La restitución esquiva a las familias de El Prado

A pesar de un fallo a su favor, 48 familias despojadas por paramilitares en el centro de Cesar no han podido lograr que el Incoder les devuelva sus predios. Varias fincas hoy están en manos de carbonera.
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Varios campesinos viven en pueblos cercanos a sus predios, esperando que les devuelvan sus títulos. Foto El Pilón.  

Las 48 familias que en 1997 recibieron de manos del Incora los títulos de propiedad de 1.231 hectáreas del predio El Prado, ubicado en pleno corazón minero del Cesar, viven actualmente en condiciones de miseria, mientras esperan que el Incoder cumpla el fallo del 9 de noviembre de 2011 del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar y confirmado en julio de 2012 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la restitución de las parcelas de donde fueron desterrados por los paramilitares del frente Juan Andrés Álvarez, al mando de Óscar José Ospino, alias 'Tolemaida'.

El principal problema de varias de estas parcelas es que, después de quitárselas y entregarlas a nuevos parceleros - varios de ellos familiares y testaferros de paramilitares-, varias de ellas fueron vendidas a carboneras. Sin embargo, el proceso de restitución no puede darse por la nueva jurisdicción porque sobre estas tierras ya hay un fallo en firme de la justicia ordinaria.

Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, quien fue escolta y jefe de seguridad de ‘Tolemaida’, confesó en sus versiones ante los fiscales de Justicia y Paz que estuvo el 19 de mayo de 2002 en la masacre de cinco campesinos de El Prado, una finca perteneciente al municipio de La Jagua de Ibirico que colinda con la mina de Calenturitas que explota hoy la multinacional Prodeco (filial en Colombia de Glencore Xstrata). Según ‘Samario’, desde 1999, las Auc empezaron a atemorizar y a amenazar a los campesinos de El Prado y Mechoacán. De estas dos parcelaciones asesinaron a 18 personas, entre ellas dos presidentes de la Junta de Acción Comunal, y a cuatro miembros de la familia Flórez.

'Samario' contó a Verdadabierta.com en una entrevista en el 2010, que estuvo en la masacre de la familia Flórez. “Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos”, dijo en su momento el paramilitar explicando por qué habían cometido esos crímenes.

Hoy la abogada Ludys Pedraza, abogada de las 48 familias víctimas del desplazamiento forzado, interpuso una tutela para obligar al Incoder a cumplir con el fallo y lograr que estos campesinos retornen a sus predios o les paguen lo que cuesta cada una de sus parcelas.

“Hace 19 meses que la Corte Constitucional, última instancia de la justicia, confirmó el fallo después de haber pasado por la Corte Suprema de Justicia, y aún así el Incoder no le ha dado cumplimiento a la restitución de tierras, no han dicho si van a devolver tierras o pagarlas”, explicó a Verdadabierta.com la defensora de estas víctimas, que contó además que las familias “se están muriendo de hambre, viven en extremas condiciones de pobreza en La Jagua de Ibirico y sus corregimientos , y en invasiones de Valledupar, con sus hijos en estado de desnutrición”.

La restitución de las tierras de los campesinos de El Prado fue un pleito que ganaron a través de la justicia ordinaria, por lo que no ingresó al proceso que inició la Unidad de Restitución de Tierras, jurisdicción que entró a manejar estos casos desde enero de 2012.

“No podíamos entrar por la (ley) 1448 porque ya hay una sentencia y ésta tiene mayor connotación porque tiene condenado a 40 años de prisión, por desplazamiento forzado, a alias ‘El Llanero’, por un delito de lesa humanidad”, explicó la abogada.

De acuerdo con Pedraza, el fallo luego de ser confirmado en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, llegó a la Corte Constitucional, donde el 23 de agosto del 2012 dicha sentencia fue excluida de revisión, como respuesta a una tutela interpuesta por el Incoder.

“Ahora no hay más instancias judiciales y un fallo que debía ser cumplido en un término de 18 meses, lleva 19 meses. Por eso interpuse denuncia penal en contra de Miriam Villegas, directora del Incoder, y del anterior director, Juan Manuel Ospina, por desacato, por fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión”, agregó Pedraza.

Para la abogada que representa a estas familias, el fallo que las favorece desde el 9 de noviembre de 2011 le ordena al Incoder restituir las 48 familias la posesión sobre 1.231 hectáreas, las cuales fueron declaradas en caducidad administrativa por el Instituto que en su momento argumentó que abandonaron las parcelas, cuando en realidad debió protegerlas porque estos campesinos habían sido desplazados por paramilitares.

Sin embargo, el Incoder tras quitarles sus fincas, se las entregó a otras personas, algunos de ellos familiares y testaferros de los paramilitares.

Deportados, desplazados y abandonados
Estas familias habían sido deportadas de Venezuela a donde fueron en busca de una mejor vida y llegaron al Cesar, específicamente al municipio de La Jagua de Ibirico y sus corregimientos (La Victoria de San Isidro).

En un principio, llegaron 100 familias en busca de ayuda humanitaria. Acudieron al gobierno local y departamental y encontraron respuesta en el Incora (hoy Incoder), que comisionó  dos representantes de las familias para que buscaran un predio para reubicarlos.

Fue así como encontraron la finca El Prado, en jurisdicción de La Jagua de Ibirico, la cual fue parcelada y entregada en 1997 a 55 familias, a las que le hacen entrega real y material de las parcelas, donde construyeron sus viviendas y con los subsidios otorgados por el mismo Gobierno Nacional pudieron tener ganado, cría de gallinas y cultivos de pan coger. “Ellos tenían su modo de vida fortalecido”, dice la abogada Ludys Pedraza.

Sin embargo, estaban viviendo sobre el ‘oro negro’ y se convirtieron en objetivo de familias poderosas y empresas que veían en esas tierras una futura explotación de carbón. Por eso, en su versión del 6 de junio de 2011, alias ‘Samario’ confesó que la orden que le dieron sus superiores (‘Tolemaida’ y ‘Jorge 40’) fue matar y desplazar a las familias de El Prado. Mataron a 18 miembros de las familias parceleras.

La primera masacre ocurrió el 19 de de mayo de 2002 cuando desaparecieron a una familia completa (Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos Bladimir, Gustavo y Elyesil, éste último de 16 años, y a Fidel Góngora, que visitaba la familia Flórez ese día).

En los meses siguientes los paramilitares asesinaron a siete parceleros más de El Prado: Orlando Arias, Edward Bernal, José Sarabia, Crisanto Quintero, Santiago Francisco Lindarte, Huber Meza y un señor llamado  Jimmy. Coincidencialmente, 10 años después, el 19 de mayo de 2011 encontraron los restos de Bladimir Florez y Fidel Gongora (menor de edad) enterrados en la misma zona. Los otros cuerpos no han sido hallados.

Los campesinos atemorizados abandonaron sus tierras, que poco tiempo después perdieron, con la complicidad del notario de Chiriguaná y de algunos funcionarios del Incoder en Cesar, que falsificaron los títulos de propiedad y se los entregaron a testaferros de los paramilitares. El desplazamiento se da entre 2002 y 2003.

De acuerdo con los mismos postulados a Justicia y Paz, a pesar de que alias ‘Tolemaida’ no ha aceptado su participación en este caso, dicen que la orden era desplazarlos por el interés que había en el carbón que supuestamente está debajo de esas tierras. “A ellos no los mataron y los desplazaron porque eran colaboradores de la guerrilla, como lo quisieron hacer creer, sino por el carbón. Sino ¿por qué el Incoder cambió la vocación de las tierras y la pasó de agraria a minera y esto lo hicieron después del desplazamiento”, relata la abogada.

Fue entonces cuando vino la usurpación de las 1.231 hectáreas de El Prado.

La Fiscalía logró establecer que en El Prado, el Incoder le traspasó las Parcelas 6, 9, 10, 45 y 48 a familiares de David Hernández, alias ‘39’, ex jefe del frente Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y mano derecha de ‘Jorge 40’, asesinado en 2004. Además, cuatro sobrinos de ‘39’ y la compañera de uno de ellos figuran como los dueños.

Los investigadores judiciales también determinaron que el Incoder le dio un tercio de los predios (17 parcelas)  a una sola familia, lo que está prohibido por ley y que, presuntamente con la complicidad de su  director de entonces en Cesar, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, le reconoció la posesión a los testaferros de los paramilitares. Estos testaferros después le vendieron sus terrenos a Prodeco, multinacional suiza de la minería.

Son entonces estos nuevos dueños, los que en 2007 le vendieron a la multinacional Prodeco C.I. para mitigar el impacto ambiental.

Según la representante legal de las 48 familias de El Prado, “los usurpadores, poseedores de mala fe, venden a la multinacional y ahora las tierras de El Prado las tiene el Incoder y existe una permuta a Prodeco, lo cual quiere decir que esto está en el limbo, pues la empresa no tuvo otra opción que denunciar también al Incoder porque finalmente no le entregó las tierras que compró.

La Defensoría del Pueblo en el Cesar envió varias comunicaciones a la Fiscalía General y a la Unidad Nacional de Protección por los riesgos que corrían tanto la defensora como cinco líderes de El Prado, de las cuales varias recibieron panfletos amenazantes. Igualmente, a comienzos de 2013, la Defensoría le pidió al Incoder que divulgara las acciones que implementaría en el caso de El Prado, y llegaron incluso a realizar una reunión con un grupo pequeño de reclamantes, en la que además actuó la MAPP-OEA como garante, llegando a acuerdos sobre la ruta de avalúo de los predios y las acciones a seguir. Sin embargo, hasta ahora los campesinos aseguran que las instituciones no han hecho nada.

Verdadabierta.com conoció que existen 100 hectáreas tituladas por el Incoder en 2009 a Prodeco (las parcelas 32, la 33, la 34, la 35 y la 36, según publicó Santiago Villa en su columna de El Espectador, el 20 de mayo de 2013).

¿Qué va a pasar con estas tierras y las familias?

Mientras las familias viven como desplazadas en diferentes puntos del departamento del Cesar y otras regiones del país, en condiciones de pobreza, aún siendo dueños de una tierra rica, “al Estado no le interesa darle cumplimiento a esta sentencia porque no es un fallo que salió con la Ley 1418”, comenta su abogada.

Por eso Pedraza, abogada que ya sido amenazada por su papel de defensora de estas familias, dice que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues esta es la única sentencia en Colombia que está confirmada por la Corte Constitucional, después del recorrido jurídico que hizo y de la tutela que en el 2010 interpuso el Incoder, solicitando la revocatoria de la decisión. “Fueron tres tutelas las que le interpusieron al fallo ante el Tribunal Superior del Cesar, las que salieron improcedentes para las víctimas.

Las 48 familias siguen esperando la restitución de sus tierras o el pago de las mismas por un valor que corresponda a su actual valor comercial, y por su parte, las familias que aparecen como usurpadores también ‘pelean’ las mismas tierras, tal como lo afirmaron en una publicación en diario El Pilón de Valledupar en diciembre de 2011, cuando insistieron con actas de compraventa en mano en que adquirieron sus tierras legalmente.