Desmovilizados, sin garantías jurídicas para la reintegración

Más de 24 mil exparamilitares que dejaron las armas y cumplieron con los programas que los llevarían a la vida civil y legal sienten que les cambiaron las reglas de juego. Por razones jurídicas arbitrarias, algunos han perdido sus trabajos y adeudan multas impagables.

Los reintegrados participan en labores sociales, como por ejemplo, la limpieza del río Pamplonita, en Cúcuta. Foto ACREn 2001, Jairo* llegó desde Turbo al Caquetá a formar parte de un nuevo grupo paramilitar que el Bloque Central Bolívar creó en la zona. Pero dos años después, cansado de no recibir un sueldo y amenazado por compañeros de su misma agrupación, decidió entregarse a las autoridades. Ingresó al Programa de Reincorporación a la vida Civil del Ministerio del Interior, que en ese entonces se hacía cargo de los desmovilizados, y allí le aseguraron que los procesos judiciales en su contra serían precluidos.

En una nueva ciudad, el excombatiente quiso rehacer su vida: intentó recuperar a su familia, comenzó una carrera universitaria y consiguió un trabajo en una universidad pública, donde ayudó a otros jóvenes que dejaron las armas.

En 2006, luego de la desmovilización masiva de los paramilitares, se creó la Alta Consejería para la Reintegración (que más adelante se convirtió en la Agencia Colombiana para la Reintegración). Jairo participó activamente en todos sus programas; incluso, se acogió a Ley 1424 de 2010, que establece la suspensión de pena para los desmovilizados que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad en razón de su pertenencia al grupo armado ilegal del que se desmovilizó, siempre y cuando contribuyan con el esclarecimiento de la verdad.

Todo eso se derrumbó en 2012 cuando un juez de Florencia, que investigaba un asesinato lo declaró inocente, pero, desconociendo los acuerdos hechos con el gobierno, lo condenó por concierto para delinquir agravado, es decir, por haber pertenecido a un grupo paramilitar, y expidió una orden de captura en su contra.

“De la Fiscalía me llamaron a decirme que tenía un requerimiento por concierto para delinquir, que tenía que ir a la cárcel, pero que iba a salir muy rápido en cuanto se aclarara la situación”, contó Jairo.

Lo cierto es que desde junio de 2012 pasó once meses en la cárcel esperando una sentencia que reconociera que él hacía parte de un proceso de justicia transicional. Sin embargo, el juez que falló y lo dejó en libertad agregó una inhabilidad para ejercer cargos públicos que vence el 2022. Jairo no solo perdió once meses de su vida en la cárcel por una confusión jurídica, sino la oportunidad de recuperar su trabajo en la universidad.

El caso de Jairo representa dramáticamente cómo el cambio en las reglas de juego ha afectado a los desmovilizados y la dificultad de culminar un proceso de reintegración si en los estrados judiciales se desconocen los parámetros mínimos de la justicia transicional.

La situación llegó a tal punto que 280 desmovilizados le enviaron una carta a la Corte Constitucional el pasado 21 de mayo llamando la atención sobre los problemas que los aquejan.

“Hemos aportado a la paz, hemos realizado el proceso de reintegración ofrecido por el gobierno, conformamos familias, nos hemos capacitado, hemos hecho pequeñas empresas, hemos pedido perdón con arrepentimiento sincero, hemos reconocido y entendido a las víctimas, hemos realizado hechos simbólicos de reparación porque no contamos con recursos económicos para otra reparación, pero las reglas han cambiado, observamos la falta de seguridad jurídica y la palabra del Estado Colombiano ha sido un engaño ya que no ha cumplido con lo acordado inicialmente”.

Sin importar los uniformes y las banderas que portaron en el pasado, hoy desmovilizados de las guerrillas y de los grupos paramilitares se han unido para pedir claridad jurídica y mayores oportunidades laborales para la reintegración. “Si nos tienen acá entre la espada y la pared a nosotros que dejamos las armas, qué garantías tienen los que hoy siguen en el monte de que a ellos sí les van a cumplir”, dijo un desmovilizado.

Cambian las leyes, cambian las condiciones
Según cifras de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), entre 2003 y 2006 se desmovilizaron colectivamente más de 56 mil paramilitares. Desde 2005 el gobierno planteó que solo irían a la cárcel los desmovilizados que cometieron delitos de lesa humanidad como masacres, torturas y desplazamientos.

La Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, permitió que estos excombatientes recibieran una pena alternativa de ocho años de cárcel a cambio de decir la verdad, reparar a sus víctimas y no volver a delinquir. A esta norma de justicia transicional fueron postulados más de cinco mil exparamilitares de los cuales solo tres mil siguen activos.

Para el resto de los desmovilizados, es decir aquellos que no cometieron crímenes de lesa humanidad, esta ley en su artículo 71 les concedía un indulto por haber cometido delitos políticos que fueron catalogados como sedición. “A nosotros nos dijeron que no íbamos a ir a la cárcel, eso es lo único que en ese momento teníamos seguro”, dijo una desmovilizada a VerdadAbierta.com.

Sin embargo, en 2006 la Corte Constitucional declaró inexequible dicho artículo argumentando que la sedición no aplicaba para los desmovilizados de las Auc y, por lo tanto, debían ser condenados por concierto para delinquir. En esto se distancian de los desmovilizados de grupos guerrilleros, quienes son juzgados por rebelión, un delito político que, a diferencia del concierto para delinquir, puede ser indultado.

Durante un tiempo, algunos de estos desmovilizados vivieron bajo un limbo jurídico. Solo hasta 2010 cuando se creó la Ley 1424 tuvieron un soporte jurídico. Bajo esta norma, se les suspenden las capturas y no los envían a prisión si comprueban que no volvieron a delinquir, prestaron servicio comunitario, participaron del programa de reintegración y contribuyeron a la verdad en el programa de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Solo hasta diciembre de 2011 los desmovilizados tuvieron oportunidad de acogerse a la ley 1424, sino lo hacían se arriesgaban a que se hicieran efectivas las ordenes de captura, en el caso que existieran, o de que les iniciaran procesos penales en la justicia ordinaria. De los cerca de 30 mil excombatientes que quedaron en limbo, 24.840 lo hicieron.

“Por el afán de que muchos firmaran se cometieron muchos errores por parte de la ACR, nos hicieron firmar casi sin que entendiéramos a qué nos sometíamos. Incluso, hicieron firmar a muchos desmovilizados de la guerrilla y esto se supone que es solo para paramilitares”, dijo un desmovilizado que pidió la reserva de su nombre.

Un proceso judicial complejo
“Una dificultad de la norma es que hace parte de la justicia transicional, pero se resuelve en el marco de la justicia ordinaria”, dijo un funcionario de la ACR refiriéndose a la Ley 1424, pues la decisión final sobre la condena recae en un juez penal del circuito especializado de cualquier región del país.

De acuerdo con expertos consultados por VerdadAbierta, cuando un juez condena a alguien por el delito de concierto para delinquir de manera casi automática impone multas que pueden llegar hasta los mil salarios mínimos y lo inhabilita para ser funcionario o contratista del Estado.

Esos son los mayores temores de Clara*, una mujer que dejó las armas, completó con éxito la ruta de la reintegración, terminó sus estudios universitarios y hoy trabaja con la ACR como una profesional de planta. “Yo tengo miedo de perder mi trabajo por el que he luchado mucho. Quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos me cierra muchas puertas”, dijo.

Y es que ante la dificultad de conseguir un trabajo en un sector privado, los desmovilizados han encontrado en el sector público un respaldo. Tan solo en la ACR trabajan más de 50 desmovilizados, otros tantos trabajan en universidades públicas, alcaldías, concejos y hospitales.

A la fecha se han proferido más de 730 sentencias en contra de los desmovilizados y los resultados varían de acuerdo al juez. En algunos casos, han sido inhabilitados y multados, pero por otro lado, jueces de Buga y Pasto que conocen la ley 1424 les han quitado la inhabilidad.

“Es necesario que esto se estandarice, porque no es justo que nuestro destino quede en manos del azar, que dependamos de que nos toque un juez que entienda bien lo que es la 1424”, dijo a VerdadAbierta un desmovilizado.

Algunos de los multados han llegado a acuerdos de pagos con el Fondo de Reparación a las Víctimas, la dependencia de la Unidad de Víctimas que maneja el dinero que los victimarios entregan para la reparación.

Otros denuncian que los procesos se adelantan a veces sin que se enteren, con defensores públicos que los representan, pero que tampoco conocen muy bien en qué consiste esta ley de la justicia transicional.

Un antecedente penal por concierto para delinquir también ha significado para algunos salir del sistema financiero, pues los bancos no les siguen prestando sus servicios y a algunos desmovilizados que estudiaron Derecho les han quitado su tarjeta profesional.

“Hemos hecho todo el proceso, confiamos en el Estado. Lo único que pedimos es que nos permitan seguir viviendo y aportando en la sociedad colombiana”, reclamó Clara.

(*) Los nombres fueron modificados a petición de las fuentes

(**) Foto de portada tomada de DeLaUrbe