La empresa criminal para despojar tierras

El Centro de Memoria Histórica hizo un análisis de las confesiones que han hecho los paramilitares en Justicia y Paz, y encontró que hubo una alianza entre políticos, elites locales, servidores públicos y grupos ilegales para despojar tierras.
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La Casa Castaño se conformó como uan empresa criminal que despojo tierras en Urabá, la Costa Atlántica y Norte de Santander. Foto: Centro de Memorio Histórica.

A partir de las versiones libres de los ex paramilitares que están postulados a la ley de Justicia y Paz y algunas investigaciones de organizaciones sociales, se ha podido establecer que en la creación de grupos de autodefensas existió un interés económico sobre la tierra y los recursos naturales. Según la Corte Constitucional para ello se aliaron  “actores armados o no armados, legales e ilegales”.

En el libro titulado: 'Tierras, y territorios en las versiones de los paramilitares', los investigadores Yamile Salinas Abdala y Juan Zarama Santacruz del Centro de Memoria Histórica advierten la necesidad de responder quiénes son los verdaderos ganadores del botín de las tierras despojadas por los grupos paramilitares.  

Según la investigación, coordinada por Yamile Salinas, para que exista una verdad integral del desplazamiento forzado, la ocupación ilegitima y el despojo de tierras es necesario que se investigue a todos los integrantes de lo que denominan “la quíntuple alianza”, integrada por paramilitares, políticos y servidores públicos civiles, élites locales económicas y empresariales, y por narcotraficantes mutados en paramilitares (“narcoparas”).

“Aunque la Corte ha dicho que existió una empresa criminal para despojar tierras, donde participaron ‘legales’ e ilegales, en siete años tenemos menos de 10 sentencias relacionadas con tierras y es muy poco lo que sabemos aún sobre quienes son los actores legales que aprovecharon el estado de violencia”, dijo Salinas Abdala a Verdadabierta.com.

Esta investigación detalla cómo la Casa Castaño creó una empresa criminal que se expandió por medio del despojo de tierras en las regiones de Urabá, la Costa Atlántica y Norte de Santander.

La empresa criminal de los Castaño

De los 350 mil predios abandonados o despojados en todo el país, el 70% se ubican en los departamentos de la costa Caribe, Cesar y Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Meta se llega al 70%, donde tuvieron presencia los grupos paramilitares de la denominada Casa Castaño, según cálculos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada,  del Ministerio de Agricultura.

Para los hermanos Castaño contralar la región Caribe era una de sus prioridades, pues allí se encontraban “economías nacionales, locales y regionales en los sectores ganadero, agrícola, agroindustrial y minero, que aportaron recursos al crecimiento y expansión de la Casa Castaño”, indica el documento. Lo anterior sumado al control que desde allí  ejercían sobre las rutas del tráfico de droga.

Según las versiones de los desmovilizados, Vicente Castaño quien manejaba las finanzas de la Casa Castaño, se refería a las tierras como un “Botín de Guerra”. El ex jefe del Bloque Bananero, Raúl Hasbún, dijo “cuando ya se entra a una zona y sé que ‘x’ persona es guerrillero y tiene una finca, las propiedades, todo lo que yo le pueda descubrir a ese señor hacen parte de los activos del frente o del comandante que maneja la zona”

Éver Veloza García, alias ‘HH’  se ha referido a Vicente como el gran acaparador de tierras en la región de Urabá y en otras zonas del país, habló especialmente de la obsesión de Castaño de apoderarse de terrenos en los llanos Orientales con el fin de “ocupar la mayor extensión territorial para su deseado cultivo de palma”.

Pero ese interés de apropiarse de tierras, no era solo prioridad de los jefes paramilitares, sus socios, entre los que se encontraban políticos, empresarios y narcotraficantes, encontraran en ese accionar violento una fuente de riqueza. Según los investigadores del Centro de Memoria, los empresarios que financiaron a los paramilitares tenían como objetivo aumentar su seguridad y extender sus actividades económicas. Los narcotraficantes buscaron consolidar rutas de tráfico de estupefacientes, lavar los dineros producto de esta actividad y alcanzar poder y reconocimiento social y político.

Por su parte, los militares veían a los paramilitares como una herramienta para combatir a los grupos guerrilleros y quitarles territorio. Mientras que para las élites regionales (políticos y terratenientes) fue la oportunidad de recuperar los predios que perdieron en las luchas de los movimientos campesinos de mediados del siglo XX, o de los que vendieron al Estado en e proceso de reforma agraria.

Estas zonas de despojo coinciden además con las regiones donde se encontraban grandes proyectos de desarrollo: “de explotación minera (ferroníquel en Córdoba, carbón en La Guajira y Cesar y oro en Bolívar); agroindustria para oleaginosas y agro combustibles (Urabá, Sucre, La Guajira, Cesar y Norte de Santander); agroforestería (Urabá, Montes de María –Sucre y Bolívar– y Córdoba); ganadería extensiva (Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena), y construcción de infraestructura portuaria (Chocó, La Guajira y Magdalena), vial (Ruta del Sol), de riego y energía (represas Urrá en Córdoba y Ranchería en La Guajira) y poliductos y refinerías (Bolívar)”.

En esta empresa criminal también participaron servidores públicos que facilitaron la legalización del despojo de predios de particulares, fiscales, baldíos de la Nación y parques nacionales, como lo ha investigado la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) en Urabá, Montes de María, Meta y El Catatumbo, y en el Parque Nacional Natural Tayrona.

Otras actores fundamentales fueron los compradores masivos, que llegaron a comprar predios en zonas donde delinquían estos grupos paramilitares. En algunos casos dichos compradores fueron ex paramilitares y en otros personas naturales y grupos empresariales que adelantan proyectos de desarrollo económico.

En lo que se refiere a la Casa Castaño, dentro de este segundo grupo, se encuentran “empresarios vinculados al proyecto palmicultor de Vicente Castaño en el Urabá y al Fondo Ganadero de Córdoba. En la región de Montes de María se documenta las compras masivas de cerca de treinta mil hectáreas por parte de Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez y de su empresa Tierras de Promisión, los hermanos Andrés Felipe, Daniel y Ricardo Arango Botero y Amauri Rafael Piniche, así como de las empresas Reforestadora del Caribe S.A. y Cementos Argos S.A. del Grupo Empresarial Antioqueño”

El Centro de Memoria Histórica reconstruyó seis casos de despojo de tierras a manos de la Casa Castaño y encontró algunos patrones comunes.  1) La toma militar y el desplazamiento a sangre y fuego con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, 2) la apropiación a la fuerza y la compra a menos precio de grandes extensiones de tierras y 3) la implementación de proyectos económicos de gran escala en asocio con agentes privados legales e ilegales, y públicos.

Haga clic en el mapa para conocer más sobre cada uno de los casos.


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Aprendizajes para la ley de víctimas
A partir del trabajo hecho por los investigadores del Centro de Memoria Histórica de los desaciertos de la ley de Justicia y Paz en materia de tierras, se desprenden una serie de recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Mientras las versiones libres de los ex paramilitares han sido decisivas en el destape de los nexos de grupos de autodefensas con políticos, militares y funcionarios públicos, no sucede lo mismo con el despojo de tierras por parte de empresarios y narcotraficantes.

En ese sentido la Comisión Colombiana de Justicia ha dicho “En sus confesiones los paramilitares han revelado muy poco sobre la estrategia del desplazamiento forzado como una forma de usurpar las tierras; tampoco han reconocido completa y adecuadamente su responsabilidad y no han brindado información que permita conocer la cadena de testaferrato conformada para la usurpación de los bienes”.

“Se hace necesario que más allá de la versiones libres, se cree una especie de comisión de la verdad que investigue de manera integral a todos los actores que de alguna u otra forma hicieron parte de este despojo”, seguro Salinas Abdala.

Además, es importante que exista mayor claridad sobre cuál es el destino de los bienes entregados por los desmovilizados y la normatividad que existe al respecto. En más de una ocasión los bienes han sido vinculados simultáneamente a procesos ordinarios de extinción de dominio y al proceso de reparación de las víctimas de la ley de Justicia y Paz.

Es representativo el caso el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quien entregó unos predios ubicados en Tierralta, Córdoba,  que no han ingresado al Fondo de Reparación a las víctimas, porque  Acción Social (que en 2005 se encargaba de administrar los bienes entregados por los desmovilizados) se negó a recibirlos argumentando que  dichos predios tenían contratos de arrendamiento para el  programa de Proyectos Productivos por la Paz, creados en el proceso de negociación para reintegrar a los desmovilizados. Al respecto la Corte Suprema de Justicia tuvo que mediar para que los predios fueran aceptados.

El estudio del Centro de Memoria recomienda que estos procesos que se dan dentro de la justicia transicional, tengan una mayor articulación con  la justicia penal ordinaria encargada de las investigaciones de políticos, empresarios, funcionarios públicos y narcotraficantes que tuvieron nexos con los grupos paramilitares.

Resaltan con preocupación que el derecho a la verdad no parece estar contemplado dentro de la Ley de víctimas, a diferencia de lo que ha procurado la ley de Justicia y Paz, pese a sus limitaciones. “El hecho de que haya un procesos judicial, da algunas garantías de verdad en el proceso de Justicia y Paz, que posiblemente no logren de igual manera los jueces de restitución”, agrega Salinas Abdala.