Primera demanda sobre tierras despojadas por los Castaño

El Ministerio de Agricultura busca que se restituyan las más de 10 mil hectáreas que fueron arrebatadas a cerca de 800 familias campesinas por la casa Castaño en Córdoba.
     
Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño despojaron a miles de familias de sus tierras en Córdoba. Fotomontaje: VerdadAbierta.com

La Hacienda Santa Paula que fue despojada por los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño en la década de los noventa en Montería, será objeto de demanda por parte del Ministerio de Agricultura.

El ministro Juan Camilo Restrepo anunció que en los próximos días viajará a Montería, Córdoba,  para  presentar una demanda ante los jueces de tierras, con el fin de recuperar las más de mil hectáreas que hacen parte de la hacienda y que hoy están a nombre de presuntos testaferros de la Casa Castaño.

El caso de Santa Paula que tiene una extensión de 1.195 hectáreas avaluadas en cerca de 20 millones de dólares, “es emblemático, porque va al corazón del despojo de las grandes mafias paramilitares”, aseguró el ministro Restrepo.

Santa Paula, ubicada en el corregimiento de Leticia a escasas horas de la ciudad de Montería, hace parte de los predios que fueron despojados por la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, organización fundada por Fidel Castaño y administrada por Sor Teresa Gómez,cuñada de los Castaño, con la que los paramilitares despojaron más de 10 mil hectáreas propiedad de 800 familias campesinas.

“Esta es solo la primera de un paquete de solicitudes que se empezarán a presentar sobre los predios que fueron despojados en Córdoba por la Casa Castaño”, aseguró Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, a VerdadAbierta.com.

Liliana Donado, fiscal encargada de la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía , aseguró a VerdadAbierta.com que en coordinación con la Unidad de Tierras del Ministerio, está haciendo un estudio general de todos los predios que fueron a parar a Funpazcor para determinar cómo se realizó el despojo en esta zona del país.

Una de las mayores preocupaciones para el gobierno es que la mayoría de las víctimas del despojo en Córdoba no se han acercado a pedir la restitución de sus propiedades ya que están siendo presionadas e intimidadas, por eso aún no es claro cuántas familias se beneficiarán de la demanda en el caso de la Hacienda Santa Paula, señaló Sabogal.

Precisamente, en la lucha por estas tierras fue asesinada Yolanda Izquierdo, una líder campesina de Córdoba, baleada por sicarios en la puerta de su casa el  31 de enero de 2007, hecho por el que fue condenada Sor Teresa Gómez a 40 años de prisión.

"Con amenazas y dinero quieren que las víctimas desistan de las reclamaciones", aseguró el ministro Restrepo, quien agregó que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Restrepo señaló que “a pesar de los amedrentamientos a las víctimas; a pesar de las incesantes coacciones a los reclamantes para que desistan de la restitución; a pesar de las amenazas de toda índole que se han proferido, se presentará la demanda para la recuperación y entrega a sus verdaderos dueños, de la Hacienda Santa Paula”.

“Con el respaldo del gobierno se quiere invitar  a las víctimas a superar el miedo para que se acerquen a las oficinas de la Unidad de Restitución y denuncien los casos de despojo”, aseguró Sabogal.

El caso del despojo de Funpazcord

Sor Teresa Gómez fue  la ex paramilitar encargada de la administración de Funpazcor, organización con la que la Casa Castaño despojó miles de hectáreas en Córdoba. Foto: VerdadAbierta.com     

Según registros de la Unidad de Restitución de tierras, se han presentado a septiembre de 2012, 978 solicitudes de víctimas de despojo en Córdoba que pretenden recuperar sus propiedades. Dentro de estas casi mil solicitudes se encuentra la Finca Santa Paula y otros predios que los desaparecidos jefes paramilitares, Fidel y Vicente Castaño les arrebataron a 800 familias campesinas a través de  la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor.

Esta organización no gubernamental fue creada en 1991 por Fidel Castaño con el objetivo de adelantar una particular “reforma agraria” con campesinos afectados por las guerrillas de las Farc y el EPL, pero en la realidad terminó convirtiéndose en un práctico mecanismo de despojo para los paramilitares.

La representante legal de Funpazcor era Sor Teresa Gómez, esposa de Manuel Gil, hermano medio de hermanos Castaño, quien se vinculó a comienzos de los noventa a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, grupo que la asignó como administradora de sus predios. (Ver artículo los pecados terrenales de Sor Teresa Goméz)

A principios de los noventa, a través de Funpazcord, Fidel Castaño le donó 10 mil hectáreas a 150 desmovilizados de la guerrilla del Epl y a 2.500 campesinos, una estrategia para asegurarse una base social.

Pero una década después varias personas empezaron a acercarse a los campesinos, exigiéndoles que vendieran sus parcelas a un millón de pesos por hectárea, amenazándolos y diciéndoles que “las órdenes venían de arriba”, según atestiguaron varias víctimas de despojo.

Según el artículo Los ganadores del despojo de Semana, publicado en septiembre de 2008, con la muerte de Fidel, y años después con la de Carlos, las decisiones sobre los bienes del clan quedaron en manos de Vicente y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. Fue entonces cuando sacaron por la fuerza a las personas a las que les habían donado las tierras.

Las autoridades tuvieron referencia de Funpazcord y de Sor Teresa Gómez Álvarez luego de un allanamiento realizado el 30 de abril de 1998 en un parqueadero ubicado en el centro de Medellín, conocido como Padilla.

Según los documentos  que encontraron las autoridades judiciales, la fundación se convirtió en una fachada para la adquisición ilegal de tierras, tráfico de armas y lavado de activos provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.

Las tierras despojadas por Funpazcor pasaron a ser propiedad de Gabriela Inés Henao,  según lo señalo el ministro de Agricultura,  persona sobre la cual recaerá la demanda de restitución.

Los reclamos por estas parcelas despojadas por Funpazcor eran liderados por Yolanda Izquierdo, asesinada a comienzos del 2007. Su muerte causó conmoción, pues dejó en evidencia que las víctimas que se atrevían a reclamar sus propiedades estaban indefensas.

Dentro del proceso de Justicia y Paz hay solo diez desmovilizados que hicieron parte de la denominada Casa Castaño, un grupo de paramilitares que delinquieron bajo las órdenes de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño.

Algunos de estos ex paramilitares han ofrecido los predios de Funpazcord para reparar a sus víctimas, según Liliana Donado, fiscal encargada de la Unidad de Persecución de Bienes. Sin embargo, como ya existen  pruebas de que son fruto de despojo, los predios no podrán hacer parte del Fondo de reparación sino que serán devueltos exclusivamente a los campesinos que eran sus dueños.

El asesinato de Yolanda Izquierdo

    
Yolanda Izquierdo trabajó activamente en el proceso de restitución de tierras despojadas por los paramilitares en Córdoba. Fue asesinada en 2007. Foto: Archivo Semana

Yolanda Izquierdo, líder campesina de 43 años de edad y madre de cinco hijos, fue despojada de una finca en Valencia, Córdoba, en la década del noventa por el paramilitar Fidel Castaño a través de Funpazcor, organización administrada por Sor Teresa Gómez.

Yolanda Izquierdo se registró como víctima de despojo de tierras ante la Unidad de Justicia y Paz y decidió además representar a unas 800 familias en las versiones libres para reclamar verdad, justicia y reparación integral. Centró su atención en los predios que les fueron arrebatados y reclamó por su devolución durante varias versiones libres de Salvatore Mancuso en Medellín.

Por su activa participación en el proceso de restitución comenzó a ser amenazada a través de llamadas. Y como persistió en su reclamo y no tuvo la suficiente protección por parte de las autoridades, según consideró el Tribunal Superior de Cundinamarca, fue baleada por sicarios en la puerta de su casa el 31 de enero de 2007. En el ataque armado, su esposo fue herido.

La justicia logró determinar que detrás de ese crimen estuvo Sor Teresa Gómez Álvarez, quien fue condenada a 40 años de prisión por el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. Hoy se desconoce su paradero.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar  200 millones de pesos al esposo y a la hija de Izquierdo por no haber prestado la seguridad que había solicitado la líder de tierras antes de ser asesinada.


 
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