Despojados por un extraditado

Después de 20 años, la familia de un desaparecido de la UP recupera las tierras que les arrebató el extraditado Dago Rodríguez Bejarano. Los magistrados le negaron al hijo del presunto narco esas tierras.
  
La familia fue forzada a 'vender' sus cuatro lotes a un hombre que en 2007 fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Foto archivo Semana  

Esta es la historia de una familia víctima del despojo de tierras y del genocidio a la Unión Patriótica, UP, en Meta. Primero fueron asilados, a su regreso a Colombia se vieron forzados a vender las parcelas que habían comprado en los Llanos Orientales con subsidios, y luego sufrieron la desaparición del padre.

Por miedo, sus familiares no denunciaron hasta que se declararon víctimas ante la Unidad de Tierras que llevó el caso a los Tribunales de Bogotá. Tres magistrados les dieron la razón en marzo de 2013, ordenando la restitución de sus tierras y negando la petición de una persona que se oponía al proceso.

Según lo documentó la Unidad de Tierras, la tragedia de esta familia comenzó en los años 60. El señor Luis* militó en movimientos de izquierda y por miedo a que lo asesinaran se desplazó por varias ciudades hasta asilarse en Cuba junto a su hermano. Su esposa e hijos no pudieron salir del país y  esperaron a su regreso en 1982.

Para entonces, Luis* se acogió a la amnistía que el presidente Belisario Betancur (1982-1986) le ofreció a organizaciones políticas y sociales disidentes de izquierda como preámbulo a los acuerdos de Paz con las Farc.

Con el dinero de la amnistía y con un crédito de la Caja Agraria Luis compró el 30 de mayo de 1986 cuatro parcelas en una vereda de Villavicencio, Meta, para rehacer su vida. Las 64 hectáreas le costaron entonces 3 millones de pesos, y le tituló una a cada hijo y la cuarta, a su esposa. Para entonces Luis quería incursionar en la política. En 1983 había sido candidato al Concejo de Bogotá y a la Asamblea del Meta por el movimiento Pueblo Unido por la Paz. En 1986, se lanzó de nuevo como candidato a la Asamblea Departamental como integrante de la Unión Patriótica, UP, el movimiento de izquierda recién creado un año atrás.

En Meta, tras los acuerdos de La Uribe con las Farc, comenzó la persecución contra los militantes de la UP. En la vereda donde Luis* vivía con su familia comenzaron a aparecer grafitis amenazantes. “Llegaron las autodefensas campesinas, entréguense sapos y guerrilleros de la UP”, señalaban los mensajes. “En Meta, el genocidio contra la UP se presentó en 23 de los 29 municipios, entre ellos Villavicencio y San Carlos de Guaroa…”, indica la sentencia.

La Unidad de Justicia y Paz ha documentado que entre 1986 y 1988 los paramilitares asesinaron a 300 integrantes de la UP en este departamento, principalmente en la región del Ariari. Edilson Cifuentes alias ‘Richard’ fue uno de los paramilitar que participó en el exterminio del movimiento político. (Leer: El ‘para’ que martirizó a su propio pueblo).

Pese a la ola de violencia y a la persecución política, la familia de Luis se rehusó a abandonar las parcelas que habían comprado. La Unidad de Tierras documentó que la situación empeoró a finales de 1989 cuando Luis* y uno de sus hijos fueron detenidos en plaza de mercado por agentes de inteligencia. “Mi padre recibía amenazas constantemente. Una vez fuimos detenidos por gente del B2. Nos subieron a una camioneta y nos llevaron al batallón. Ahí permanecimos detenidos, en mi caso tres días, y mi padre ocho”, contó uno de sus hijos.

Una venta forzada
La presión por las tierras vino después. Según la sentencia, en noviembre de 1990 Luis* fue visitado por Dago Enrique Rodríguez Bejarano, quien le pidió que le vendiera los cuatro lotes. El parcelero se negó.

En sus relatos ante la Unidad de Tierras, los familiares contaron que las siguientes visitas de Rodríguez Bejarano fueron en compañía de hombres armados lo que provocó que la familia se desplazara a Bogotá.

Por miedo, Luis y una hija fueron a una notaría y forzados a falsificar un poder con la firma de sus familiares le cedieron las 64 hectáreas en una compraventa a Rodríguez. Este último  ‘legalizó’ las tierras a su nombre el 5 de abril de 1991 en una Oficina de Instrumentos Públicos.

Aunque la sentencia no estableció relación entre el despojo y la posterior desaparición del militante de la UP, si documentó cómo ocurrió el crimen.

Dos años después de la venta forzada, el 24 de mayo de 1992, Luis*, quien era el inspector de Policía de San Carlos de Guaroa, fue desaparecido después de que dos hombres lo bajaron de un bus que se movilizaba entre Villavicencio y ese municipio.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó que el crimen fue cometido por paramilitares del Frente Héroes de Los Llanos, un brazo del Bloque Centauros de las Auc.

Desplazados en Bogotá, la familia no supo qué pasó con sus tierras. Entre las pruebas que presentó la Unidad a los jueces, documentó que los cuatro lotes fueron englobados con el nombre de Villa Diana.

Casi 16 años después del despojo, el 15 de noviembre de 2006, Estados Unidos solicitó al gobierno colombiano, la extradición de Rodríguez Bejarano -quien tenía las tierras de Luis*.

Las autoridades emitieron una orden de captura y Rodríguez fue detenido el 22 de diciembre de ese año y extraditado a EE.UU en 2007, para ser juzgado por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de narcotráfico.

Desde la extradición, el predio Villa Diana comenzó a pasar de manos. La Unidad de Tierras documentó que Rodríguez Bejarano le dio un poder a su hijo Dago Yesid Rodríguez Suárez para vender las tierras. El 14 de mayo de 2008 Rodríguez Suárez le vendió por $50 millones la tierra a Pablo José Ramírez Piñeros. Dos años después, el 25 de mayo de 2010, este último le devolvió el predio a Dago Yesid Rodríguez.

Por miedo, la familia sólo denunció a las autoridades cuando consideró que había garantías para hacerlo. La Ley de Víctimas, aprobada en junio de 2010 y que entró en marcha de 2011, era la herramienta para contar su historia.

El 21 de octubre de ese año denunciaron la desaparición de su padre Luis* y el despojo de sus tierras. Ante la Unidad de Tierras, el organismo creado por la Ley que atiende las solicitudes de restitución de las víctimas, los familiares aseguraron que habían recibido amenazas telefónicas por las denuncias que estaban realizando.

Cuando el proceso fue documentado por la Unidad de Tierras y el organismo presentó una demanda solicitando la restitución de las 64 hectáreas a la familia de Luis*, Dago Yesid Rodríguez Suárez buscó a un abogado  y se presentó en el juicio como opositor al proceso.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Bogotá consideraron que había suficientes pruebas que demostraban que el hombre extraditado, Dago Enrique Rodríguez Bejarano, se aprovechó de las condiciones de violencia de la época para hacerse a las tierras de la familia. En la sentencia, los magistrados reconocen que la familia además fue víctima del genocidio contra la UP.

Los jueces concluyeron que no aceptan la oposición presentada por Rodríguez Suárez, y ordenó la nulidad de todas las transacciones que se hicieron en notarías y oficinas de instrumentos públicos para que los predios vuelvan a nombre de la familia de Luis*. También ordenaron la protección de las tierras y que la Unidad Nacional de Protección le dé seguridad a la familia.

Según datos de la Unidad de Tierras actualizados al 3 de enero de 2013, en Meta las víctimas han registrado 2.167 solicitudes reclamando la restitución de 590.450 hectáreas. De este total, 39 solicitudes son de Villavicencio por 2.099 hectáreas. A la fecha, de las casi 40 sentencias que han emitido los jueces especializados en tierras, tres han sido de este departamento.

* Se reserva la identidad de la víctima, quien fue militante de la UP y su familia por razones de seguridad.