La palma y los paramilitares en Chocó

Una investigación publicada por la Corporación Nuevo Arco Iris da cuenta de cómo sectores del Estado, empresarios y grupos paramilitares se compincharon para despojar a las comunidades negras del Chocó de sus territorios y sembrarlos de palma.

Palma paraeconomíaUna notaría ha sido blanco de críticas porque allí se asentaron transacciones de tierras al parecer fraudulentas. Foto VerdadAbierta.com 

La usurpación de la propiedad colectiva en territorios protegidos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, tiene todos los ingredientes que está tratando de develar el Gobierno Nacional en el tema de tierras: presión de grupos paramilitares, presencia de empresarios ambiciosos y apoyo institucional de sectores del Estado que legitimaron el despojo y la creación de grandes proyectos productivos asociados a la siembra de palma de aceite.

Esa asociación entre sectores legales e ilegales quedó en evidencia en la investigación Empresarios palmeros, poderes de facto y despojo de tierras en el Bajo Atrato, publicada por la Corporación Nuevo Arco Iris en su libro La economía de los paramilitares, la cual cobra vigencia hoy, pues coincide con las denuncias que se vienen haciendo, cada vez con más recurrencia, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Una de las conclusiones centrales de esta investigación, realizada por Vilma Liliana Franco R. y Juan Diego Restrepo E., es que el proceso de apropiación y expropiación de la tierra en los territorios de titulación colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó “no dependió exclusivamente de la capacidad coercitiva del dispositivo paramilitar para hacerse al botín e imponer su voluntad a terceros, como tampoco es producto solo del uso de medios ilegales”.

Según los hallazgos, “el aparato estatal, a través de arreglos institucionales como el sistema de crédito y otros, cumplió un papel central en su financiación en una primera fase, y en la generación de condiciones para el desarrollo del proyecto agroindustrial con orientación a la producción de biocombustibles en una segunda”.

Lo que advierte este trabajo es que a raíz de la crisis de la economía agroexportadora del banano a mediados de la década del noventa, determinada por el descenso continuo del precio internacional de la fruta y la caída de la tasa de cambio, así como por las condiciones extraeconómicas generadas por la guerra, “se fue vislumbrando un proyecto agroindustrial de palma como alternativa de diversificación y recomposición de la economía regional”.

El proyecto palmero se constituyó entonces “en eje articulador de una coalición de poder cuyo vértice estuvo formado una fracción bananera venida de Urabá, una palmicultora de la Costa Atlántica y una de las fracciones paramilitares que había implementado la estrategia de tierra arrasada”, que tuvo en Vicente Castaño Gil a uno de sus promotores más connotados.

La primera fase de ese proyecto se inició con los desplazamientos forzados de comienzos de 1997 que comprometieron a las comunidades de las cuencas del Salaquí, Cacarica y Truandó y que tuvieron su origen en dos intervenciones armadas realizadas de manera simultánea: de un lado, la llamada Operación Génesis, adelantada por la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia; y de otro, la Operación Cacarica, ejecutada por grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

El despojo se fue consolidando y quienes estaban al frente del proyecto palmicultor se valieron nuevamente de procesos de desplazamiento forzado en los años 2000 y 2002, propiciados nuevamente por grupos paramilitares, esta vez de las Auc, para adelantar una segunda fase de intervención económica.

“En este periodo se concentra la creación de nuevas sociedades económicas y la apropiación de recursos públicos para el desarrollo de los cultivos, mientras se afianza la toma de la tierra y se produce un ajuste en las estrategias para desactivar la resistencia de los titulares del derecho colectivo y su campo aliado”, dice el texto en uno de sus apartes.

Esa articulación entre legalidad e ilegalidad, según diversas fuentes testimoniales y documentales consultadas en esta investigación, se evidenció en el comportamiento de entidades del Estado como el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías, que participaron de la financiación del proyecto palmicultor, pese a que ya existían denuncias sobre las ilegalidades en la adquisición y titulación de los predios destinados a la siembra de palma de aceite.

El acceso a recursos de crédito y subsidios como el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) han sido considerados  en este trabajo como “un producto de la astucia de las empresas que aprovecharon un instrumento de política agraria como son las alianzas estratégicas y lograron disimular muy bien el ilícito de la usurpación de tierras”.

Asimismo, la exhaustiva revisión documental reflejada en el texto identificó que los distintos trámites notariales a través de los cuales se legalizaron las transacciones fraudulentas de tierras se realizaron notarías Únicas de Chigorodó y Carepa; así como en las notarías 5, 18 y 26 de Mede-llín; la Notaría 8 de Barranquilla; y la Notaría Única de San Jacinto, Bolívar. En todo ello también tuvo participación la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de Quibdó.

Si bien parte de los compradores de tierras, financiadores del proyecto palmicultor y empresarios provenían de la Costa Atlántica y de Medellín, se pudo establecer que varias de las sociedades que se conformaron en el Darién chocoano estuvieron bajo el predominio de jefes paramilitares. La investigación determinó que Inversiones Agropalma fue dominio de Jesús Ignacio Roldan Pérez, alias ‘Monoleche’; Palmas S.A. de Diego Murillo Bejarano, alias ’don Berna’; y en Palmado tuvo participación Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’.

El documento también estableció que en la zona de cultivos de palma hizo presencia Sor Teresa Gómez, una mujer leal al proyecto paramilitar, y quien fue referenciada por las autoridades nacionales como una de las intermediarias del despojo de tierras en el Urabá antioqueño en asocio con el Fondo Ganadero de Córdoba.

De acuerdo con los hallazgos, Gómez fungió como representante legal de una asociación conocida como Asoprobeba, a través de la cual se hizo a tierras en el año 2002 en los territorios colectivos supuestamente de propiedad del narcotraficante Hugo Fenel Bernal Molano, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, pero que hacían parte de procesos fraudulentos.

Ante los cuestionamientos de las autoridades por las irregularidades en la adquisición de estos predios por parte de Asoprobeba, sus voceros respondieron que después de su creación recibieron el apoyo de Uniban y aclararon que esas compras fueron subsidiadas hasta en un 70% por el Incora.

El cuestionado proyecto palmicultor también contó con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, tanto bajo la administración de Guillermo Gaviria Correa (iniciada en enero de 2001 y finalizada con su asesinato a manos de las Farc el 6 de mayo de 2003) como por su hermano Aníbal en el periodo 2004 – 2007, quien incluyó el tema en el Plan de Desarrollo “Antioquia Nueva, un hogar para la vida”.

Lo que han dejado claro está investigación es que el despojo de tierras y el proyecto agroindustrial de la palma no pueden entenderse como parte de un plan predeterminado del paramilitarismo, sino “como un proceso que se estructura en la compleja intersección del proceso conflictivo de colonización, la crisis del sector algodonero y la expansión de la palma de aceite, la crisis de la economía bananera en Urabá y la necesidad de diversificación de la inversión que condujo a reactivar la presión por la tierra”.

En todo tuvieron un valor significativo, según lo investigado, la persistencia de una concepción regional de esos predios como “territorios vacíos”, así como “la descentralización del monopolio de la fuerza como soporte del escalamiento localizado y la expansión de la guerra contrainsurgente en el país, el derecho de botín como concesión y la existencia de condiciones institucionales para el funcionamiento del paramilitarismo”.

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