El Quintín Lame tomó y dejó las armas por su comunidad

Cuando están a punto de cumplirse 24 años de la desmovilización y dejación de armas, sus exmiembros resaltan el éxito del proceso de reinserción y expresan la voluntad para aportar a las negociaciones con las Farc en Cuba.

Guerrilleros del Quintín Lame durante la entrega de armas en la zona rural del municipio de Caldono. Foto tomada de una galería fotografica expuesta en un encuentro de desmovilizados.

Una fuerte ola de violencia y represión les cayó encima a las comunidades indígenas del departamento de Cauca en la década del 70 cuando decidieron organizarse para recuperar sus territorios despojados. Cansados de la falta de tierras y de la explotación a la que fueron sometidos durante años, en 1971 crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y decidieron tomarse por las vías de hecho varias haciendas que consideraban territorio ancestral, en busca de que el Incora se las titulara. (Ver: La sangre que recuperó la tierra de los Nasa)

Como respuesta a esa estrategia vino la represión de la Fuerza Pública y la violencia de los terratenientes, quienes, con grupos armados conocidos como Los Pájaros, arremetieron contra los indígenas. Ante la necesidad de defenderse, las comunidades decidieron armar su propia autodefensa, a la que llamaron Quintín Lame, inspirados en el cacique que dio arduas luchas por los derechos indígenas a comienzos del siglo XX.

“En la segunda parte de la década del 70 fue aumentando la represión. La ejercían principalmente los llamados Pájaros, nombre que apareció en la época de la violencia sobre todo en Valle de Cauca, pero acá se aplicó a los pistoleros que usaban los terratenientes para combatir a los líderes indígenas y miembros de la comunidad”, explica Pablo Tattay, exmiembro del ala política del Quintín Lame, o de la “dirección social”, como la denominaban ellos.

Tattay cuenta que entre 1975 y 1976 contactaron a las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que para ese entonces tenían una incipiente presencia en la parte alta de la Cordillera Central, pero como les pusieron la condición de que el movimiento indígena se subordinara a su dirección, los acercamientos se cancelaron. “Casi que desde ese momento han existido conflictos permanentes con las Farc, porque de allí en adelante buscaron tener el mando en las zonas y el movimiento indígena siempre ha sido celoso de que sus propias autoridades son las que ejercen el control territorial”, aclara Tattay.

Posteriormente buscaron a la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), y ésta, según Tattay, tuvo una actitud muy diferente hacia el movimiento indígena, respetó su autonomía y les prestó ayuda. “El contacto inicialmente fue con Iván Marino Ospina. Ellos nos ayudaron a hacer varios cursos de formación elemental militar para conformar grupos de autodefensa. Se arrancó con eso. Acá estuvo Jaime Bateman, Antonio Navarro, varios dirigentes ayudaron e hicimos una primera escuela en Tierradentro, en el resguardo de Wila, que queda al lado del Nevado del Huila. Allí fue la primera escuela en 1978 y luego se hicieron otras”, recuerda el exmiembro del ala política del Quintín Lame.

A partir de ese momento se conformaron varias células y con armas muy rudimentarias empezaron a ejercer vigilancia en las comunidades. En sus inicios, el Quintín Lame estuvo bajo la dirección de Luis Ángel Monroy, alias 'Bernardo', quien, paradójicamente, dirigía una pequeña tropa de indígenas inexpertos, a pesar de ser afrodescendiente. Desde finales de los 70, el Quintín actuó como grupo itinerante, pero en 1984 se vio obligado a salir a la luz pública.

En ese año se ocurrieron varios hechos que partieron en dos la lucha por la tierra de los indígenas en Cauca: se dio la primera recuperación de tierras en la parte plana o baja del departamento, con la toma de una finca en López Adentro, ubicada entre los municipios de Caloto y Corinto, y durante el desalojo fueron asesinados tres indígenas por la Policía. Y, al día siguiente, fue acribillado el sacerdote Álvaro Ulcué Chocué, uno de los líderes más queridos, respetados e influyentes en la historia contemporánea de las luchas indígenas de Cauca, quien fue a auxiliar a las comunidades de López Adentro.

Como consecuencia de estos hechos, el Quintín Lame salió a la luz pública. Tattay recuerda que a los días siguientes el grupo emitió un comunicado con la consigna: “López Adentro, tierra indígena o tierra de nadie” y quemaron maquinaria de los terratenientes. El grupo continuó con sus labores de autodefensa protegiendo a las comunidades y se integró la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar.

En 1985 fue asesinado alias 'Bernardo', cuando viajó a Cali para tratar de conseguir armamento y munición. Según cuentan desmovilizados del Quintín Lame, él se desplazó con un grupo disidente del M-19 conocido como Democracia, que estaba infiltrado por el Ejército y cayó en una trampa. En su reemplazo, asumió Jesús Elbio Peña Chepe, alias 'Gildardo', quien dirigió al Quintín hasta su desmovilización y según le contó a VerdadAbiera.com, ingresó al grupo en 1978 ante “la necesidad de tomar las armas para la recuperación de tierras y la lucha frontal contra los terratenientes, quienes explotaban a los indígenas como terrajeros”.

La desmovilización
En la finca La María-Piendamó, en del departamento del Cauca, los desmovilizados se reunieron para compartir sus experiencias del pasado y expusieron su proceso de paz en imágenes. Foto: VerdadAbierta.com.

Cuando a comienzos de los 90 se asomó en el horizonte la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, los indígenas vieron la oportunidad ideal para dejar las armas y defender sus derechos de otra manera.

El último comandante del Quintín Lame, alias 'Gildardo', considera que la constituyente “abrió un nuevo espacio para el movimiento indígena y la comunidad vio que debíamos dejar las armas y hacer parte de la Asamblea”. Al respecto, Pablo Tattay considera que la historia del Quintín Lame se resume en que “fue el movimiento social el que pidió primero la formación de un grupo armado y luego su desmovilización. En ambos caso, fue iniciativa de la propia comunidad, ella le dijo al Quintín: 'ustedes ya cumplieron con su tarea y en este momento es preferible que se desmovilicen'”.

Para las negociaciones y los acuerdos de paz los miembros del Quintín Lame se concentraron en Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, y 150 de sus integrantes entregaron las armas el 31 de mayo de 1991. Orlando Fiscué, quien dirige la Fundación Sol y Tierra, la organización que el Quintín creó después de la negociación de paz para tener un espacio de gestión e interlocución con el gobierno, le explicó a VerdadAbierta.com que varios integrantes decidieron no vincularse al proceso y retornaron a sus comunidades por temor a ser víctimas de retaliaciones o traiciones.

Los desmovilizados destacan que en los acuerdos de paz no buscaron beneficios personales sino recursos y obras para sus comunidades. A manera de broma interna dicen que su visión nunca fue obtener los beneficios de “casa, carro y beca”, el propósito fue gestionar recursos y proyectos productivos para las regiones en las que tuvieron influencia. Algunos de ellos se tradujeron en vías, antenas repetidoras y obras de infraestructura.

Una vez dejaron las armas, todos los excombatientes se vincularon a sus comunidades y rehicieron sus vidas trabajando comunitariamente. “Hay integración plena a las comunidades y a las luchas que sigue desarrollando el movimiento indígena, colaboran en la organización, han sido dirigentes o gobernadores, guardias indígenas y están en diferentes programas propios de como el de salud o educación”, explica Tattay.

Para la Asamblea Nacional Constituyente, el Quintín Lame obtuvo un representante, Alfonso Peña Chepe -hermano del comandante desmovilizado-, quien junto con Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry, los otros dos constituyentes por parte de las comunidades indígenas, lucharon por los derechos de esta étnia que finalmente reconoció la Constitución Política de 1991.

Además, por haber dejado las armas y ser parte de la Asamblea, lograron la personería jurídica para la creación de un movimiento político, y así nació la Alianza Social Indígena (ASI), con la cual Anatorio Quirá obtuvo la primera curul en el Senado de la República para los pueblos aborígenes.

Lecciones del proceso de desmovilización
Mural alusivo a Quintín Lame, el líder indígena que inspiró la lucha a finales de los 70. Foto: VerdadAbierta.com.

Henry Caballero, vocero del Quintín Lame durante el proceso de negociación con el gobierno del presidente César Gaviria y, posteriormente, secretario de Gobierno durante la Gobernación del taita Floro Tunubalá, considera que el apoyo de la sociedad fue vital para que la desmovilización saliera adelante.

En primera medida resalta el respaldo de la comunidad indígena que los acompañó durante todo el proceso y les dio el aval para hacer en Pueblo Nuevo el campamento donde se concentraron y entregaron las armas. “Eso generó un ambiente que permitió que no se viera a los desmovilizados como extraños o amenazas a las dinámicas de la comunidad, sino que nos vieran como aportantes”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Pero de igual manera también lo fue el apoyo de los otros sectores de la sociedad y, sobre todo, del movimiento Caucanos por la Paz, liderado por el entonces arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo. Sobre este movimiento, destaca que “hizo una importante labor de prensa; de hablar con los políticos, que nos vieran como un grupo con propuestas políticas, que tuvo legitimidad en sus acciones y que no tomó las armas porque quería o porque buscaba beneficios personales”.

Dado esos efectos positivos, Caballero considera que en la coyuntura del actual proceso con las Farc en Cuba, se debería organizar nuevamente Caucanos por la Paz, porque “fue el espacio para sensibilizar a la sociedad en términos de la necesidad de recibir el proceso y ser proactivos con él”.

El excomandante Peña Chepe considera que al igual que lo hicieron ellos, el proceso con las Farc debe concluir con la entrega de las armas: “Un proceso de paz incompleto no es un proceso de paz. Un proceso de paz donde no haya una dejación de armas, no es realmente confiable. Nosotros en este momento no estamos derrotados y entregamos las armas porque creímos en la buena voluntad del gobierno, y hoy en día podemos movernos libremente y llevamos el mensaje de paz a diferentes sitios del país”.

Pablo Tattay cataloga como exitosa y única la reinserción de los excombatientes en sus comunidades, y considera que tienen experiencias para compartir y aportarle al proceso de La Habana. “La idea es que haya un acompañamiento del gobierno para la reinserción de la gente, pero nuestra experiencia puede ayudar y hay que hacer el esfuerzo de que se reintegren a sus comunidades. Sin embargo hay temor y dudas en la gente: ¿saldrán a montar su proyecto bolivariano y causarán divisiones en las comunidades? Si alguien se integra a la comunidad, tiene que estar bajo las reglas de la comunidad. El Estado solo no puede resolver este tema: ¿A dónde los va a mandar? ¿Al Amazonas? El Estado tiene que contar con las comunidades de acogida”, precisa.

Pero no todas las lecciones son positivas. Henry Caballero considera como experiencia negativa que tras la desmovilización del Quintín Lame continúo la violencia contra las comunidades, sus territorios y su autonomía. El mismo año que dejaron las armas, 20 indígenas fueron masacrados en Caloto, cuando ocupaban la hacienda El Nilo, y en los primeros años del 2000 los paramilitares del Bloque Calima cometieron cinco más, sumadas a los asesinatos selectivos y afectaciones de todos los actores del conflicto armado.

“En la década de los 90 se desarrolló todo el paramilitarismo y se atacó fuertemente a las comunidades y el gobierno no actuó para acabar con esos fenómenos. Eso no le garantiza un espacio estable a la reinserción ni a la paz”, comenta Caballero, quien considera que el Estado debe “trabajar para acabar con los factores de violencia en las comunidades, sobre todo en un proceso de paz como el de las Farc en el que van a existir muchas prevenciones y en el que hay dinámicas muy fuertes que pueden incidir en la violencia, como la minería y los cultivo ilícitos”.

Por todo ello, Caballero propone la creación de organismos de veeduría desde lo social, lo popular y desde las instituciones del Estado para garantizar que la violencia realmente cese.