El drama de vivir con las secuelas físicas de la guerra

Cientos de excombatientes tienen que sumarle a las dificultades de la reintegración a la vida civil, la de haber quedado discapacitados durante el conflicto. ¿Quién se encarga de ellos?

Tomás Velásquez fue sindicalista a finales de los 80, guerrillero del Epl hasta 1991, trabajador de la Alta Consejería para la Reintegración y asesor presidencial. Foto: VerdadAbierta.com.

Unos pisaron una mina, otros quedaron heridos en medio de un combate o quizás perdieron sus manos o sus piernas con bombas propias. A ellos, los desmovilizados con discapacidades, la Ley les da un trato diferencial o al menos así está escrito, porque en la práctica las cosas parecen no marchar tan bien.

De los casi 30.000 excombatientes que estaban en el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) hasta diciembre de 2014; 590 tenían algún problema de salud que podía terminar en discapacidad. De esos, 105 son atendidas diferencialmente, según las cifras de la institución.

Tomás Velásquez es uno de ellos. Entró al Frente Ernesto Rojas del Epl, que comandaba en la Serranía del Perijá, huyendo de las amenazas en su contra por ser sindicalista de las minas de carbón del Cerrejón. En 1991 dejó las armas y seis años después le hicieron un atentado que le impidió volver a caminar. Todo ocurrió mucho antes de que Colombia tuviera una legislación más precisa en este tema. “No hay una política clara frente a las discapacidades y la reinserción” dice Velásquez.

Desde 2008, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) con su documento 3554 le recomendó al Gobierno definir estrategias diferenciadas para minorías étnicas, mujeres y discapacitados en la desmovilización. La Resolución 0754 apareció cinco años después para reglamentar las condiciones en las que los desmovilizados pueden acceder a los beneficios de la ACR y, dentro de esta, se trazó un camino para los excombatientes con discapacidad.

La norma estableció que todos los desmovilizados tienen tres componentes básicos en su ruta de reintegración: atención psicosocial, educación y formación para el trabajo. Por asistir a cada uno de los tres componentes, les dan 160.000 pesos, para un límite de 480.000 mensuales. Una de las diferencias es que los desmovilizados discapacitados reciben 320.000 pesos más allá del tope. Otra es que a los excombatientes les dan un dinero durante un lapso máximo de 30 meses por asistir a las sesiones psicosociales. Este tiempo se duplica para quienes tienen alguna discapacidad.  

Aunque la ley insiste en un enfoque diferencial, no establece qué tiene que hacer diferente la ACR con los discapacitados en temas como salud o trabajo, que es donde más padecen y hay quejas de que ni siquiera en el dinero los están diferenciando.

“A cada uno de los del Bloque del Catatumbo (de las Auc) nos dieron 358.000 pesos por año y medio y no más. La misma plata, igual de condiciones para todo el mundo”, afirma Jerson Asprilla, un exparamilitar que perdió su pierna al pisar una mina antipersonal en Norte de Santander.

Santafe de Ralito era uno de los lugares donde los paramilitares atendían a cerca de 200 combatientes discapacitados, según un desmovilizado. Foto: archivo Semana.

Luego de entrar al campo minado en 2002, sus compañeros lo llevaron al corregimiento Santafé de Ralito en Tierralta, Córdoba. Según Jerson, allí vivían entre 200 y 300 paramilitares de los Bloques Catatumbo y Córdoba que no podían combatir a causa de las heridas. “Era el dispensario de los discapacitados, donde nos enseñaban trabajos de manualidades. Ese señor (Salvatore) Mancuso sí tuvo responsabilidad con nosotros pero cuando nos desmovilizamos, cada quien buscó su lugar de origen y llegó la falencia”, señala.

La primera prótesis de pierna que tuvo Jerson se la dieron los mismos paramilitares. Ya desmovilizado, obtuvo su segunda pierna artificial en una jornada que hizo la fundación Cirec en Tierralta. Ahora está gestionando una nueva prótesis con su EPS Caprecom pero según él, no es fácil por el trámite que se necesita para que un ortopedista lo atienda y por las dificultades para conseguir el dinero e ir a Montería, que es donde está la atención que necesita.

Hace seis años, la entonces Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (hoy reemplazada por la ACR), se comprometió en el Conpes a vigilar a las EPS para que les cumplan a los desmovilizados. Asimismo, el documento sirvió de guía para que las EPS pagaran el 100% de las prótesis sin que los desmovilizados tuvieran que poner un peso.

Una parte de esta balanza no se ha cumplido en el caso de Jerson, quien afirma que los desmovilizados tienen que buscar solos lo que necesitan. “La ACR sí me da charlas psicológicas pero en el resto no se compromete mucho porque usted sabe que ellos trabajan con el Estado. Le dicen a uno a escondidas qué es lo que el Estado tiene que cubrir. Nadie quiere perder su puesto por defender una prótesis”, indica el exparamilitar.

La ACR por su parte sostiene que los profesionales en las regiones facilitan la alianza del gobierno local, las entidades de salud, las organizaciones de discapacitados, entre otros, para crear “una red de apoyo institucional y social que le permita a este grupo de población recibir la atención necesaria y gozar de sus derechos en condiciones de equidad”, como señala Diego Jones, asesor de la Dirección Programática de Reintegración. Él afirma que la ACR habla constantemente con el Ministerio de Salud para que atiendan a los desmovilizados, le hace seguimiento a la vinculación del excombatiente a la EPS y los asesora para que puedan acceder al servicio.

Jerson no es el único que ha tenido inconvenientes. Luis* es un exguerrillero de las Farc que perdió más del 60% de sus capacidades, según el dictamen médico, después de que explotó la bomba que estaba limpiando con otros dos compañeros. Él se quedó sin parte de sus dos brazos. Las primeras prótesis que tuvo se las pusieron en el hospital bogotano donde lo atendieron. “Eso salió por el lado de nosotros (las Farc). Todo estaba organizado”, recuerda.

Luis continuó en el grupo guerrillero con su discapacidad durante una década, administrando una finca en el sur del país donde, además de trabajar con el ganado, escondió equipos y camufló a guerrilleros. Él recibió a algunos de los heridos de la Toma de Miraflores, en 1998.

La segunda prótesis se la regaló una empresa estadounidense con sede en Colombia luego de su desmovilización, en 2010, pero él explica que no le sirve porque no puede agarrar los objetos. Por esa razón, está esperando a que la EPS le consiga otra. “Me dicen que hay una muy cara, de 50 millones, pero esa respuesta es como si a uno no le hubiera pasado nada”, dice el exguerrillero, quien agrega que Caprecom sí respondió por todo el dinero de la prótesis de oído que tiene.

A diferencia de Jerson, Luis sostiene que la ACR sí le dio el dinero excedente por su discapacidad.

Sin trabajo

De los desmovilizados discapacitados que están en los programas diferenciales de la ACR, 84 tienen discapacidad física y 21 discapacidad sensorial. Foto: archivo Semana.

El caso de Tomás Velásquez es muy diferente a los otros dos, no sólo por la época en la que se desmovilizó, sino porque su discapacidad no ocurrió cuando él hacía parte del grupo armado.

El 9 de enero de 1997, seis años después de dejar las armas, a Tomás le dispararon 49 veces a través de una ventana, con una ametralladora, cuando estaba en su casa en Villanueva, La Guajira. Tres detonaciones lo impactaron en la clavícula, en la espalda y un último en la pierna izquierda. La gente del pueblo le explicó después que fueron dos hombres y que se creía que eran enviados del entonces jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Luego del atentado, lo operaron seis veces en casi 4 años. El primer tratamiento se lo hizo en Cuba, con su dinero y con la ayuda de algunos compañeros. “Nosotros también hicimos los contactos, el Gobierno… nada”, recuerda. A los dos meses regresó al país y en Bogotá le hicieron las operaciones. Ya no podía caminar pero lo intervenían para reducirle los dolores neuropáticos que “son como punzadas eléctricas en la columna”, detalla Tomás. Cinco operaciones las pagó la EPS.

Mucho antes de estar en silla de ruedas, Velásquez fue representante a la Cámara por la Alianza Democrática M-19, en el mismo año en el que se desmovilizaron y cuando cambió la Constitución Política. A pesar de haber sido congresista, no consiguió trabajo fácilmente debido a su condición de discapacidad.

En el documento de 2008 del Conpes se previeron estas situaciones y por eso se planeó que la ACR y el Ministerio de Trabajo hicieran estrategias para que el desmovilizado discapacitado tuviera un trabajo digno, pero esto no se trató diferencialmente en la Resolución de 2013. Jones explica que las personas con discapacidad en general tienen mayores problemas para trabajar y que esto es igual para los desmovilizados pero que “la Agencia se relaciona con el SENA para facilitar la capacitación que facilite la vinculación a entornos productivos y sensibiliza al sector privado para que brinden oportunidades laborales; sin embargo, gran parte de la población se encuentra en actividades productivas informales”.

Velásquez cree que su condición de exparlamentario ayudó pero aun así consiguió trabajo sólo en 2001, en la entonces Alta Consejería para la Reintegración. Dos años después pasó a la Presidencia, donde estuvo hasta hace pocos meses.

Otros desmovilizados no han corrido con esa suerte pues ni siquiera consideran sus discapacidades por ser el resultado de un ataque posterior a la dejación de armas. Velásquez asegura que así le pasó a un antiguo compañero suyo del Epl que fue su escolta. Él indica que por lo menos otros 50 exguerrilleros terminaron de guardespaldas.

“Le hicieron un atentado en Villanueva y quedó en silla de ruedas. A él tampoco le pagaron una reparación, a pesar de que ‘Jorge 40’ reconoció en una audiencia en Barranquilla que lo mandó a matar. Ahora lo mantiene la mujer y el único apoyo que le han dado es por ser desplazado”, relata Velásquez.

Por experiencias como estas y como la que él mismo vive, es que Jerson Asprilla concluye que “si hay discapacitado o no, todos los beneficios son iguales”.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.