos grupos paramilitares para defender al Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca de la guerrilla. (Ver: En Puerto Boyacá la verdad está enterrada)
Alias ‘Botalón’ se hizo cargo de Boyacá y Santander; Isaza, alias ‘El Viejo’, o ‘Munra ’asumió algunos municipios de Santander y continuó en Antioquia, Caldas y Tolima; y Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘el Águila’, puso bajo su mando a Pacho, Zipaquirá, Topaipí, Caparrapí, Llano Mateo, La Palma y Yacopí, con este último pueblo como sede. La Unidad de Justicia y Paz documentó que ‘El Águila’ fue conocido por haber realizado una especie de acuerdo de no agresión con las Farc, que se rompió en 1994 después de que el grupo guerrillero cometiera ese año y durante 1995 varias masacres en veredas de La Palma, Caparrapí, Yacopí y Topaipí.
A partir de ese momento, La Palma quedó en la mitad de un fuego cruzado: por un lado, el Frente 22 tratando de recuperar el territorio y por otro, los paramilitares de ‘El Águila’ tratando de entrar, con el agravante de que a la gente de La Palma la estigmatizaban como guerrillera, por los años que habían dominado allí las Farc y por idéntica razón, a los de Yacopí, a donde hubo paramilitarismo desde los tiempos de Rodríguez Gacha, los tildaban de paramilitares.
Entre 1999 y 2004, fueron frecuentes en La Palma los asesinatos contra campesinos, líderes y políticos de izquierda y tradicionales. También fueron comunes los retenes, reclutamientos, minas antipersona, ataques a Telecom, a la Caja Agraria así como la quema de ambulancias o de carros de medios de comunicación que cubrían el drama del pueblo.
La Unidad de Restitución documentó que desde entonces los abandonos de tierra fueron masivos en las veredas Garrapatal, Minipí Quijano, Boquerón, La Aguada, La Cañada, Omopay, Amococo, Zumbe, Montaña, La Hermosa, Potrero, Marcha, Hato, Hoya de Tudela, Las Vueltas, Minasal y Cantagallo. Los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares obligaron a que las comunidades se refugiaran entre los cafetales mientras cesaban las balaceras o buscaran protección en iglesias, antes de que fueran alcanzados por una bomba.
“La guerra por el territorio entre los dos bandos era impresionante. Sobre este pueblo había un estigma, porque la guerrilla rondaba mucho por acá. Cómo sería que le decían ‘El Caguancito’, pues los guerrilleros buscaban este lugar porque tenían como cinco corredores para escaparse por cualquier lado”, explica Laura.
La comunidad ha contado como con cada hecho, más familias abandonaban sus veredas. Así en 1999, cuando hubo bombardeos de ambos bandos, forzó a muchos a desplazarse; cuando las Farc asesinaron a un campesino por no obedecer la orden de abandonar su predio y cuando desconocidos asesinaron a una pareja de esposos en la vereda El Ático en 2000, otros miles salieron huyendo.
En 2001, los paramilitares asesinaron delante de su familia a un ex concejal y líder de la vereda Garrapatal; en 2002 continuaron con la barbarie: torturaron y mataron un joven en frente de su madre y hermanos; ordenaron a toda la vereda Hoya de Tudela que desocuparan las viviendas en un día; asesinaron a dos jóvenes más, acusándolos de colaborar con la guerrilla; y en diciembre, mataron a un concejal cuyo cuerpo abandonaron con el letrero “por sapo y por ser funcionario público”. Lo mismo ocurrió en las veredas Marcha, Boquerón y El Hato.
La sevicia con que fueron asesinadas las víctimas fue documentada por las Fiscalía y la Policía y denunciada por organismos internacionales y el Ministerio Público. Los paramilitares torturaron a sus víctimas con quemaduras, ácido y heridas con arma blanca. En 2002, en La Palma un grupo de sus habitantes intentó retornar con el apoyo de la Red de Solidaridad, la Gobernación, las autoridades locales y la Cruz Roja. Sin embargo, en el pueblo todavía no había calma. Según el registro de desplazamiento, el período entre 2001 y 2002 fue el que provocó más expulsiones con 6 mil 400 personas desplazadas.
En 2003, algunas de las familias que retornaron y se resistieron a abandonar las parcelas fueron nuevamente desplazadas. Ese año la guerrilla asesinó a 14 campesinos y los paramilitares amenazaron a pobladores que se negaron a colaborarles e incendiaron algunas de sus fincas. Además los gobernantes abandonaron a los ciudadanos a su suerte. “Nos dirigimos a la Alcaldía, pero encontramos grandes candados en las puertas. El Alcalde abandonó su oficina hace varios meses y dicen que atiende desde Bogotá. Tampoco funciona el Concejo, y la única entidad que promociona sus servicios es la funeraria del pueblo”, relató el periodista Óscar Bustos** lo que ocurría ese año en La Palma.
Derrota y desmovilización
Como parte del Plan Patriota y de la Política de Seguridad Democrática, las estrategias del gobierno Uribe para combatir a las guerrillas, las fuerzas militares realizaron la Operación Libertad I, y capturaron en diciembre de 2003 a alias ‘El Gato’.
Un año más tarde, en diciembre de 2004, las Autodefensas de Cundinamarca de alias ‘El Águila’ se desmovilizaron en Yacopí. Ambos jefes están cobijados con los beneficios de Justicia y Paz, y actualmente rinden versiones libres ante la Fiscalía.
Aunque para 2005, ambos grupos habían sido desvertebrados, uno por las fuerzas militares y el otro producto de la desmovilización, hasta por lo menos 2008 las Farc hicieron presencia en La Palma según el reporte de las autoridades. Tras el proceso de desmovilización de los paramilitares con la Ley 975 de 2005, algunos ex integrantes del Bloque Cundinamarca de las Auc volvieron a la región. Eso explica, en gran parte, por qué los palmeros han temido retornar. En sus relatos, muchos pobladores dicen que entre sus pesadillas están todavía los rostros de guerrilleros y paramilitares que los atacaron.
Ahora esperan que un juez especializado atienda sus reclamaciones y el gobierno les dé todas las garantías para volver, recuperar los cafetales que se marchitaron con el paso del tiempo y borrar para siempre la sombra que dejaron a su paso alias ‘El Gato’ y ‘El Águila’ en su afán de “liberarlos” del puño de hierro de sus enemigos.
“Añoro con que el pueblo vuelva a esas épocas tranquilas que nos contaban los abuelos, cuando uno podía transitar a cualquier hora, cuando había prosperidad por los cultivos de café, de caña y por la ganadería. Cuando todavía se podían hacer fiestas y la gente hasta se alegraba con los reinados de belleza. Los que volvimos tenemos ese sueño y estamos haciendo todo el esfuerzo para sacar adelante a La Palma”, dice Mario.
Pero Laura insiste que pese a los avances que había en el acceso a la educación La Palma, aún falta mucho para garantizarle a la gente las condiciones para regresar, “Si no hay vías, salud, apoyo, es muy difícil que el municipio salga adelante. Usted puede hacer todo el esfuerzo por cultivar café, pero si no hay orientación, recursos ni medios para sacar la cosecha nos quebramos. Usted no se imagina las tristezas que se ven por aquí”, comenta la habitante.
*Nombres de víctimas cambiados por razones de seguridad
**Óscar Bustos escribió la crónica Los militares no devuelven un favor. 24 horas en un pueblo tomado, publicado en Colombia Crónica.
