Compra irregular de tierras en el Fondo Ganadero de Córdoba

Documentos y testimonios revelan que la cuñada de los Castaño fue intermediaria de ventas de fincas sin títulos que hicieron campesinos del Urabá antioqueño, asediados por el paramilitarismo, al Fondo.

Hasta el momento, hay predios del Fondo Ganadero de Córdoba en Tulapa que no han sido legalizados.

Al revisar las actas originales de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba de los últimos 15 años y complementarlas con las declaraciones de su ex gerente, Benito Osorio Villadiego, quien está colaborando con la justicia, VerdadAbierta.com encontró que, aceptando la intermediación de Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Castaño Gil, y de otro pariente de ellos, Luis Ángel Gil Zapata, esta entidad se hizo a más de 4 mil hectáreas de tierras en el Urabá antioqueño.

En el listado de los accionistas del Fondo en 2000, año en el que se finiquitaron las compras, figuraban, además del Estado (a través del Ministerio de Agricultura) y la Gobernación de Córdoba, los hermanos Carlos, Eufrasio, Fidel, Héctor, Vicente y Rumalda Castaño Gil. Aunque casi todo ellos están muertos, aún hoy siguen apareciendo como socios de ese Fondo, con una pequeña participación que sumada llega al 0,08 por ciento del total de acciones.

No obstante, en todos estos años, la justicia no ha investigado si Vicente y Carlos Castaño incidieron o no en el Fondo Ganadero para que invirtiera en tierras de donde ellos estaban despojando campesinos.

Según pudo reconstruir VerdadAbierta.com, la compra de esos terrenos se hizo de la siguiente manera: Benito Osorio Villadiego, quien fue gerente del Fondo entre marzo de 1997 y marzo de 2007, aseguró que Benito Molina Velarde, mexicano, casado con cordobesa, accionista mayoritario y miembro de la Junta Directiva y quien llegó a ser presidente de ésta, fue quien insistió en que se compraran tierras en el Urabá antioqueño.

El ex gerente relató que, tras una reunión en 1997, la junta lo autorizó a comprar entre 4 y 5 mil hectáreas a un precio de 350 mil pesos por hectárea. Por ese valor, aseguró, las únicas tierras que podía conseguir estaban en el Urabá, en donde era notoria la presencia de los paramilitares de los hermanos Castaño.

Osorio explicó que en ese año “las primeras tierras que se vieron por iniciativa de Benito Molina fueron en cercanías al Urabá chocoano, cerca del río Sucio, muy mojadas y lejos. A esas tierras fuimos con Sor Teresa Gómez, una señora muy reconocida en círculos políticos, sociales y gremiales en el departamento de Córdoba, con oficinas frente al comando de la policía departamental en Montería”, recordó el ex gerente.

El ex gerente se refiere a las oficinas de Funpazcor, la entidad sin ánimo de lucro que las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) utilizaron para manejar sus clandestinas finanzas y que administraba la viuda de Ramiro Castaño, la amalfitana Sor Teresa Gómez, capturada el pasado 7 de octubre para que cumpla la condena de 40 años cárcel que le impuso la justicia por el asesinato de la líder reclamante de tierras despojadas, Yolanda Izquierdo.

Después de visitar varias zonas del Urabá antioqueño, Osorio dijo que le presentó las opciones de compra a la Junta Directiva del Fondo y que, finalmente, se decidieron por adquirir tierra en los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, lo que posteriormente se conocería como la Hacienda Tulapa. “Eran tierras en maleza, sin cercas, no alcancé a entrar a todas porque era imposible”, dijo el ex gerente del Fondo.

Efectivamente, coincidiendo con lo que declaró Osorio, según acta 1084 del 1 de diciembre de 1997, la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba autorizó la compra de entre 5.000 y 6.000 hectáreas de tierra en esa región. También dio un plazo de tres meses para cerrar los negocios y hacer el correspondiente traspaso de las escrituras.

Según consta en el acta, asistieron a esa reunión en la que autorizaron la compra de tierras en Urabá para el Fondo los directivos principales Luis Gallo Restrepo, Benito Molina Laverde, Orlando Fuentes Hessén, Bernardo Vega Sánchez, Carlos Sotomayor Hodge y el directivo suplente Carlos Cabrera Guerra. Como secretaria estuvo Leonor Espitia Pérez.

Sin embargo, en ninguna parte de esta acta se habló de comisionar oficialmente a Sor Teresa Gómez, cuñada de los socios minoritarios del Fondo, los hermanos Castaño, fundadores del paramilitarismo en esa región, para las compras de mejoras.

Osorio insiste que fue la junta la que le autorizó apelar a Gómez como intermediaria para las compras. No obstante, según le dijo a VerdadAbierta.com, Luis Gallo Restrepo, por varios años miembro principal de esta junta directiva y quien estuvo en aquellos momentos en que se tomaron decisiones sobre la compra de tierras en el Urabá antioqueño, la junta no autorizó a Gómez a representar al Fondo en esas compras. Prueba de ello, según el directivo, es que no figura en ningún acta dicho encargo. Lo que sí recordó Gallo es que ella sí representó a algunos de los vendedores de mejoras.

Gallo explicó que la adquisición de predios en esa región respondía al deseo del Fondo de crecer. “Se buscaron tierras en diferentes regiones, –dijo– no fue que el Fondo escogiera esas tierras, no hubo una intención concertada, que hubiera un interés explícito de estar ahí. Se tomó la decisión por extensión, precio, tierras, localización”.

Queda la duda entonces si sólo el gerente Osorio supo de la intervención de Sor Teresa Gómez en esas compras, sin que la junta estuviera al tanto de sus negocios. La presencia de las autodefensas en el Urabá antioqueño era notoria, y los campesinos dijeron que fueron presionados por Gómez para que malvendieran las mejoras de las tierras que cultivaban.

Según le explicaron a la Fiscalía años después, aceptaron cualquier trato porque sabían, como la mayoría de la gente en Córdoba y Urabá, que Gómez era de la familia de los Castaño, los temibles jefes paramilitares de la región. Bajo presión, estos campesinos le dieron poderes a Gómez para que los representara ante el Fondo, y Osorio la presentó a la junta como la representante de los vendedores.

Osorio, no obstante, insiste en que a él lo autorizó la junta para encargarle las compras de tierras a Sor Teresa Gómez y que nunca presionó a los campesinos para que vendieran las mejoras de sus predios y en que el precio que les pagaron fue el justo.

Entre 1998 y 2000, a la par que Gómez, asegurando que representaba al Fondo, compraba tierras en esa región, otros intermediarios como Guido Vargas y Benjamín Alvarado Bracamonte presionaban a otros campesinos para que les vendieran sus propiedades al entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso. (Ver especial: Despojo de Tierra en Urabá)

Un acta del Fondo confirma la versión del directivo Gallo de que Sor Teresa Gómez fue representante de los vendedores y no del Fondo, como asegura el ex gerente Osorio.

El 25 de agosto de 2000, aparece en un acta en la cual el gerente del Fondo, Osorio Villadiego, informó que los propietarios de 46 predios habían dado poder a Sor Teresa Gómez para negociar los predios directamente con la institución. En esa junta, el gerente pidió autorización para pagarle los predios a la señora Gómez, quien, a su vez, le cancelaría el dinero a los campesinos.

La respuesta a por qué ninguno de los miembros de la junta cuestionó que Sor Teresa fuera la que recibiera los pagos a los campesinos, a pesar de que su cercanía con los paramilitares era abierta, queda aún por dilucidar. El directivo del Fondo, Gallo, le dijo a este medio, que “muchos de los miembros de la junta no sabían que ella trabajara con los Castaño”.

Las respectivas legalizaciones de los títulos a nombre del Fondo apenas se hicieron hasta 2003. Osorio explicó que como la mayoría de los predios de la finca Tulapa no tenían títulos formales, se demoraron esos años en formalizarlos y traspasarlos oficialmente a nombre del Fondo. Aunque según pudo constatar VerdadAbierta.com, aún hoy hay varios predios sin formalizar.

En el acta 1135 del 12 de diciembre de 2003, el entonces gerente del Fondo le informó a los accionistas los problemas que había tenido para escriturar esas compras: “La mayoría de las tierras compradas no tenían títulos. Lo primero que hubo que hacer fue ubicar de manera precisa los predios para poder tener una idea clara de si eran o no terrenos baldíos; seguidamente se hizo la legalización de aproximadamente 50 predios, se ubicaron en las planchas de catastro predio por predio; luego se ubicó cada propiedad en el Centro que tiene la Oficina de Catastro en el departamento de Antioquia. Los terrenos que en este momento están conformando la finca Tulapa ya aparecen con nombre propio y han sido aprobados en Catastro Departamental”.

Osorio Villadiego reconoce hoy que se compraron predios sin títulos. “Eso fue un pecado del notario, del registrador y del abogado que hicieron las escrituras. Compraron y firmaron escrituras sobre predios que tenían restricciones. La mayoría de esas negociaciones las hizo el Incora”, dijo a este medio.

Para adelantar los procesos de legalización, el Fondo contrató a María Inés Cadavid, especialista en tierras y en esa época funcionaria del Incora (hoy Incoder), quien cobró nueve millones de pesos por hacer la gestión de 130 predios del corregimiento San José de Mulatos, Turbo, tal como consta en el acta 1126 del 4 de abril de 2003.

El ex directivo del Fondo, Gallo explicó que algunas de las propiedades adquiridas tenían falsa tradición, por lo que algunas de las compras de predios se hicieron con promesas, pero sujetas a que la titulación se aclarara, de ahí que hayan acudido a una funcionaria del extinto Incora. “Queríamos que se titulara correctamente y la autoridad del caso es el Incora”, dijo.

No obstante, Gallo reconoció que hubo ciertas cosas que la Junta no supo. “De haberlas sabido –dijo— hubiéramos comprado de una manera diferente”. Y destacó que los miembros de la junta actuaron de buena fe. “Les pagamos a los que vendieron directamente y a los apoderados de los campesinos, a precios de hoy, a casi tres millones por hectárea por unas tierras abandonadas”.

Durante varios años el Fondo apenas usó parte de los terrenos de la montañosa Hacienda Tulapa para ganadería. Quedaron tan solitarios esos parajes, que uno de sus socios minoritarios, el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño, se hizo allí una casa de descanso. “Él construyó una casa de palma con dos habitaciones, un tanque elevado y techo de zinc. No pidió permiso a nadie. Era imposible denunciarlo. ¿Quién tenía la valentía de hacer eso? Y si usted tiene hijos o mujer, tiene que cuidarse”, dijo Osorio.

Alianza para reforestar
Meses después de haber legalizado parte de los predios a nombre al Fondo –con los cuestionamientos descritos – apareció la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), una firma creada hace diez años por la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín para desarrollar proyectos de reforestación, que mostró interés por la hacienda Tulapa.

Así se lo hizo saber a la junta del Fondo el gerente Osorio el 24 de octubre de 2003. Los directivos presentes en la reunión se mostraron interesados en la propuesta, dado que sería un buen negocio para el Fondo en el largo plazo, pero antes de tomar una decisión sugirieron que se realizara un estudio de factibilidad.

Posteriormente, el 24 de febrero de 2004, Gonzalo Bernal, gerente de RIA, fue invitado a la junta del Fondo para explicar en qué consistía el proyecto. En su intervención, el funcionario hizo una presentación de lo que era RIA, sus socios, en qué zonas del país estaban trabajando, cómo se vincularía el propietario de la tierra a RIA y los beneficios que se obtendrían.

En respaldo a la idea de Bernal, Osorio sugirió que se hiciera un proyecto piloto en 100 hectáreas, y si funcionaba, expandir la siembra a mil hectáreas de Tulapa que estaban ociosas. En desacuerdo se mostró el directivo Molina Laverde, quien argumentó que no era el momento para invertir en reforestación. Según él, “lo mejor es esperar a que comience a llegar capital extranjero para este tipo de proyectos”.

Finalmente y después de varias discusiones, el proyecto con RIA fue aprobado en reunión de junta del 27 de julio de 2005, con la votación a favor de los directivos Alfredo Naissir Charry, Jesús María López Gómez, José María Méndez Méndez y Antonio Buelvas Troncoso; Molina Laverde se abstuvo de votar.

El negocio se cerró el 8 de septiembre de ese mismo año, cuando la Junta Directiva autorizó por mayoría que se utilizaran para reforestación 500 hectáreas de la hacienda Tulapa. Proyectaron en ese momento que la explotación maderera de teka les daría un rendimiento a la inversión del 32 por ciento.

Sergio Trujillo Turizo, actual gerente de RIA, dice desconocer cómo se dieron los contactos entre esta empresa y el Fondo, pues él no estaba para la época en la reforestadora y quien hizo el negocio fue el anterior gerente, Gonzalo Bernal, pero defendió la actuación de buena fe de su antecesor.

“Me imagino que Gonzalo pensó que era una relación institucional entre RIA y el Fondo Ganadero, y no creo que se haya imaginado que el negocio con el Fondo iba a tener un enredo de esta naturaleza”, aseveró Trujillo, quien confirmó que la relación comercial entre las dos empresas aún continúa y hoy se tienen sembradas 1.500 hectáreas de la hacienda Tulapa.

Trujillo Turizo aclaró que RIA no compra tierra, sino que le ofrece participación en el negocio de la reforestación al dueño del predio, tal como hizo con el Fondo.

El funcionario confirmó que dada la confianza que se tenían entre unos y otros no se hizo escritura de usufructo de lo que se llama “vuelo forestal”, y cuando se solicitó que se finiquitaran surgieron problemas con la titulación de algunos predios.

Llega el caucho
Además de proyectos de reforestación, la hacienda Tulapa fue tenida en cuenta para desarrollar cultivos de caucho, que para la época venía impulsando Incuagro, una incubadora de proyectos agrícolas financiada por la Presidencia de la República y el Fondo de Inversión para la Paz, bajo el gobierno de Álvaro Uribe.

En el Urabá antioqueño Incuagro buscaba apoyar esfuerzos de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, particularmente del Bloque Elmer Cárdenas, comandados por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. (Ver especial La telaraña de los 'paras' en Urabá)

El 21 de octubre de 2005, Osorio informó a la Junta Directiva de la visita realizada por Incuagro para un eventual proyecto de siembra de caucho en la hacienda Tulapa. En esa ocasión, tal como se procedió con RIA, se solicitó un estudio para determinar en qué zonas se podría desarrollar el proyecto, el cual fue realizado por la firma Proforest. El análisis del terreno demostró que de 593 hectáreas calificadas como aptas para plantar caucho, sólo 291 tenían excelentes condiciones.

Los directivos de Incuagro asistieron a una reunión de Junta Directiva del 10 de enero de 2006, y presentaron dos proyectos de caucho, identificados como Productora de Caucho de Uraba S.A. y Productora de Caucho de Tierralta S.A. Una vez se escucharon los argumentos, se aprobó esta nueva alianza agroindustrial.

Según el acta N. 1159, de esa fecha, el Fondo le entregó en usufructo 400 hectáreas de la hacienda Tulapa “con la posibilidad que la Asamblea General de Accionistas ordene dar las tierras como capital de riesgo para que el Fondo Ganadero de Córdoba entre como accionista de las empresas Productora de Caucho de Uraba S.A. y/o Productora de Caucho de Tierralta S.A. de las cuales Incuagro es socio mayoritario en un 80 por ciento”.

Los proyectos de Incuagro en el Urabá antioqueño estuvieron rodeados de una sombra de ilegalidad, pues se ha sospechado que en ellos tuvieron una fuerte injerencia grupos paramilitares en vía de desmovilización para esa época, como el Bloque Elmer Cárdenas, que dejó sus armas en agosto de 2006.

La preocupación de alias ‘El Alemán’ era el futuro de los combatientes bajo su mando una vez abandonaran el grupo ilegal. (Ver: ¿Proyecto de caucho en tierras despojadas?) Al respecto, Osorio resalta que en ese momento y tras esas decisiones “había conflictos de intereses de miembros de la junta directiva para complacer a las autodefensas”.

La situación actual de Tulapa
Hasta el momento el Fondo Ganadero de Córdoba tiene problemas para demostrar los títulos de propiedad de por lo menos 310 hectáreas que, al parecer, corresponden a unos 15 predios.

“Si resultara que hay problemas de predios con el Fondo y estos se tienen que restituir, nosotros estamos dispuestos a seguir los contratos de participación con aquellos que queden como propietarios y si son muchos estamos dispuestos a ayudarlos a que se asocien”, aseguró Trujillo, el actual gerente de la RIA.

Asesores jurídicos de RIA confirmaron que desde 2008 a la fecha han enviado más de 20 oficios al Fondo Ganadero solicitando que le firmen por lo menos la oferta comercial, paso previo a firmar las escrituras, pero no ha sido posible por cuanto aún no se resuelve la legalización de las 310 hectáreas.

El asunto ya es de conocimiento de las contralorías General de la República y de la General de Antioquia, pues la RIA alega que hay un incumplimiento que podría ser sancionado como detrimento patrimonial.

Trujillo explicó que la RIA ocupa los predios de la hacienda Tulapa desde 2005 y durante estos años no han tenido ninguna reclamación, ni han sido requeridos por juez alguno. Sin embargo, le confirmó a VerdadAbiera que desde comienzos de diciembre se han visto los topógrafos de la Unidad de Restitución de Tierras midiendo predios en Tulapa, lo que podría indicar que están siendo reclamados por sus antiguos poseedores.

Al respecto, Carlos Páez, director de Tierra y Vida, organización no gubernamental que lidera procesos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño confirmó que en la región de Tulapa hay reclamación de predios y los casos están en diferentes instancias judiciales. “Algunas están ante la justicia ordinaria, otros ante Justicia y Paz y unos más ante jueces especializados de restitución de tierras”, dijo Páez, quien precisó que se están midiendo 47 predios dentro de los procesos de restitución.

Finalmente, fuentes de la Superintendencia de Notariado y Registro confirmaron que después de dos años de investigación y de determinar algunas irregularidades en la compra de predios en Tulapa, esta entidad determinó revocar administrativamente la propiedad sobre 107 predios que tenía sobre ellos el Fondo Ganadero de Córdoba.

El directivo del Fondo, Gallo, dijo que hoy el Fondo tiene interés en que se restituyan la tierras a quiénes el gobierno considere se deben restituir, pero que cómo después de las grandes inversiones que se han hecho, las tierras valen diez o quince veces más, es necesario vigilar que no haya intereses indebidos que quieran quedarse con ellas.