Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras

Congresistas denunciaron que empresas acapararon tierras que eran de campesinos. Le pidieron al gobierno actuar en casos donde hay evidencias de desplazamientos, contaminación y violación de leyes.
    
El informe presentado por el representante Wilson Arias advierte sobre la compra de 90 mil hectáreas por parte de agroindustrias en Meta y Vichada. Foto archivo Semana  

Representantes a la Cámara del Polo Democrático y del Partido Verde denunciaron que la compra masiva de predios por parte de agroindustrias en Meta y Vichada, y la intervención de mineras en Cesar, Tolima, Bolívar y Boyacá, ha terminado en que en estos departamentos grandes extensiones de tierras queden en pocas manos, y además, ha provocado la desintegración de comunidades y la contaminación del medio ambiente.

Estas fueron algunas de denuncias de los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias, del Polo Democrático, y Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde, durante el debate de control político realizado el miércoles 5 de junio de 2013 en la Cámara de Representantes sobre tierras y minería.

Los congresistas le pidieron a la Fiscalía y la Contraloría investigar estas denuncias, mientras que le solicitaron a los ministerios de Agricultura y Minas tomar medidas para evitar el acaparamiento y proteger a las comunidades afectadas.

En el debate, varios campesinos, que fueron citados a dar sus testimonios de cómo han resultado afectados, se quejaron por el poco tiempo que les concedieron.

Estas fueron algunas de las denuncias que se presentaron en la Cámara de Representantes.

Compra de tierras: “Acá hay detrimento público”
El debate se centró en la forma en la que reconocidas empresas han encontrado una forma para adquirir o arrendar tierras de campesinos, que en su momento fueron baldíos de la nación y que en teoría no podrían estar en manos de agroindustrias.

El representante Wilson Arias denunció que bufetes de abogados, creando múltiples empresas y figuras comerciales, y varias agroindustrias en Meta y Vichada, acapararon miles hectáreas que debían haber sido tituladas a campesinos por el Estado.

Según el congresista, las empresas Carlos Aguel Kafruni, familia & CIA, el Grupo Sarmiento Angulo-Corficolombiana y Riopaila Castilla S.A., podrían estar causando un detrimento al patrimonio público porque violaron la Ley de Baldíos (160 de 1994) -que fija el máximo de tierra que alguien puede comprar cuando los predios tienen como fin la reforma agraria-, y además porque se han beneficiado de subsidios agrarios que ha entregado el Gobierno.

“La nueva ecuación agraria es crear empresas fachada para quedarse con las tierras de los Llanos. Crean varias empresas para poder comprar varios predios... Hay bufetes de abogados que brindan asesoría para esas compras y luego aparecen como socios en la creación de las empresas compradoras. Aquí hay un testaferrato que debe ser investigado. Hay fraccionamiento de las tierras y aparecen paraísos fiscales para borrar la ruta del socio mayor”, dijo el congresista.

Aunque en el debate fueron presentados tres casos, el congresista envió un informe a la Contraloría en la que incluyó a otras empresas como Timberland Holdings Limited y Wood Holdings Limited y Sociedad Agroindustria Guarrojo SAS. Sumando los casos de las cinco agroindustrias, el congresista advierte sobre un presunto acaparamiento de 90 mil hectáreas en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta, y en La Primavera, en Vichada.

“… Agroindustriales, sectores financiero, no destinatarios de reforma agraria se están quedando con terrenos con antecedentes de baldíos en los cuales el Estado ha invertido recursos multimillonarios en subsidios (y adjudicación de baldíos), sin que dichos empresarios retribuyan o devuelvan los inmuebles al Estado”, indica el informe presentado a la Contraloría.  

Los parlamentarios documentaron algunos casos específicos de acumulación.

Carlos Aguel Kafruni, familia & CIA

  
 Este es el video de Carlos Aguel hablando del proyecto de la altillanura. Youtube.

Este empresario ha comprado, según Arias, más de 15 mil hectáreas de tierras en Puerto Gaitán.

En su presentación, el congresista mostró un video de Aguel en el que este explica la forma en la que ha comprado estos predios. Con esta presentación Arias pidió a la Contraloría que investigara a Aguel Kafruni, quien fue integrante de la ong Fundallanura, por las compras que él y su familia han hecho en Puerto Gaitán, Meta.

“Las declaraciones de Carlos Aguel anuncian 15.000 hectáreas. No obstante, se tienen documentadas 5.000, ubicadas en las veredas Nuevas Fundaciones, La Cristalina, El Tigre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán. Dado que no se encontró referencia a más predios a nombre de los miembros de estas familias, lo más probable es que el resto de inmuebles hayan sido adquiridos por empresas constituidas por comprar predios”, señala el informe.

Según Arias, este empresario compró tierras cuyas titulaciones provenían de baldíos- es decir de la Nación, que se supone deben destinarse para reforma agraria- y establece restricciones como que una persona no puede comprar o vender más de una UAF, Unidad Agrícola Familiar. La UAF es el máximo de tierra que el Estado considera puede tener una familia para vivir y progresar. En Puerto Gaitán la UAF oscila entre 1.360 y 1.840 hectáreas.

VerdadAbierta.com intentó conocer la versión del señor Carlos Kafruni, pero varias personas cercanas dijeron que estaba fuera del país.

El caso Sarmiento Angulo-Corficolombiana
El congresista Arias aseguró que la organización Sarmiento Angulo, a través de la empresa Corficolombiana, posee
13.785 hectáreas en Puerto López y Puerto Gaitán, Meta, y las adquirieron a través de seis empresas que hacen parte de esta compañía.

Corficolombiana es una corporación financiera, que cuentan con tres filiales, la corporación como tal, un leasing y una fiduciaria, dedicadas a la banca de inversión, como la adquisición de bienes, créditos, negocios fiduciarios. Según el informe presentado a la Contraloría, seis empresas que hacen parte del portafolio de Corficolombiana y creadas con fines agroindustriales compraron varios predios en Puerto Gaitán y Puerto López -sobre todo en este último municipio-, en Meta. (Ver página web de Corficolombiana).

Según un informe de Corficolombiana, esta empresa durante el segundo semestre de 2011, constituyó 7 empresas con una participación del 100% y con un objeto social común consistente en la compra, venta, importación, exportación, producción, financiación y fomento del caucho natural y sintético y afines y ualquier otra clase de materiales aptos para fabrica productos de caucho y similares, entre otros.

Las primeras de estas empresas en hacer las compras fueron Mavalle S.A.(ver link) y la Organización Pajonales(ver link) en 2006. En octubre de 2011, la financiera creó otras cuatro empresas: Plantaciones Santa Rita SAS., Hevea de los Llanos SAS, TSR20 Inversiones SAS y Hevea Inversiones SAS, según el informe del congresista. “Estas seis empresas son propietarias de 17 predios, (que suman) 13.785 hectáreas, entre predios de naturaleza privada, que se sospecha tienen antecedente de baldíos, y predios baldíos adjudicados en procesos de reforma agraria en 1968, 1988 y 1992”, señala el informe.

El documento presentado a la Contraloría advierte que las seis empresas en total pagaron por los 17 predios en el Meta por lo menos $61 mil millones de pesos, y que la compra realizada por la Organización Pajonales ya pasó por la lupa de la Superintendencia de Notariado de Tierras que considera que la empresa transgredió la Ley de Baldíos, ya que en Puerto López y Puerto Gaitán la UAF oscila entre 1.360 y 1.840 hectáreas.

Estas empresas además recibieron créditos por 35 mil millones de Finagro; $375 millones en ICR (Incentivo a la Capitalización Rural); y $187 millones en CIF (Certificados de Incentivo Forestal).

VerdadAbierta.com se comunicó con el jefe de comunicaciones del Grupo Aval, quien quedó de dar respuesta a la información presentada durante el debate.

Riopaila Castilla S.A.
Esta empresa al parecer se hizo a 42.000 hectáreas en 2010. El congresista Arias aseguró que la transacción comenzó  cuando la empresa, por medio de su asesor jurídico Alfredo Azuero Holguín, solicitó la asesoría del bufete de abogados bogotano Brigard & Urrutia para adquirir tierras en La Primavera, en Vichada. La firma de abogados le recomendó a la empresa azucarera comprar varios predios en ese departamento, tras considerar que “no existían contingencias”, dice el informe para explicar que estos no tenían problemas.

Según el informe, entre junio y octubre de 2010, Brigard Urrutia registró 28 empresas en la Cámara de Comercio de Bogotá, cada una con un capital de $100 mil pesos. Fueron bautizadas de forma similar con la fórmula “Agroforestal", a renglón seguido el nombre del predio que iban a comprar en Vichada y al final la sigla SAS”, explica.

De esta manera, concluye el congresista, esta empresa creó una sociedad para que comprara la propiedad a campesinos, que en los noventa habían sido beneficiarios del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.

El informe advierte que en los certificados de cámara de comercio de las empresas, la dirección que registraron corresponde a la firma de abogados y que los socios de éstas son los representantes del bufete, así como trabajadores o personas relacionadas con el ingenio valluno.

En los registros aparecen de manera repetida los nombres de los siguientes socios: Francisco José Uribe Noguera, abogado de Brigard & Urrutia; y los trabajadores de Riopaila Delia María Gallardo Vargas, jefe de Planeación Financiera; Gustavo Adolfo Barona Torres, jefe de campo, y Luis Hernández Villegas, quien aparece como representante del ingenio en diferentes eventos.

Después de creadas  las 28 empresas, entre junio y octubre de 2010, éstas compraron 43 predios en La Primavera, y por los que pagaron un promedio de $920 millones de pesos por lote. El 31 de diciembre de 2010 ante la Notaría 20 de Cali, estas compañías firmaron un contrato con Riopaila Castilla S.A. arrendándole las 42.000 hectáreas por 30 años.

El congresista cree que los $39 mil millones de pesos para comprar las 42 mil hectáreas en Vichada -por medio de las 28 empresas- provienen de créditos gestionados por Riopaila, y que el ingenio azucarero compró una empresa en Luxemburgo, llamada Asturias Holding Sarl, para que luego esta se encargara de absorber las 28 empresas creadas para comprar los terrenos y que en teoría se quedara con las propiedades.

“Esta operación fue la que permitió que Riopaila Castilla S.A. adquiriera como inversión extranjera (pues los recursos se registran como provenientes de Luxemburgo) 100% de cada unas de las empresas (llamadas) “Agroforestal (se le atribuye el nombre de la parcela) SAS y de los predios que estas adquirieron creando una sociedad en un paraíso fiscal”, indica el informe presentado a la Contraloría.

Según el informe del congresista, la Ley de Baldíos establece que cuando se trata de tierras cuyas titulaciones provenían de baldíos- es decir, tierras de la Nación que se supone debe destinarse para la reforma agraria- una persona no puede comprar o vender más de una UAF, Unidad Agrícola Familiar. La UAF es el máximo de tierra que el Estado considera puede tener una familia para vivir y progresar. En La Primavera, Vichada, la UAF oscila entre 956 y 1.294 hectáreas. Hoy Riopaila tiene en su poder 42.000 hectáreas, en teoría arrendadas.

En un informe de Riopaila Castilla S.A asegura en un informe financiero de 2010 (ver informe) que estas operaciones "corresponde a préstamos a inversionistas (sociedades por acciones simplificadas S.A.S.) dentro del Proyecto Veracruz (diversificación en nueva frontera agrícola)".

VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina de Comunicaciones de Riopaila en Cali, que quedó de dar respuesta a la información presentada durante el debate.

Minería: “Hay desplazamiento y contaminación”
Los representantes Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde, advirtieron que en Cesar, Tolima, Bolívar y Tolima ha habido intervención permanente de multinacionales mineras dedicadas a la exploración y explotación de carbón, oro y petróleo, que han generado desplazamiento de comunidades y contaminación de tierras, ríos y páramos.

Drummond, centro del Cesar
El congresista Iván Cepeda indicó que la multinacional Drummond ha generado con su explotación de carbón la expulsión de 1.500 campesinos que vivían en las veredas El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, en el centro del Cesar. Todas estas comunidades han tenido que ser asentadas por la contaminación generada por la empresa. En varios medios, representantes de la multinacional han dicho que hacen inversión social en la región y que buscan incidir en una mejor inversión de las regalías.
 
AngloGold Ashanti, proyecto La Colosa, Tolima
Según el representante Cepeda, la multinacional busca desarrollar el proyecto La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en Tolima, con la exploración de 1.655 hectáreas para extraer oro a gran escala durante los próximos 30 años.  El congresista aseguró que la multinacional ha comprado en la zona 58 predios, que de ser explotados “afectarán 121 vertientes naturales y los páramos”.

AngloGold Ashanti VS pequeña minería en el sur de Bolívar
El congresista Iván Cepeda aseguró que los pequeños agricultores y mineros que en han explotado las minas a pequeña escala en el sur de Bolívar han sido desplazados por la multinacional sudafricana, que ha comprado varias predios en la región. Según el representante, la minera ha utilizado a una red de personas que compran los predios, tramitan los títulos y las concesiones de explotación para luego transferirle la propiedad y los permisos a la AngloGold Ashanti.

Exploración Carbón y petróleo, Boyacá
El representante Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde, advirtió en el debate que las comunidades que viven en el municipio de Tasco, en Boyacá, se han resistido a la explotación de carbón que “ya ha tenido impactos sobre el páramo de Pisba”. El congresista indicó que en la provincia de Sugamuxi, en el mismo departamento, la llegada de las petroleras ha generado el desplazamiento de los campesinos. “En Boyacá, ministro, no cambiamos agua por petróleo”, dijo el representante durante su intervención.

La respuesta del gobierno
Frente a las denuncias de compras de tierras en Meta y Vichada, la viceministra de Agricultura, Adriana Soto, no dio respuesta. La funcionaria respondió a las preocupaciones presentadas por los casos de minería respondiendo que el gobierno ha hecho esfuerzos en recursos y creación de instituciones para formalizar la minería.

El ministro de Minas, Federico Renjifo, aseguró que el gobierno de Juan Manuel Santos no ha concedido ningún contrato de gran minería, tras considerar que primero debían fortalecer las instituciones que hacen estas concesiones. “Cuando comenzó este gobierno encontramos que Ingeominas había entregado 9.600 títulos y que había en solicitud otros 19.000. ¿Qué hicimos? Decidimos no entregar más mientras se fortalecía el Ingeominas y se creaba la Agencia Nacional de Minería…. Se trata de hacer procesos completos; de hacerlo bien”, dijo Renjifo.